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clave: "corte_suprema:providencia:SC4137-2021 [2015-00125-01]"
titulo: "Corte Suprema: puede consultarse CSJ SC1° abr. 2009 y SC 2379-2016"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-10-06"
radicado: "2015-00125-01"
numero: "SC4137-2021"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
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# Corte Suprema: puede consultarse CSJ SC1° abr. 2009 y SC 2379-2016

- **Título oficial / radicado:** SC4137-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-10-06
- **Radicado:** 2015-00125-01
- **Número:** SC4137-2021
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4137-2021%20%5B2015-00125-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC4137-2021%20%5B2015-00125-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS8xMC4tIE9jdHVicmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzQxMzctMjAyMSBbMjAxNS0wMDEyNS0wMV0uZG9jeA%3D%3D/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Regla de decisión

Por último, la afirmación referente a que lo que se sanciona no es el acto jurídico del que se haya servido el respectivo cónyuge para sustraer el bien perteneciente a la sociedad conyugal sino la intención dolosa, pues el dolo no se deduce, sino que debe ser demostrado por cualquier medio probatorio.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 28 de 1932

## Extracto

Puestas de ese modo las cosas, el error de hecho se presenta sólo en el primero de esos pasos, es decir, en el momento en que el juez se hace a la imagen de lo que efectivamente obra en el expediente, ya sea porque esa imagen se queda corta, porque es excesiva o porque, en todo caso, está distorsionada, casos todos en los cuales no hay una correspondencia con la realidad. El señor Antonio Crescenzi D’Alessandro, en su condición de cónyuge supérstite de la señora Rosa Franco de Crescenzi, la cual le había sido reconocida dentro del proceso de sucesión de su esposa… que cursa en el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla, cuando correspondió la etapa procesal de inventarios y avalúos de los bienes sociales por intermedio de su apoderado… actuando de mala fe y con temeridad, omitió incluir en ellos los siguientes bienes:… Seiscientas sesenta (660) cuotas en la sociedad Mejía Franco Ltda.… .

## Cita textual

> es necesario probar la ocultación o la distracción intencional de bienes pertenecientes a la sociedad conyugal

