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clave: "corte_suprema:providencia:SC4321-2020 [2009-00538-01]"
titulo: "Corte Suprema: no se podrán realizar operaciones de venta con pacto de recompra cuando la acción se encuentre en estado de suspensión"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2020-11-10"
radicado: "2009-00538-01"
numero: "SC4321-2020"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
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# Corte Suprema: no se podrán realizar operaciones de venta con pacto de recompra cuando la acción se encuentre en estado de suspensión

- **Título oficial / radicado:** SC4321-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2020-11-10
- **Radicado:** 2009-00538-01
- **Número:** SC4321-2020
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4321-2020%20%5B2009-00538-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC4321-2020%20%5B2009-00538-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIwL0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS8xMS4tIE5vdmllbWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDNDMyMS0yMDIwIFsyMDA5LTAwNTM4LTAxXS5kb2M%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

No se podrán realizar operaciones de venta con pacto de recompra cuando la acción se encuentre en estado de suspensión.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 222 de 1995
- Resolución 1200 de 2005
- Ley 222 de 1999

## Extracto

V.- RECURSO DE CASACIÓN El demandante formuló un cargo encausado por la vía indirecta al denunciar errores de hecho en la apreciación de las pruebas que le impidieron dar por acreditado el incumplimiento contractual en la enajenación anticipada del portafolio accionario, sin autorización o justificación. La única alusión a éste se contrajo a la facultad del depositante «para impartir órdenes referentes a:… 1. Pasados más de dos (2) años, Fernando hizo llegar a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y a la intermediaria la «carta de compromiso para la celebración de operaciones de venta con pacto de recompra sobre acciones personas naturales», a regir a partir del 15 de mayo de 2006 y por un año, en cumplimiento de los «artículos 3.5.4.1.2, 3.5.4.3.1. y 3.5.4.5.1. del Reglamento de la BVC y los artículos 3.14.5 y 3.14.6 de la Circular Única de la BVC», que debían tomarse en cuenta para fijar sus alcances.

## Cita textual

> se puede dar por demostrada la convención de administración y en ella, la de la comisión para la compra y venta de valores en bolsa

