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clave: "corte_suprema:providencia:SC4339-2019 [2015-00081-00]"
titulo: "Corte Suprema: la causal alegada Es la octava del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2019-12-04"
radicado: "2015-00081-00"
numero: "SC4339-2019"
ponente: "Alvaro Fernando Garcia Restrepo"
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# Corte Suprema: la causal alegada Es la octava del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil

- **Título oficial / radicado:** SC4339-2019 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2019-12-04
- **Radicado:** 2015-00081-00
- **Número:** SC4339-2019
- **Ponente:** Alvaro Fernando Garcia Restrepo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4339-2019%20%5B2015-00081-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC4339-2019%20%5B2015-00081-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE5L0RyLiBBbHZhcm8gRmVybmFuZG8gR2FyY2lhIFJlc3RyZXBvLzEyLiBEaWNpZW1icmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzQzMzktMjAxOSBbMjAxNS0wMDA4MS0wMF0uZG9j/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 820 de 2003
- Ley 1231 de 2008
- Ley 270 de 1996

## Extracto

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Radicación n° 11001-02-03-000-2015-00081-00 Por lo tanto no prospera la excepción del demandado En ese orden de cosas, la ejecutoria de la sentencia solo se produjo el 23 de enero de 2013, valga anotar, tres días después de notificada, por lo que al haberse presentado la demanda que incorpora el recurso extraordinario de revisión el 16 de enero de 2015 , la conclusión necesaria es que su formulación deviene oportuna, al no superarse el lapso de los dos años, establecido como límite para recurrir por parte del legislador. En este caso, el contrato de arrendamiento suscrito entre el… EL GRUPO HOTELERO COQUIVACOA LTDA (arrendador) y el señor ARNULFO GÓMEZ GÓMEZ (arrendatario), estableció en la Cláusula Quinta: "...para el segundo año siguiente de la vigencia del contrato, esto del (1o) de abril de 2009 al 31 de marzo de 2010 el canon será de diez millones de pesos moneda colombiana ($10.000.000)...".

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Radicación n° 11001-02-03-000-2015-00081-00
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado Ponente
SC4339-2019
Radicación n° 11001-02-03-000-2015-00081-00
(Aprobado en sesión de once de septiembre de dos mil diecinueve)
Bogotá, D.C., cinco (5) diciembre de dos mil diecinueve (2019).-
Decide la Corte el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UNIÓN DE EMPRESARIOS DE APUESTAS PERMANENTES DEL ATLÁNTICO S.A. -UNIAPUESTAS S.A.-, respecto de la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2012 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del juicio de restitución de inmueble arrendado que promovió contra Arnulfo Gómez Gómez.
I. ANTECEDENTES
1.
En el mencionado proceso abreviado, cuyo trámite se ventiló en primera instancia ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla, la Unión de Empresarios de Apuestas Permanentes del Atlántico S.A. –Uniapuestas S.A., pretendió (i) que se declarara terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes «por mora en el pago de los cánones de arriendo durante varios meses», respecto del local comercial situado en la «calle 45, No. 44-52 y carrera 44, No. 44-48, de la ciudad de Barranquilla», o (ii) subsidiariamente, finiquitar el acuerdo «por la causal 2 del artículo 518 del Código de Comercio», por requerir el inmueble para la explotación comercial del juego de apuestas permanentes y demás juegos de azar; y que como consecuencia de lo anterior, se decrete la restitución del local a su favor
.
2. En procura de sustentar dichas pretensiones, la sociedad interesada argumentó, en síntesis, que:
2.1. El 7 de junio de 2007 se suscribió un contrato de arrendamiento respecto del inmueble citado, entre el Grupo Hotelero Coquivacoa Ltda., como arrendador, y Arnulfo Gómez Gómez, como arrendatario, por el término de 2 años y 10 meses, es decir, por el período comprendido entre el 7 de junio de 2007 y el 31 de marzo de 2010.
2.2. El canon mensual de arrendamiento pactado fue: $8.000.000.oo durante los 10 primeros meses; para el año siguiente $9.000.000.oo; y para el segundo año de vigencia $10.000.000.oo; sumas que debían ser canceladas dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes «en las oficinas del arrendador».
