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clave: "corte_suprema:providencia:SC4114-2021 [2010-00116-02]"
titulo: "Corte Suprema: presentada la acusación se anticipa su descalabro"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-10-12"
radicado: "2010-00116-02"
numero: "SC4114-2021"
ponente: "Francisco Ternera Barrios"
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# Corte Suprema: presentada la acusación se anticipa su descalabro

- **Título oficial / radicado:** SC4114-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-10-12
- **Radicado:** 2010-00116-02
- **Número:** SC4114-2021
- **Ponente:** Francisco Ternera Barrios
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4114-2021%20%5B2010-00116-02%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC4114-2021%20%5B2010-00116-02%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBGcmFuY2lzY28gVGVybmVyYSBCYXJyaW9zLzEwLi0gT2N0dWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDNDExNC0yMDIxIFsyMDEwLTAwMTE2LTAyXS5kb2N4/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 446 de 1998
- Ley 820 de 2003
- Constitución Política

## Extracto

Asimismo, violó el artículo 2003 del Código Civil de ese cuerpo normativo, por cuanto si por culpa del arrendatario se pone término al arriendo, él queda obligado al pago de la renta por el tiempo que falte. En consecuencia, se aseveró que nunca se valoró la prueba de la efectiva restitución del bien arrendado. Así presentada la acusación, se anticipa su descalabro, porque en un litigio declarativo en que se presenta una pretensión de incumplimiento contractual, es allí -y no en otro ulterior-, en donde el demandado debe alegar las excepciones que enerven, extinga o modifiquen el derecho reclamado por el actor -con los hechos y las pruebas que lo sustenten-. Por tanto, declaró judicialmente terminado por « causal de mora en el pago de la renta pactada para el bien inmueble dado en arrendamiento, desde el 19 de mayo de 1995 al momento de la restitución e igualmente la indemnización solicitada y que fue objeto de peritazgo».

## Texto del documento

Radicación n.° 05360-31-03-002-2010-00116-02
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC4114-2021
Radicación n.° 05360-31-03-002-2010-00116-02
(Aprobado en sesión de veintidós de julio de dos mil veintiuno (2021)
Bogotá, D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021).
La Corte decide el recurso de casación, interpuesto por la sociedad Eduardo Botero Soto & Cía. Ltda. frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 19 de septiembre de 2013, en el proceso que en su contra instauró la empresa Frontier Agencia Marítima S.A.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión.
Con la demanda repartida al Juzgado 2º Civil del Circuito de Itagüí, la entidad demandante pretende que se condene a la empresa convocada, por los daños que le ocasionó con el incumplimiento contractual, en la suma de 70.581 dólares americanos por concepto de cánones de arrendamiento adeudados y 280.000 dólares americanos -o lo que resulte probado en el proceso-, por los intereses de esos cánones, causados desde el día en que cada uno se hizo exigible y hasta la fecha de la sentencia que ponga fin al litigio.
B. Causa petendi.
Como fundamentos fácticos, la actora alega que el 22 de enero de 1995, entre ella y la convocada, se ajustó un contrato de arrendamiento del contenedor IEAU 412397-0, cuyo canon fue estipulado de la siguiente manera: 7 dólares diarios durante los primeros 30 días; 14 dólares por los días que excedieran de 30 hasta 40 y 21 dólares por los que superaran de 41 hasta 50 y así sucesivamente. Tal contrato se demuestra, entre otros documentos, con fax contentivo de esas estipulaciones, suscrito por Juan Diego Ochoa -factor comercial y coordinador de transporte de la sociedad arrendataria-.
Ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, la acá demandante presentó contra la convocada demanda restitutoria de ese contenedor, por su falta de conservación y pago de la renta. El proceso concluyó con sentencia que declaró la mora y la pérdida del bien. Terminado el contrato, los cánones diarios no pagados por el arrendador corresponden a los que se causaron entre el 4 de agosto de 1995 y el 2 de diciembre de 2004 -a razón de 21 dólares por cada día-. A continuación del litigio de restitución se inició el ejecutivo, en el que la demandante sostuvo que la providencia dictada en el restitutorio de la cosa arrendada -del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín-, era título suficiente para el cobro de los cánones adeudados. Por su parte, el Tribunal, al resolver la apelación incoada, estimó que faltaba el título para el cobro ejecutivo de las obligaciones.
