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clave: "corte_suprema:providencia:SC3907-2021 [2011-00181-01]"
titulo: "Corte Suprema: la competencia biológica no debe confundirse con la competencia social el esfuerzo de los individuos"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-09-07"
radicado: "2011-00181-01"
numero: "SC3907-2021"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: la competencia biológica no debe confundirse con la competencia social el esfuerzo de los individuos

- **Título oficial / radicado:** SC3907-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-09-07
- **Radicado:** 2011-00181-01
- **Número:** SC3907-2021
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3907-2021%20%5B2011-00181-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3907-2021%20%5B2011-00181-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS85Li0gU2VwdGllbWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDMzkwNy0yMDIxIFsyMDExLTAwMTgxLTAxXS5kb2N4/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

La competencia biológica no debe confundirse con la competencia social el esfuerzo de los individuos por alcanzar la posición más favorable en el sistema de cooperación social.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 256 de 1996
- Constitución Política

## Extracto

En ese sentido, la fundamentación de la acusación ha de dirigirse a demostrar que el ad quem dejó de aplicar al asunto una disposición que era pertinente, aplicó otra que no lo era, o que, eligiendo la pauta de derecho correcta, le atribuyó efectos distintos a los que de ella dimanan, o los restringió de tal manera que distorsionó los alcances ideados por el legislador. Expresado de otro modo, esta clase de agravio a la ley sustancial es completamente independiente de cualquier yerro en la valoración probatoria; además, su estructuración se presenta por tres vías, de contornos bien definidos: la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea de la norma de derecho sustancial. Asimismo, consagró una cláusula de prohibición general, a cuyo tenor  Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. De hecho, no se probó que esas conductas hubieran generado pérdida alguna.

## Cita textual

> de la prueba pericial no se puede derivar la relación causal de la conducta declarada como desleal con los rubros tasados a título de daño