## Texto del documento

Radicación n° 11001-31-03-040-2009-00538-01
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC4321-2020
Radicación n° 11001-31-03-040-2009-00538-01
(Aprobada en sesión de diecisiete de septiembre de dos mil veinte)
Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veinte (2020).
Procede la Corte, en sede de instancia, a dictar la sentencia sustitutiva de la proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 19 de julio de 2013, dentro del proceso ordinario de Fernando Espitia Beltrán contra Interbolsa S.A. e Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa.
I.- ANTECEDEDENTES
1.- El promotor pretendió la indemnización solidaria por las demandadas en virtud de los perjuicios ocasionados al incumplir el contrato celebrado con Interbolsa S.A., para la venta con pacto de recompra de acciones y los demás deberes como comisionistas de bolsa, al enajenar sin permiso lo que conformaba el portafolio de que era titular, estimados en $1.281’326.334,08 por daño emergente y $203’078.964,96 de lucro cesante.
Su reclamo deriva de que celebró con Interbolsa S.A. un contrato de comisión para la realización de operaciones de venta con pacto de recompra sobre « acciones personas jurídicas », para lo cual firmó carta de compromiso dirigida a ésta y a la Bolsa de Valores de Colombia S.A., permitiendo las transacciones, con el requisito de que solo él autorizaría la venta de títulos que hacían parte del portafolio, ya en forma telefónica, por escrito, vía fax o correo electrónico, siempre y cuando quedara constancia de la orden.
Entre el 26 de enero y el 21 de junio de 2006 se realizaron por su cuenta operaciones de compra y venta sobre acciones de alta bursatilidad de Suramericana de Inversiones, Inversiones Argos S.A. - Inverargos, Empresa de Teléfonos de Bogotá S.A. - PVETB y la Corporación Financiera Colombiana, mediante una estrategia mixta de gestión que involucró operaciones de compra y venta de contado, así como múltiples operaciones repo de naturaleza pasiva con algún nivel de apalancamiento financiero garantizadas con acciones que para entonces conformaban su portafolio de inversión.
En ese lapso aportó recursos para invertir por $2.202’830.247,08 y le ordenaron constituir garantías por $234’078.464, que efectivamente desembolsó, pero al final del ejercicio quedó con un saldo disponible de $165’089.334,88.
Las operaciones de compra y venta de contado (T+5) y algunas operaciones repo pasivas en dicho período arrojaron una pérdida de $1.930’265.591,24; las ventas se hicieron sin que mediara orden en fechas de registro bursátil oscilantes entre el 9 y el 13 de junio de 2006, con cumplimientos T+5 entre el 14 y el 20 de junio del mismo año , época en que se produjo la caída más abrupta en el precio de las acciones negociables en bolsa durante 2006. A su vez, el costo de las compras para entonces por $10.925’870.747,40 lo conformaron unos recursos propios de $2.202’830.247,08, que equivalen al 20.16%, frente a un apalancamiento por $8.723’040.500,40, correspondiente al 79.84%.
En los 90 días siguientes al 13 de junio de 2006, el mercado accionario se recuperó al alza, por lo que si hubiera podido decidir libremente la enajenación para entonces la pérdida se reduciría en $1.239’588.107,21. Fuera de eso se vio en la obligación de pedir, junto con su esposa Sonia Amparo Martínez Bermúdez, un crédito por $950’000.000 para cumplir obligaciones de Investmark S.A., entre ellas la adquisición de un inmueble en Bogotá, por el que pagaron intereses de $83’476.453,74 del 16 de enero de 2007 al 16 de junio de 2008, de los cuales él ha contribuido con la mitad por $41’738.226,87.
La sumatoria de esos dos conceptos constituye el daño emergente sufrido por $1.281’326.334,08 y su indexación del 21 de junio de 2006 al 30 de junio de 2008, por $203’078.964,96, equivale al lucro cesante, sumas que no le fueron reconocidas cuando presentó reclamación el 18 de marzo de 2008 a la comisionista.
Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, con Nit. 800103498-9, cambió su denominación por Interbolsa S.A., según escritura 2392 de 2008 de la Notaría Segunda de Medellín, y destinó parte de su patrimonio a la creación de una sociedad con el nombre inicial y Nit. 900221113-7 (fls. 32 al 51 cno. 1).