A modo de síntesis, indica la parte actora en su escrito genitor, que «el contrato de arrendamiento que existió entre las partes, finalizó por mandato judicial proferido por el Juzgado Quinto en lo Civil del Circuito de Medellín, fue restituido el bien por equivalencia mediante el pago de dinero que hizo por tal concepto Botero Soto S.A., pero se adeudan los cánones de arrendamiento y sus intereses comerciales…»[footnoteRef:1], los cuales deben liquidarse diariamente a la tasa más alta por tratarse de un arrendamiento comercial, cánones e intereses que en la demanda se constituyen en el daño que el
incumplimiento del contrato
de arrendamiento causó la demandada a la sociedad actora. [1: Fl. 3 del cuaderno 1. ]
C. Posición de la demandada y trámite del proceso.
1. Admitida la demanda (fl. 18) y notificada la empresa convocada (fl. 27), en tiempo lo contestó, con expresa oposición a las pretensiones y precisión de algunos hechos.
En concreto, explica que el contrato celebrado por las partes era de comodato -con derechos y obligaciones diferentes de los del arrendamiento-. Que el contenedor fue efectivamente entregado en las instalaciones de la empresa demandante. Que, en el confuso fallo dictado en el proceso de restitución de bien mueble, se condenó a Eduardo Botero Soto & Cía. Ltda., a pagar a la demandante a título de indemnización por perjuicios la suma de $13,079,664 más los intereses legales sobre ese valor -cifra que aquélla pagó-. Por lo cual, «no existiendo el contenedor y habiéndose declarado judicialmente la obligación de pagar una indemnización de perjuicios, ¿de dónde saca el demandante que hay que pagar unos cánones de arrendamiento?» (f. 29, c. 1). En fin, resalta que en el ejecutivo conexo derivado del proceso de restitución se indicó que no había título ejecutivo para el cobro de la suma de $180.650.282,42, pues esa cantidad no fue materia de condena en el fallo del proceso de restitución, ni estaba representada en ningún documento proveniente del supuesto deudor.
De allí que -sostiene la interpelada-, no sólo resulta antijurídico, sino también absurdo, el cobro de cánones de arrendamiento por el término de 10 años -a razón de 21 dólares americanos-, por un contenedor que se pagó. Esta y otras consideraciones sirvieron para aducir como excepciones de fondo, denominadas como viene: i) « pago» , pues solventó la suma a la que fue condenada ($13,079,624, oo) en el proceso de restitución cuya providencia está en firme y no fue apelada. ii) « inexistencia de la obligación de pago de cánones de arrendamiento e intereses », pues si se perdió el contenedor no hay causa para cobrar los cánones futuros, todavía menos 15 años después de celebrado el contrato. iii) « cosa juzgada » pues con la sentencia ejecutoriada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín del 16 de julio de 2008, quedó zanjada toda diferencia relativa al contenedor, valor, cánones, intereses e indemnización de perjuicios. iv) «prescripción » en vista de que, si el contrato se celebró en enero de 1995, han pasado más de 15 años, por lo que cualquier reclamación derivada de ese contenedor está prescrita. Y, v) « enriquecimiento sin causa », así como « cualquier otra excepción que pudiera acreditarse durante el proceso, derivada del desarrollo de las pruebas decretadas y aportadas ».
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí, culminó la primera instancia con sentencia del 19 de agosto de 2011 (fls. 75 a 77, c. 1), en que declaró prósperas las excepciones de cosa juzgada y pago.