## Texto del documento

Radicación n.° 11001-31-03-027-2011-00181-01
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC3907-2021
Radicación n.° 11001-31-03-027-2011-00181-01
(Aprobado en sesión de veintinueve de abril de dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
Se decide el recurso extraordinario de casación que interpuso Inversiones Lucol S.A. frente a la sentencia de 2 de diciembre de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso declarativo que promovió la impugnante contra la Organización Terpel S.A. e Inversiones Ingeoil S.A.S.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
Inversiones Lucol S.A. pidió declarar que las sociedades demandadas « incurr[ieron] en actos de competencia desleal », razón por la cual deben ser condenadas – in solidum – al pago de $14.000.000.000, a título de « indemnización por los perjuicios patrimoniales causados », junto con « los intereses comerciales moratorios a la tasa más alta autorizada ». En subsidio, solicitó que se declare que las demandadas le causaron « daños y perjuicios como consecuencia de las conductas y actos desplegados », con secuelas económicas idénticas a las que se reseñaron en el petitum principal.
2. Fundamento fáctico.
2.1. A partir del 8 de septiembre de 1986, Inversiones Lucol S.A. « se convirtió en agente comercial y distribuidor mayorista exclusivo de productos Terpel ». Para ese entonces, « la marca Terpel contaba con un escaso posicionamiento en el mercado nacional, siendo medianamente conocida en Bucaramanga y totalmente desconocida en el resto del país ».
2.2. La actora « desplegó su actividad en la zona correspondiente a Cundinamarca y Bogotá D.C., en la cual Terpel no tenía presencia ni reconocimiento (...) . Lucol trabajó arduamente para el posicionamiento de la marca desde 1986, en forma exitosa, pues para 1993 realizaba ventas de 83.884 galones anuales ».
2.3. Entre 1986 y 2002, dicha relación comercial se desarrolló sin mayores contratiempos. Sin embargo, el 2 de octubre de esa última anualidad, « Terpel exigió a Lucol la firma de un contrato de distribución con Terpel Bucaramanga, so pena de terminar la relación contractual, por lo que [aquella] se vio obligada a la suscripción de un nuevo contrato, redactado en su integridad por Terpel (...) en cuya cláusula sexta se estipuló la facultad de darlo por terminado avisando con 90 días de antelación ».
2.4. A partir del año 2005, « Terpel comunicó a Lucol que no podía “seguir atendiendo los clientes que había obtenido correspondientes a los denominados clientes industriales y las estaciones de servicio cuyo consumo fuera superior de 110 galones mensuales”, pues a partir de la fecha los atendería directamente Terpel ». Como si fuera poco, « se exigió a Lucol la entrega a otro distribuidor de sus clientes atendidos en la zona de Cundinamarca y parte de Bogotá, reduciendo el área de venta permitida a Lucol a solamente el suroriente de Bogotá ».
2.5. Aunque esas determinaciones provocaron un impacto negativo inmediato en su operación, « gracias al esfuerzo de Lucol, durante los años 2006 y 2007, [se] logró reposicionar la marca y obtener ventas en la “nueva zona asignada” » por un monto anual superior a $4.000.000.000. Pero, sin reparar en ello, « Terpel, mediante un plan fríamente calculado y sistemáticamente ejecutado (...) decide nombrar como distribuidor a la sociedad conformada por sus ex funcionarios Jairo Jesús Cuéllar Díaz y Gustavo Adolfo Vallejo [Inversiones Cuéllar Vallejo S.A.S., hoy Inversiones Ingeoil S.A.S.] para la misma zona geográfica asignada a Lucol, patrocinando de manera directa y preferente las nuevas actividades comerciales en detrimento de los intereses de Lucol ».
2.6. En efecto, « Terpel, con el propósito de excluir definitivamente a Lucol del mercado de distribuidores de lubricantes de la marca Terpel y favorecer a Inversiones Cuellar Vallejo S.A.S., en la zona sur de Bogotá, promovió, permitió, auspició y ejecutó directamente o por intermedio de esta, múltiples actividades en contra de los intereses de Lucol », tales como « entregar a Inversiones Cuéllar Vallejo S.A.S. los clientes que le había quitado y prohibido a Lucol en el 2005 »; « atac[ar] la clientela de Lucol, especialmente los que representaban mayor volumen de ventas, ofreciéndole condiciones de venta muchísimo más favorables », o entregar más ágilmente a la nueva distribuidora « equipos ofrecidos para el mejor mercadeo ».
