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clave: "corte_suprema:providencia:SC3966-2019 [2011-00179-01]"
titulo: "Corte Suprema: basta lo anteriormente expuesto para establecer que el cargo no prospera"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2019-10-29"
radicado: "2011-00179-01"
numero: "SC3966-2019"
ponente: "Alvaro Fernando Garcia Restrepo"
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# Corte Suprema: basta lo anteriormente expuesto para establecer que el cargo no prospera

- **Título oficial / radicado:** SC3966-2019 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2019-10-29
- **Radicado:** 2011-00179-01
- **Número:** SC3966-2019
- **Ponente:** Alvaro Fernando Garcia Restrepo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3966-2019%20%5B2011-00179-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3966-2019%20%5B2011-00179-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE5L0RyLiBBbHZhcm8gRmVybmFuZG8gR2FyY2lhIFJlc3RyZXBvLzkuIFNlcHRpZW1icmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzM5NjYtMjAxOSBbMjAxMS0wMDE3OS0wMV0uZG9j/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

Basta lo anteriormente expuesto para establecer que el cargo no prospera.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 153 de 1887
- Ley 242 de 1995

## Extracto

Así las cosas, se torna imperativo dirigir la mirada al artículo 964 del Código Civil, que establece: Así las cosas, el impugnante puntualizó que fue el ad quem el que “tergiversó” la pericia, “al ampliar [su] contenido real… , y ponerle a decir lo que ella no dice respecto de si las mejoras que se limitó a relacionar [,] son o no útiles; error que aparece de manifiesto o evidente en el fallo impugnado” . Así las cosas, es del caso advertir la falta de interés de la recurrente para cuestionar en casación esa específica decisión, pues ella, como viene de dilucidarse, no le causó agravio alguno, sin que, por lo tanto, haya lugar a hacer actuar dicho mecanismo extraordinario de impugnación, en procura de obtener su corrección. La Secretaría de la Sala efectúe la correspondiente liquidación. Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Radicación n.° 73001-31-03-004-2011-00179-01
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
SC3966-2019
Radicación n.° 73001-31-03-004-2011-00179-01
(Discutido y aprobado en sesión de ocho de mayo de dos mil diecinueve)
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).-
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación que MERCY MENESES PEÑA interpuso frente a la sentencia del 16 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil - Familia, en el proceso ordinario que ella promovió en contra de RICARDO OLAYA FAJARDO y NANCY HERNÁNDEZ ARAGÓN .
ANTECEDENTES
1. En el libelo introductorio, que obra en los folios 46 a 56 del cuaderno principal, se solicitó:
1.1.
De forma principal:
1.1.1.
Declarar la “ inexisten [cia]” del contrato de promesa de compraventa celebrado el 15 de julio de 2005 entre la accionante y los demandados, respecto del “lote de terreno desprendido de otro de mayor extensión” , ubicado en la inspección de Payandé, municipio de San Luis, departamento del Tolima, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 360-0015313 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Guamo.
1.1.2.
Declarar que la actora “fue despojada en forma irregular de las letras de cambio giradas y aceptadas” por los prometientes compradores, “como garantía del pago del precio del lote” .
1.1.3.
Declarar que la promotora del juicio no está obligada a “restituir” a aquéllos “el precio de la venta” .
1.1.4.
Condenar a los convocados, de una parte, a restituir a Meneses Peña el señalado inmueble y, de otra, “a pagar a título de restitución del usufructo (…) la suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000.00) por cada mes en que han tenido y continúen teniendo en su poder” el mismo.
1.2.
Y subsidiariamente, declarar que los accionados incumplieron la obligación de pagar el precio acordado en la promesa base de la acción.
En virtud de esta petición, se reclamaron las mismas pretensiones consecuenciales formuladas como principales, adicionadas con las dos siguientes:
1.2.1.
Condenar a los convocados a pagarle a la gestora del litigio “la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS (…) por concepto de
cláusula penal
pecuniaria por el incumplimiento en el pago del precio” .
1.2.2.
Disponer en contra de los señores Olaya Fajardo y Hernández Aragón, la “pérdida de las mejoras que no tengan la calidad de necesarias, que hubieren puesto en el inmueble” .
2.