3. La apelación de la demandante fue desatada con fallo del 19 de septiembre de 2013 -objeto del recurso extraordinario-, en que el ad quem revocó la decisión impugnada. Y, en su lugar, condenó a la sociedad resistente a pagar a favor de la demandante 70,145 dólares, más los intereses moratorios, causados a partir del día en que cada canon se hizo exigible hasta que se verifique el pago total de la obligación, liquidados a la tasa máxima establecida por la Superintendencia Financiera.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
El Tribunal comenzó por realizar un recuento procesal. Y destacó que el motivo de la impugnación se endereza a demostrar que no hay cosa juzgada, ya que la pretensión de que se condene a Eduardo Botero Soto & Cía. Ltda. a pagar los cánones adeudados por concepto del contrato de arrendamiento, no ha sido resuelta en juicio y no hay medio probatorio que demuestre que esos cánones hayan sido sufragados. Además, que el contrato no terminó por la destrucción de la cosa, sino por la sentencia proferida por el Juez Civil del Circuito de Medellín. Expresó, seguidamente, que la prosperidad de la excepción de cosa juzgada depende de la demostración o cumplimiento de las denominadas tres identidades procesales, a partir del cotejo entre las demandas de cada proceso, para establecer si los sujetos trabados en las dos pretensiones son los mismos. O por lo menos que unos sucedan a otros, ocupando su lugar en la relación debatida. También, que el objeto que se pide en ambos casos sea igual. Y, por último, que la razón de hecho y de derecho sean idénticas en ellos.
Luego de destacar qué es lo que pretende en este asunto la demandante Frontier Agencia Marítima S.A. -frente a la sociedad Eduardo Botero Soto & Cía. Ltda.- y qué fue lo decidido por el Juez de primera instancia-, halló demostradas las excepciones de cosa juzgada y pago. Precisó que, si bien la parte actora también había pedido dentro del proceso de restitución lo que acá se está reclamando, «no menos lo es que tal proceso no podía tener inmersa esta pretensión, puesto que su finalidad fue dispuesta por el legislador sólo para la declaratoria de terminación del contrato, la restitución del bien y las indemnizaciones a que hubiere lugar» (f. 20, c. 17). En una palabra, la configuración de la excepción de cosa juzgada no se da, pues « la reclamación ahora invocada por la parte actora nunca fue resuelta y no podía serlo en tratándose de un proceso de restitución del inmueble arrendado en el cual no procedía la emisión de condena en ese sentido » (ibidem).
En punto a las excepciones que halló prósperas el juez de primera instancia, el Tribunal consideró que tampoco pueden acogerse, pues ello iría en contravía de lo definido en la sentencia ejecutoriada proferida por el Juez Quinto Civil del Circuito, que determinó la existencia del contrato y la mora en el pago de los cánones de arrendamiento por parte del arrendatario -decisiones que sí son cosa juzgada frente a las partes-.
Por consiguiente, definido que existió contrato, que el bien mueble desapareció en manos de la arrendataria y que ese acuerdo de voluntades se declaró terminado por la causal de mora en el pago. El Tribunal precisó que los intereses serían liquidados a partir del 4 de agosto de 1995 hasta el 19 de noviembre de 2004 -fecha de la sentencia que decretó la culminación de la convención celebrada entre las partes-. En definitiva, en total se cuentan 3345 días de mora, con una renta diaria estipulada en 21 dólares. Descartó, por lo demás, la excepción de prescripción alegada por la parte accionada, porque el término del artículo 2356 del Código Civil no corrió completo en este asunto.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Se estudiaron los siguientes cargos.
CARGO PRIMERO
Con fundamento en la causal primera de casación, se acusa la sentencia impugnada de violar indirectamente los artículos 332 del Código de Procedimiento Civil -estatuto aplicable al asunto sub examine -, 17 y 2003 del Código Civil, así como el 29 de la Constitución Política, como consecuencia del error de hecho manifiesto y trascendente del Tribunal por indebida apreciación de la prueba, que lo llevó a no tener por demostrado, estándolo, que en el proceso abreviado de restitución de tenencia adelantado con anterioridad entre las partes, fueron falladas con sentencia del 19 de noviembre de 2004 y con autoridad de cosa juzgada, las mismas pretensiones que la demandante formuló en este proceso.