2.7. Estas conductas desleales fueron erosionando progresivamente la clientela de Inversiones Lucol S.A., efecto nocivo que terminó consumándose cuando el fabricante « dio “aviso de terminación de un contrato”, informando que “la venta de lubricantes a Inversiones Lucol S.A. por parte de la Organización Terpel será hasta el día 2 de octubre del año [2009] ”, aviso de terminación que solo constituye un pretexto para encubrir su premeditado propósito de excluir a Lucol del mercado y consolidar la participación de la sociedad Inversiones Cuéllar Vallejo S.A.S. en el área de influencia de Lucol, beneficiándola con el canal de distribución y portafolio creado durante 23 años de arduo trabajo, en un acto que se opone a la buena fe comercial y prácticas honestas dentro del mercado ».
2.8. Como colofón, los « actos de competencia desleal » denunciados generaron que Inversiones Ingeoil S.A.S. se aprovechara ilícitamente de las estrategias de venta, reputación, redes de mercadeo y portafolio de clientes de Inversiones Lucol S.A., impidiéndole así a la querellante « recuperar las inversiones realizadas para el posicionamiento de la marca (...) . Además, en razón a los actos de competencia desleal de la parte pasiva (...) Lucol debió afrontar la reducción de las ventas (...) , perdi[endo] un mercado representado en clientela y un canal de distribución debidamente reconocido, conseguido durante 23 años ».
3. Actuación procesal.
3.1. La demanda se admitió por auto de 26 de abril de 2011, el cual se notificó a las querelladas por aviso. Inversiones Ingeoil S.A.S. concurrió oportunamente, se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de mérito denominadas «libertad de asociación, libertad de empresa y libertad económica»; «falta de legitimación en la causa por pasiva»; «falta de culpabilidad y antijuridicidad de los hechos»; «prescripción» y «falta de carácter confidencial de la información de Lucol».
A su turno, durante el término de traslado, la Organización Terpel S.A. permaneció silente.
3.2. Mediante fallo de 3 de mayo de 2019, el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá declaró que las querelladas « incurrieron en conductas de competencia desleal relativas a la desviación de clientela » y, consecuencialmente, les impuso la carga de sufragar « de manera solidaria, la cuantía de $369.835.675, por concepto de perjuicios ». Todas las partes apelaron.
SENTENCIA IMPUGNADA
En providencia de 2 de diciembre de 2019, el tribunal modificó lo resuelto por el juez a quo , con el propósito de denegar el resarcimiento patrimonial suplicado. Lo anterior, con soporte en los siguientes razonamientos:
(i) Los reparos de la demandante « no estuvieron encaminados a extender la declaratoria de actos de competencia desleal a otras conductas », distintas de las consideradas por el juez a quo como soporte de su fallo parcialmente estimatorio. Por ende, « la sustentación en la que se pretendió que se declararan otros perjuicios como consecuencia de actos de desorganización empresarial, no tienen cabida en segunda instancia ».
(ii) La desviación de clientela que reconoció el a quo como único acto probado de competencia desleal, «se atribuye. (...) a las conductas que comenzaron a gestarse a mediados del año 2008 en adelante, cuando aparece en el mercado el “otro distribuidor” que reprochó Lucol a Terpel en las comunicaciones que para esa época envió, y que fueron mostrando una serie de hechos que culminaron con la aniquilación de la relación contractual que existía con la actora».
(iii) Esos acontecimientos, « mirados aisladamente, no permiten afirmar la ocurrencia de la conducta desleal, pero tampoco descartan su existencia (...) . Por eso no es reprochable que el funcionario haya acudido a los indicios para tomar su decisión (...) , de manera que, aunque sea cierto que no hay confesión, ni prueba directa del propósito conjunto de las demandadas para terminar desviando la clientela lograda por Lucol para Terpel, los indicios así lo evidencian » .
