---
clave: "corte_suprema:providencia:SC3951-2018 [2008-00011-01]"
titulo: "Corte suprema: SC3951-2018"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2018-09-17"
radicado: "2008-00011-01"
numero: "SC3951-2018"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3951-2018%20%5B2008-00011-01%5D"
---

# Corte suprema: SC3951-2018

- **Título oficial / radicado:** SC3951-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2018-09-17
- **Radicado:** 2008-00011-01
- **Número:** SC3951-2018
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3951-2018%20%5B2008-00011-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3951-2018%20%5B2008-00011-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE4L0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS85LiBTZXB0aWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0MzOTUxLTIwMTggWzIwMDgtMDAwMTEtMDFdLmRvYw%3D%3D/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 79 de 1988
- Ley 170 de 2001
- Decreto Ley 170 de 2001

## Extracto

El Tribunal encuentra que a pesar de no haber prueba del contrato de vinculación del automotor, sí hay responsabilidad, pues no entiende cómo, si la demandada seleccionó el automotor para la prestación del servicio de transporte para lo que fue contratado, a la postre se le desecha por irregularidades de la póliza cuando ese requisito debió exigirlo antes del acuerdo de contratación del vehículo, ya que no se puede prestar en condiciones diferentes. 6.- Conforme al inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, habrá de imponerse al gestor el pago de las costas procesales en el trámite de la impugnación extraordinaria, y para la tasación de las agencias en derecho, se tomará en cuenta la réplica de la contradictora (fls. 66 al 68). Costas a cargo del accionante y a favor de la opositora. En su oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de origen.