2.3. El 20 de octubre de 2009, el Grupo Hotelero Coquivacoa Ltda. hizo cesión del contrato de arriendo a Uniapuestas S.A., quedando estipulado en el numeral 3º de dicha convención, que el cedente se obligaba a comunicar a los arrendatarios que «el inmueble ha [bía] sido vendido y por tanto no se renovar [ía] el contrato suscrito entre ellos». La cesión fue comunicada a aquéllos el día 28 de ese mismo mes y año, así como que «el nuevo PROPIETARIO de los inmuebles objeto de contrato», los requería para establecer su empresa.
2.4. Como el arrendatario incurrió en mora de pagar el canon durante varios meses, tuvo que iniciar en su contra la acción de la referencia, pues pese a que el valor pactado para el período comprendido entre el 1º de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2010 fue de $10.000.000.oo, sólo canceló $9.500.000.oo algunos meses
.
3. Mediante auto del 31 de mayo de 2010, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla admitió el libelo y ordenó su traslado al demandado
.
4. Este, una vez vinculado al asunto, a través de apoderado judicial contestó la demanda, se opuso a lo pretendido y formuló las excepciones de mérito denominadas: «COBRO DE LO NO DEBIDO», INEXISTENCIA DE LA CAUSA INVOCADA», PETICIÓN ANTES DE TIEMPO» y «TODO HECHO QUE RESULTE PROBADO EN VIRTUD DEL CUAL LAS LEYES DESCONOCEN LA EXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN O DECLARAR EXTINGUIDA SI ALGUNA VEZ EXISTIÓ» .
En sustento de sus defensas adujo, en compendio, lo siguiente:
4.1. Falta a la verdad la parte demandante al afirmar que se incurrió en mora en el pago de los cánones de varios meses durante los años 2009 y 2010, pues no solo está demostrado que se cancelaron «dentro de los términos legales» o en su defecto, «mucho antes de su vencimiento» y conforme a lo pactado, por cuanto el 1º de abril de 2009 se aceptó «de forma verbal (…) que el canon del arriendo no sería por el valor de los $10.000.000.oo que se encontraban pactados en el contrato de arriendo, sino que se aceptó en una forma t [á] cita la suma de $9.500.000.oo», que debido a la devolución de varias consignaciones que se efectuaron directamente a una cuenta de Inveretnia S.A. en el Banco Agrario de Colombia S.A., tuvo que convocar a dicha sociedad, a Uniapuestas S.A. y al Grupo Hotelero Coquivacoa Ltda., a una conciliación ante la Cámara de Comercio de Barranquilla «para que se estableciera de una vez por todas a qui [é] n se le debería realizar el pago, para evitar un desgaste innecesario de estar consignando 5 y 6 veces un mismo canon de arriendo».
4.2. Si bien la compañía demandante alegó subsidiariamente en el libelo que se debe dar por terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes porque necesita el inmueble para ejercer su actividad, la cual difiere de la del arrendador, pasa por alto que la misma norma protege al comerciante que lo ha venido ocupando no menos de 2 años con un mismo establecimiento de comercio, como es su caso, pues tomó en arriendo el bien desde el 7 de junio de 2007 hasta la fecha, y allí funciona «CARIBBEAN GOLD HOTEL», tal y como lo demuestra el respectivo certificado de cámara de comercio; adicionalmente, téngase en cuenta que en la cláusula sexta del contrato de arrendamiento se estableció, que el arrendatario gozará de la primera opción de compra, con el propósito que el arrendador le garantice a éste la inversión que haría en el predio.
4.3. Mediante documento del 21 de octubre de 2009, Uniapuestas S.A. le informó que había adquirido los inmuebles por él ocupados, por lo que no se renovaría el contrato suscrito con el Grupo Hotelero Coquivacoa Ltda., dado que el nuevo propietario los requería para su funcionamiento; que en virtud de lo anterior, y dado que el contrato vencía el 30 de marzo de 2010, en esa data debía hacer entrega de los mismos; no obstante, como la ley exige que el desahucio se haga con un mínimo de 6 meses, y a él la comunicación en mención «solo se la entregaron con una anticipación de 5 meses 11 días», el contrato de arrendamiento «ya se había renovado en las mismas condiciones y por un término igual al inicial»
.
5. Con escrito allegado al proceso el 13 de agosto de 2010, la parte actora reformó la demanda a fin de (i) agregar un hecho nuevo, esto es, «la mora del arrendatario respecto a los meses de abril, mayo y junio de 2010, cuyo canon es la suma de diez millones de pesos mensuales» , y (ii) modificar las pretensiones de la demanda, en el sentido de renunciar «expresamente a las pretensiones subsidiarias contenidas en el libelo introductor, que hace referencia a la causal 2 del artículo 518 del C. de Co.»