En sustento de esos pedimentos, se plantearon los hechos que pasan a sintetizarse:
2.1.
La demandante celebró con los accionados el contrato de promesa de compraventa recogido en el documento que milita en los folios 4 y 5 del cuaderno No. 1, en el que, entre otras cláusulas, se pactó que el precio sería $49.000.000.oo, “ constituido (…) en letras de cambio ‘…que el comprador cancelar [ía] así: una por valor de TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (13.650.000.00) (…), una por TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($13.650.000.00) (…) una por SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS ($6.100.000.00) (…) y una por SEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL [PESOS] ($6.801.000,00) (…) ’” , para un total de pagos “ parciales (…) de $46.301.000.0” .
2.2.
Esa diferencia entre el valor total y la sumatoria de los instalamentos convenidos, traduce que “no está determinado el precio” , amén que “no se señaló la fecha en que debía pagarse la diferencia” ($2.699.000.oo).
2.3.
De tenerse por válido dicho requisito, es lo cierto que el costo del inmueble, no fue pagado por los prometientes compradores, incumplimiento que motivó a la prometiente vendedora a endosar para el cobro los referidos títulos valores a una profesional del derecho, quien, “sin recibir pago o abono alguno” , los “entregó” a Álvaro Alfonso Fajardo Tellez, ex cónyuge de la acreedora y “familiar” del demandado Olaya Fajardo, “siendo así que la anotación de ‘CANCELADO’ que aparece en cada una de las letras de cambio, es una FALSIFICACIÓN INTEGRAL, puesto que sólo la endosataria al cobro estaba legitimada para consignar (…) tal anotación” .
2.4.
Para desvirtuar la “ presunción de pago” , la señora Meneses Peña adelantó otro proceso tendiente a obtener la reivindicación de las letras de cambio.
2.5.
Como los mencionados títulos terminaron en manos de los potenciales adquirentes “por medios incompatibles con la ley que rige [su] circulación” , se infiere que aquéllos “son tenedores de mala fe” de los mismos, que “el pago que aleguen no le es oponible a la aquí demandante” y que, por consiguiente, “resulta ineficaz frente a ella” .
2.6.
Los señores Hernández Aragón y Olaya Fajardo “tuvieron en arrendamiento el inmueble que luego fuera prometido en venta a partir del día 12 de enero de 2005, época en la cual el canon (…) era de $650.0000.00 mensuales, por tratarse el predio de una cantera de mármol en explotación, por lo cual a la fecha en que la sentencia llegare a proferirse, la rentabilidad del inmueble no puede ser inferior a un millón de pesos ($1.000.000.00) mensuales” .
2.7.
Los nombrados, por tratarse de “ poseedores de mala fe” , deben “ perder las mejoras que hubieren efectuado en el predio (…) que no hubieren sido necesarias”.
3.
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué, al que le correspondió por reparto el conocimiento del asunto, admitió la demanda con auto del 6 de mayo de 2011, que notificó a los accionados personalmente y por conducta concluyente (fls. 58, 70 y 108, cd. 1).
4.
Los señores Hernández Aragón y Olaya Fajardo, por intermedio de un mismo apoderado judicial, en un solo escrito, contestaron en tiempo el libelo introductorio y, en desarrollo de ello, se opusieron al acogimiento de sus pretensiones, se pronunciaron de diversa manera sobre los hechos allí invocados y plantearon las excepciones meritorias que denominaron “ MORA PURGA MORA CONTRATO NO CUMPLIDO ” , “ A NADIE LE ESTA PERMITIDO ALEGAR SU PROPIA CULPA ” , “ PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ” y “ MEJORAS Y DERECHO DE RETENCIÓN ” (fls. 98 a 106, cd. 1).
5.
Agotadas las etapas previstas para la primera instancia, el juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia del 7 de junio de 2013, en la que negó la totalidad de las súplicas de la demanda y condenó en costas a su gestora (fls. 166 a 175, cd. 1).
6.
