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clave: "corte_suprema:providencia:SC4112-2021 [2003-00976-01]"
titulo: "Corte Suprema: es intrascendente la supuesta pretermisión de las citadas pruebas -informes de rendición de cuentas"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-10-22"
radicado: "2003-00976-01"
numero: "SC4112-2021"
ponente: "Francisco Ternera Barrios"
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# Corte Suprema: es intrascendente la supuesta pretermisión de las citadas pruebas -informes de rendición de cuentas

- **Título oficial / radicado:** SC4112-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-10-22
- **Radicado:** 2003-00976-01
- **Número:** SC4112-2021
- **Ponente:** Francisco Ternera Barrios
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4112-2021%20%5B2003-00976-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC4112-2021%20%5B2003-00976-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBGcmFuY2lzY28gVGVybmVyYSBCYXJyaW9zLzEwLi0gT2N0dWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDNDExMi0yMDIxIFsyMDAzLTAwOTc2LTAxXS5kb2N4/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Reitérese, que el error probatorio se configura cuando la prueba es determinante en la decisión final.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 350 de 1993
- Decreto 1950 de 1970

## Extracto

Reitérese, que el error probatorio se configura cuando la prueba es determinante en la decisión final. G.J. VII, p. 92, sentencia del 18 de febrero de 1892. El postulado de la normatividad de los actos jurídicos ( art 1602, C.C) se traduce esencialmente, entonces, en que legalmente ajustado un contrato se convierte en ley para las partes, quienes por consiguiente quedan obligados a cumplir las prestaciones acordadas en él» . [23: Cfr. SC del 5 de julio de 1983, SC139-2002 de agos. 1° 2002, rad. n°. 6907; SC127-2008 de dic 19 2008, rad. n.° 11001-3103-012-2000-00075-01; SC038-2015, de feb 2 de 2015, rad. 1100131030192009002980l, entre otras] Y es apenas obvio que el yerro de facto, cuya característica fundamental es el de que sea evidente, o como lo observa la doctrina de esta Corporación, que salte de bulto o brille al ojo, sólo se presenta cuando la única estimación acertada sea la sustitutiva que se propone.

## Texto del documento

Radicación no. 11001-31-03-008-2003-00976-01
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC4112-2021
Radicación n.° 11001-31-03-008-2003-00976-01
(Aprobado en sesión virtual de ocho de julio de dos mil veintiuno)
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por las demandantes BLASTINGMAR LTDA (hoy BLASTINGMAR S.A.S), NICASTILLO LTDA. (hoy NICASTILLO S.A en liquidación) y SOTELO VÉLEZ SOVEL LTDA frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 27 de julio de 2015, a propósito del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual que instauró en contra de FIDUANGLO S.A (HOY FIDUCIARIA GNB S.A).
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
Con la demanda -y el escrito que la reformó- se pretende: i) Que se declare que la demandada, Fiduciaria -GNB.S.A.-, incumplió el contrato de fiducia contenido en la Escritura Pública N°1352 de 8 de junio de 1994 de la Notaría 46 de Bogotá D.C. ii) Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada a indemnizar a favor de las sociedades demandantes, el pago de todos los perjuicios compensatorios derivados de tal incumplimiento. Y, iii) solicitó que se condene al pago de los intereses moratorios comerciales, calculados sobre el monto de los perjuicios probados desde la fecha de su ocurrencia hasta cuando se verifique su efectivo pago.
B. Causa petendi
2.1. Adujeron que la Compañía de Astilleros S.A. -Conastil- fue constituida con escritura pública no. 157 del 26 de febrero de 1969, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Cartagena.
2.2. Señalaron que, en el año de 1989, Conastil inició un trámite de concordato preventivo -al amparo del Decreto 350 de 1993-. El 22 de abril de 1994[footnoteRef:1], se inició una audiencia concordataria entre la sociedad demandada y sus acreedores. Esta diligencia, tras ser suspendida en varias oportunidades, concluyó en la sesión del 6 de mayo de 1994, en la cual se adoptaron las siguientes determinaciones: [1: Folio 65 del cuaderno principal ]
a. Derogar en su totalidad el acuerdo concordatario previamente celebrado entre Conastil y sus acreedores el 26 de junio de 1990, así como su reforma del 20 de diciembre de 1991.
b. Se acordó con los acreedores concordatarios que, con el propósito de generar una fuente de pago de los pasivos a cargo de la concordada, se aprobara celebrar un contrato de fiducia con Fiduanglo S.A. En virtud de tal negocio, se transfirió el establecimiento de comercio que integra la unidad económica Conastil S.A., para que fuera vendido en bloque, preservando la unidad industrial, junto con el inmueble – identificado con folio de matrícula 060-0042575-, que soportaba una hipoteca en favor del Instituto de Fomento industrial (IFI).