.
En proveído del 15 de octubre siguiente, se resolvió: «Aceptar la reforma de la demanda propuesta por el apoderado judicial de la parte demandante, en el siguiente sentido: Además de los hechos expuestos y de las pretensiones solicitadas inicialmente en la demanda, incoada por la Unión de Empresarios de Apuestas Permanentes del Atlántico S.A., ténganse como tales los relacionados en los puntos discriminados en su escrito de reforma de demanda de fecha agosto 13 de 2010»
.
6. Agotado el trámite de rigor, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla clausuró el debate con fallo del 29 de noviembre de 2011, estimatorio de las pretensiones, en el que se decretó la terminación del contrato de arrendamiento objeto del litigio, y se ordenó al demandado la restitución del inmueble arrendado, tras advertir, en lo fundamental, que aunque este último adujo estar al día en el pago de los cánones de arrendamiento reclamados y, por ende, consideró inexistente la causal de terminación del contrato por mora, lo cierto es que no logró demostrar que lo cancelado por los meses comprendidos entre el 1º de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2010 haya sido la suma convenida en el contrato, ello en armonía con lo dispuesto en el artículo 1627 del Código Civil; de este modo, «al no probarse por ningún medio la modificación del contrato respecto de la reducción del canon de arrendamiento correspondiente al [citado período], queda plenamente establecida la causal de terminación unilateral del contrato por mora en el pago de los cánones de arrendamiento. Por lo tanto no prospera la excepción del demandado»
.
7. Apelada la sentencia por el convocado, la alzada se concedió por el a-quo y se admitió por el ad-quem . Este último desestimó una petición de la parte demandante para «rechazar de plano la concesión del recurso de apelación» por ser el proceso de única instancia, al considerar que para no contar el juicio con la garantía de la segunda instancia -según lo establecido en el artículo 39 de la Ley 820 de 2003-, la causal de mora en el pago debía ser exclusiva, y en este caso existe una pretensión principal (mora en el pago) y otra subsidiaria (necesitar el inmueble para su propia habitación o negocio), de donde aparece ajustado a derecho el auto del a-quo que otorgó la apelación
.
Posteriormente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla – Sala Civil Familia, en fallo del 18 de diciembre de 2012 decidió revocar en su integridad la decisión controvertida, para en su lugar, «Declarar probadas las excepciones de inexistencia de la causal invocada y cobro de lo no debido formuladas por la parte demandada», bajo el argumento consistente en que no obstante en la cláusula quinta del contrato de arrendamiento se estableció que para el segundo año de la vigencia del contrato, es decir, del 1º de abril de 2009 al 31 de marzo de 2010, el canon sería de $10.000.00.oo, «las pruebas incorporadas al proceso, en especial, la documental anexa a la contestación de la demanda, y la prueba pericial, demuestran con claridad que el canon de arrendamiento se modificó en su cuantía de $10.000.000 a $9.500.000 mensuales», destacando que Inveretnia S.A. Inmobiliaria, administradora de los bienes de Uniapuestas S.A., siempre facturó el valor de los cánones a cargo del demandado durante ese período en $9.500.000.oo, de donde se desprende, entonces, que sí existió una modificación verbal a lo acordado inicialmente. Así concluyó que «el demandado inquilino pagaba cabalmente y en forma oportuna el precio acordado como canon mensual de arrendamiento, y por lo mismo, no es dable deducir el
incumplimiento del contrato
tal y como se hizo por el juzgado de conocimiento. Por lo demás una cuestión es la mora en el pago, y otra bien distinta el incumplimiento en el pago, situaciones que no ocurren en este caso» .
En el fallo de segunda instancia se precisó, igualmente, que “las excepciones de inexistencia de la causal y petición antes de tiempo, no fueron analizadas por el a-quo dado que el actor reformó la demanda indicando que la única causal para dar por terminado el contrato era la mora del pago de los cánones”
.
8. Después de dictada la anterior sentencia, el apoderado de la parte demandante solicitó decretar la nulidad de la misma por falta de competencia funcional del Tribunal, al haber asumido el conocimiento de un asunto que debía surtirse en única instancia, toda vez que la causal alegada era, exclusivamente, la mora en el pago de los cánones de arrendamiento
.
