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clave: "corte_suprema:providencia:SC3972-2022 [2019-00014-00]"
titulo: "Corte Suprema: sobre los valores mencionados se reconocerán intereses moratorios"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-12-15"
radicado: "2019-00014-00"
numero: "SC3972-2022"
ponente: "Hilda González Neira"
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# Corte Suprema: sobre los valores mencionados se reconocerán intereses moratorios

- **Título oficial / radicado:** SC3972-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-12-15
- **Radicado:** 2019-00014-00
- **Número:** SC3972-2022
- **Ponente:** Hilda González Neira
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3972-2022%20%5B2019-00014-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3972-2022%20%5B2019-00014-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIyL0RyYS4gSGlsZGEgR29ueuFsZXogTmVpcmEvMTIuLSBEaWNpZW1icmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzM5NzItMjAyMiBbMjAxOS0wMDAxNC0wMF0uZG9jeA%3D%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

Es así como el artículo 1.544 establece como principio general el de que cumplida la condición resolutoria deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 153 de 1887

## Extracto

En ese orden, el poseedor de mala fe es responsable de los deterioros que por su hecho o culpa haya sufrido la cosa, pero si es de buena fe, mientras permanezca en ella, no es responsable de los mismos (art. 963 C.C.) y en los términos de la regla 964 ibidem , el poseedor de mala fe ha de restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, tanto los percibidos como los que el propietario hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, de haber tenido la cosa en su poder; en cambio, el de buena fe sólo los debe a partir de la contestación de la demanda, previa deducción de los gastos ordinarios que ha invertido en producirlos. PRIMERO: Declarar la resolución del contrato de compraventa celebrado entre Bancolombia S.A. y GEHS Global Environment and Health Solutions, en la cual la última se obligó a entregar en su totalidad y en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR CHÍA 1 DELICIAS SUR.

## Cita textual

> no comprender la demanda a todas las personas que constituyen el litisconsorcio necesario y falta de jurisdicción o de competencia

