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clave: "corte_suprema:providencia:SC425-2024 [2019-00063-01]"
titulo: "Corte Suprema: se configura una contrariedad irresoluble"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-04-11"
radicado: "2019-00063-01"
numero: "SC425-2024"
ponente: "Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo"
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# Corte Suprema: se configura una contrariedad irresoluble

- **Título oficial / radicado:** SC425-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-04-11
- **Radicado:** 2019-00063-01
- **Número:** SC425-2024
- **Ponente:** Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC425-2024%20%5B2019-00063-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC425-2024%20%5B2019-00063-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyLiBBcm9sZG8gV2lsc29uIFF1aXJveiBNb25zYWx2by80Li0gQWJyaWwvU2VudGVuY2lhcy9TQzQyNS0yMDI0IFsyMDE5LTAwMDYzLTAxXS5kb2N4/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

En consecuencia, « le está vedado [al casacionista] elaborar planteamientos mixtos o híbridos con el propósito de cobijar en un mismo cargo varios motivos » Si bien el principio de coherencia impone no desconocer injustificadamente los actos previos, lo cierto es que resulta inaplicable al sub lite , pues la falta de reclamaciones u observaciones no constituye una conducta idónea para generar confianza legítima en terceros sobre determinadas consecuencias (cargo tercero); El contrato perfeccionado entre las partes, ante su insistencia en rechazar la agencia comercial, es demostrativo de que en verdad se deseaba este negocio jurídico (cargos cuarto y quinto); De esta forma se configura una contrariedad irresoluble, por fuerza del principio lógico de identidad, pues el sentenciador, o bien pasó por alto las pruebas, o las consideró, pero no las dos circunstancias al mismo tiempo.

## Texto del documento

Radicación n.° 11001-31-03-035-2019-00063-01
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC425-2024
Radicación n.° 11001-31-03-035-2019-00063-01
(Aprobado en sesión de veintinueve de febrero dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Se decide el recurso de casación interpuesto por Promotora de Comunicaciones S.A.S. - Procom S.A.S., contra la sentencia del 21 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso que promovió contra Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.
ANTECEDENTES
1. Apreciado el escrito inaugural (folios 107 a 224 del archivo digital 0001CuadernoPrincipal1Parte1.pdf) y su reforma (folios 92 a 219 del archivo digital 0004CuadernoPrincipal1Parte2.pdf), se tiene que las pretensiones propuestas pueden compendiarse así:
1.1. Declarar que entre las partes se celebró un contrato de adhesión, que reúne los elementos para ser considerado una agencia comercial en aplicación de la interpretación contra proferente , contrato realidad y la confianza legítima, como se asintió por la justicia arbitral en 28 casos equivalentes al presente, los cuales constituyen doctrina probable.
1.2. Declarar que la accionada ejerció una posición de dominio contractual, con el fin de eludir los efectos de la agencia comercial, al incluir las cláusulas de: (I) exclusión de que la convención pudiera interpretarse como agencia, (II) prórroga mensual del vínculo, (III) renuncia al pago de indemnizaciones, (IV) prohibición de retención, (V) exoneración de responsabilidad de la contratante, (VI) caducidad del derecho a presentar reclamaciones, (VII) pago anticipado de prestaciones, (VIII) renuncia al derecho del artículo 1324 del Código de Comercio, y (IX) suscripción obligatoria de actas de transacción, conciliación y compensación de cuentas.
1.3. De forma subsidiaria pidió que se declarara que las anteriores estipulaciones son inoperantes, por ineficacia en sentido amplio y estricto, y nulidad absoluta, o, subsidiariamente, por existir una antinomia entre los efectos de la cláusula 30 y del numeral 6° del anexo A, en el sentido de entender que no se pactó el pago anticipado de la prestación a que se refiere el artículo 1324 del estatuto mercantil, por fuerza de la interpretación contra proferente . También, por contradicción, se pidió que se resten efectos a las estipulaciones que pretenden rehusar la configuración de la agencia comercial.