Con auto de 18 de febrero de 2013, la magistrada ponente de dicha Corporación rechazó de plano la petición de nulidad, porque las presuntas irregularidades denunciadas no fueron atacadas por los medios previstos en el Código de Procedimiento Civil (súplica contra el auto que admitió la apelación) y no tendrían entonces la fuerza para anular el fallo que desató la alzada. Agregó que el artículo 39 de la Ley 820 de 2003 no es aplicable al caso, y el hecho de que en el recuento procesal se hubiese dicho que el a-quo no estudió las excepciones relativas a aspectos diferentes a la mora en la cancelación de los cánones, no es indicativo “de la admisibilidad de la causal exclusiva que ahora se le pretende endilgar a la Sala”
.
II. EL RECURSO DE REVISIÓN
1.
Con apoyo en la causal consagrada en el numeral 8º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, la Unión de Empresarios de Apuestas Permanentes del Atlántico S.A. –Uniapuestas S.A.-, presentó recurso extraordinario de revisión contra la decisión de fondo de segunda instancia identificada anteriormente, para que se deje sin valor ni efecto « por carencia absoluta de motivación en derecho , ya que si bien la sentencia recurrida contiene motivos o consideraciones éstos son solo aparentes o formales, pues resultan fáctica y jurídicamente insostenibles»
.
2. Como sustento de tal aspiración, la recurrente adujo, en relación con la causal invocada, esto es, la que tiene lugar por «Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso», lo siguiente:
2.1. No se alega «que la sentencia objet

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

lo que emerge la comisión de un vicio de actividad o in procedendo que viene a determinar el éxito de la censura” (Sent. Cas. Civ. de 23 de enero de 2006, Exp. No. 5969)”
.
Por consiguiente, lo tocante con la motivación deficiente, impertinente y contradictoria, se trató de un mero elemento accidental, pues, debo recordar a la Sala que para entonces el recurso de revisión no prosperó y se declaró infundada la causal. Después, en el año 2014
, el magistrado Jesús Vall de Ruten, pretendió mutar esa obiter dicta en ratio decidendi , sustentado en las mismas razones. Sin embargo, esa insistencia no encontró eco en la Corporación y, en efecto, si se mira con detalle la decisión con ponencia del aludido magistrado, tampoco, se declaró próspero el motivo, de modo que, esa consideración no fue fundamental ni causal en la decisión del recurso debatido.
En fin, el fallo de ahora, altera esa génesis y por tal vicisitud, se citan otros precedentes que contienen errores de percepción de la evolución jurisprudencial, por cuanto, la doctrina originaria se mantiene sin modificaciones. Nunca ni hasta la fecha -incluyendo la actual Sentencia-, ha prosperado un recurso de revisión por “motivación deficiente, impertinente o contradictoria”. Si ello fuera de ese tenor, en esos fallos se habría declarado fundado el recurso por ese nuevo criterio.
4. Otro problema muy distinto, es la viabilidad que se la ha abierto en defensa del debido proceso cuando existen contradicciones o problemas graves en la motivación de la sentencia, circunstancias sí, en las cuales la Sala, para proteger los derechos fundamentales y prevenir las graves agresiones al ordenamiento jurídico, al régimen legal, constitucional y convencional, en el marco del amplio espectro del amparo constitucional, ha procedido a invalidar sentencias de instancia, para disponer la emisión de nuevos fallos ajustados a la Constitución. En esta órbita, la Corte se ha comprometido con la aniquilación de fallos inconstitucionales en la motivación. Empero, esos aspectos, no son los discutidos en el recurso extraordinario de revisión, ni se han abordado en el mismo, por el carácter limitado y taxativo, con relación a la no motivación de la decisión, ni respecto de las demás causales que configuran el recurso, en atención al principio de limitación en los medios extraordinarios.
5. Es cuestionable, en este punto que con meros “dichos de paso” se procure construir e inferir, la existencia de una línea jurisprudencial, con relación, a la impertinencia, contradicción y deficiencia de las motivaciones de la sentencia, correlacionadas, a las subreglas particulares de la causal octava del recurso de revisión. Justamente, en aquéllos casos, de 2008 y luego el del 2014 no existió ni existía una conexión causa-efecto entre esas obiter dicta de las sentencias y las decisiones de las mismas, puesto que, precisamente, la Sala por unanimidad no aceptó esas tesis, y de haberlo hecho, habría declarado próspera la respectiva causal.