## Texto del documento

Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-01
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada ponente
SC3972-2022
Radicación n° 11001-31-03-035-2019-00014-00
(Aprobado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós)
Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022).
Luego de haberse casado la sentencia de 11 de agosto de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso que promovió contra Global Environment and Health Solutions de Colombia -GEHS-, procede la Sala a proferir el fallo sustitutivo correspondiente.
I. EL LITIGIO
A. Las pretensiones
Bancolombia S.A. solicitó que, con citación y audiencia de la sociedad extranjera, domiciliada en la ciudad de Miami, Estados Unidos de Norteamérica y con actividad comercial permanente en el país a través de su sucursal en Colombia, se declarara la existencia de un contrato de compraventa celebrado entre ellas para la adquisición de una planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Chía, Cundinamarca y que la demandada es responsable por su incumplimiento al no despachar las partes completas, no construirla, ni ponerla en funcionamiento, en razón del cual reclamó la resolución del convenio, disponiendo las restituciones mutuas a que hubiera lugar.[footnoteRef:1] [1: Reforma de la demanda (folios 281 a 319, 001CuadernoPrincipal), admitida en auto de 6 de agosto de 2019 (folio 354 ídem). ]
Consecuentemente, deprecó, condenarla a restituir el dinero pagado -$17.857.615.335-, con indexación e intereses moratorios a partir de su desembolso -10 de diciembre de 2015-, y a pagar los perjuicios materiales en cuantía de $467.599.153, derivados de las expensas de bodegaje en que incurrió por el almacenaje de las piezas parciales enviadas por la convocada desde diciembre de 2017 hasta la presentación de la demanda, con la respectiva corrección monetaria y réditos de mora, y las sumas que, por ese concepto, se causen entre el momento indicado y el reintegro de esos bienes a la proveedora.
Asimismo, recabó imponer a su contraparte la indemnización de los perjuicios causados en el monto de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en razón de la defensa judicial y los costos de asesoría jurídica inherentes que debió asumir al ser vinculada en las acciones contractual y de responsabilidad fiscal adelantadas por el ente territorial.
Subsidiariamente, previas las mismas declaraciones a las cuales adicionó la de declarar que el valor de los elementos parciales remitidos por la demandada no corresponde a la suma de dinero que le fue desembolsada -$17.857.615.335- sino a una muy inferior, exoró condenar a la vendedora a reintegrar la diferencia entre el importe efectivamente pagado y el justiprecio de los componentes entregados por GEHS -€809.396[footnoteRef:2]-, y a pagar las cantidades descritas en el petitum principal a título de resarcimiento, todas debidamente indexadas y con intereses moratorios. [2: De acuerdo con lo que la demandante afirma fue probado en la acción contractual adelantada por el municipio contra la proveedora, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ]
B. Los hechos
1. A través del Acuerdo No. 75 de 28 de abril de 2015, el Concejo Municipal de Chía facultó al Alcalde de ese municipio para contratar la financiación del proyecto de «optimización, diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR- Chía I Delicias Sur» ; prevalido de dicha potestad el 28 de septiembre siguiente, el ente territorial, en calidad de locatario, suscribió con la aquí gestora el convenio de leasing financiero No. 181565, en virtud del cual Bancolombia se obligó a adquirir la planta de tratamiento de aguas residuales que su contratante eligiera.
2. Mediante Resolución No. 3397 de 4 de noviembre de 2015, la Alcaldía de Chía seleccionó a la hoy demandada como proveedora del equipo requerido para solventar la comentada necesidad comunitaria, para cuyo objetivo suscribieron el contrato de aprovisionamiento No. 2015-CT381, donde GEHS se comprometió a suministrar «(…) a Leasing Bancolombia S.A., la tecnología reactor biológico avanzado KWI de mezcla completa, clarificador MAXCEL KWI y equipos periféricos cuya cantidad, calidad y tipo corresponda a los términos señalados en los requisitos técnicos (…) definidos en el contrato de leasing financiero [ya citado], la cual deberá ser, instalada y puesta en funcionamiento la “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR en el sector Delicias Sur (…)». El precio del convenio se fijó en diecinueve mil millones de pesos ($19.000.000.000).