1.4. Como consecuencia, deprecó la prestación a que se refiere el mencionado precepto 1324, calculada sobre los ingresos operacionales y los márgenes de utilidad derivados de los planes prepago, en total de $12.234.094.807, más intereses de mora desde el 30 de junio de 2018 o, subsidiariamente, desde la fecha de notificación de la demanda.
De forma paralela reclamó que se declarara que no hubo pago anticipado de esta prestación, pues la remuneración recibida fue a título de comisión.
1.5. Declarar que la convocada incumplió sus obligaciones por: (I) disminuir el valor de la comisión por residual, (II) modificar la comisión por legalización de kits prepago, (III) no incrementar esta última conforme al IPC, eliminar las comisiones por permanencia y buena venta, (IV) mantener sin incremento la comisión por transacción de recaudo, y (V) reducir la comisión por promoción y comercialización de sim cards prepago o, subsidiariamente, que abusó de su derecho y de la posición de dominio contractual.
1.6. Declarar que la
terminación del contrato
realizada por la demandante, el 29 de junio de 2018, fue por justa causa y, como consecuencia, ordenar el pago de la indemnización especial regulada en el inciso 2° del artículo 1324 del Código de Comercio, y demás daños antijurídicos por el incumplimiento y/o abuso del derecho, a saber: (I) una retribución dineraria calculada por arbitrio judicis ; (II) el valor de las comisiones o liquidaciones no pagadas los últimos cinco (5) años, o la fecha que sea pertinente; (III) el incremento del IPC para las comisiones por legalización de kits prepago y recaudo durante los últimos cinco (5) años; (IV) el valor de la comisión residual posterior a la terminación del negocio; (V) el lucro cesante de las comisiones causadas hasta la fecha de vigencia de la póliza o, subsidiariamente, hasta el 29 de noviembre de 2018; (VI) daño emergente equivalente a la pérdida de valor de la empresa; (VII) el valor descontando por Comcel a título de transporte de valores por corresponder a erogaciones de un contrato celebrado por ésta y utilizado para salvaguardar sus activos; (VIII) el valor de las indemnizaciones y liquidaciones laborales, y por finiquito de contratos de arrendamiento, que se originaron por la
terminación del contrato
; e (IX) intereses moratorios desde la fecha de notificación de la demanda.
1.7. Declarar que las actas de transacción, conciliación y compensación no incorporan acuerdos conciliatorios, ni contratos de transacción o, subsidiariamente, señalar que la transacción se restringió a la liquidación y/o pago de comisiones por activación de planes pospago y legalización de kits prepago, sin comprometer las materias de este litigio, menos aún comprender la prestación del inciso 1° del artículo 1324 del Código de Comercio, por no poderse renunciar antes de su nacimiento. Además, declarar que son actas de conciliación de cuentas, cuyo objeto era otorgar paz y salvo parcial, aunque redactadas con la finalidad de eludir las consecuencias normativas del contrato de agencia comercial.
1.8. Declarar que tiene derecho de retención y privilegio sobre los bienes de Comcel que se hallaban a su disposición a la
terminación del contrato
, el que podrá ejercer hasta el pago completo de las indemnizaciones reclamadas.
1.9. Ordenar la cancelación de los contratos de hipoteca y la destrucción de los títulos valores suscritos por la demandante, sus socios o administradores, que fueron otorgados para respaldar el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
2. En respaldo de las anteriores solicitudes, la promotora adujo los hechos que pasan a sintetizarse:
2.1. Comcel es una empresa destinada a la prestación y comercialización de servicios de comunicación, que celebró los contratos de concesión n.° 004, 005 y 006 del 28 de marzo de 1994, con el fin de prestar telefonía móvil celular en Colombia, dentro del espectro asignado.
2.2. La participación en el mercado alcanzada por Comcel, para el año 2017, llegó al 48.91%, y provino mayormente del esfuerzo de la red de agentes/distribuidores, quienes aportaron un 93% del total de ventas para el año 2002, reducida al 70% para el año 2017 como consecuencia de la apertura de establecimientos propios de Comcel, la activación directa de los planes corporativos, la puesta en funcionamiento del canal mayorista, los pagos on line y el e-commerce .
2.3. La demandante, por imposibilidad jurídica, no puede prestar servicios de telefonía móvil celular, por eso cuando promovió o explotó estos servicios lo hizo por cuenta de Comcel.