2.3. Para el año 1995, estos bienes fueron avaluados así: a) la unidad comercial -el astillero- en la suma de 4.902.000 dólares americanos y b) -el inmueble- en la suma de 20.991.868.800 de pesos colombianos.
2.4. El negocio fiduciario fue elevado a escritura pública No. 1352 de 8 de junio de 1994, en que se convino crear una Junta del fideicomiso que se ocuparía de impartir las instrucciones para el cumplimiento del objeto del contrato de fiducia. Y en particular la disposición y enajenación de los bienes fideicomitidos que integran el patrimonio autónomo.
2.5. El 15 de noviembre de 1994, la Junta del fideicomiso autorizó a la fiduciaria (demandada) para solicitar ante el Instituto de Fomento Industrial -IFI- un crédito en cuantía de 5.000 millones de pesos para el pago del pasivo laboral de la compañía. Con comunicación del 7 de diciembre de 1994, el IFI comunicó a la demandada la aprobación de la operación de crédito por valor de 7.000 millones de pesos, con un plazo de 3 años, sin periodo de gracia. Además, que se tuvo como garantía el certificado expedido por la fiduciaria sobre los bienes del fideicomiso y cuya destinación era el pago de acreencias laborales. Afirmaron que la fiduciaria (demandada) excedió los límites de las instrucciones impartidas por la Junta del fideicomiso al ofrecerle al IFI la subrogación correspondiente a la prelación de las acreencias laborales post concordatarias. Señaló que dicho ofrecimiento no fue mencionado ni aprobado por la Junta del fideicomiso cuando se autorizó la solicitud de crédito. Apuntalaron que, posteriormente, en la audiencia concordataria concluida el 15 de agosto de 1997, se aprobó la dación en pago de la totalidad de los bienes fideicomitidos al Instituto de Fomento Industrial (en adelante, IFI). Para tal efecto, se estimó que, en beneficio del IFI, había operado la subrogación legal por el pago de las posteriores obligaciones laborales -tal y como había sido ofertada por la Fiduciaria, «sin autorización alguna»-.
2.6. Aseveraron que la decisión referida fue adoptada en la Junta concordataria con el voto favorable del propio (IFI), que representaba el 73.919% de las acreencias concordatarias a cargo de Conastil S.A. junto con el Banco de Comercio Exterior, que ostentaba el 7.07 21%. Además, que en esa reunión no participaron los demandantes, por tener únicamente la calidad de acreedores post concordatarios y sin la intervención de la Junta del fideicomiso, a pesar de ser vocera legítima del fideicomitente Conastil S.A. y sus acreedores. Manifestaron que el acto de la dación fue suscrito en el marco de una audiencia concordataria de 10 de noviembre de 1997, en la cual tampoco podían votar los demandantes -al ser únicamente permitido el voto de los acreedores de naturaleza concordataria-.
2.7. Insistieron en que, sin mediar instrucción alguna de la Junta de fideicomiso, la Fiduciaria demandada, motu proprio, efectuó a favor del IFI la dación en pago de todos los bienes que integraban la unidad económica de Conastil S.A. Expresaron que la mencionada dación en pago significó la entrega de bienes, por parte de la demandada fiduciaria, en cuantía de 26.000 millones de pesos para cancelar a favor del IFI la operación ejecutada del mutuo comercial con intereses que correspondía a un capital de 7.000 millones de pesos, más intereses al DTF más 8 puntos. Aseguraron que el perfeccionamiento de la dación en pago generó un millonario perjuicio directo, en atención a que sus acreencias fueron totalmente desconocidas, sin posibilidad material de recuperar siquiera parcialmente sus créditos.
2.8. Finalmente, adujeron que el acto jurídico de dación en pago implicó graves incumplimientos al contrato de fiducia, a saber: a) El desconocimiento de la Junta del fideicomiso como único órgano encargado de autorizar la disposición de bienes del fideicomitente. b) La violación de los límites temporales previstos para la gestión de la fiduciaria. c) El desconocimiento de la prelación en los pagos efectuados. Y d) la grave negligencia en materia del avalúo y verdadero valor de los bienes fideicomitidos que fueron entregados en dación en pago.