## Texto del documento

Radicación n° 25386-31-03-001-2008-00011-01
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC3951-2018
Radicación n° 25386-31-03-001-2008-00011-01
(Aprobada en sesión de veinticinco de julio de dos mil dieciocho)
Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el demandante frente a la sentencia de 30 de marzo de 2012, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que adelantó José Ricardo Suárez Torres contra la Cooperativa de Transportadores Villa de la Mesa Cootransvilla Ltda.
I.- EL LITIGIO
1.- El accionante pidió que se declararan terminados los contratos de afiliación con Cootransvilla Ltda. y de vinculación a la misma de la buseta de placa UTW507 de la cual es dueño, suscritos el 16 de septiembre de 2005, porque la empresa no contaba con autorización para el funcionamiento de automotores con esa condición, ya que solo la tenía para camperos, camionetas y microbuses.
Adicionalmente, exigió que le reconociera a título de indemnización: $72’000.000 que hubiera producido el bien del 28 de diciembre de 2005 al 27 de diciembre de 2007, a razón de $3’000.000.00 mensuales según certificación expedida por el gerente de la transportadora; $3’000.000.00 mensuales a partir del día siguiente a la última fecha, hasta cuando pague efectivamente los perjuicios causados; $21’900.000.00 por lo dejado de percibir como conductor del vehículo en un estimado de $30.000 diarios durante el período de inactividad; $30'000.000 por la desvalorización del rodante al permanecer inmovilizado por más de 2 años; y $50'000.000 a título de daño moral; todas las sumas debidamente indexadas.
Como sustento de sus aspiraciones informó que en postrimerías de 2005 se afilió como socio de Cootransvilla Ltda. y vinculó al parque automotriz de ésta la buseta UTW507 de su propiedad, para lo cual pagó $11’000.000 por el cupo y una fracción de las expensas en dicho trámite, luego de entregar la documentación necesaria donde estaba individualizada y cancelar la tarjeta de operación con que contaba en Villavicencio para facilitar el cambio de transportadora.
Sin que tuviera conocimiento, Cootransvilla obtuvo de la Inspección Municipal de Policía de La Mesa « tarjeta oficial de operación provisional » con fecha de vencimiento 2 de enero de 2006, en la que figuran los datos de la buseta pero con la denominación de microbús para que prestara servicio en esa localidad, como lo hizo durante más de dos meses durante los cuales la demandada le cobró entre $12.000 y $15.000 diarios.
El 27 de diciembre de 2005 el despachador recibió la orden de no permitir el desplazamiento de la « buseta UTW507 » por la negativa de la Inspección de Policía de expedir tarjeta de operación definitiva, para lo cual no estaba autorizada esa dependencia ya que era facultad exclusiva del Alcalde Municipal, momento desde el cual quedó inmovilizada causándole enormes perjuicios materiales y morales.
Solicitó el 10 de noviembre de 2006, a Cootransvilla Ltda. y a la Alcaldía Municipal de La Mesa, desvincular el vehículo con base en las Leyes 170 y 171 de 2001, pero recibió respuestas negativas que no ha podido superar ni siquiera con gestiones ante el Ministerio de Transporte; la Superintendencia de Puertos, Tránsito y Transporte; la Fiscalía Segunda Seccional Delegada de La Mesa y la Procuraduría General de la Nación; fuera de que los contratos de vinculación y afiliación desaparecieron, a pesar de que consta que se hicieron y fueron firmados.
En reunión del Consejo de Administración de la Cooperativa se tomó la decisión de que él nunca ha sido socio de número, lo que no le notificaron en forma, ya que solo le entregaron unos oficios informándole, lo que « apeló » sin obtener respuesta (fls. 76 al 86 cno. 1).
2.- La Cooperativa de Transportadores Villa de la Mesa Cootransvilla Ltda. se opuso y excepcionó « cobro de lo no debido » y « carencia de causa para incoar la acción » (fls. 126 al 140 cno. 1).
3.- El Juzgado Civil del Circuito de La Mesa, en sentencia de 17 de septiembre de 2010, desestimó las defensas de la opositora y declaró resueltos los pactos de afiliación y vinculación, por lo que condenó a Cootransvilla Ltda. a pagar al promotor $706.500 por reembolso de derechos de afiliación, $11’000.000 del cupo del vehículo y $60’870.000 de perjuicios materiales, todas esas sumas indexadas, sin reconocer los perjuicios morales y el daño emergente porque no se probaron (fls. 639 al 669 cno. 1).