2.- Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa se opuso y excepcionó « inexistencia de la solidaridad reclamada », « inexistencia de vínculo contractual entre el demandante y la convocada », « ejercicio de la acción equivocada », « inexistencia de responsabilidad de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa », « modificación verbal y escrita a los contratos », « ausencia de daño emergente y lucro cesante » y « la mera expectativa de un beneficio no es indemnizable » (fls. 141 al 157, cno 1).
Interbolsa S.A., también fue renuente y adujo las de « cumplimiento de las obligaciones », « existencia de autorización de la demandante para las operaciones objeto de la demanda », « ausencia de daño emergente y lucro cesante », « inexistencia de daño cierto » y « buena fe » (fls. 166 al 177 cno. 1).
3.- El Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá desestimó las defensas y condenó a las contradictoras a pagar al promotor $2.902’055.385 como daño emergente y un lucro cesante de $119’129.203, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria, vencidos los cuales correrían intereses moratorios a la tasa certificada por la Superintendencia Financiera (fls. 1131 al 1152 cno. 1).
4.- Las opositoras apelaron (fls. 1154 y 1155 cno. 1).
II.- FUNDAMENTOS DEL A QUO
Existe legitimación de las partes puesto que el accionante fungió « como mandante y comitente en el contrato de mandato » que celebró con Interbolsa S.A., fuera de que Interbolsa Comisionista de Bolsa es responsable solidaria « al tenor del artículo 3 de la Ley 222 de 1995 », en concordancia con el 10 ibídem, por estar en juego obligaciones adquiridas con anterioridad a la escisión de la anterior.
De conformidad con la regulación del mandato en el estatuto mercantil, el mandante « responde hasta la culpa leve en el cumplimiento de su gestión », puesto que entre sus obligaciones principales están las necesarias para el cumplimiento de su finalidad « las que son indelegables por mandato expreso de la ley».
La indemnización derivada del incumplimiento de un compromiso contractual depende de que se compruebe la « existencia de una obligación que goce de plena eficacia jurídica », el incumplimiento culposo del deudor y el perjuicio que tal comportamiento ocasiona, como se indicó en CSJ SC 14 mar. 1996.
Para el caso no existe discusión sobre la presencia del « contrato de administración de valores y la carta de compromiso para la celebración de operaciones de venta con pacto de recompra de acciones personas naturales », del cual se desprende el mandato que se dice insatisfecho por la « venta del portafolio accionario del demandante sin existir autorización expresa por él » para llevarla a cabo, a lo que se llega de la lectura de la « carta de compromiso para la celebración de operaciones de venta con pacto de recompra de acciones personas naturales » que firmó el comitente con destino a la Bolsa de Valores de Colombia S.A., y a Interbolsa S.A, sin diligenciar el espacio correspondiente a terceros que pudieran dar instrucciones en nombre del comitente, cuya voluntad fue « impartir el mismo y directamente las órdenes ».
Como la comisionista desatendió ese deber sobrepasó los límites del encargo, con lo que asumió « la totalidad de los riesgos que dicha operación de venta generó para el comitente » como se desprende del artículo 1266 del Código de Comercio, sin que se pueda llegar al extremo de « que aún en la comisión facultativa el comisionista puede obrar a su antojo o como mejor le parezca desconociendo a él titular, ordenante y comitente del contrato válidamente celebrado » (sic).
De las grabaciones telefónicas sostenidas entre Inés Elvira Sinisterra, funcionaria de Interbolsa S.A., y Sonia Martínez, esposa del promotor que no intervino en ellas, ni siquiera aparece que ésta impartiera una « orden expresa de venta » y de acoger que fue tácita de todas maneras estaría viciada de nulidad, por carencia de facultad en ese sentido, fuera de que Inés Elvira manifestó en las conversaciones que « por orden de un comité tenía que salir a vender todo, con lo que se evidencia que la orden de venta del portafolio accionario del demandante, provino del interior de la misma comisionista y no por orden impartida del comitente ».