2.4. El 29 de noviembre de 2004 se suscribió contrato de distribución con Comcel, que corresponde al modelo utilizado con toda la red de agentes/distribuidores, sin que fuera posible proponer modificaciones, por cuya fuerza « asumió de manera estable, en los puntos autorizados, a cambio de una remuneración y actuando por cuenta de Comcel, el encargo de promover y explotar los servicios de telefonía celular (STMC) que constituyen el negocio de esta última », reuniendo todos los requisitos del artículo 1317 del Código de Comercio para ser considerado una agencia comercial, a saber: (I) ambas partes son comerciantes; (II) la demandante no es filial ni subsidiaria de Comcel y, en consecuencia, actúa de forma independiente; (III) el contrato se ejecutó de forma estable del 29 de noviembre de 2004 al 29 de junio de 2018; (IV) asumió el encargo de promocionar y explotar el negocio de Comcel, por medio de la activación/legalización de planes, para lo cual debía seguir las instrucciones suministradas y evitar publicidad, salvo autorización en contrario; (V) el contrato se ejecutó en el área oriental, que comprende, entre otros, los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso, Barbosa, Vélez, Bogotá y Chía; (VI) la actividad fue remunerada a través de comisiones, descuentos sobre kits prepago, notas crédito y descuentos/comisiones por recargas; y (VII) la actuación fue por cuenta de Comcel, no sólo porque la actora está imposibilitada para prestar el servicio de telefonía celular, sino porque los efectos económicos quedaron en aquél, como se infiere de que señalara las tarifas, los abonados se vincularan contractualmente con él, percibiera los dineros por los productos, asumiera los riesgos de liquidez, tasas de interés, cambio, crédito, operativo (por funcionamiento de redes y aparatos de comunicación), de mercado y por medidas regulatorias.
2.5. Las comisiones más relevantes fueron: (I) pospago, por activación, por permanencia o buena venta (eliminada en el año 2014) y por residual; (II) kits prepago, por legalización, por buena venta (eliminada en el año 2016), y por recargas; (III) sim cards , por recargas; (IV) recaudo, por cada transacción; y (V) COOP, por actividades de mercadotecnia.
Clarificó, frente a los kits prepago, que la venta del celular estaba atada a la línea celular, tanto que, en el caso de bajo consumo, había como penalidad la restitución de las comisiones y del descuento otorgado.
2.6. En el contrato se incluyeron cláusulas tendientes a señalar que era una distribución y, por ende, excluir la agencia comercial, las que son antinómicas con las estipulaciones que dan cuenta de su existencia, debiendo aplicarse el principio del contrato realidad, como ha sido reconocido por la jurisprudencia arbitral en casos similares al presente.
2.7. Después de listar veintiocho (28) laudos y algunas sentencias, invocó la teoría de la doctrina probable, para reclamar una expectativa legítima en el reconocimiento de una agencia comercial entre las partes.
2.8. Aseveró que organizó una empresa a la medida de las necesidades de Comcel, siendo la ejecución del contrato la principal fuente de sus ingresos operacionales.
2.9. Comcel « como predisponente del contrato sub iúdice: (i) Denominó la relación jurídica patrimonial como un atípico negocio de distribución. (ii) Excluyó a la Agencia Comercial como calificación del negocio. (iii) Impuso cláusulas de renuncia a las prestaciones e indemnizaciones en perjuicio de la demandante. (iv) Impuso cláusulas de indemnidad a su favor. (v) Impuso cláusulas que simulan el pago anticipado de prestaciones e indemnizaciones. (vi) Impuso cláusulas que simulan un débito de la demandante que está llamado a compensarse con la prestación mercantil reclamada. (vii) Impuso cláusulas que impiden el derecho de retención », como se advierte en las estipulaciones 4, 5.1., 5.3., 15, 17.2., 17.4., 30 (incisos 2 y 3), y en los numerales 4 del anexo F, 6 del anexo A, y 5 del anexo C.