En pronunciamiento complementario de 26 de noviembre posterior, se corrigió un error aritmético en el cálculo del lucro cesante que pasó de $60’870.000 a $170’000.000 (fls. 675 y 676 cno. 1).
4.- Apelaron ambas partes (fls. 673, 674 y 677 cno. 1) y el superior revocó el fallo para negar las pretensiones (fls. 131 al 148 cno. 3).
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
Carece de sentido intentar « acción de terminación o de resolución » del contrato de « afiliación cooperativa » ya que, de conformidad con el numeral 6 artículo 23 de la Ley 79 de 1988, es derecho fundamental del asociado retirarse voluntariamente, sin que esto le impida promover acción de indemnización.
En lo que toca con la culminación del nexo de vinculación del vehículo a la empresa de servicio público, que se rige por el Decreto-Ley 170 de 2001, no se conocen las obligaciones adquiridas por quienes lo celebraron, sus derechos, las prohibiciones, ni las causales que conduzcan al cese de efectos, por lo que es imposible decidir sobre la misma. Tampoco procede una resolución que no fue pedida.
Frente a la reparación de los perjuicios, si bien no se probó el « contrato de vinculación », tienen relevancia las circunstancias que se resaltaron en la providencia apelada consistentes en el pago de derechos de afiliación que hizo José Ricardo Suárez por $11’000.000 y la expedición de carta de aceptación por la Cooperativa, que el accionante tomó seguro de responsabilidad civil extracontractual, se hizo solicitud de tarjeta definitiva y fue prestado el servicio de transporte con la buseta UTW507 del 27 de octubre al 27 de diciembre de 2005, cuando se suspendió el despacho « por presentar inconsistencias en su Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito », de las cuales se establece que esa sí era la finalidad y existió un acuerdo de voluntades del cual se deriva el deber de responder civilmente la transportadora por culpa en la interrupción de la explotación del automotor, aduciendo razones que debió tener en cuenta con antelación y siendo que al tenor del artículo 1602 del Código Civil sólo podía invalidarse por mutuo acuerdo o causas legales, lo que abre paso al estudio de causación de daños.
De la certificación expedida por el gerente de Cootransvilla no puede extraerse el valor del lucro cesante a partir del 28 de diciembre de 2005, pues los ingresos mensuales de $3’000.000 que allí aparecen son un cálculo aproximado por un corto tiempo, lo que le resta certeza; mientras que la aspiración por lo dejado de percibir como conductor del vehículo quedó ausente de pruebas de que José Ricardo fuera dependiente o trabajador de la empresa con esa función, debilidades demostrativas que igualmente se dan con la supuesta desvalorización de la buseta, sin que puedan considerarse.
El daño moral que debe ser cierto y comprobable, más cuando se aduce de un hecho ajeno a los que usualmente se entiende inmerso, se descarta con la simple narración del libelo en el que no se vislumbra en qué pudo consistir, fuera de que no hay lugar a las condenas de devolver $706.500 de derechos de afiliación y $11’000.000 del cupo del vehículo como consecuencia de la resolución del nexo, toda vez que ese no fue el objeto de la acción.
III.- LA DEMANDA DE CASACIÓN
Recurrió en casación el promotor y formula un solo ataque por la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.
ÚNICO CARGO
Acusa la violación indirecta de los artículos 1495, 1500, 1502, 1546, 1613, 1618 y siguientes del Código Civil; 2, 822, 824, 830, 835, 864, 870, 871, 897 y 904 del Código de Comercio; 2, 3, 22, 23 y 35 de la Ley 79 de 1988; 48, 49, 51 y 52 del Decreto Ley 170 de 2001; 174, 177, 187, 194, 211, 248, 249, 250, 258, 264 y 279 del Código de Procedimiento Civil; 10 y 11 de la Ley 1395 de 2010 y 16 de la Ley 446 de 1998, por indebida aplicación derivada de errores de facto al dejar de apreciar unas pruebas y desfigurar otras.
La vulneración se dio al concluir la inexistencia de los vínculos a resolver cuando obran medios de convicción suficientes de lo contrario, a los que les dio un alcance diferente al que tienen, ya que en segunda instancia se dejaron de lado algunos hechos indiciarios suficientes para confirmar el fallo del a quo y se centró « sólo en las evidencias que le convenía para revocar [lo]».