Frente a las excepciones de las opositoras de « modificación verbal y escrita de los contratos » y « existencia de la autorización de la demandante para las operaciones objeto de la demanda », es de considerar que el Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia y la Circular Única de la Bolsa de Valores regula las operaciones de los comisionistas de bolsa y, en especial, las de venta con pacto de recompra sobre acciones, que instituyen « un modelo de contrato escrito de imperioso cumplimiento para las partes, que mal podría ser modificado de manera verbal sin que exista o se aporte prueba alguna que así lo acredite ».
Así lo refuerza la comunicación que remitió la Superintendencia Financiera de Colombia a Interbolsa S.A., en atención a la queja que instauró el gestor, según la cual solo el cliente podía impartir autorizaciones en relación con su cuenta, por lo que a más de incumplir las contradictoras « las obligaciones contraídas en el manejo del portafolio accionario a su cargo del accionante, se extralimitaron en su [s] deberes sin que mediara un acuerdo entre las partes para que hubiere una modificación en las reglas en que originalmente se estipuló », fuera de que tampoco se comprobó que el promotor dejara de pagar las garantías solicitadas en su momento, todo lo cual conduce las defensas al fracaso.
Para entrar a cuantificar los detrimentos del accionante es de precisar que la objeción por error grave a la experticia rendida por Antonio Garavito Rodríguez es infundada, ya que las inconformes no indicaron o establecieron « con meridiana precisión » en qué consistió el desfase del auxiliar, por lo que se tendrá en cuenta ya que respalda las aspiraciones del libelo y, por ende, se reconoce un lucro cesante de $119’129.203 y por daño emergente $2.902’055.385, a ser cubiertos en los 30 días siguientes a la ejecutoria del fallo, momento a partir del cual deberá reconocer intereses moratorios.
III.- LA APELACIÓN
Las dos contradictoras recurrieron y sustentaron sus desacuerdos así:
5.- Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa expuso que el a quo se confunde al referirse a un « contrato de comisión para la administración de valores como si se tratara de uno solo, cuando no es lo mismo un contrato de comisión que uno de administración de valores » y el asunto se contrae solo al de comisión, « de ahí que si el fallo se funda en no haber acatado las obligaciones de dicho contrato de administración de valores este fue ultrapetita »; se equivocó al sustentar la determinación en el artículo 1.1.3.1 de la Resolución N° 1200 de 2005 de la Supervalores « cuando al parecer se trata de [l] año 1995, y además dicha norma no se aplica al presente asunto »; y erró al estimar los perjuicios que « carecen de sustento fáctico y jurídico ».
Las operaciones de venta con pacto de recompra « son en el fondo operaciones de crédito, realizadas con el fin de que una parte que posee unas acciones tenga liquidez o dinero en efectivo », en las que « el propietario de las acciones las vende a un tercero, quien paga una [sic] suma de dinero por ellas, comprometiéndose (el vendedor) a readquirir las acciones en un tiempo determinado y pagando por ello no solo el precio que recibió inicialmente, sino una suma adicional, llámense réditos » y debe garantizar « con acciones o dinero en efectivo » que para la época « debían cubrir el 130% del dinero prestado », por lo que en caso de bajas en el precio de los valores era necesario reajustar la diferencia.
Cuando sucedieron los hechos hubo una caída en el mercado de « más del 30% del valor de las acciones » y lo indicado era « vender el portafolio demandante a fin de evitar mayores pérdidas », sin que la devolución de algunas sumas de las garantías significara que « hubiesen sido suficientes » y por ello se podía « liquidar el portafolio », de ahí que no se llevaron a cabo « operaciones repo » en ese procedimiento.
Por demás, se contaba con la autorización de Sonia Amparo Martínez para el efecto según las conversaciones sostenidas con ella y así lo corroboran los testimonios, especialmente el de William Armando Martínez Bermúdez, la que era viable en el evento de la « venta pura y simple » que se hizo y « al no estar frente a operaciones repo, la denominada carta de compromiso para la celebración de operaciones de venta con pacto de recompra, no se puede tener como prueba única para establecer quién estaba autorizado para aceptar y/o ordenar la liquidación del portafolio ».
En vista del cumplimiento de las obligaciones contractuales s

