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clave: "corte_suprema:providencia:SC4139-2021 [2015-00164-01]"
titulo: "Corte Suprema: debe contradecir abiertamente el contenido de las pruebas y, tener incidencia en la resolución de la controversia, al punto"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-10-27"
radicado: "2015-00164-01"
numero: "SC4139-2021"
ponente: "Hilda González Neira"
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# Corte Suprema: debe contradecir abiertamente el contenido de las pruebas y, tener incidencia en la resolución de la controversia, al punto

- **Título oficial / radicado:** SC4139-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-10-27
- **Radicado:** 2015-00164-01
- **Número:** SC4139-2021
- **Ponente:** Hilda González Neira
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4139-2021%20%5B2015-00164-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC4139-2021%20%5B2015-00164-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyYS4gSGlsZGEgR29ueuFsZXogTmVpcmEvMTAuLSBPY3R1YnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0M0MTM5LTIwMjEgWzIwMTUtMDAxNjQtMDFdLmRvY3g%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Debe contradecir abiertamente el contenido de las pruebas y, tener incidencia en la resolución de la controversia, al punto que de no haber existido otro hubiera sido el sentido de la decisión.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 446 de 1998
- Decreto 2651 de 1991
- Constitución Política

## Extracto

Ha sido reiterativa esta Colegiatura al señalar que la violación directa únicamente se produce « cuando, el funcionario deja de emplear en el caso controvertido, la norma a que debía sujetarse y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretación que de ella hace. Así lo ha ratificado esta Corporación al decir que « si en la impugnación se presenta simplemente un ejercicio de ponderación probatoria diferente, la Corte no tiene alternativa distinta a la de atender la valoración del juzgador, en virtud de la doble presunción de legalidad y acierto de que está revestida su sentencia, lo que impone que sus conclusiones en torno del examen de los elementos fácticos son, en principio, intocables, salvo la demostración del inocultable yerro apreciativ o» ORDENAR que, en oportunidad, se remita el expediente al Tribunal de origen.

## Cita textual

> la selección que le corresponde efectuar está limitada a aquellos preceptos de carácter sustancial que tengan que ver con la controversia objeto del pleito y su decisión