C. Posición de la demandada
La interpelada Fiduanglo S.A (hoy, Fiduciaria GNB S.A.) se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones de mérito que nominó: « carácter vinculante del acuerdo concordatario y sus modificaciones contra las demandantes»; «consentimiento y autorización de los acreedores»; «la dación en pago no es un acto de la fiduciaria»; «improcedencia procesal»; «falta de competencia»; «la fiduciaria cumplió sus obligaciones derivadas del contrato de fiducia»; «inoponibilidad a la fiduciaria de las obligaciones adquiridas por terceros y por el patrimonio autónomo»; «separación de los activos y pasivos del patrimonio autónomo artículo 1233 del código de Comercio»; «el objeto del contrato de fiducia no fue que el patrimonio autónomo se convirtiera en deudor de las obligaciones del Conastil S.A»; «ausencia de novación»; «incumplimiento de la condición suspensiva»; «inexistencia de la relación de causalidad directa entre los actos de la fiduciaria y los daños objeto de las reclamaciones de las demandantes». Adicionalmente, llamó en garantía al IFI.
D. Resolución en las instancias
Culminado el trámite correspondiente a la primera instancia, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá D.C. profirió sentencia desestimatoria de las pretensiones. El fallo fue oportunamente apelado, siendo confirmado por el Tribunal.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Comenzó por indicar que el problema jurídico que se debe resolver se concreta en determinar si la demandada, HSBC Fiduciaria S.A. -antes Fiduanglo S.A.-, incumplió el contrato de fiducia contenido en la escritura pública No. 1352 del 8 de junio de 1994. Y, como consecuencia de ello, « si debe ser condenada a indemnizar a favor de las sociedades demandantes los perjuicios compensatorios derivados en la forma y cuantía solicitadas en el libelo introductorio ». Seguidamente, se ocupó de presentar el desarrollo jurisprudencial de la fiducia mercantil, definiciones y características. En particular, apuntó que « estos negocios son actos de confianza en virtud de los cuales si hay transferencia de la propiedad se está ante la denominada fiducia Mercantil y en ello radica su diferencia con el encargo fiduciario en el que sólo se da una mera tenencia definida en el artículo 775 del Código Civil como aquella que se ejerce sobre una cosa en lugar o a nombre de otro».
Por su parte, y comoquiera que la activa estructuró sus pretensiones sobre las actuaciones de la fiduciaria en ejecución del fideicomiso, procedió a estudiar lo concerniente a su responsabilidad. De tal manera que explicó que « la responsabilidad de las entidades fiduciarias se escribe en la denominada responsabilidad profesional la cual implica la utilización de un rasero más exigente al ordinario que ha sido construido sobre el nivel de diligencia y cuidado de un buen padre de familia». Adicionalmente, precisó que la responsabilidad del fiduciario sigue siendo una responsabilidad fundada en la culpa que se enmarca en el principio general de la responsabilidad consagrado en el artículo 2341 del Código Civil. Así las cosas, resultaba imprescindible que se demostrase: i) una acción u omisión por parte del fiduciario que pudiese ser calificada como culposa; ii) la existencia de un daño cierto; y, iii) la debida conexidad entre la negligencia del fiduciario y el daño. Aunado a ello, sostuvo que « el daño indemnizable, en principio, no se puede constituir en el desagrado con el resultado de la gestión del fiduciario, sino en una situación de pérdida efectiva que tenga como correlato un defecto en los mecanismos y métodos utilizados o dejado de utilizar por el fiduciario ».
Con soporte en lo expuesto, procedió a examinar los cargos formulados por las recurrentes. Frente al primer argumento, orientado a evidenciar el yerro del juzgador frente al tipo de acción ejercida -que fue la contemplada en el 1610 del Código Civil y no en el 1546 ibidem -, advirtió que les asiste razón a las suplicantes, motivo por el cual el presente estudio se enfilará por ese sendero sin que ello altere la decisión.