La sentencia del Tribunal buscó darle solución a los cuestionamientos de:
a.-) Si era procedente dar por terminado el contrato de afiliación y de vinculación.
b.-) Si era pertinente acceder al debate sobre los perjuicios que alega el actor.
c.-) Si era viable la condena al pago de los valores que se pretenden y se declararon en la sentencia del a quo .
Frente al primer punto, en lo relativo al contrato de afiliación, dedujo que no era aplicable el artículo 1602 del Código Civil e innecesaria la « acción resolutoria o de terminación del mismo » en virtud del artículo 23 de la Ley 79 de 1998, según el cual la mera voluntad del asociado era suficiente para ponerle fin y desconoció así lo perentorio de « pretender la declaratoria del incumplimiento de los deberes y obligaciones de la Cooperativa demandada, con lo que llevaba a la conclusión de una condena en perjuicios y el resarcimiento de los montos estimados de los daños irrogados ».
Respecto del contrato de vinculación del rodante UTW507 le dio un alcance extralegal al Decreto Ley 170 de 2001, cuando eleva a la categoría de requisito solemne que conste por escrito, según las exigencias del artículo 48 ibídem, para rematar con que ante el desconocimiento de las condiciones del convenio, las obligaciones, los derechos, las prohibiciones y las causales de terminación, « se hace imposible definir ese tema, como tampoco sobre su terminación que no se pidió en la demanda ».
El tema de los perjuicios y su monto, se abordó en una forma errada, pues a pesar de que no se constataron los contratos de afiliación y vinculación, reconoce que el comportamiento desobligante de la contradictora es generador de responsabilidad civil, ya que pese a seleccionar el automotor para prestar el servicio de transporte lo desechó a la postre « por irregularidades de la póliza cuando ese requisito debió exigirlo antes del acuerdo de contratación del vehículo, ya que no se puede prestar en condiciones diferentes », con lo que incurrió en culpa por « permisiones de la autonomía volitiva (queriendo decir que ocurrió por fuera de los parámetros del D. 170 de 2001) » y ahí sí opera el artículo 1602 del Código Civil. A pesar de esa confusión, « el Tribunal no halla la razón de reconocer que el contrato de vinculación sí se celebró, así fuera en forma imperfecta y es por eso que no accede a las pretensiones de la demanda de declarar incumplida las obligaciones y por ende disponer judicialmente su terminación o su resolución ».
Desconoció el sentenciador el contenido del libelo « que claramente persigue la declaratoria de incumplimiento de la demandada en sus obligaciones », sin que fuera necesario indicar con exactitud jurídica el sentido de la acción, pues según criterio jurisprudencial « "es lo cierto que las palabras sacramentales son cosas del pasado.... y que las vaguedades que acusa una pieza procesal, o sus imprecisiones no pueden constituir la base para dejar de resolver sobre un derecho cuando su reclamo alcanza a percibirse en el contexto de la demanda." », de ahí que era perentorio desentrañar el querer del gestor que si bien dijo « ejercitar la acción resolutoria », era de comprender que al referirse a un contrato de tracto sucesivo « el sentido obvio era la petición de terminación de esa relación jurídica de la afiliación, debido al evidente incumplimiento de los deberes y obligaciones de parte de la sociedad Cootransvilla Ltda. de conseguir del demandante el uso de su vehículo en las condiciones para lo que fue vinculado ».
Se cercenó cualquier determinación sobre el contrato de afiliación al descalificar la procedencia de la resolución o terminación, porque el afiliado podía darlo concluido por su mera voluntad, cuando « no existe norma alguna que establezca que en aquellos contratos en los cuales una de las partes puede desligarse en forma voluntaria o unilateral, no pueda incoar la acción resolutoria » cuyos presupuestos son muy precisos y «[n] i el artículo 1546 del C.C, ni el artículo 871 del C. de Co, establecen que no procederá la acción, cuando el demandante podía desligarse de la relación bilateral con la mera mani