Para desatar la apelación que contra ese proveído interpuso la promotora del asunto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil – Familia, dictó sentencia el 16 de junio de 2014, en la que revocó la del inferior y, a cambio, declaró la nulidad absoluta de la promesa sobre la que versó el litigio; condenó a aquélla a pagar a los accionados, a título de mejoras, la suma de $370.766.055.oo, junto con la corrección monetaria causada desde el 1º de junio de 2014; impuso a éstos el deber de restituir a aquélla el respectivo predio, junto con los frutos que produjo y llegue a producir desde el 15 de junio de 2005, fecha en la que lo recibieron, “y hasta cuando se verifique la entrega del inmueble”, rubro que tasó en la suma de $68.963.463.oo para el período comprendido entre la indicada data de inicio y el 16 de junio de 2014; autorizó las compensaciones entre las partes respecto de las obligaciones dinerarias establecidas en precedencia; concedió a los accionados el derecho de retención; y se abstuvo de condenar en costas.
EL FALLO DEL AD QUEM
1.
De entrada, advirtió el cumplimiento de los presupuestos procesales y la inexistencia de motivos que pudieran ocasionar la invalidación de lo actuado.
2.
A continuación precisó que en la apelación, se alegó la nulidad absoluta de la promesa base de la acción, pedimento que, pese a no haber sido elevado en la demanda, procedía estudiarse de oficio, conforme a las facultades conferidas por el artículo 1742 del Código Civil, lo que hizo en los siguientes términos:
2.1.
Trajo a colación los artículos 1740 y 1741 del ordenamiento jurídico atrás citado, así como el 89 de la Ley 153 de 1887.
2.2.
Con ayuda de la jurisprudencia patria, se ocupó del cuarto requisito de la última de las disposiciones arriba indicadas y concluyó que “para cumplir” con él, “es necesario que en la promesa aparezcan debidamente determinados los elementos estructurales o esenciales del contrato prometido, para el caso de autos, la cosa y el precio, como quiera que el pacto prometido lo es de la compraventa del inmueble” .
2.3.
Enseguida puso de presente la cláusula segunda del contrato fundamento de la controversia y destacó que, “sumados los instalamentos fijados por los contratantes como ‘ constitutivos ’ de la suma señalada inicialmente como correspondiente al precio, se obtiene un resultado igual a $46.301.000,oo, monto que no coincide con el valor total pactado y que lo fue de $49.000.000,oo, circunstancia que (…) tiende un manto de incertidumbre sobre el elemento en cuestión y, a su vez, lo hace caer en el campo de la indeterminación” .
2.4.
Estimó que esa desavenencia contractual comportó la insatisfacción del mencionado requisito, pues ambos valores podrían tomarse como precio, de donde quedó “al arbitrio de uno cualquiera de los contratantes definir dicho aspecto” , eventualidad que riñe abiertamente con el mandato del artículo 1865 del Código Civil.
2.5.
Añadió que tal contradicción tampoco puede entenderse superada con la previsión del artículo 1864 ibídem , pues el precio indeterminado para ser válido debe ser determinable, como lo tiene decantado esta Sala de la Corte, amén que el contrato en cuestión, por sí mismo, no ofrece solución, sin que a ella pueda llegarse con apoyo en elementos extraños a la convención, porque eso sería tanto como desconocer la propia manifestación de voluntad de quienes la celebraron.
2.6.
Así las cosas, coligió que “ [t] odo conduce entonces a aceptar la nulidad absoluta detectada (…) respecto del contrato de promesa (…) ” .
3.
En razón de lo anterior, el ad quem pasó al análisis de las prestaciones mutuas, sobre las que, tras hacer un comentario general, apuntó:
3.1.
De la satisfacción del precio, señaló que por lo debatido en el proceso, debe establecerse la legalidad de su presunta atención por parte de los accionados, temática en relación con la cual predicó:
3.1.1. Para que el pago sea válido, debe hacerse “directamente al acreedor, a la persona que lo suceda, o a un tercero designado para el efecto” , según se desprende de los artículos 1634, 1635, 1638 y 1643 del Código Civil, que reprodujo.
3.1.2.
Como en relación con el valor del predio prometido en venta, los prometientes compradores aceptaron en favor de la prometiente vendedora varias letras de cambio, deben atenderse las reglas jurídicas que gobiernan estos títulos, particularmente, los artículos 624, 647, 651, 662 y 782 del Código de Comercio, que igualmente el censor reprodujo.
3.1.3.