## Texto del documento

Radicación N° 76001-31-03-001-2015-00164-01
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente
SC4139-2021
Radicación n.° 76001-31-03-001-2015-00164-01
(Aprobado en sesión de dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021)
La Corte decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por María Elizabeth Castillo Villota frente a la sentencia proferida el 25 de octubre de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali Sala Civil, dentro del proceso ordinario que ésta, Jhon Jairo Cabezas en su nombre y en representación de Santiago y Gabriela Cabezas Castillo promovieron contra la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali.
I. ANTECEDENTES
1. Los promotores de la litis deprecaron que se declarara la existencia de un contrato de arrendamiento, el incumplimiento injustificado de la arrendadora demandada y se le condene al pago de los perjuicios materiales e inmateriales detallados en el escrito genitor.
2. En respaldo de sus pedimentos narraron, en síntesis, que el 1° de octubre de 2008 las partes suscribieron contrato de arrendamiento, cuyo objeto contratado « literalmente se reduce a que "LOS ARRENDATARIOS destinaran los espacios arrendados de la cafetería para el funcionamiento de restaurante y venta de alimentos y bebidas. Las partes están de acuerdo en que por razón de la destinación que se le dará al inmueble este tendrá un uso comercial, por lo cual le serán aplicables al presente contrato las normas sobre el arrendamiento de locales comerciales, especialmente las del código de comercio SIC " », pactando un término inicial de un año « prorrogable en caso de mutuo acuerdo entre las partes tácito o expreso ».
Los arrendatarios cumplieron con sus obligaciones, en tanto que la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, con oficio del 27 de agosto de 2017, comunicó la decisión de no renovar el convenio, sin poner « de manifiesto ninguna causal de incumplimiento » por parte de estos, cuando dicha convención, de conformidad con la ley, estaba renovado, puesto que « desde el 1 de octubre de 2008 de manera ininterrumpida venía desarrollando en el local comercial arrendado la actividad de restaurante, cafetería y comercialización de alimentos hasta el día en que se le informó de la no renovación del contrato (aproximadamente cinco (5) años» .
Sostuvieron, que « el arrendador incumple con los términos del desahucio, porque además de que no demostró objetivamente al arrendatario para que requería el local comercial tampoco lo solicitó dentro de los 6 meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato que trata el artículo 520 del Código de Comercio quiere decir el 01/03/2014 lo que de suyo significa que ambas partes debían inferir que el contrato de arrendamiento comercial se había renovado en las mismas condiciones en que fue inicialmente pactado », sin que desde que se finiquitó la convención la citada hubiera « iniciado obra de rehabilitación o remodelación necesaria ».
Aseveraron que « [N]o existe pues la menor duda que con el actuar ilegal, injusto e ilegítimo del demandado a conciliar se ha menoscabado no sólo el patrimonio material, sino que además del patrimonio Inmaterial de los señores CABEZA, CASTILLO VILLOTA y sus familiares, derivados de la terminación anormal, ilegal e injusta del contrato de arrendamiento del local comercial donde operaba el establecimiento de comercio “restaurante mi valle del cauca y algo más” destinado a los servicios de restaurante, cafetería y comercialización de alimentos, el cual fue afectado negativamente en su good will, know how y prima comercial” ».
3. La causa así planteada fue admitida el 9 de febrero de 2016[footnoteRef:2] (fl. 135 Cd 1), ordenando el enteramiento de la convocada, quien puesta a juicio se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que tituló « inexistencia del contrato de arrendamiento de local comercial », « inexistencia de proceso verbal con base de un contrato para arrendamiento de local comercial para reclamar perjuicios », « inexistencia de la prueba de perjuicios » y « cobro de lo no debido ». [2: Luego de que el Tribunal revocara el proveído de 24 de abril de 2015 que rechazó la demanda.]
4. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, el 31 de octubre de 2018, dirimió la instancia declarando previamente la falta de legitimación en la causa de John Jairo Cabezas y de los menores Santiago y Gabriela Cabezas Castillo, tras lo cual acogió la defensa de « inexistencia de contrato de arrendamiento de local comercial », para denegar las reclamaciones incoadas (fl. 246 Cd.1) .
