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clave: "corte_suprema:providencia:SC3893-2020 [2015-00826-01]"
titulo: "Corte Suprema: es que la amortización es la forma en la que debe devolver el dinero"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2020-10-15"
radicado: "2015-00826-01"
numero: "SC3893-2020"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: es que la amortización es la forma en la que debe devolver el dinero

- **Título oficial / radicado:** SC3893-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2020-10-15
- **Radicado:** 2015-00826-01
- **Número:** SC3893-2020
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3893-2020%20%5B2015-00826-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3893-2020%20%5B2015-00826-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIwL0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS8xMC4tIE9jdHVicmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzM4OTMtMjAyMCBbMjAxNS0wMDgyNi0wMV0uZG9j/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

Es que la amortización es la forma en la que debe devolver el dinero, no hay otra forma.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 225 de 1938
- Decreto 1348 de 1939
- Decreto 663 de 1993

## Extracto

En ese orden, puede colegirse que los yerros denunciados resultan fútiles, porque en realidad las pretensiones de las consorciadas se vincularon al acaecimiento de una circunstancia distinta a la establecida como riesgo asegurado en la póliza 25796-47150-10-BG, razón suficiente para denegar su petitum , como se hizo. Igualmente el consorcio podrá proceder a la liquidación definitiva del contrato . Por tanto y exceptuando aquellos eventos donde la práctica de determinada prueba ésta prevista como un imperativo legal concreto, conviene precisar que si bien el juez tiene la facultad-deber de decretar pruebas de oficio, la misma no puede interpretarse como un mandato absoluto o fatalmente impuesto en todos los casos , dado que aquél sigue gozando de una discreta autonomía en la instrucción del proceso y en esa medida, no siempre que se abstenga de utilizar dicha prerrogativa, incurre en un yerro de derecho.

## Cita textual

> el seguro no puede ser fuente de enriquecimiento – violación del art. 1088 del Código de Comercio