3. Con la finalidad de llevar a cabo el proyecto planteado, la entidad financiera y la compañía proveedora suscribieron contrato de compraventa, como consecuencia del cual, el 3 de agosto de 2015, la demandada expidió la factura de venta No. GEHS-KWI-127, sobre todos los aditamentos para el levantamiento de la PTAR, por un costo total de USD 5.468.570.
4. Con base en lo anterior, el 23 de noviembre de 2015, Guillermo Varela Romero, obrando como representante legal del municipio de Chía, solicitó a la financista hacer el anticipo respectivo en favor de la vendedora, desembolso que tuvo lugar el día 10 de diciembre de 2015 por la suma de $17.587.615.335, equivalentes al precio en dólares ya señalado.
5. Pese a ello, la encausada no entregó todos los elementos estructurales de la obra requerida, dejando solo una parte de ellos, avaluada en menos del 2.6% del precio cobrado, en la zona franca de Fontibón en Bogotá, sin honrar su compromiso de construir y poner en funcionamiento la planta de tratamiento, según lo certificó la firma Know It Ltda., en informe de 4 de abril de 2018. A la fecha de presentación de la demanda, la promotora había cancelado, por concepto de bodegaje, la suma de $467.599.157.
C. El trámite del proceso
Admitida la demanda y notificada la llamada a juicio, formuló las excepciones previas de «no comprender la demanda a todas las personas que constituyen el litisconsorcio necesario y falta de jurisdicción o de competencia» , fundadas en la falta de integración del contradictorio con el municipio de Chía y el necesario conocimiento del litigio por la jurisdicción de lo contencioso administrativo por estar vinculada al mismo el ente territorial, defensas que se declararon no probabas en proveído de 30 de enero de 2020.[footnoteRef:3] [3: Folios 24 y 25, cno. excepciones previas, cuaderno primera instancia, expediente digital.
]
En síntesis, alegó como fundamento de sus defensas de mérito que se dio un alcance del cual carece a la factura GEHS-KWI-127, induciendo en error al juzgador porque en dicho instrumento no fue incluida la construcción de la planta, ni el pago de gastos adicionales como bodegaje, ineficiencia del destinatario y del importador, pues por su culpa se retrasó la entrega al no prever lo necesario para solicitar la exención de impuestos y aranceles, así como el cambio de la ubicación del equipo.
Además, ocultó la demandante que mediante otra factura -la GEHS-KWI-128- se contrató la obra civil e infraestructura física indispensable para la instalación de la planta de tratamiento, de la cual se remitieron parcialmente los componentes en acatamiento de las instrucciones impartidas por la convocante ante la falta de la infraestructura para la construcción.
Por último, la ocurrencia de circunstancias « exógenas, irresistibles e imprevisibles» atribuibles a la entidad financiera, le ocasionaron demoras, pérdida de garantías y de dinero, pues no garantizaron las condiciones jurídicas y de infraestructura requeridas para la disposición de los elementos adquiridos y la puesta en funcionamiento del sistema de conversión de las aguas residuales.
D. La sentencia de primera instancia
El 4 de mayo de 2021, el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá profirió sentencia en la que declaró probada la existencia de un contrato de suministro «(…) en el cual está inmers[a] [la] compraventa celebrad[a] entre Bancolombia S.A. con GEHS Global Environment and Health Solutions, por la suma total de $19.000.000.000 millones de pesos, en la cual el vendedor, se obligaba a entregar en su totalidad y [en] funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR CHÍA 1 DELICIAS SUR, dentro del plazo de los 5 meses [siguientes a la] cancela[ción] de la totalidad de la factura proforma No. GETHS-KWI-127, y la mitad [de la] factura proforma GETHS-KWI-128 (…)»; empero, despachó adversamente los demás pedimentos de la gestora.