5. Dicho pronunciamiento, debido a la alzada planteada por los convocantes, fue confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Civil, el 25 de octubre de 2018 (fl. 12 Cd. Trib).
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA
El fallador de segundo grado, al acometer el estudio del caso, consideró que el a quo acertó en su decisión, al colegir (minuto 0.19-12) « del acervo probatorio allegado que no existió ese contrato y es así porque, cuando aun cuando obra el contrato, un documento allegado por la parte demandada, que nos indica contrato de arrendamiento de zona para cafetería principal en la sede de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali, mirando la parte sustancial del mismo contrato puede encontrarse que no presenta las circunstancias sustanciales para el contrato de arrendamiento ».
Determinó que dicho acuerdo presenta fallas fundamentales, como son: (minuto 0.19.51) « Primero la tenencia del bien, es de la esencia del contrato de arrendamiento que el arrendador se desprende de la tenencia, siguiendo con la titularidad del dominio, pero se desprende esa tenencia a la que pasa a ser ejercida por el arrendatario; (minuto 0.20.12) pero aún si se pensara que la tenencia puede ser digamos como una tenencia compartida, en que por horas está (sic) tendríamos que tampoco se da plenamente lo referente al canon que sería el de la esencia también del contrato de arrendamiento ». Referido al precio mencionó los términos de la estipulación de la remuneración, para colegir que « habría una total indeterminación en el canon de arrendamiento ».
Concluyó que « no puede darse por probado que existió el contrato de arrendamiento del local comercial, sin perjuicio de que pueda existir como lo sostiene la misma parte demandada un contrato de concesión u otro que pueda ser innominado y que ustedes llegan a determinar, siendo presente otro contrato de concesión que sugiere la demanda de ello y de ello pueden dar los mismos interrogados cuenta los mismos interrogatorios y el testimonio de la directora administrativa de la sociedad de los que se colige que ese espacio en común que se halla prácticamente en la mitad de la casa solo podía ser utilizada en las horas del mediodía para servir los alimentos y para las demás actividades que se contrataron ».
7. La demandante interpuso la impugnación excepcional, que debidamente concedida fue admitida a trámite por esta Corporación.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Se formularon seis (6) cargos contra la decisión de segundo nivel, cuatro (4) apoyados en la causal primera y dos (2) en la segunda del artículo 336 del Código General del Proceso, cuyo estudio conjunto se justifica, porque todos, en esencia, se relacionan con la desestimación de las pretensiones por causa de la no demostración de la existencia del contrato de arrendamiento que se arguyó incumplido por la convocada.
CARGO PRIMERO
Imputó la « VIOLACIÓN DIRECTA POR LA SENTENCIA DE LAS SIGUIENTES NORMAS JURÍDICAS SUSTANCIALES, TRAS LA INDEBIDA APLICACIÓN Y ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LOS PRECEPTOS 1602, 1603, 1618, 1619, 1621, 1624 DEL CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO », en su desarrollo comenzó por señalar los hechos que consideró probados en el proceso; prosiguió memorando lo indicado por esta Corporación y la Corte Constitucional referente a la autonomía de la voluntad privada, para ocuparse a renglón seguido del análisis de este juicio.
En ese camino señaló que (i) « en razón de dicha autonomía de la voluntad se originaron los siguientes actos jurídicos dentro del negocio jurídico que nos ocupa » la selección del acuerdo negocial, el clausulado, « por efecto de dichos pactos y obligaron entre sí mediante contrato de arrendamiento del local comercial »; (ii) « durante la vigencia del contrato nunca extendieron otra convención para invalidar el contrato de arrendamiento del local comercial ni mucho menos se hizo por decisión judicial tras no existir causa legal para ello »; (iii) en su permanencia se ejecutó de buena fe; y, (iv) « la intención de las partes, mientras pervivió la relación contractual siempre fue la de obligarse recíprocamente a través de un contrato de arrendamiento del local comercial, lo cual lo confirman los testimonios y todos los actos jurídicos suscritos y ejercido dentro de la relación contractual ».