Estas estipulaciones, remarcó, tienen por objeto y/o efecto eludir las consecuencias económicas de contrato de agencia, excluir la responsabilidad de la demandada y desconocer reglas de orden público, razón para calificarlas como abusivas, por romper el equilibrio contractual.
2.10. Comcel, a la
terminación del contrato
, no pagó la prestación consagrada en el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio, a pesar de que era su deber, por lo que se encuentra en mora, la cual debió calcularse considerando todos sus componentes: comisiones, descuentos por activación de planes, notas crédito y descuentos/comisiones por recargas.
2.11. Por consejo de Horacio Ayala, a partir del año 2007 se impuso a los distribuidores que presentaran dos (2) facturas para el cobro de su remuneración, una por el 80% y otra por el 20%, sin que esto se tradujera en un aumento real de la misma. Esto se hizo con el propósito de imputar el último valor a las erogaciones que debieran solventarse a la finalización del contrato. Empero, contablemente estos valores fueron llevados a las cuentas PUC 233520 y 260510, en los que sólo pueden registrarse « comisiones », sin que las clarificaciones de los libros auxiliares desmientan esta conclusión, como se reconoció en diversos laudos arbitrales.
Incluso, del hecho de que se cobrara IVA sobre este 20%, descartó que tuviera la condición de anticipo, pues tal tributo sólo se origina por la prestación de un servicio, como lo conceptuó la DIAN en respuesta del 12 de febrero de 2001, no por una prestación propia de la finalización de la relación contractual. Lo que se ratifica en los estados financieros de Comcel.
2.12. La decisión de la accionada, de excluir los primeros tres (3) meses para la causación de la comisión residual, generó daños a la demandante; lo mismo sucedió por el mantenimiento del valor de la comisión por legalización de kits prepago, al no compensar la pérdida del poder adquisitivo.
Además, el 17 de junio de 2016 se informó q

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

la confianza legítima sobre su conformidad con el negocio, su forma de ejecución y el tipo contractual que vinculó a las partes, por lo que su demanda, posterior a la finalización del vínculo, deviene tardía y comporta un típico caso de atraso desleal.
3. Lo primero que debe señalarse de cara a la aclaración es que, si bien tanto la teoría de los actos propios como la del retraso desleal son manifestaciones del principio de buena fe, la segunda no es una concreción de la primera, pues se trata de figuras distintas que vale la pena diferenciar.
La teoría de los actos propios, fundada en el venire contra proprium factum, se refiere al comportamiento leal y coherente de las partes durante el proceso de formación, celebración y ejecución de los contratos, que despierta en la contraparte una confianza, a la postre protegida, sobre la continuidad de esa conducta, lo que supone la inadmisibilidad de actuar en contra de esos actos previos, objetivos y vinculantes.
El retraso desleal, por su parte, atañe puntualmente a la omisión del ejercicio de un derecho en un tiempo prolongado, durante el cual se tuvo una conducta objetivamente permisiva o de la que se desprende inequívocamente el abandono del derecho, circunstancias que generan en terceros la confianza fundada en su no reclamación. En esos casos, su ejercicio deviene tardío y la pretensión que la acción conlleva se entiende contraria a la buena fe y a la lealtad contractual.
4. Nótese que no se trata de un supuesto en el que el demandante ve frustradas sus aspiraciones debido al vencimiento de los tiempos legalmente establecidos para el válido ejercicio de la acción o de la reclamación del derecho, sino a la decisión del juez, quien encuentra improcedente su pedido en virtud del tiempo transcurrido sin que hubiera sido promovida, aun cuando no se hayan cumplido los términos de prescripción o de caducidad, según sea el caso.
El impacto de la negativa de las pretensiones con base en el retraso desleal tiene verdadera trascendencia jurídica, pues frustra el éxito de la reclamación aun cuando se ha elevado dentro de los términos que el ordenamiento positivo tiene contemplado para ello, motivo por el cual la aplicación de la figura por parte del funcionario judicial exige considerar, dadas las particularidades de cada caso, las verdaderas posibilidades materiales de reclamación que tiene la parte débil en una relación contractual asimétrica.