(iv) Justamente, aunque « no se contó con una prueba expresa de la existencia de un acuerdo entre Terpel y Cuéllar Vallejo, pero la forma en que ocurren los hechos que llevaron a que los ex trabajadores se asociaran y entraran a participar del mercado en Bogotá y Cundinamarca, concertando un contrato de distribución para la misma zona, son indicadores de que eso se logró con la participación de Terpel, que fue la acusación de la demanda. Es decir, la desviación de la clientela inició con los actos de Ingeoil, como distribuidor a los mismos clientes de Lucol, acceder a la información de ellos, y se concretó con la terminación unilateral de contrato por Terpel ».
(v) No obstante, dado que la actora no optó por ejercer las acciones contractuales, « aquí no se puede discutir si la terminación del contrato fue legítima o no, si hubo
incumplimiento del contrato
, ni si la clientela, desde la perspectiva de la relación de distribución, pertenece al productor o no. Estudiar esos aspectos no conducen a descartar ni afirmar la lealtad o deslealtad de la conducta ».
(vi) Por consiguiente, « apreciar como perjuicios la diferencia negativa en las utilidades netas esperadas para el momento en que intervino el nuevo distribuidor (...) , es decir, su disminución en el año 2009, hasta el momento en que se hubiera cumplido el contrato en el 2010, no encaja en la reclamación de competencia desleal, pues se refiere a consecuencias surgidas por la terminación del contrato de distribución, que no es lo que se juzga en este proceso ». Inclusive, « de la prueba pericial no se puede derivar la relación causal de la conducta declarada como desleal con los rubros tasados a título de daño ».
(vi) De lo anterior se sigue que, « aunque la conducta de desviación de clientela se realizó (...) , el perjuicio que Lucol reclamó no se causó por esa conducta. Se recuerda que la actora no determinó con precisión las conductas desleales cometidas (...) , pero en su sustentación reclamó perjuicios derivados de (...) la desorganización empresarial e incluso la inducción a la ruptura contractual, apartándose de los reparos formulados, pues había asentido con que la única conducta desleal probada fue la desviación de la clientela ».
DEMANDA DE CASACIÓN
Al sustentar su impugnación extraordinaria, la convocante propuso cuatro cuestionamientos, dos de ellos fincados en la causal consagrada en el artículo 336-1 del Código General del Proceso, y los restantes por la senda del segundo y tercer motivo de casación. Por motivos estrictamente formales, la Sala abordará inicialmente el último cuestionamiento.
CARGO CUARTO
Tras denunciar que el fallo del tribunal « no est[á] en consonancia con los hechos y con las pretensiones de la demanda », Inversiones Lucol S.A. alegó que « no obstante la claridad de las pretensiones y los hechos en los que se soportan, el tribunal en su sentencia adelant[ó] el juicio de responsabilidad por separado para cada empresa y se dedicó a mirar únicamente la responsabilidad de Terpel derivada de un contrato, pero no se detuvo a observar la responsabilidad extracontractual de Inversiones Cuéllar Vallejo, ni la solidaridad de ambas empresas ».
Ese error procedimental « impide saber si las dos demandantes (sic) fueron calificados por el tribunal como autores, a la luz del artículo 2344 del Código Civil, naciendo la solidaridad legal en virtud de ese mandato, o lo que encontró en la sentencia es que uno de los demandados es autor y el otro demandado contribuyó al acto desleal, naciendo la solidaridad pasiva a la que hace referencia el artículo 22 de la Ley 256, donde la solidaridad legal no nace de la coautoría sino de la contribución a la concreción del acto desleal ».
Con apoyo en lo anterior, se colige que « el juicio separado de responsabilidad que realiza la sentencia no está en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda. Las consecuencias no se hacen esperar; para cada uno de los demandados tiene una incidencia muy grande en este asunto, pues a partir de allí se determina si Terpel es desleal en el mercado con ocasión del comportamiento contractual y fue ayudado por inversiones Cuéllar Vallejo, o si el desleal es Inversiones Cuéllar Vallejo con ayuda de Terpel, o si, por el contrario, los dos son coautores en el comportamiento ».
CONSIDERACIONES
1. Régimen aplicable al recurso.
Es pertinente advertir que el recurso de casación en estudio se interpuso en vigencia del Código General del Proceso, razón por la cual todo lo concerniente al mismo se ha de regir