Mencionó que « la interpretación de los preceptos denunciados que hace el a quo de primer y segundo grado, no se compadece con el verdadero espíritu de la norma y la real intención del legislador, cuál es proteger la libertad contractual antes que nada en tratándose de las relaciones jurídicas propias del derecho privado », procediendo a refutar las inferencias del tribunal, en cuanto no dio por acreditado que la voluntad de las partes era celebrar un contrato de arrendamiento « amparada por el principio de libertad contractual »; que omitió aplicar « la regla “cláusula contra estipulante”, a sabiendas que fue el extremo accionado, fue quien estipuló el contrato y, que en tal virtud dicho extremo procesal debe cargar con las consecuencias jurídicas que generen las ambigüedades en lo estipulado ».
CARGO SEGUNDO
Reiteró que el ad quem incurrió en la « VIOLACIÓN DIRECTA POR LA SENTENCIA DE LAS SIGUIENTES NORMAS JURÍDICAS SUSTANCIALES, TRAS LA INDEBIDA APLICACIÓN Y ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LOS PRECEPTOS 1546, 1610, 1613, 1614, 1615, 1616, DEL CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO, 522, 870 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 16 DE LA LEY 446 DE 1998 ».
De nuevo comenzó por señalar los hechos que juzgó probados en el expediente, entre ellos, la solicitud del local para perjudicar a los demandantes, la falta de demostración por la pasiva para qué necesitaba el inmueble, su incumplimiento, la realización de un desahucio irregular, los perjuicios sufridos por la finalización tempestiva, la calidad de comerciantes, para exponer que « Acreditada la tipicidad del contrato de arrendamiento de local comercial de conformidad con las reglas de interpretación contractual, cuya naturaleza reafirmará la judicatura, se sobrentiende que es bilateral además y, que en tal virtud está sujeto legalmente a la condición resolutoria».
« Así las cosas, al no reconocer la judicatura los daños y perjuicios ocasionados al accionante en razón del
incumplimiento del contrato
de arrendamiento de local comercial por parte del demandado, dicha decisión contradice los principios de reparación integral y las funciones de la responsabilidad civil, al tiempo que contraviene el artículo 229 superior, toda vez que en el plenario se acreditó el menoscabo patrimonial y no patrimonial de la accionante tras el
incumplimiento del contrato
por parte del accionado, específicamente en lo concerniente con el desahucio irregular ».
CARGO TERCERO
Insistió en la existencia de « VIOLACIÓN DIRECTA POR LA SENTENCIA DE LAS SIGUIENTES NORMAS JURÍDICAS SUSTANCIALES, TRAS LA INDEBIDA APLICACIÓN Y ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LOS PRECEPTOS 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, DEL CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO Y 515, 516, 518 Y 520 DEL CÓDIGO DE COMERCIO ».
Aplicó idéntica metodología que en las anteriores críticas, haciendo reseña de hechos probados, cuestionando que los juzgadores no dieran por no demostrada la existencia del contrato de arrendamiento, cuando « [L]a conclusión errada a la que arriba la judicatura, hoy objeto de censura, no solo se evidencia de la trascripción literal de los preceptos que definen el contrato de arrendamiento de local comercial y sus elementos, comparados con los supuestos facticos acreditados en el sublite (sic)».
Agregó que « [E]l yerro mayúsculo en que incurre la judicatura desde el punto de vista legal, salta de bulto, habida cuenta que, ésta interpretó, infirió y determinó desatinadamente que, en el caso bajo estudio se desvirtuó la existencia legal y convencional del citado contrato de arrendamiento de local comercial, al tiempo de considerar que la convención suscrita es de otra naturaleza, muy a pesar de que ello no fue así ».
Para confutar las apreciaciones del Tribunal se adentró en el análisis de los elementos distintivos del contrato de concesión, como son « el control del Concedente…», «utilización del nombre comercial del concedente por parte del concesionario», «la remuneración del concedente…», «la «vigilancia de la concesión», «el reglamento de la Concesión», «la «terminación del contrato de concesión comercial por insolvencia de una de las partes», «la cláusula de terminación unilateral del contrato