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

r indemnizado cuando se afinca en una situación real, existente al momento del evento dañino, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente.
Por supuesto que en punto de las ganancias frustradas o ventajas dejadas de obtener, una cosa es la pérdida de una utilidad que se devengaba realmente cuando el acontecimiento nefasto sobrevino, la pérdida de un bien con comprobada actividad lucrativa en un determinado contexto histórico o, incluso, la privación de una ganancia que con una alta probabilidad objetiva se iba a obtener circunstancias en las cuales no hay lugar a especular en torno a eventuales utilidades porque las mismas son concretas, es decir, que en verdad se obtenían o podían llegar a conseguirse con evidente cercanía a la realidad; y, otra muy distinta es la frustración de la chance, de una apariencia real de provecho, caso en el cual, en el momento que nace el perjuicio, no se extingue una utilidad entonces existente, sino, simplemente, la posibilidad de obtenerla. Trátase, pues, de la pérdida de una contingencia, de evidente relatividad cuya cuantificación dependerá de la mayor o menor probabilidad de su ocurrencia, y cuya reparación, de ser procedente, cuestión que no deviene objeto de examinarse, debió ser discutida en esos términos en el transcurso del proceso, lo que aquí no aconteció.
Por último están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables.
De todas formas, si en gracia de discusión se tuviera que ahondar en la esfera de la responsabilidad contractual endilgada a la transportadora por la suspensión en el despacho del automotor, el resultado no sería diferente a la negativa de las pretensiones como dispuso el ad quem , por la indeterminación del daño alegado.
Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 47 del Decreto 170 de 2001 « [l] a vinculación de un vehículo a una empresa de transporte público es la incorporación de este al parque automotor de dicha empresa » y ésta «[s] e formaliza con la celebración del respectivo contrato entre el propietario del vehículo y la empresa », a renglón seguido añade un paso adicional obligatorio puesto que « se oficializa con la expedición de la tarjeta de operación por parte de la autoridad de transporte competente », de ahí que la transportista y el afiliado, a pesar de estar atados por el acuerdo volitivo, quedan sometidos en la prestación del servicio a la autorización previa de una entidad pública, que se encarga de verificar el cumplimiento de todas las exigencias con tal fin dentro del ámbito preestablecido en actos oficiales y cuya concesión no es obligatoria ni definitiva, puesto que de conformidad con el artículo 55 ibídem «[l] a autoridad de transporte competente expedirá la tarjeta de operación únicamente a los vehículos legalmente vinculados a las empresas de transporte público debidamente habilitadas, de acuerdo con la capacidad transportadora fijada a cada una de ellas » y el 56 id señala que su vigencia es de 2 años pero « podrá modificarse o cancelarse si cambian las condiciones exigidas a la empresa para el otorgamiento de la habilitación ».
Y a pesar de que se obtuvo aceptación de la Alcaldía de La Mesa para vincular el automotor de placas UTW507 a Cootransvilla Ltda., así como tarjeta de operación provisional que expidió por delegación la Inspección Municipal de La Mesa, el 30 de noviembre de 2005 al establecerse inconsistencias en la información brindada se notificó la negativa del ingreso del vehículo porque la modalidad de buseta que detenta no encaja dentro de las que tiene permitidas la empresa.
De ahí que indistintamente de las razones que se esgrimieran para no otorgar despacho de ruta, lo cierto es que por decisión oficial era improcedente hacerlo ante el incumplimiento de los requerimientos de rigor, contingencia a la que estaban sometidos ambos contratantes.
Además, los elementos de convicción obrantes en el expediente no son determinantes de a quién concretamente es atribuible la culpa de que la expectativa generada en el promotor, por el desempeño transitorio de la actividad de la opositora, se viera truncada con la posterior negativa, puesto que ambas partes participaron directamente en los trámites ante las autoridades correspondientes y tenían la carga de verificar que se cumpliera a cabalidad con todos los pasos establecidos, así como que existiera concordancia entre el contenido de la licencia de tránsito, la información brindada para el efecto y lo consignado en el permiso provisional, so pena de someterse a las consecuencias adversas de tal desatención.
No se desconoce por ende que del nexo que surgió entre los litigantes se presentaron traumatismos y secuelas perjudiciales, solo que lo difuso de las circunstancias no se logra esclarecer con los medios de convicción aportados, los que tampoco dan lugar a constatar de quién provinieron los actos determinantes del perjuicio.
5.- En vista de que las disquisiciones del opugnador no pasan de replantear el pleito desde una óptica descontextualizada, para lo que sugiere deducciones jurídicas y la valoración de algunos medios de convicción, sin emprender en su integridad un ataque completo, claro y envolvente de todas las aristas que se tocaron en el pronunciamiento confutado, se torna en insuficiente el cargo para los fines de esta impugnación extraordinaria, independientemente de que se comparta o no lo resuelto.
6.- Conforme al inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, habrá de imponerse al gestor el pago de las costas procesales en el trámite de la impugnación extraordinaria, y para la tasación de las agencias en derecho, se tomará en cuenta la réplica de la contradictora (fls. 66 al 68).
IV.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 30 de marzo de 2012, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que adelantó José Ricardo Suárez Torres contra la Cooperativa de Transportadores Villa de la Mesa Cootransvilla Ltda.
Costas a cargo del accionante y a favor de la opositora. Inclúyase la suma de $6’000.000 por concepto de agencias en derecho.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de origen.
Notifíquese
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
34

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC3951-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2018-09-17. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2008-00011-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3951-2018%20%5B2008-00011-01%5D).