## Texto del documento

Radicación: 080013103011-20150012501
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC4137-2021
Radicación n° 08001 31 03 011 2015 00125 01
(Aprobado en sesión de julio veintidós de dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., siete (07) de octubre de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Alba Luz Gómez Montes, frente a la sentencia de 26 de julio de 2018, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el proceso verbal promovido por Karen Mejía Franco y Dorian Mejía Franco, contra la recurrente y herederos indeterminados de Antonio Crescenzi D´Alessandro.
ANTECEDENTES
Solicitaron los convocantes declarar que Alba Luz Gómez Montes y los herederos indeterminados de Antonio Crescenzi, deben perder y devolver doblados los siguientes bienes: i) 660 partes de interés social, que a la muerte de Rosa Franco de Crescenzi poseía su cónyuge en la sociedad Mejía Franco Limitada; ii) los cánones de arrendamiento que generaron algunos inmuebles desde la muerte de la cónyuge hasta el mes de junio de 2010; iii) el 33% de los frutos civiles que ha generado la sociedad Mejía Franco Ltda. desde el fallecimiento de Rosa Franco y, iv) la suma de $580.380.640, que Antonio Crescenzi retiró de Corficolombiana el 5 de octubre de 2007.
Como sustrato fáctico se expuso que Rosa Franco y Antonio Crescenzi contrajeron matrimonio el 11 de diciembre de 1984 por virtud del cual se conformó entre ellos una comunidad de bienes. Desde el fallecimiento de su esposa, el señor Antonio efectuó maniobras fraudulentas para sustraer bienes de la sociedad conyugal y específicamente, dentro del proceso sucesorio de aquella que se adelanta ante el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla, en la etapa de inventarios y avalúos omitió relacionar los bienes referidos en las pretensiones de la demanda, de donde se infiere su actuar doloso y temerario.
Los aquí demandantes son los herederos de Rosa Franco y convocaron por pasiva a Alba Luz Gómez Montes en su calidad de adquirente a título universal de los derechos de María Rosario Crescenzi, sobrina y heredera de Antonio Crescenzi.
2.- La enjuiciada se notificó personalmente del auto admisorio, se opuso al éxito de las pretensiones, y como excepciones de mérito alegó «inexistencia del derecho reclamado», «cosa juzgada», «prescripción de la acción», «falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva » (fls. 820 – 827, ib .).
El curador ad litem designado a los herederos indeterminados del causante, manifestó atenerse a lo que resulte probado (fl. 843- 844 ib. ).
3.- El a quo accedió a las súplicas de la demanda (fls. 1097 – 1098 ib .).
4.- Contra esa determinación Alba Luz Gómez Montes formuló recurso de apelación (fls. 1098 ib. ).
5.- El Superior confirmó lo resuelto en primera instancia (fls. 32 – 33, c. 19).
FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
En sustento de su decisión, el Tribunal acotó que, de acuerdo con los motivos de la impugnación y las razones de la sentencia, se debe resolver si se equivocó el juzgador de primera instancia al declarar la sanción por ocultamiento o distracción de bienes sociales incoada por los actores por cuanto no hubo dolo u ocultación, o si la decisión se ajustó a derecho. En orden a resolver esa cuestión, en síntesis, expuso:
El ordenamiento reprime aquella conducta dolosa del cónyuge que busca defraudar al otro, y conforme al artículo 1824 del Código Civil, “ aquel de los dos cónyuges o sus herederos que dolosamente hubiera ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad perderá su porción en la misma cosa y será obligado a restituirla doblada ”. Dicha norma busca asegurar la exactitud y buena fe en la confección del inventario, sancionando civilmente los fraudes que en tal caso se cometan y para su aplicación se requiere que la distracción u ocultación sea dolosa, es decir, que se ejecute con el propósito o intención positiva de perjudicar al otro cónyuge y a sabiendas de que el bien distraído u ocultado hace parte del haber social.
La demandada impugnó la sentencia de primer grado únicamente en lo atinente a las 660 cuotas de la sociedad Mejía Franco y Cía. Ltda., aduciendo que no está acreditado el dolo como condición sine qua non de esta acción, y además, porque al encontrarse embargadas las referidas cuotas a solicitud de los demandantes, aquellas estaban fuera del comercio y ese hecho impedía materializar su traspaso a terceras personas y con ello la sustracción de bienes, por lo tanto, esa inconformidad guiará el análisis en esta instancia según lo prevé el artículo 328 del Código General del Proceso.