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

o de esta misma naturaleza en un asunto donde estuvieron involucradas la esposa del hoy accionante y las dos contradictoras, cuando trató el tema en estos términos:
La Ley 222 de 1995, que introdujo importantes modificaciones en el Derecho Mercantil, en su artículo 3° contempló la figura de la escisión que en una de sus manifestaciones confiere la posibilidad de que una sociedad, sin disolverse, utilice en bloque una o varias partes de su patrimonio para crear una persona jurídica nueva.
(…)
No obstante, ese aprovechamiento de recursos en la especialización de actividades no puede ser lesivo de los socios y terceros interesados en el desarrollo del objeto social del ente escindido, entre ellos sus acreedores, de ahí que se fijaran varias reglas a tener en cuenta para fijar la participación de aquellos en las sociedades beneficiarias y los efectos que a los demás traería el fraccionamiento.
Es así como en el inciso final del referido artículo 3° de la Ley 222 de 1995 se precisó que los socios de la escindida «participarán en el capital de las sociedades beneficiarias en la misma proporción que tengan en aquella, salvo que por unanimidad de las acciones, cuotas sociales o partes de interés representadas en la asamblea o junta de socios de la escindente, se apruebe una participación diferente».
Por su parte el artículo 6 ibídem establece que
Los acreedores de las sociedades que participen en la escisión, que sean titulares de deudas adquiridas con anterioridad a la publicación a que se refiere el artículo anterior, podrán, dentro de los treinta días siguientes a la fecha del último aviso, exigir garantías satisfactorias y suficientes para el pago de sus créditos, siempre que no dispongan de dichas garantías. La solicitud se tramitará en la misma forma y producirá los mismos efectos previstos para la fusión (…) Lo dispuesto en el presente artículo no procederá cuando como resultado de la escisión los activos de la sociedad escindente y de las beneficiarias, según el caso, representen por lo menos el doble del pasivo externo (…) Parágrafo. Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo los administradores de la sociedad escindente tendrán a disposición de los acreedores el proyecto de escisión, durante el término en que puede ejercerse el derecho de oposición.
Complementados con el primer inciso del artículo 10 ejusdem según el cual
Cuando una sociedad beneficiaria incumpla alguna de las obligaciones que asumió por la escisión o lo haga la escindente respecto de obligaciones anteriores a la misma, las demás sociedades participantes responderán solidariamente por el cumplimiento de la respectiva obligación. En este caso, la responsabilidad se limitará a los activos netos que les hubieren correspondido en el acuerdo de escisión (negrillas y subrayas fuera del texto).
Vistos en conjunto esos preceptos se advierte que los créditos preexistentes al instante de la escisión deben quedar con un respaldo suficiente para su satisfacción, pudiendo los titulares de los mismos pedir garantías de cumplimiento en caso de que sean insuficientes los recursos de quien las asume.
De igual manera, cualquier incumplimiento de las obligaciones con causa anterior al fraccionamiento genera una solidaridad entre la escindente y la beneficiaria, sin que para la última se extienda más allá de lo que recibió en su conformación. (se resalta).
(…)
Y es que no puede olvidarse que según el artículo 1494 del Código Civil, que es aplicable en material mercantil por expresa indicación del artículo 822 del Código de Comercio “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia”.
Como el acuerdo volitivo entre las partes se remonta a 2004 y la conducta reprochable de Interbolsa S.A., se insiste, tiene origen en el incumplimiento contractual en el mes de junio de 2006 por desatender la diligencia debida al ejercer el encargo conferido por Sonia Amparo Martínez Bermúdez, cuando llevo a cabo anticipadamente la recompra de acciones en operaciones repo sin el cumplimiento de las exigencias reglamentarias, quiere decir que son muy anteriores al 30 de mayo de 2008, fecha de otorgamiento del instrumento público de escisión que dio vida a Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa.
De tal manera, como el deber de reparar se retrotrae al momento en que se ocasionó el daño, las consecuencias de la responsabilidad endilgada a Interbolsa S.A. se extienden a la beneficiaria, independientemente de que el pronunciamiento ordenando la reparación sea posterior, desestimándose así el sustento de la apelación para que se le excluya de tal deber.
12.- Los anteriores planteamientos son suficientes para mantener la providencia de primer grado al desestimar las defensas de las opositoras y declararlas solidariamente responsables, con la advertencia de que no es por el incumplimiento del « contrato de mandato para la administración de valores », sino de las irregularidades en las operaciones de venta con pacto de recompra sobre acciones de que era titular Fernando Espitia Beltrán durante el 15 de mayo y el 21 de junio de 2006. Sin embargo, se modificará frente al monto de la indemnización reconocida
13.- No habrá lugar a imponer condena en costas en segunda instancia en vista de la prosperidad parcial de los reparos de las apelantes en cuanto a la estimación de las partidas indemnizatorias.
VIII.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, actuando en sede de segunda instancia,
RESUELVE
Primero : Aclarar el numeral segundo del fallo de 28 de agosto de 2012, proferido por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá en el proceso ordinario de Fernando Espitia Beltrán contra Interbolsa S.A. e Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, en el sentido de que las demandadas desatendieron sus compromisos contractuales en las operaciones de venta con pacto de recompra sobre acciones de que era titular Fernando Espitia Beltrán del 15 de mayo al 21 de junio de 2006.
Segundo : Modificar el numeral cuarto para condenar solidariamente a Interbolsa S.A., e Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, a pagar a Fernando Espitia Beltrán la suma de $ 2.034’351.111, por valor actualizado del daño emergente sufrido.
Tercero : Mantener vigente en lo demás la referida providencia y sin condena en costas de segundo grado.
Cuarto : Devolver, en su oportunidad, el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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