Como soporte de su decisión, el a-quo argumentó que al ser el convenio objeto de la controversia «un todo» con el de suministro suscrito entre la demandada y el municipio de Chía, «(…) y que tenían que ver con el diseño [y] construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR 1 [D]elicias [S]ur y que no solamente obedecía a (…) [la] importación de unos bienes, la parte demandante no cumplió con la carga de ese compromiso de pagar el 50% de anticipo de la otra factura proforma, la denominada 128 y que dio origen a la negociación contractual de compraventa de esa entidad financiera con el proveedor pues no se realizó (…) el giro correspondiente (…) para iniciar las obras en donde debía[n] instalarse y poner en funcionamiento la planta contratada que al final era el objeto de toda esta negociación (…)».
Siendo ello así, concluyó, «(…) nunca hubo lugar a una exigibilidad de ese contrato de suministro, pues no naci[eron] ni surgi[eron] a la vida civil las fechas de vencimiento o la condición para ese cumplimiento de parte de la entidad demandada (…)», luego, quedó claro que «(…) hubo incumplimiento por ambas partes del contrato (…)», lo cual impedía acceder a las indemnizaciones deprecadas por la actora.
E. El recurso de apelación
Aunque ambos contendientes impetraron la alzada, ante la falta de sustentación de la enjuiciada, su censura fue declarada desierta en proveído de 12 de julio de 2021.
En soporte de su inconformidad, la demandante insistió en la existencia de dos contratos coligados: el de aprovisionamiento y el de leasing financiero, siendo el límite de toda la operación negocial, la suma de $19.000.000.000, techo que debía observar la demandada GEHS para cumplir la compraventa de los elementos estructurales y la construcción y puesta en funcionamiento de la «PTAR CHIA 1 DELICIAS SUR» ; empero, el valor de las facturas que expidió sobrepasan el monto antes indicado, instrumentos de los cuales refirió que no son fruto de un acuerdo de voluntades entre las partes, sino de un acto unilateral de la convocada, de ahí que no se les pueda tener como documentos idóneos base de la negociación.
Añadió que el pago de USD 5.468.560 no corresponde al valor de la factura No. 127, sino que obedece al cumplimiento de la orden impartida por el locatario para el pago del anticipo, pero de pagarse la segunda factura, se superaría la cifra acordada por las partes -$19.000.000.000- pues el primer importe equivalía a $17.857.615.335, esto es, aproximadamente al 94% del valor total de la compraventa, con lo cual el excedente a pagar a GEHS era de $1.142.084.665 pesos. A pesar de ello la demandada, de mala fe, expidió la factura No. 128 por USD 1.407.084, guarismo que extralimita el valor del precio del contrato, en virtud de lo cual se negó a pagarla.
En ese contexto, la decisión del fallador genera un enriquecimiento sin causa de la demandada, porque pese a que recibió el pago de más de cinco millones de dólares, no entregó todos los equipos requeridos para la construcción de la planta de tratamiento, y teniendo en cuenta la maquinaria que envió para ese fin, las piezas remitidas equivalen a poco más del 2% del valor que se le giró anticipadamente, el cual es el 94% del monto total del negocio jurídico, sin que utilizara el sobrante del dinero pagado por Bancolombia para ejecutar la obra.
De contera, arguyó, no está obligada a pagar la factura No. 128 de 15 de mayo de 2015 en cuantía de USD 1.407.084, pues esa cantidad sumada al desembolso de $17.857.615.335 realizado el 10 de diciembre de 2015, supera el precio pactado para el contrato de compraventa o suministro como lo catalogó el sentenciador, en tanto es muy superior al importe del leasing financiero No. 181565 celebrado entre el municipio de Chía y el establecimiento de crédito por $19.000.000.000 y al del convenio de aprovisionamiento No. 2015 CT-381, que suscribieron el ente territorial y la empresa demandada, pues en su cláusula segunda se pactó como precio el equivalente al valor del acuerdo de leasing, monto, además, autorizado por el Concejo Municipal como límite del endeudamiento que podía adquirir el alcalde del municipio de Chía.
De la factura No. 127 refirió que corresponde a la planta completa y no solo a unas partes de aquella, correspondientes a las efectivamente enviadas por GEHS, cuyo precio es de apenas el 2,6% del dinero pagado por la convocante -$457.405.000-, obrando la demandada de mala fe, pues en el primer i