No cabe duda que la carga de probar el dolo de Antonio Crescenzi en la sucesión de su cónyuge recae en los accionantes, de conformidad con el artículo 1516 del Código Civil. Revisado el acervo probatorio, se evidencia que en el proceso de sucesión de Rosa Franco de Crescenzi promovido por sus hijos Dorian, Karen y Norman y su cónyuge Antonio Crescenzi ante el Juzgado Cuarto de Familia se denunció la presencia de todos los bienes de la causante cómo se observa a folio 763 relacionándose como social, entre otros, las 660 cuotas que la pareja Crescenzi Franco tenía en Mejía Franco y Cía. Ltda., por haber sido adquiridas el 13 de noviembre de 1996, en vigencia del matrimonio celebrado entre ellos el 11 de diciembre de 1984.
El señor Crescenzi a través de su apoderado judicial omitió incluir tales bienes en la diligencia de inventarios y avalúos efectuada el 9 de octubre de 2009 que se observa folios 738, y luego, según folio 66 del cuaderno principal, Alba luz Gómez Montes en su calidad de cesionaria de los derechos herenciales de la única heredera de Antonio Crescenzi, por intermedio del mismo apoderado que representó al causante en la sucesión de su cónyuge, incluyó esos bienes en la diligencia de inventario y avalúo presentada el 10 de mayo de 2013 dentro del proceso de sucesión que cursó en el Juzgado Segundo de Familia de Cartagena, con la finalidad de que se le adjudicaran a su cedente esas cuotas en su totalidad, como si se tratara de un bien propio, desconociendo con ello la característica de social, así como la lealtad y buena fe que el artículo 78 del Código General del Proceso impone a las partes en todos sus actos procesales.
Analizada objetivamente la conducta procesal descrita, es obvio que, contrario a lo afirmado por la recurrente, se vislumbra la intención dolosa tanto del finado Antonio Crescenzi, como de la cesionaria de derechos herenciales, de distraer esos bienes de la sociedad conyugal en desmedro de los intereses de los herederos de Rosa Franco de Crescenzi, « pues a sabiendas de que las mismas correspondían a un bien social lo relacionaron como propio en la sucesión del señor Antonio Cresenci» , trámite en el que, además, omitieron vincular a los herederos de la esposa del finado a fin de que no se hicieran parte y aunque con posterioridad aquellos intervinieron, esa circunstancia no disminuye la advertida conducta fraudulenta de la accionada.
El hecho de que las mencionadas cuotas sociales no se encuentren registradas a nombre de la demandada por estar embargadas por orden de autoridad judicial, no implica que la defraudación de bienes en el trámite de las sucesiones de la pareja Crescenzi Franco no se materializara como erróneamente afirma la recurrente, pues «lo que se sanciona no es el acto jurídico del que se haya servido el respectivo cónyuge para sustraer el bien perteneciente a la sociedad conyugal, sino la intención dolosa con que éste actuó para lograr tal efecto, que como se dijo en el párrafo que antecede, se encuentra debidamente acreditada en este caso» . En ese sentido, puede consultarse CSJ SC1° abr. 2009 y SC 2379-2016.
De los lineamientos jurisprudenciales expuestos se infiere la exigencia de la demostración del dolo durante el estado de indivisión de la sociedad conyugal, elemento que se encuentra acreditado en este evento, pues la actuación de la cesionaria de reportar en el trámite de la sucesión de Antonio Crescenzi un bien social como si fuera propio con la conciencia o intención de engañar a los herederos del otro integrante de la pareja para que no tuvieran participación en la totalidad de los bienes del haber social y así menoscabar sus derechos legítimos, sin duda alguna es una conducta dolosa que ha de ser sancionada conforme lo establece el artículo 1824 del Código Civil.
Los reparos referidos a la diferencia en el último apellido de la demandada o alteración del orden de los mismos no encuadran en ninguna causal de invalidación de lo actuado, toda vez que, de acuerdo con el poder otorgado con su documento de identidad, se determina que se trata de la misma persona aquí demandada.