## Texto del documento

Rad. n.° 11001-31-03-032-2015-00826-01
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC3893-2020
Radicación n.° 11001-31-03-032-2015-00826-01
(aprobado en sesión de veinte de agosto de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veinte (2020).
Se decide el recurso de casación formulado por Dragados IBE Sucursal Colombia y Concay S.A., integrantes del Consorcio Dragados Concay (en adelante, Dragados Concay) frente a la sentencia de 3 de septiembre de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso verbal que promovieron las recurrentes contra Segurexpo de Colombia S.A. y Liberty Seguros S.A.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
Dragados Concay reclamó que se reconociera « la existencia y validez del contrato de seguro expedido por Segurexpo Colombia S.A. como compañía líder, instrumentado en la póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades particulares No. 25796-47150-10-BG », convenio en el que Liberty Seguros S.A. « ostenta la calidad de coasegurador, con una participación del 50% ».
Asimismo, pidió declarar que las demandadas son civil y contractualmente responsables por el impago de la indemnización pactada en los amparos de «“ buen manejo y correcta inversión del anticipo” y “pago de salarios y prestaciones sociales” », por lo que deben ser condenadas a pagar, en proporción a su participación en el coaseguro (50% cada una), los siguientes montos:
(i) $1.372.083.727, « correspondientes a la indemnización (...) del anticipo entregado por [Dragados Concay] a la sociedad afianzada por la pasiva, Actividades y Obras Civiles S.A. Sucursal Colombia “Aocisa”, y dejado de invertir en la obra [o] reintegrado ».
(ii) $323.786.999‬, « correspondientes a la indemnización (...) del pago de salarios y prestaciones sociales que [Dragados Concay] tuvo que asumir y cancelar a los trabajadores que utilizó la sociedad afianzada por la pasiva, Actividades y Obras Civiles S.A. Sucursal Colombia “Aocisa”, en la obra para la cual fue contratada ».
(iii) Los réditos moratorios sobre ambas cantidades, liquidados a partir del 25 de enero de 2015, a la tasa máxima prevista en el ordenamiento mercantil.
2. Fundamento fáctico.
2.1. La Constructora de Infraestructura Vial S.A.S. (en adelante, Coninvial) aceptó la oferta presentada por el consorcio “Dragados Concay” (conformado por las sociedades Dragados IBE Sucursal Colombia y Concay S.A.) para « la construcción de una calzada nueva en el sector 2: Puente Quetame (km 41 + 645 m – km 44 + 240 m) y el mejoramiento de la calzada existente en los tramos y las vías de conexión al Puente Quetame, dentro del proyecto de la carretera Bogotá–Villavicencio ».
2.2. Actuando con autorización de Coninvial, Dragados Concay subcontrató con Actividades y Obras Civiles S.A. Sucursal Colombia (en adelante, Aocisa) la realización de los trabajos de « excavación y sostenimiento del túnel 6 del sector 2 », que hacían parte del referido proyecto de infraestructura.
2.3. En ese « contrato de excavación y sostenimiento » se convino que Dragados Concay entregara a Aocisa un anticipo de $2.092.492.427 (cuantía equivalente al 10% de la remuneración total establecida), lo que efectivamente hizo.
2.4. A su turno, Aocisa suscribió con Segurexpo de Colombia S.A. y Liberty Seguros S.A. (coaseguradoras) el contrato de seguro de cumplimiento n.° 25796-47150-10-BG, donde la subcontratista figura como tomadora-afianzada, y Dragados Concay como asegurado-beneficiario.
2.5. Dentro de los amparos estipulados se encuentran los de « pago de salarios y prestaciones sociales » y « buen manejo y correcta inversión del anticipo ». En el primero, se pactó como valor asegurado $3.138.738.640; en el segundo, la misma cantidad que Dragados Concay entregó a la tomadora como anticipo ($2.092.492.427).
2.6. El 22 de abril de 2013, Aocisa remitió a Dragados Concay una comunicación en la que « confesaba las dificultades técnicas y financieras por las cuales estaba atravesando, llevándola a incurrir en retrasos significativos en el cumplimiento del contrato de obra (...) , solicitando un plazo máximo hasta el 31 de mayo de 2013 para subsanar las deficiencias de la obra, [y] comprometiéndose a (...) desistir expresamente de continuar con la ejecución de la obra (...) de no superar tales dificultades en esa fecha límite (...) , autorizando de paso al consorcio Dragados Concay para que (...) diera por terminado el contrato de obra (...) , comprometiéndose a restituir el anticipo no invertido ».
2.7. Dado que las anomalías en el desarrollo del proyecto no pudieron corregirse oportunamente, el 24 de junio de 2013 las consorciadas decidieron dar por terminado unilateralmente el contrato de obra que celebraron con Aocisa. Con ese sustento, además, dieron aviso de siniestro a la compañía líder del coaseguro.
2.8. Para establecer la cuantía de la pérdida, las actoras contrataron los servicios de la ajustadora López Villamarín Consultores Ltda. y de la empresa Diagnóstico & Diseño Ingeniería Ltda., habiendo presentado el informe de ajuste el 23 de diciembre de 2013; este trabajo fue adosado a la reclamación presentada a Segurexpo de Colombia S.A., en la que se identificaron « pérdidas » por valor de $1.372.083.727, « correspondientes a la indemnización (...) del anticipo entregado » y $323.786.999‬, a título de salarios y prestaciones asumidos por Dragados Concay.