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ble o verosímil, ya actual, ora ulterior, acreditada por el demandante como presupuesto ineluctable de la condena con pruebas idóneas en su entidad y extensión. ‘La certidumbre del daño, por consiguiente, es requisito constante ineludible de toda reparación y atañe a la real, verídica, efectiva o creíble conculcación del derecho, interés o valor jurídicamente protegido, ya actual, bien potencial e inminente, mas no eventual, contingente o hipotética’ (cas. civ. sentencias de 11 de mayo de 1976, 10 de agosto de 1976, G.J. No. 2393, pp. 143 y 320)” (CSJ SC2758-2018, 16 jul., rad. 1999-00227-01).
La acreditación del daño corre por cuenta de quien lo reclama, pero para ello es admisible que recurra a cualquier medio suasorio, a menos que su demostración se halle legalmente sometida a una formalidad ad subtantiam actus o ad probationem .
En cuanto al bodegaje generado previo a la radicación del mencionado libelo, Bancolombia S.A. allegó las facturas del servicio contratado por valor de $467.599.153, documentos que no fueron tachados ni redargüidos de falsos por su contraparte. La indicada cantidad se corregirá monetariamente bajo la fórmula ya señalada, desde el 11 de enero de 2019, data de sometimiento del escrito inaugural a la jurisdicción[footnoteRef:8], a la cual el Índice de Precios al Consumidor era 100,60 hasta una fecha próxima a la de emisión de esta sentencia con base en el último IPC reportado por el DANE.[footnoteRef:9] [8: Folio 1, cuaderno 1, expediente digital.] [9: El último indicador corresponde al mes de septiembre de 2022.]
La operación arroja el siguiente resultado:
IPC Final (septiembre de 2022)
VP = VH x IPC Inicial (enero de 2019)
Donde:
VP= valor presente
VH = valor histórico
Respecto de las cantidades pagadas a partir del inicio del proceso, el dictamen pericial allegado a la Corte justipreció el bodegaje en la suma de $189.465.325,00, correspondiente a las facturas que la entidad reclamante pagó por ese concepto, según se acreditó con los instrumentos mercantiles adosados a la experticia[footnoteRef:10], que se reconocerán a título de daño emergente. Sobre los valores mencionados se reconocerán intereses moratorios, a la tasa máxima legalmente permitida por la ley, a partir del día siguiente al de ejecutoria de esta decisión. [10: Folios 15 y ss., Anexo 2, Informe 2, expediente digital.]
Repárese en que, si bien la convocada presentó objeción, por error grave, contra las pericias, se enfocó únicamente en la idoneidad del perito en cuanto su experiencia acreditada y la de la empresa Tinsa Colombia Ltda. que lo designó no se centra en la avaluación de plantas de tratamiento de aguas residuales, pero es lo cierto que con los anexos arrimados a los Informes Nos. 1 y 2 se demuestra el presupuesto echado de menos, pues el experto que justipreció los equipos aparece inscrito uno en el Registro Abierto de Avaluadores en la categoría 7 de «Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil» [footnoteRef:11], y quien revisó la facturación de bodegaje es contador público y abogado, especializado en Gerencia y Administración Financiera.[footnoteRef:12] [11: Folio 32, Informe 1, expediente digital.] [12: Informe 2, expediente digital.
]
6. Costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia proferida el 4 de mayo de 2021 por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, con fundamento en las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar la resolución del contrato de compraventa celebrado entre Bancolombia S.A. y GEHS Global Environment and Health Solutions, en la cual la última se obligó a entregar en su totalidad y en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR CHÍA 1 DELICIAS SUR.
SEGUNDO: Condenar a la parte demandante a restituir a la convocada los componentes de la PTAR CHÍA 1 DELICIAS SUR que se encuentran bajo su custodia, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
TERCERO: Condenar a la parte demandada a pagar a la demandante la suma de $ por concepto de la parte del precio pagada por Bancolombia S.A. para la construcción y puesta en funcionamiento de la PTAR CHÍA 1 DELICIAS SUR, más los intereses de mora, a la tasa máxima legalmente permitida por el legislador, desde el día siguiente al de la ejecutoria de esta providencia.
CUARTO: Condenar a la parte demandada a pagar a la demandante la suma de $759.462.185,16 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, más los intereses de mora, a la tasa máxima legalmente permitida por el legislador, desde el día siguiente al de la ejecutoria de esta providencia.
QUINTO: COSTAS de la segunda instancia a cargo de la parte demandada. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de $66.000.000. Liquídense en la forma prevista por el artículo 366 del Código General del Proceso.
En oportunidad devuélvase el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
CON SALVAMENTO DE VOTO
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n.° 11001-31-03-035-2019-00014-01
Con el debido respeto por la decisión de la mayoría y para ser coherente con la salvedad de voto expresada frente a la sentencia de casación SC1416-2022, nuevamente me aparto de lo resuelto por la sala en esta oportunidad en el fallo de reemplazo.
En el presente caso quedó evidenciada la figura de los contratos coligados entre el convenio de leasing No. 181565, celebrado el 28 de septiembre de 2015 por la demandante y el Municipio de Chía, el contrato de aprovisionamiento No. 2015 CT-381 suscrito por el mismo municipio y GEHS Global Environment and Health Solutions y el acuerdo de suministro entre Bancolombia S.A. y dicha sociedad, en el marco del cual se gestó una compraventa.
Como fue a partir del estudio de esos negocios jurídicos que en la sentencia sustitutiva se dedujo el incumplimiento atribuido a la demandada, considero que la falta de integración del contradictorio con el municipio de Chía, significó excluir del análisis temas relacionados con la participación de ese ente territorial en la creación, ejecución y cumplimiento de dichos convenios pese a que de diversas maneras tuvo injerencia tanto en la etapa precontractual, como en el desarrollo del objeto de la relación convencional.
En esas condiciones, insisto, a la luz del artículo 61 del Código General del Proceso, la falta de integración del litisconsorcio necesario impedía resolver de mérito la litis, pues para ello era indispensable la comparecencia de todas las personas que fungieron como sujetos de tales relaciones.
En los anteriores términos mi salvamento de voto.
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC3972-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2022-12-15. C.P. Hilda González Neira. Rad. 2019-00014-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3972-2022%20%5B2019-00014-00%5D).