Acreditado el elemento subjetivo para que opere la sanción que prevé la citada disposición para la ocultación o la distracción intencional de bienes de la sociedad conyugal, la sentencia impugnada está ajustada a derecho y se confirmará.
III.- DEMANDA DE CASACIÓN
Se formularon dos cargos, con soporte en las causales segunda y quinta del artículo 336 del Código General del Proceso (fls. 19 – 38, c. 10). Mediante auto de 13 de julio de 2020 se declaró inadmisible el segundo y se admitió el primero (fls. 47 – 54, ib. ).
IV.- CARGO ÚNICO
Se acusó la sentencia de ser violatoria en forma indirecta de los artículos 1824 y 1516 del Código Civil, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de las pruebas, por « falso juicio de existencia » de medios probatorios y suposición.
El Tribunal no indicó objetivamente de qué elementos demostrativos obtuvo la plena prueba de la ocultación o sustracción de las 660 cuotas y del dolo de la demandada, como componentes inexorables de la acción prevista en el artículo 1824 del Código Civil. De ese modo, le confirió ese alcance al actuar simple y llano de concurrir Antonio Crescenzi, por un lado, a la sucesión de su esposa, y Alba Luz Gómez, a presentar una demanda de sucesión en ejercicio de la compra de derechos herenciales.
El sentenciador falló sin pruebas que acreditaran los supuestos del artículo 1824 del Código Civil, respecto a la
pérdida de la cosa
o el perjuicio a los demandantes y el dolo en los términos del artículo 1516 de la misma obra, pues se limitó a referir que la primera disposición « busca asegurar la exactitud y buena fe en la confección del inventario », creando así una regla ajena a la norma, para realizar una adecuación típica de la afirmación efectuada en la demanda.
Desconoció el ad quem que de la literalidad del artículo 1824 se desprenden tres situaciones fácticas, a saber: i) calificación del sujeto activo, ii) ocultamiento y el perjuicio o daño, y iii ) el dolo. En este caso ninguna de ellas se acreditó. La primera, porque Alba Luz Gómez Montes, no es cónyuge ni heredera, sino cesionaria de derechos herenciales, y por lo mismo, no sustituye a los herederos; sobre la segunda, era menester acreditar que en realidad se perdieron u ocultaron 660 cuotas partes y quien sufrió perjuicio por ese hecho; y la tercera, pese a que es el elemento determinante, en el fallo no se mencionaron los medios de convicción de los que se dedujo.
En este caso es evidente que “nada se perdió”, “nada se ocultó” , no se causó perjuicio alguno, pues los ahora demandantes como «víctimas del ocultamiento» , desde el primer momento al solicitar la apertura de la sucesión de Rosa Franco de Crescenzi, incluyeron en el inventario de bienes de la difunta las 660 cuotas partes que tenía su esposo en la sociedad Mejía Franco y Cía. Ltda., y allí pidieron su embargo seis (6) años antes del inicio de este proceso.
Es notorio que no hubo ocultamiento, porque el accionante Dorian Enrique Mejía Franco, ha sido siempre representante legal de Mejía Franco y Cía. Ltda.; Norman Mejía era heredero y socio de la misma compañía y Karen Mejía, fue quien le vendió las cuotas a Antonio Crescenzi, por tanto, ninguno de los herederos de Rosa Franco ignoraba que Antonio Crescenzi tenía esa participación en la mencionada sociedad.
Aunque el juzgador no señaló en qué consiste el «acervo probatorio» , al que aludió en su exposición, se advierte que el folio 763 corresponde a un segmento de la demanda presentada el 1° de agosto de 2008 para la apertura de la sucesión de Rosa Franco ante el Juzgado Cuarto de Familia. Allí se relacionó como partida quinta «660 cuotas partes que el señor Antonio Crescenzi, posee en la sociedad Mejía Franco Ciía & Ltda. (sic) » ; y a continuación, en el folio 764 se refirieron como bienes propios dos inmuebles ubicados en Cartagena, más no las 660 cuotas de Antonio Crescenzi.
El sentenciador concluyó que por haberse omitido incluir en el inventario dichas cuotas, ello equivale a que se consideró como un bien propio, pasando por alto que « en ningún momento se aprecia a folio 738, que el apoderado de Antonio Crescenzi, haya mencionado la palabra bienes propios ». Tampoco tuvo en cuenta el escrito de inventarios y avalúos presentado el 9 de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