En las resolutivas de aquellos recursos de revisión, en las dos oportunidades se declaró infundada la causal. En ese sentido, dichas premisas son meros obiter dicta . Ahora, en el segundo caso, donde el suscrito magistrado intervino, de haberse aceptado el gobierno o la aplicación de cualquiera de esas tres categorías, tal como lo solicité en las discusiones, si éstas pretendían ser ratio decidendi en la providencia, consecuencialmente, debía haberse fallado a favor del revisionista. Sin embargo, la mayoría se opuso, negó la revisión y, al unísono, como secuela, los dos casos muestran que fueron declarados infundados en el propósito rescindente.
6. Por último, los proveídos de revisión como el del radicado 2014-00691 con ponencia del doctor Octavio Augusto Tejeiro Duque
y el presente, incurren en error, en la construcción de la doctrina jurisprudencial del recurso extraordinario de revisión, en lo tocante a la subregla de la causal 8° del artículo 380 C.P.C y 355 del C.G.P, por cuanto, algunos o muchos de los antecedentes que se utilizan para edificar las tesis diferentes a la carencia total de motivación, corresponden a decisiones constitucionales de tutela, que otorgan un amplio margen para la solución de problemas constitucionales, legales y convencionales; orgánicos, sustantivos o materiales, procedimentales y jurisprudenciales en el laborío de la sentencia. Sin embargo, esos precedentes jurisprudenciales no conciernen, a los precisos análisis o cuestionamientos de la causal octava del recurso extraordinario de revisión, respecto de la carencia de motivación, de ahí, los yerros jurídicos de la argumentación que contienen tanto esta, como la citada 2014-00691.
En los anteriores términos dejo aclarado mi voto.
Fecha ut supra ,
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado
� Folios 4 y 5 del c. 1.
� Folios 1 a 4 ib.
� Folio 43 ídem.
� Folios 1 a 21, c. 2
� Folios 143 a 166 ib.
� Folio 168 del c. 3.
� Folios 122 a 125 del c. 2.
� Folios 24 y 25 del c. 3.
� Folios 83 a 91 del c. del Tribunal.
� Folios 100 a 107 ibídem.
� Folios 127 a 130 ib.
� Folio 44 del c. de la Corte.
� Folios 43 a 56 del c. de la Corte.
� Folios 70 y 71 ib.
� Folio 85 ib.
� Folios 107 y 108 Op. Cit.
� Folios 149 a 152 del c. de la Corte.
� Auto de 31 de octubre de 2017, folios 157 y 157 vuelto ib.
� Folio 159 ídem.
� Folios 160 a 167 del c. de la Corte.
� Folios 168 y 168 ib.
� Folio 56 del c. de la Corte.
� CSJ SC, 24 abr. 1980, reiterada entre otras, en SC12948-2016 y SC018-2018.
� Folio 56 del c. de la Corte.
� Folios 88 a 90 del c. del Tribunal.
� CSJ SC del 27 de septiembre de 1999, Exp. 7076.
� Numeral 4º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, reproducido en su integridad en el numeral 4º del artículo 357 del Código General del Proceso.
� Artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, que hoy en día corresponde al 281 del Código General del Proceso.
� CSJ, AC, 2 dic. 2009, Rad. n.º 2009-01923-00; reiterado en AC, 27 ago. 2012, Rad. n.º 2012-01285-00).
� SC14427-2016
� DEVIS, Hernando. Teoría General del Proceso. Editorial Universidad, Buenos Aires. 1984, p. 74.
� CSJ. Sala de Casación Civil. Sentencia de revisión. Rad. 2004-00729. (29, agosto, 2008). Mag. Pon. Edgardo Villamil Portilla.
� Ibidem. “En el mismo sentido, la Sala de Casación Penal ha puesto algunos parámetros con miras a determinar en qué casos la sentencia puede ser nula por defectos de motivación; alude esa corporación a cierta escala de defectos que van desde la carencia total de motivación, hasta la fundamentación incompleta y la motivación inextricable, contradictoria o ambigua”.
� CSJ. Sala de Casación Civil. Sentencia de revisión. Rad. 2004-00729. (29, agosto, 2008). Mag. Pon. Edgardo Villamil Portilla.
� Ibidem.
� CSJ. Sala de Casación Civil. Sentencia de revisión. Rad. 2010-00958. (14, mayo, 2014). Mag. Pon. Jesús Vall De Rutén Ruiz.
� CSJ. Sala de Casación Civil. Sentencia de revisión. Rad. 2014-00691. (11, diciembre, 2018). Mag. Pon. Octavio Augusto Tejeiro Duque.
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC4339-2019 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2019-12-04. C.P. Alvaro Fernando Garcia Restrepo. Rad. 2015-00081-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4339-2019%20%5B2015-00081-00%5D).