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

tivo y de hecho [6°], por “ indebida y errónea apreciación de […] pruebas documentales y testimoniales »
Como se expuso en precedencia, sea que se acuse la sentencia por violación directa o indirecta, es forzoso al suplicante señalar las normas sustanciales que con ocasión del dislate endilgado resultaron infringidas, y cuando se invoca la vía indirecta por error de derecho tiene el doble laborío de indicar aquellas y adicionalmente las de estirpe probatoria que igualmente fueron violentadas, sin que en todo caso la citación de estas últimas sirva de eximente para no enunciar aquellas.
4.2.1. Ocurre que, en ambos cargos, el opugnador se sustrajo de dicha carga, habida cuenta que en el quinto se limitó a alegar el quebrando de los artículos 167 y 225 del Código General del Proceso, referidos al postulado de la carga de la prueba, que asegura desatendida por la arrendadora; y la eficacia probatoria de la prueba testimonial, porque « pese a la prohibición legal, suplió el contrato de arrendamiento que obra en el dossier, con los testimonios e interrogatorios de partes escuchados en el proceso », sin señalar norma sustancial alguna violentada por causa de los desafueros imputados al juzgador de segundo grado.
Es irrefutable, que la enunciación de las normas que denuncia el opugnador como violadas, por sí solas, no sirven para satisfacer aquella exigencia, en tanto estas son solo disposiciones reguladoras de la actividad in procedendo , cuyo desconocimiento, deviene insuficiente para estructurar un cargo en casación, mientras no se demostrase su repercusión en el quebranto del derecho sustancial debidamente sustentado y argumentado, habida cuenta que únicamente dicha conjunción daría integración al cargo, teniendo presente , conforme antes se expuso, la insuficiencia de solo citar pluralidad de disposiciones como infringidas, si al propio tiempo no se indica concretamente la norma violada y el concepto en que lo haya sido.
4.2.2. Adicionalmente, la quinta censura no reprueba aspectos de aducción, incorporación o idoneidad de la prueba, sino a las conclusiones que adoptó el tribunal de su valoración, a consecuencia de una presunta apreciación equivocada de dos puntuales medios de convicción allegados (i) el contrato de « arrendamiento » incorporado a las diligencias y (ii) los testimonios e interrogatorios recepcionados, bajo el supuesto de haber suplido estos a aquel, dejando el asunto en el campo del error de hecho.
4.2.3. La sexta acusación es totalmente omisiva en cuanto a dicha carga, por cuanto no menciona disposición alguna como vulnerada y, cual si se tratara de un alegato de instancia, únicamente, se limita a pregonar los múltiples hechos que, en su criterio, están probados en el litigio examinado, enlistando las que juzgó “ pruebas erróneamente apreciadas ” y a descalificar las inferencias prohijadas por el ad quem, a partir de un análisis individual de las probanzas según él omitidas o erróneamente apreciadas, expresando su propio parecer sobre lo concluido de aquellas, pero sin realizar la debida confrontación entre lo que revela el medio probatorio y lo que de cada uno extrajo el sentenciador, que evidenciara con contundencia la ocurrencia del error y sobre todo su trascendencia en la decisión.
Y es que, tratándose de este medio extraordinario, no basta al impugnante exponer una mera alegación que refleje su discrepancia con el fallo interpelado, pues resulta indispensable que se controvierta con suficiencia la argumentación cardinal del Tribunal, especificando con exactitud y claridad en qué consiste la equivocación manifiesta y trascendente en que incurrió el fallador, dado que, conforme se apuntó líneas atrás, tiene la obligación de desvirtuar las presunciones de legalidad y acierto que acompañan aquella decisión.
Preciso es reiterar, que para que un yerro de tales características produzca el quiebre de una sentencia es indispensable que sea manifiesto y trascedente. Debe contradecir abiertamente el contenido de las pruebas y, también, tener incidencia en la resolución de la controversia, al punto que de no haber existido otro hubiera sido el sentido de la decisión. Valga decir, para la ocurrencia del yerro es indispensable « que al primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinación adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso» (Sent. 146 de 17 de oct. de 2006, Exp. 06798-01), « que repugna al buen juicio», esto es, que «el fallador está convicto de contraevidencia» (Sent. de 11 de jul. de 1990 y 24 de ene. de 1992), por violentar « la lógica o el buen sentido común» (CCXXXI,644), « tan evidente, esto es, que nadie vacile en detectarlo, que cuando apenas se atisba como probable o posible, ya no alcanza para el éxito de la casación, porque, como lo tiene averiguado la Corte, ‘la duda jamás sería apoyo razonable para desconocer los poderes discrecionales del sentenciador (XLV, 649)’… » (CCXXXI, p. 645. Reiterado en Cas. Civ. de 19 de mayo de 2011, Rad. 2006-00273-01).
Olvidó el suplicante que la casación no es una tercera instancia que permita reabrir el debate, sino un mecanismo de impugnación que evalúa la legalidad de la sentencia, motivo por el cual le compete demostrar con contundencia el desacierto acaecido, con connotación de evidente y trascedente, amen que no cualquier falencia en el ejercicio valorativo del enjuiciador tiene la virtualidad de habilitar el quiebre de los fallos. Lo que no hizo.
5. Consecuente con lo argumentado los cargos no pueden prosperar.
6. Finalmente, ante el fracaso de la súplica extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, se condenará en costas a la recurrente. Se fijarán en esta misma providencia las agencias en derecho correspondientes, y para su cuantificación se tendrá en cuenta que la impugnación extraordinaria no fue replicada por la parte contraria.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia proferida el 25 de octubre de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali Sala Civil, dentro del proceso ordinario que María Elizabeth Castillo Villota y John Jairo Cabezas en su propio nombre y en representación de los menores Santiago y Gabriela Cabezas Castillo promovieron contra la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de la casación a los recurrentes, y en su liquidación se deberá incluir la suma de tres millones de pesos ($3’000.000) por concepto de agencias en derecho en favor de los opositores.
TERCERO. ORDENAR que, en oportunidad, se remita el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese y Cúmplase
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
(Presidente de la Sala)
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC4139-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-10-27. C.P. Hilda González Neira. Rad. 2015-00164-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4139-2021%20%5B2015-00164-01%5D).