Con miras a demostrarlo, explica que « si bien el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, al proferir este fallo, no se pronunció de manera expresa sobre dicha pretensión, es irrebatible, conforme al texto de la parte resolutiva, que ni la rechazó por improcedente ni se declaró inhibido para fallarla de fondo, lo cual implica necesariamente que el juzgado sí la decidió, desestimándola implícitamente». Todo lo anterior, sin que el demandante hubiese pedido complementación de la providencia o interpuesto recurso alguno. Esto es, se sostuvo que la decisión hizo tránsito a cosa juzgada. Agrega, que no podía apreciar el fallo proferido en el litigio de restitución -al margen de los hechos y pretensiones allí formulados-. Por ello, resalta que, en el hecho cuarto de la demanda de restitución, Frontier Agencia Marítima Ltda. manifestó que la arrendataria había incumplido sus obligaciones, no había pagado ningún dinero por concepto de canon de arrendamiento. Esto es, se dijo que se debían todos los cánones, desde cuándo empezó a regir el contrato, hasta el momento de la restitución del contenedor -o hasta la fecha de la sentencia ejecutoriada que se pronunciara en ese juicio-.
Con apoyo en ese fundamento fáctico, en el acápite de las pretensiones, luego de su aclaración, solicitó que se declarara que la arrendataria adeudaba todos los cánones de arrendamiento -desde el 18 de mayo de 1995 hasta la fecha de la sentencia-. Y esa pretensión, junto con las demás que se formularon en la demanda de restitución, fue la que el juzgador resolvió con la providencia indebidamente apreciada por el Tribunal. Por causa del error así explicado, dice la censura que el Tribunal violó indirectamente el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil -consagra la cosa juzgada-, el 17 del Código Civil -establece la fuerza obligatoria de las sentencias judiciales respecto de las causas en que fueron pronunciadas-, y el 29 de la Constitución Política. Asimismo, el precepto 2003 del Código Civil.
CONSIDERACIONES
1. La sentencia del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín desató la causa litigiosa que la sociedad Frontier Agencia Marítima Ltda. inició contra Eduardo Botero Soto y & Cía. Ltda., con miras a que se declarara terminado el contrato de arrendamiento de un contenedor que la primera entregó a la segunda, por una causal: la mora en el pago del canon de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

em. ]
4. Bajo esos fundamentos -y haciendo el cotejo de las probanzas obrantes en el plenario-, la Sala no encuentra demostrado el error de hecho que señala el recurrente.
5. En consecuencia, el cargo fracasa.
CARGO SEXTO
En este cargo se acusa la sentencia del Tribunal, de violar indirectamente los artículos 1608, 1615, 1617, 2007 y 2035 del Código Civil, 65 de la ley 45 de 1990, como consecuencia de errores de hecho que lo llevaron a tener por demostrado, sin estarlo, que Eduardo Botero Soto & Cía. Ltda. estaba en mora desde la fecha en que cada canon de arrendamiento se hizo exigible, dejando de lado el requerimiento judicial realizado por Frontier Agencia Marítima para constituir en mora a la demandada. Arguye que el Tribunal, en relación con los intereses moratorios, sostuvo que, ellos se causaban a partir del día en que cada canon (diario) se hizo exigible, pero ese razonar fue producto de un error de hecho, pues en el proceso quedó demostrado que Eduardo Botero Soto & Cía. Ltda. fue requerida judicialmente en dos oportunidades.
En efecto, en la demanda del proceso restitutorio, Frontier Agencia Marítima S.A. pretendió que se condenara a Eduardo Botero Soto & Cía. Ltda., al pago de los cánones adeudados más los intereses moratorios, para lo cual solicitó que se le requiriese para constituirlo en mora, petición que elevó dos veces, y que el juzgado asimismo decretó dos veces ese requerimiento (el 26 de abril de 2000 y el 11 de septiembre siguiente, notificada personalmente a la demandada el 05 de octubre de ese año). El recurrente discute que esas pruebas no fueron vistas por el Tribunal, medios fundamentales para establecer a partir de cuándo Eduardo Botero Soto & Cía. Ltda. estaba en mora -con respecto a la liquidación de los intereses moratorios-. Y por ello, concluyó el ad quem que esos intereses se debían desde el 04 de agosto de 1995 -y no desde el cinco de octubre de 2000-.
CARGO SÉPTIMO
Se acusa al Tribunal de violar directamente los artículos 1608, 2007 y 2035 del Código Civil.