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

car la razón que impedía a la demandante revender esas mercancías, bien a sus clientes usuales, o a cualquier otro consumidor potencial. Y ello era imprescindible, porque ni los actos de desviación de clientela que se reconocieron, ni la terminación de la relación de suministro existente con la Organización Terpel S.A., parecen constituirse en impedimento para que esa operación de reventa se llevara a cabo.
Ahora bien, en la demanda de casación se insistió en que « ante la desviación y apropiación de la totalidad de sus clientes por las demandadas, Lucol no tenía a quien vender dichos bienes », pero en realidad las pruebas no dan cuenta de la primera afirmación; y aun de suponerla, de ella tampoco se sigue que no existieran otras personas que estuvieran dispuestas a adquirir lubricantes “Terpel” a precios de mercado.
(v) Sobre los honorarios del perito, la propia casacionista admitió que « es evidente que los mismos corresponden a las costas del presente proceso »; por consiguiente, como lo sentó el tribunal, tal importe no correspondería a un daño originado por los actos de desviación de clientela que se declararon en las sentencias de primera y segunda instancia, sino a un gasto procesal, que solo debería ser asumido por la demandada en caso de ser vencida en juicio, al cubrir la condigna condena en costas que se le impondría en tal eventualidad.
(vi) Habiéndose descartado todos los cálculos que propuso hasta ahora el perito, resulta inane detenerse en los réditos de mora que se liquidaron sobre ellos.
(vii) Por último, la procedencia de ordenar una indemnización equivalente al valor total de una sociedad comercial parece restringirse a supuestos excepcionalísimos, en los que quede suficientemente demostrado que el evento dañoso fue de tal magnitud que impedía sacar cualquier provecho al know how adquirido, al personal capacitado y entrenado, o al menos a los inventarios, planta y equipos, y demás activos que componen la unidad empresarial.
En este caso, nada de ello se acreditó. Es cierto que en ambas instancias se reconocieron algunos actos de desviación de clientela, pero el problema de sus alcances e incidencia en la operación de distribución de Inversiones Lucol S.A. jamás fue esclarecido; de hecho, en la demanda no se identificaron los consumidores que habrían optado por contratar con Inversiones Ingeoil S.A.S. –debido a condiciones más favorables que les proporcionaba Organización Terpel S.A. en cuanto a precios, promociones, merchandising , etc.–, ni tampoco se hizo un mínimo esfuerzo por probar que esos clientes eran irrecuperables para un comerciante con 26 años de experiencia en el sector.
Al sustentar su demanda de casación, la actora intentó responder a esas cuestiones, argumentando que la experiencia, conocimientos y logística de Inversiones Lucol S.A. solo era valiosa para la distribución de productos de la marca “Terpel”; pero si ello fuera así, las pérdidas alegadas no derivarían de ningún acto de competencia desleal, sino de la extinción del vínculo contractual que le permitía participar en el mercado de esa mercancía en concreto. Por lo tanto, la procedencia de la reparación pendería de establecer si la terminación del contrato de distribución fue, o no, justificada, temática que –como ya se anotó– sería ajena a este litigio, porque no fue planteada en la demanda, y también porque riñe con la naturaleza aquiliana de la acción « declarativa y de condena » de competencia desleal.
Descartado así que la actividad de distribución de la convocante estuviera atada a una marca de lubricantes en concreto, emerge lógico pensar que, tras conocer con noventa días de preaviso de la terminación del contrato celebrado con la Organización Terpel S.A., Inversiones Lucol S.A. tendría que haber iniciado su proceso de adaptación a las nuevas condiciones del mercado, intentando fidelizar a su clientela con otra marca de lubricantes –como se sugiere en el propio texto que recoge la impugnación extraordinaria– o emprendiendo otro proyecto comercial, en el que su expertice le otorgara ventajas.
Pero sobre este punto la orfandad probatoria es absoluta, debiéndose añadir que los estados financieros que se aportaron no arrojan mayores luces al respecto, pues reflejan la quiebra de Inversiones Lucol S.A., pero no explican las razones que la llevaron a esa situación, lo cual era imprescindible, porque al referido estado de insolvencia puede llegarse por múltiples vías, algunas atribuibles a factores endógenos, y otras a variables exógenas. Por ende, la relación causal que se extraña no puede deducirse simplemente de la merma en las ventas de la actora, como esta lo pretendió al sustentar su impugnación.
4.4.4. Contrario a lo que afirmó la demandante, el tribunal nunca sostuvo que la experticia previamente analizada hubiera incurrido en errores al realizar las operaciones financieras de indexación de valores, liquidación de intereses simples y cálculo de la « prima de mercado », sino que puso en evidencia que el perito economista fijó su atención en algunas pérdidas –las señaladas por la actora– cuyo vínculo con la conducta de las demandadas se quedó en el campo de lo hipotético.
Por supuesto que el propio dictamen no puede suplir ese vacío, como tampoco lo hacen los testimonios y documentos mencionados en la sustentación del cargo tercero, que nada dicen sobre el punto. Y siendo así, queda descartado el yerro de juzgamiento que se alegó, comoquiera que las evidencias que se relacionaron en desarrollo de esa censura no logran contraponerse al raciocinio del tribunal. Por ello, el tercer cargo no prospera.
4.5. Conclusiones.
Además de algunas falencias formales, los cargos que se conjuntaron (primero, segundo y tercero) no lograron demostrar los yerros de juzgamiento que fueron denunciados. Por el contrario, quedó evidenciado que (i) la decisión adoptada por el tribunal armoniza con las pautas sustanciales que gobiernan este litigio, y (ii) la valoración que dicha corporación hiciera de las pruebas recaudadas, resulta coherente y razonable.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 2 de diciembre de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso declarativo que promovió Inversiones Lucol S.A. contra la Organización Terpel S.A. e Inversiones Ingeoil S.A.S.
SEGUNDO. CONDENAR a la demandante al pago de las costas procesales de esta actuación. En la liquidación respectiva, inclúyase por concepto de agencias en derecho la suma de seis millones de pesos ($6.000.000).
TERCERO. Remítase la foliatura a la autoridad judicial competente.
Notifíquese y cúmplase
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC3907-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-09-07. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2011-00181-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3907-2021%20%5B2011-00181-01%5D).