Señaló que, para viabilizar la procedencia de la acción indemnizatoria, « la parte actora debió demostrar los elementos propios de la responsabilidad contractual derivada del supuesto incumplimiento de las obligaciones que tenía a su cargo en virtud del contrato de fiducia que celebró con CONASTIL S.A. plasmada una escritura pública No. 1352 del 8 de junio de 1994 de la Notaría 46 de Bogotá DC, siendo beneficiarios, entre otros, los aquí demandantes “BLASTINGMAR LTDA”, “COMPETROL LTDA”, “NICASTILLO LTDA” y “SOVEL LTDA” ». Sentado lo anterior, afirmó que el reproche se basa en la preterición de la Junta del fideicomiso en cumplir con las obligaciones consagradas en los numerales 5°, 6° y 9° del artículo 34 del contrato bajo estudio, a saber, «“Autorizar los actos de disposición de los bienes fideicomitidos y de los eventuales rendimientos que se produjeren todo en orden a cumplir con el objeto del contrato”, “Autorizar la contratación de créditos por cuenta y con garantía del fideicomiso” y “Ordenar la enajenación de los bienes fideicomitidos para cubrir las obligaciones directamente contraídas por el fideicomiso” ». Se dolieron de la existencia de una diferencia entre las instrucciones impartidas por la Junta del fideicomiso, quien simplemente autorizó un mutuo mercantil, con las actuaciones desplegadas por la fiduciaria, quien extendió la garantía que otorgó al IFI al ofrecer una subrogación de la prelación de las acreencias laborales que resultaren canceladas y/o al incluir el crédito como gasto del fideicomiso.
Frente a tal reproche, observó que en el acta No. 5 del 15 de noviembre de 1994, la Junta de la fiducia de Conastil S.A. « autorizó a la Sociedad Fiduciaria Anglo S.A. “Fiduanglo”, para que como administradora del patrimonio autónomo solicitara un crédito al IFI por un valor hasta de $5.000.000.000.oo, con destino al pago del pasivo laboral ». Por virtud de tal autorización, HSBC Fiduciaria S.A. solicitó un crédito a

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

pág. 45] [18: Messineo, Francesco. Doctrina general del contrato. T. II, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1952, pág.97.] [19: Laurent. Cours élémentaire de Droit civil. T.I. Bruylant-Christophe.Bruselas,1881, pág.9. ] [20: La interpretación es, pues, la pesquisa y determinación de la lex contractus. Su propósito es “precisar el sentido de las disposiciones contractuales.” Marty, Gabriel y Raynaud, Pierre. Les Obligations. T. 1. Sirey, París, 1988, pág. 249]
Esto es, si el convenio consagra cláusulas precisas y claras -que no dan lugar a interpretaciones diversas-, lo allí pactado ha de acogerse como la nítida voluntad de los contrayentes. Esto es, “[n]o hay necesidad de rastrear por sus antecedentes la verdadera intención de los contratantes, cuando ella aparece declarada expresamente en las cláusulas del instrumento que otorgan ”[footnoteRef:21]. Por lo demás, “ el contrato a los ojos de la ley y del Juez no es ni puede ser otro que el que resulta de los hechos, aunque los interesados por ignorancia o fines especiales quieran revestirlo de una calidad que no tiene ”[footnoteRef:22]. [21: CSJ. G.J. XXIV, p. 121, sentencia del 30 de mayo de 1914.] [22: CSJ. G.J. VII, p. 92, sentencia del 18 de febrero de 1892.
Es decir, “dentro este mismo aspecto psicológico una clave valorativa muy significativa pudiera ser el factor motivacional quisque praesumitur consentiré in id quod utilitatem affert (se presume que cada cual consiente en lo que le proporciona utilidad).” Muñoz, Lluis. Tratado de probática judicial. Bosch, Zaragoza, 1992, pág. 187 -ortografía original-. ]
Así mismo, las reglas interpretativas y decimonónicas que figuran en el Código Civil a partir del precepto aludido han sido ya explicadas por esta Corporación[footnoteRef:23]. Ha de memorarse que de vieja data esta Sala ha venido señalando que, en cuanto hace a la interpretación del contrato, « En el derecho positivo colombiano impera el principio según el cual las leyes que regulan los contratos son normas supletorias de la voluntad de los contratantes, cuando estos, al celebrar sus convenciones jurídicas, acatan todas las prescripciones legales requeridas para su formación y respetan el orden público y las buenas costumbres. El postulado de la normatividad de los actos jurídicos ( art 1602, C.C) se traduce esencialmente, entonces, en que legalmente ajustado un contrato se convierte en ley para las partes, quienes por consiguiente quedan obligados a cumplir las prestaciones acordadas en él»[footnoteRef:24] . [23: Cfr. SC del 5 de julio de 1983, SC139-2002 de agos. 1° 2002, rad. n°. 6907; SC127-2008 de dic 19 2008, rad. n.° 11001-3103-012-2000-00075-01; SC038-2015, de feb 2 de 2015, rad. 1100131030192009002980l, entre otras] [24: CSJ Sala Civil, Tomo CLXXVI. 2415, pág. 249-a 257.]