Fincado en ese conjunto normativo y en que las letras de cambio libradas en desarrollo del negocio que se analiza, fueron endosadas “AL COBRO” a la señora Dora María Rodríguez Labrador, el sentenciador de segunda instancia aseveró que el pago de las sumas de dinero representadas en ellas, solamente podía hacerse a la aquí demandante, como acreedora, y/o a la prenombrada endosataria.
3.1.4.
Destacó que según lo dijeron los propios accionados, en los interrogatorios de parte que absolvieron, “la persona que recibió el pago de los documentos cambiarios y, a su turno les hizo entrega de ellos, (…) , fue el señor Alfonso Fajardo” .
3.1.5.
Siendo ello así, dedujo la “invalidez” del pago que los aquí demandados alegaron, puesto que el nombrado no era tenedor legítimo de los títulos y en el proceso, no se acreditó que hubiese sido autorizado por la señora Mercy Meneses Peña para recibir el precio, sin que, por lo tanto, esta última tenga el deber de restituir a aquéllos suma alguna, por tal concepto.
3.2.
En cuanto hace a las mejoras reclamadas, estableció:
3.2.1.
Las tuvo por acreditadas con las manifestaciones que la demandante hizo en el interrogatorio de parte que absolvió, que calificó de confesión, y con el testimonio de Anatilde Gutiérrez Bonilla.
3.2.2.
Los demandados no son poseedores de mala fe, toda vez que no existe prueba de ello, carga demostrativa que a voces del artículo 769 del Código Civil recaía en la actora, razón por la que es viable reconocer en su favor las mejoras que plantaron en el predio del litigio.
3.2.3.
De conformidad con el artículo 966 del Código Civil, las mejoras alegadas pueden catalogarse de “útiles” .
3.2.4.
Para su cuantificación, debe atenderse el dictamen pericial, en la medida que no fue objetado, aparece debidamente fundamentado y sus planteamientos son razonables.
3.2.5.
Por lo tanto, su valor debe concretarse en la suma fijada por el auxiliar de la justicia ($357.561.819.oo), que indexada al 31 de marzo de 2014, totaliza $370.766.055.oo.
3.3.
En lo tocante con los frutos, estimó:
3.3.1.
Su causación partió de la fecha en la que les fue entregado a los demandados el inmueble, esto es, el 15 de julio de 2005, “pues así consta en la promesa” .
3.3

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

mbas deudas sean líquidas; y 3ª) Que ambas sean actualmente exigibles (…)” (se subraya).
Siendo la compensación de pagos mutuos ordenada por la ley, ni siquiera era necesario que el juez la ordenara. Significa lo anterior, que así el ad quem no hubiese efectuado el pronunciamiento reprochado por el recurrente, la compensación entre los créditos a cargo y a favor de las partes, surgidos con ocasión de lo decidido en la sentencia de segunda instancia, habría de operar como mecanismo extintivo de las obligaciones mutuas, desde el momento en que las deudas cumplieran las anotadas exigencias legales.
Si no era necesario autorizar las mencionadas compensaciones, por el hecho de que el juez lo hiciera no se le podía endilgar reproche alguno, y mucho menos decir que se actuó en forma extra petita, pues esa orden no requería petición.
No obstante lo dicho antes, debe quedar claro que para el caso no se trata del reconocimiento de una excepción de compensación, que en los términos del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil debe alegarse en la contestación de la demanda, lo cual resultaría imposible puesto que las sumas mutuamente debidas no aparecieron sino en la sentencia y por esa razón no podrían haberse aducido como excepción. Dichas obligaciones mutuas resultan precisamente de las condenas por prestaciones mutuas que por mandato legal se deben las partes por frutos la una y por mejoras la otra, las cuales son líquidas y exigibles al mismo tiempo, se repite sin que constituyan excepciones.
6. El cargo, por consiguiente, no se abre paso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 16 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil - Familia, en el proceso ordinario que se dejó plenamente identificado al inicio de este proveído.
Costas en casación, a cargo de la parte recurrente. Como la demanda con la que se sustentó la impugnación extraordinaria, fue replicada en tiempo por la parte opositora, se señala, por concepto de agencias en derecho, la suma de $6.000.000.oo. La Secretaría de la Sala efectúe la correspondiente liquidación.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Con aclaración de voto
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
MAGISTRADO
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación: 73001-31-03-004-2011-00179-01
1. Con el respeto debido por las decisiones adoptadas por la mayoría de la Sala, en esta oportunidad no comparto las razones aducidas para no decidir en el fondo el cargo segundo, como paso a explicarlo.