s decisiones, condenó a Alba Luz Gómez Montes y los herederos indeterminados de Antonio Crescenzi a « perder la porción conyugal a que tenía derecho el finado sobre el 50% de los siguientes bienes: 1. 660 cuotas de la sociedad Mejía Franco Ltda. (sic)», y además, les ordenó «devolver doblados a tal sociedad, el valor de los bienes que se sustrajeron de la sociedad conyugal (…) la cual es la siguiente (…) 3. $10.282.851.836» (fls. 1097-1098, c. 1 -4). c. 1).
En sustento, señaló que cuando Antonio Crescenzi adquirió las 660 cuotas ya estaba casado con Rosa Franco, por lo que ingresaron al haber social al no existir capitulaciones. Y a continuación, (hora: 1.02.24 y ss.) acotó que los presupuestos de esta clase de procesos se determinaron con certeza puesto que se estableció la existencia de la sociedad conyugal conformada por Antonio Crescenzi y Rosa Franco desde el 11 de diciembre de 1984 hasta la fecha del fallecimiento de ésta el 5 de octubre del 2007; qué esa sociedad estaba disuelta por la muerte de la esposa; que existieron bienes adquiridos por los cónyuges durante la vigencia de la sociedad, «lo último de los requisitos es que se hayan enajenado los bienes sin liquidarse la sociedad conyugal» , y « no se establecieron la existencia de las 660 acciones de las cuales estaban en cabeza del señor Crescenzi y que debían entrar al haber social». En cumplimiento de estos requisitos,
(…) se puede determinar que dichos bienes no fueron incluidos y fueron ocultados por lo tanto se aplica lo dispuesto en el artículo 1824 del Código Civil que dispone aquel que los dos cónyuges o sus herederos que dolosamente hubiera ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad perderá la porción de la misma y será obligado a restituirla doblada por lo que de acuerdo a los razonamientos anteriormente expuestos se deberá condenar a los demandados esto es a la señora Alba luz Gómez Méndez en su calidad de cesionaria de los derechos herenciales del señor Antonio Crescenzi y a las personas indeterminadas que hagan parte de la de la porción que le corresponde al mencionado señor a perder el 50% que la ley le corresponde en los en la sucesión. Igualmente, se les impondrá devolver estos dineros doblados en este sentido se establece que son 660 cuotas de la sociedad Mejía Franco limitada avaluada cómo quedó establecido aquí por el señor perito en la suma de $5.141.425.918.
3.- La demandada Gómez Montes refutó por vía de apelación la sentencia de primer grado, únicamente en lo que respecta a la condena impuesta por concepto de las 660 cuotas partes en Mejía Franco y Cía. Ltda.
Entre los argumentos esgrimidos para sustentar su desacuerdo, enfatizó en que no había interés jurídico para promover esta acción por cuanto no hubo daño, toda vez que las «acciones» siguen siendo y están dentro de la sociedad Mejía Franco y Cía. Ltda., de la que también son socios los actores, por lo que había imposibilidad de sustraerlas y la diligencia de inventario y avalúo de bienes presentado ante el Juzgado Segundo de Familia de Cartagena no nació a la vida jurídica, porque el juez declaró su nulidad el 15 de octubre de 2013.
Agregó, que como cesionaria no ha ostentado la posesión de las partes de interés social y no existe ninguna anotación en el certificado de la Cámara de Comercio en sentido contrario; no se da el presupuesto de la generación de un perjuicio a los herederos demandantes; en el proceso no se probó la sustracción de bienes y menos la intención dolosa de la demandada; no se tuvo en cuenta que las cuotas estaban embargadas por cuenta del Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla y no se violó el artículo 1824 del Código Civil, porque esa disposición exige como condición que se demuestre el dolo, el cual ni siquiera fue analizado en la sentencia recurrida.
4.- En orden a resolver el referido recurso vertical, por economía procesal se dan por reproducidos los razonamientos expuestos para deducir la prosperidad del cargo alegado en casación, que, en síntesis, se concretan a que en este asunto no se acreditó ocultamiento o distracción de las 660 cuotas parte que Antonio Crescenzi tenía en Mejía Franco y Cía. Ltda., por cuanto los herederos de Rosa Franco eran conocedores de su existencia y de que no habían salido del patrimonio del adquirente, pues, según quedó acreditado, Dorian Mejía Franco al promover el juicio sucesoral de su ascendiente, las incluyó entre los bienes sociales de los cónyuges; y de acuerdo con el certificado de existencia y representación, él es el gerente de la compañía y aquellas se encuentran embargadas para la sucesión de Rosa Franco de Crescenzi desde el 6 de marzo de 2009.
Puestas de ese modo las cosas, teniendo en cuenta que los promotores no cumplieron con la carga de demostrar el ocultamiento o la distracción de las 660 cuotas que Antonio Crescenzi D’Alessandro poseía en Mejía Franco y Cía. Ltda., que por haber sido adquiridas en vigencia del vínculo matrimonial con Rosa Franco constituían bienes de la sociedad conyugal de la pareja Crescenzi – Franco, ni conducta dolosa alguna de la demandada Alba Luz Gómez Montes orientada a ese propósito, su reclamo de tutela jurisdiccional para que se impusiera a la convocada la pena prevista en el artículo 1824 del Código Civil, estaba conminado al fracaso.
En conclusión, se revocará parcialmente la sentencia de primera instancia, en lo que respecta a la condena impuesta a la recurrente en relación con las cuotas partes que su causante ostentaba en Mejía Franco y Cía. Ltda., con la consecuente reducción de la condena en costas, de conformidad con el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso.
VII.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE :
Primero: Casar la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 26 de julio de 2018, en el proceso verbal promovido por Karen Mejía Franco y Dorian Mejía Franco, contra Alba Luz Gómez Montes y herederos indeterminados de Antonio Crescenzi D´Alessandro. Sin costas por el recurso extraordinario.
Segundo : Actuando como Juez de segunda instancia, revocar parcialmente los ordinales primero y segundo, de la sentencia emitida el 27 de febrero de 2018, por el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla. En su lugar, se niegan las pretensiones en lo que respecta a las 660 partes de interés social del fallecido Antonio Crescenzi D´Alessandro en la sociedad Mejía Franco y Cía. Ltda.
Tercero : Dadas las resultas del proceso, las costas fijadas por el Juez de primer grado se reducen en un 80%. Liquídense en su oportunidad.
Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJERO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC4137-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-10-06. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2015-00125-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4137-2021%20%5B2015-00125-01%5D).