En orden a demostrarlo, luego de reproducir fragmento de la sentencia del Tribunal que en este cargo se ataca, recalca que cuando las obligaciones son a término, su vencimiento hace incurrir en mora al deudor. Pero que hay casos en los cuales las partes dejan por fuera del negocio ciertos aspectos que suple el legislador. En el arrendamiento, el artículo 2002 establece -norma de carácter supletivo-, que el pago de la renta se hará en los períodos estipulados, y no habiendo estipulación ni costumbre, según las reglas que siguen: « si una cosa mueble o semoviente se arrienda por cierto número de años, meses, días, cada una de las pensiones periódicas se deberá inmediatamente después de la expiración del respectivo año, mes o día…».
Por otro lado, destaca que aun cuando las partes establezcan el plazo en el cual debe cumplirse la obligación o dicho término sea suplido por la ley, el propio artículo 1608 en su numeral 1º consagra una regla de excepción para que opere la constitución en mora . En línea con lo dicho, precisa que ese precepto normativo fue aquél que dejó de aplicar el Tribunal. Aduce, además, que el Colegiado inaplicó lo establecido por el canon 2007 del Código Civil, conforme al cual para que el arrendatario sea constituido en mora de restituir la cosa, es necesario el requerimiento del arrendador aun cuando haya precedido desahucio. Finalmente, sostiene que dicha autoridad violó el artículo 2035 de la codificación precitada, pues de conformidad con este, el deudor se constituyó en mora de pagar los cánones de arrendamiento luego de haber sido reconvenido en dos oportunidades por su acreedor.
CONSIDERACIONES
1. Estos dos últimos cargos, por su unidad temática, serán estudiados conjuntamente. Sobre el particular, la Corte resalta un asunto que es esencial: el proceso restitutorio del contenedor arrendado se terminó por la causal de mora en el pago. Es decir, se evidencia que cualquier discusión sobre este tópico, ya fue definida en esa oportunidad -litigio en el cual ambas partes intervinieron y frente al cual no se presentó objeción alguna-. Desde luego, la cabal comprensión de este asunto supone conocer el contenido de la primera decisión judicial. Esto es, la adoptada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín -en el proceso de restitución del contenedor arrendado-. Ello es así, porque lo que hace el Tribunal es desentrañar el contenido de dicho fallo.
En efecto, después de reproducir el artículo 2008 del Código Civil, el juez del restitutorio señaló que,
«…como se ve, también la mora en el pago del canon de arrendamiento es causal para la restitución invocada por la parte actora” … “solicita igualmente el demandante que a título de indemnización de perjuicios por el incumplimiento de la arrendataria al no conservar la cosa se le pague a (sic) la suma de U.S.$5. 200.oo” … “Para definir a cuánto ascendían los perjuicios ocasionados por la pérdida del bien mueble este despacho decretó como prueba de oficio un peritazgo en donde se debió dictaminar el monto de los perjuicios…”… “ Impera entonces ordenar que el contrato de arrendamiento existente entre la sociedad Frontier agencia Marítima Ltda. quien actúa como arrendadora Eduardo Botero Soto & Cía. Ltda., como arrendataria, se declare judicialmente terminado por la causal de mora en el pago de la renta pactada para el bien mueble dado en arrendamiento, desde el 19 de mayo de 1995 al momento de la restitución e igualmente la indemnización solicitada y que fue objeto de peritazgo » (la Corte subraya).
De lo narrado resulta con claridad que la culminación del contrato de arrendamiento operó por la causal de mora en el pago de los cánones de arrendamiento -producida sobre obligaciones sometidas a término (art. 1608 núm.1 C.C.) -. Si ello es así, el sustrato de los cargos no puede ser aceptado, pues parte de una situación ya definida por el juzgado -y que no le competía al Tribunal volver a ventilar-.
3. En consecuencia, los cargos fracasan.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario que instauró Frontier Agencia Marítima S.A. frente a Transportes Botero Soto y Cía. LTDA.
Costas en casación a cargo del recurrente. Puesto que la parte opositora replicó en tiempo la demanda, con la que se sustentó la impugnación extraordinaria, se fija como agencias en derecho, la suma de $6.000.000. Por Secretaría de Sala, efectúese la correspondiente liquidación en el momento procesal correspondiente.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC4114-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-10-12. C.P. Francisco Ternera Barrios. Rad. 2010-00116-02. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4114-2021%20%5B2010-00116-02%5D).