6.4. De otra parte, en el ámbito del recurso de casación, está averiguado que, si del texto convencional se descubren varios sentidos razonables, incluso con la aplicación de las reglas hermenéuticas anotadas, la elección que de uno de ellos haga el Tribunal ha de ser respetada y mantenida por la Corte.
“Cuando una cláusula se presta a dos interpretaciones razonables o siquiera posibles, la adopción de cualquiera de ellas por el sentenciador no genera error evidente, puesto que donde hay duda no puede haber error manifiesto en la interpretación (Cas. Civ. de 3 de julio de 1969, CXXXI, 14). Y es apenas obvio que el yerro de facto, cuya característica fundamental es el de que sea evidente, o como lo observa la doctrina de esta Corporación, que salte de bulto o brille al ojo, sólo se presenta cuando la única estimación acertada sea la sustitutiva que se propone. Por manera que la demostración del cargo ha de conducir al convencimiento de la contraevidencia, inconcebible cuando el resultado que se censura es producto de sopesar distintas posibilidades, que termina con la escogencia de la más probable, “sin que ninguna de ellas esté plenamente contradicha por las otras pruebas del proceso” (Cas. Civ. de 30 de noviembre de 1962, XCVIII, 21; 4 mayo de 1968, aún no publicada; 20 de mayo de 1970, CXXXIV, 146 y 147)” (CSJ SC del 6 de agosto de 1985).
6.5. Así las cosas, en el caso sub examine se observa que la hermenéutica otorgada por el Tribunal al acto jurídico no resulta en absoluto arbitraria. En efecto, mal podría abrirse paso el embate propuesto, pues siendo “[l] a interpretación de un contrato (…) una cuestión de hecho, una estimación circunstancial de factores diversos probablemente establecidos en el juicio, (…) no es posible desestimarla por la Corte, sino al través de la alegación demostrada de un evidente error de hecho, que ponga de manifiesto incuestionablemente una arbitraria interpretación judicial de la voluntad de los contratantes (…)”[footnoteRef:25]; yerro que, como se ha razonado con anterioridad, no está acreditado. [25: CSJ SC del 25 de junio de 1951. En dirección análoga: CSJ SSC del 11 de agosto de 1953, 7 de noviembre de 1953, 27 de abril de 1955, 28 de febrero de 1958, 21 de nov. de 1969, 28 de agosto de 1978, 6 de sept. de 1983 t 6 de agosto de 1985, entre muchas más.]
7. Finalmente, el planteamiento relacionado con el presunto error del Tribunal en considerar que « la dación en pago no la realizó la fiduciaria » se halla desacertado. En efecto, del escrutinio de la sentencia integralmente, lo que se recibe es que, para el ad quem , la fiduciaria actuó en cumplimiento de una decisión de los acreedores, quienes acordaron la realización de la dación en pago. En otras palabras, la iniciativa fue tomada por los propios beneficiarios y aprobada por la Superintendencia de Sociedades.
8. Por tanto, se observa que no fueron atacados la totalidad de los argumentos expuestos por el Tribunal en torno a la ausencia de
incumplimiento del contrato
de fiducia por parte del demandado. Aunado a ello, se advierte que las quejas elevadas contra la forma en que fueron interpretadas las cláusulas del contrato de fiducia no son más que alegatos de instancia.
9. En pocas palabras, el cargo no se abre paso.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 27 de Julio de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Costas en casación a cargo del recurrente. Como quiera que la parte opositora replicó en tiempo la demanda, con la que se sustentó la impugnación extraordinaria, se fija como agencias en derecho la suma de $6.000.000. Por la Secretaría de la Sala, efectúese la correspondiente liquidación en el momento procesal correspondiente.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC4112-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-10-22. C.P. Francisco Ternera Barrios. Rad. 2003-00976-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4112-2021%20%5B2003-00976-01%5D).