5. En ese sentido, respetuosamente considero que las manifestaciones relacionadas con la teoría del retraso desleal vertidas en la sentencia debieron atemperarse para señalar que, en este específico caso, su aplicación era procedente debido a que el Tribunal encontró que el contrato que vinculó a las partes no fue de adhesión, conclusión que no se combatió en casación y que, por ese motivo, llegó pacífica a esta sede.
Dicha precisión era necesaria, toda vez que predicar la procedencia de la teoría del retraso desleal en todos los tipos contractuales no parece corresponder con el postulado de protección actualmente exigible en aquellos casos en los que el vínculo negocial que liga a las partes contenga o refleje una situación de asimetría. En esos eventos, la exigencia de justicia material impone al juzgador el deber de identificar la relación de desequilibrio que subyace al contrato y determinar su alcance para constatar si, en el caso concreto, la parte débil de la convención fue objetivamente permisiva al punto de que sea posible deducir de su comportamiento una conformidad con la circunstancia sobre la que posteriormente reclama.
6. Recuérdese que el contrato como institución, respecto del cual se reconocía la absoluta prevalencia de la autonomía privada, ha evolucionado en la actualidad hacia esquemas en los que se prevé la reglamentación e incluso limitación de la voluntad para ajustarla a las exigencias del Estado Social de Derecho, que evidencian la necesidad de brindar protección a la parte débil de las relaciones contractuales.
Ya desde el siglo XIX se advirtió la inconveniencia de considerar una igualdad no real en muchos contratos que forzaban a una de las partes, la más débil, a aceptar las condiciones impuestas por la otra parte en el acuerdo. En estos contratos, que se consideraban “de adhesión”, el ordenamiento jurídico indicaba que, ante la existencia de vacíos o cláusulas oscuras, debía realizarse una interpretación en contra de quien había impuesto las condiciones ( contra profeterem ) y a favor de la parte que no había podido discutir las condiciones impuestas.
Evoluciones posteriores del contrato indicaron nuevos mecanismos de corrección a favor de la parte débil en lo que en su momento George Ripert llamó el “contrato reglamentado” y, también actualmente, a través de la protección establecida en el derecho del consumidor.
7. Por lo tanto, a la luz de las reflexiones manifestadas, en casos como este se hace necesario examinar la posible existencia de un desequilibrio contractual y determinar si el comportamiento de la parte débil de inactividad en el ejercicio de sus derechos, realmente viene dada por su actuar complaciente o porque dada la relación asimétrica del contrato le resultaba claramente perjudicial cualquier manifestación en contrario que pudiera acarrear consecuencias negativas en su contra, incluso la terminación unilateral del contrato por la contraparte.
Aplicar la llamada doctrina del “retraso desleal” a esta tipología de contratos resultaría sumamente perjudicial en la medida que rompería con todos los razonamientos que desde hace al menos dos siglos sugieren la necesidad de establecer criterios justos en contratos en los que se presenta un desequilibrio entre las partes.
8. Por otra parte, además de los mecanismos legales adoptados para corregir las desigualdades entre las partes y prevenir el abuso del poder de contratación de una de ellas, es indispensable que los funcionarios judiciales reconozcan las asimetrías existentes e interpreten los acuerdos atendiendo a las nuevas dinámicas, en virtud de las cuales la inexpugnabilidad de la autonomía de la voluntad y la consideración irrestricta de la igualdad de los contratantes en una relación de derecho privado han quedado atrás.
En ese sentido, la labor del juez, como portador de la visión institucional del Estado, exige el análisis de las circunstancias propias de cada caso para determinar si ese tiempo prolongado durante el cual una de las partes no ha ejercido un derecho se debe, en realidad, a una omisión o retraso que puede considerarse desleal y contrario a la buena fe, o si esa inactividad responde a la imposibilidad de elevar sus reclamaciones en igualdad de condiciones frente a una contraparte que detenta el poder de negociación, de imposición del clausulado e incluso, de variación unilateral de sus condiciones.
En los anteriores términos dejo fundamentada mi aclaración de voto, con reiteración de mi profundo respeto por la Sala.
Fecha ut supra
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Magistrado
108

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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC425-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-04-11. C.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Rad. 2019-00063-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC425-2024%20%5B2019-00063-01%5D).