2. Es incontrastable, en lugar de las pretensión de « inexistencia » enderezada contra la promesa de compraventa de un lote, celebrado entre la demandante Mery Meneses Peña, como vendedora, y los interpelados Ricardo Olaya Fajardo y Nancy Hernández Alarcón, en calidad de compradores, el Tribunal declaró de oficio su nulidad absoluta, ante la indeterminación del precio pactado.
Como consecuencia, asociado con las restituciones mutuas, resolvió condenar a los convocados a pagar frutos a la pretensora desde cuando recibieron el inmueble, el 15 de julio de 2015; y respecto de las mejoras « útiles », bajo la presunción de buena fe, al no existir prueba en contrario, impuso a esta última la obligación de pagar a aquellos su valor, las cuales tasó en concreto; todo, previas las compensaciones respectivas.
3. Contra lo decidido por el ad-quem , la demandante en el litigio interpuso casación y en la sustentación del recurso enarboló tres cargos. Los dos primeros, por violación de la ley sustancial, como consecuencia de la comisión de errores de hecho probatorios; y el tercero, ante la violación del principio de congruencia.
3.1.1. El inicial, entroncado con las mejoras « útiles », fundado en que el juzgador le puso a decir al dictamen su naturaleza o calificación, cuando ni siquiera indicaba si « incrementaron o no el precio de venta del terreno ».
3.2.2. El segundo, al no darse por sentada la mala fe de los demandados, no obstante, estar acreditada, según lo ocurrido alrededor de la desatención del pago del precio, y presumirla el artículo 1932 del Código Civil.
3.3.3. El tercero, por cuanto los artículos 1742 y 1746 del Código Civil, no autorizaban, como se hizo, compensar los créditos por frutos y mejoras útiles.
4. La mayoría de la Sala se abstuvo de considerar el mérito del cargo segundo, por desenfocado, pues tocante con la « buena o mala fe », mientras el Tribunal examinó la cuestión desde la perspectiva real, la recurrente enarboló su inconformidad en la órbita « negocial ».
Así, se dijo, como la « acusación no combatió (…) que los accionados detentaron el inmueble prometido en venta », vale decir, lo « verdaderamente expuesto por el sentenciador de segunda instancia », la desarmonía lucía patente.
5. Ante todo debo advertir que si la nulidad absoluta de la promesa de compraventa se declaró de oficio y las restituciones mutuas ordenadas se derivaron precisamente de esa decisión, la buena o mala fe de la posesión de los demandados el Tribunal no pudo analizarla al margen de su condición de prometientes compradores.
Se trataba, incontrastablemente, de una posesión contractual y no de hecho en el marco de una acción de dominio, porque la nulidad de la promesa de compraventa, en efecto, amén de impedir el cumplimiento de la obligación de hacer, la celebración en el futuro del contrato prometido, simplemente, por regla general, apareja su aniquilamiento retroactivo, en los términos del artículo 1746 del Código Civil, « al mismo estado en que se hallarán [los contratantes] si no hubiese existido el acto o contrato nulo ».
Ahora, si el precepto citado, inciso 2º, establece que para las restituciones de « este pronunciamiento », entre otras cosas, se tomará en cuenta la « posesión de buena o mala fe de las partes », todo « según las reglas generales », esto no significa que la nulidad absoluta, por sí, como consecuencia de los efectos ex tunc , mutó la posesión contractual o negocial en una posesión de hecho.
En esa medida, si el Tribunal no pudo referirse a una posesión de los prometientes compradores, respecto del inmueble involucrado, distinta a la contractual o negocial, el cargo es enfocado, razón por la cual, al margen de su resultado, cabía examinar si es acertada o no la conclusión del juzgador acusado, a cuyo tenor, en palabras de la Sala en el fallo de casación, « [l]os demandados no son poseedores de mala fe, toda vez que no existe prueba de ello ».
6. Así las cosas, la decisión de la Corte, por lo tanto, en ese específico aspecto, no podía ser formal, sino de fondo.
Fecha ut supra ,
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado
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