2.9. En respuesta a esa comunicación, las aseguradoras solicitaron « una información que (...) tiene más relación a (sic) la afectación del amparo de cumplimiento, que (...) no est[aba] afectado con la reclamación por siniestro, y ninguna relación tienen los documentos peticionados con los amparos realmente afectados, como son “buen manejo y correcta inversión del anticipo” y “pago de salarios y prestaciones sociales” ».
2.10. Pese a la impertinencia de esos soportes adicionales, los mismos fueron proporcionados el 29 de enero de 2015; sin embargo, en misiva calendada el 3 de febrero, Segurexpo de Colombia S.A. « obstinadamente no acepta que se han cumplido los requisitos legales del artículo 1077 [del Código de Comercio]».
2.11. Luego de un cruce de comunicaciones, el 12 de febrero de la misma anualidad las coaseguradoras objetaron formalmente la reclamación presentada por Dragados Concay, invocando « un sinnúmero de exculpaciones para evadir la obligación (...) que están en mora de realizar ».
3. Actuación procesal.
3.1. Notificada del auto admisorio de la demanda, Segurexpo de Colombia S.A. se opuso a las « pretensiones, declaraciones y condenas », arguyendo que las consorciadas desconocen « las normas que rigen el contrato de seguro, el texto del contrato de seguro de cumplimiento entre particulares 25796 y el contrato cuyo cumplimiento se garantiza, suscrito entre el Consorcio Dragados Concay y la sociedad Actividades y Obras Civiles S.A. Sucursal Colombia – Aocisa el 18 de septiembre de 2012 ».
Con ese sustento, esgrimió las defensas denominadas «correcta inversión del anticipo e imposibilidad de afectación del amparo de anticipo otorgado mediante póliza 25796»; «el seguro no puede ser fuente de enriquecimiento – violación del art. 1088 del Código de Comercio»; «prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro de cumplimiento entre particulares No. 25796»; «compensación»; «incumplimiento de la garantía de informar las modificaciones al contrato»; «incumplimiento del consorcio Dragados Concay del deber de evitar la extensión y propagación del siniestro y a proveer el salvamento de las cosas aseguradas»; «imposibilidad de afectación del amparo de salarios y prestaciones sociales»; «no venció término alguno para objetar el reclamo ni menos para el pago de la indemnización dado que no hay lugar al pago de ella»; «falta de jurisdicción teniendo en cuenta la existencia de la cláusula compromisoria», e «indebida terminación unilateral del contrato de obra amparado por Segurexpo de Colombia S.A. por parte del Consorcio Dragados Concay».
Por último, objetó el juramento estimatorio de su contraparte, tras considerar que las querellantes se limitaron «a manifestar que la suma de $1.372.083.727 corresponde al anticipo no reintegrado ni invertido en obra, no obstante las pruebas [allegadas] demuestran una mayor inversión en obra del dinero entregado como anticipo[,] y en relación con el amparo de prestaciones sociales señala la cifra de $323.786.999, desprovista de razonamiento detallado, se limita a establecer que esa suma corresponde al supuesto valor cancelado por el Consorcio Dragados Concay a los trabajadores de AOCISA sin soporte probatorio alguno, sin mencionar además los créditos que tiene el demandante para su subcontratista».
3.2. Liberty Seguros S.A. también rechazó el petitum , formulando las excepciones rotuladas como «falta de prueba de la ocurrencia del siniestro y su cuantía»; «improcedencia de la afectación del amparo de buen manejo del anticipo»; «improcedencia de la afectación del amparo del pago de salarios y prestaciones sociales», y «falta de prueba de la ocurrencia del siniestro y su cuantía».
3.3. El 14 de julio de 2017, el juzgado a quo dictó sentencia, acogiendo « la excepción de mérito (...) dirigid[a] a desconocer el amparo del anticipo », por lo que denegó todos los pedimentos relacionados con esa cobertura.
De otro lado, tras establecer el acaecimiento del riesgo asegurado en el amparo de « salarios y prestaciones sociales », declaró no probadas las demás defensas y condenó a cada una de las coaseguradoras a pagar a Dragados Concay $161.893.499.50 (para un total de $323.786.999‬), junto con los réditos de mora, liquidados a la tasa máxima permitida por el legislador mercantil, a partir del 25 de enero de 2015.
Ambas partes apelaron esas determinaciones.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante providencia de 3 de septiembre de 2018, el tribunal confirmó el fallo materia de alzada, tras sostener que:
(i) En el proceso se demostró que Aocisa incumplió la obligación de pagar los salarios y prestaciones del personal de la obra desde mayo de 2013 hasta el mes de julio del mismo año, por lo que, en atención a lo dispuesto en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, esas acreencias fueron saldadas por Dragados Concay, lo que equivale a la demostración del siniestro, «pues, a no dudarlo, ese era el riesgo asegurado en la póliza No. 25796».
(ii) En cuanto a la determinación de la cuantía de esa pérdida, las sociedades actoras allegaron comprobantes de egresos, desprendibles de pago de nómina y la liquidación de cada uno de los trabajadores de Aocisa, documentos que muestran un detrimento patrimonial «incluso superior a los $323.786.999 reclamado (sic) en la demanda».
(iii) De otro lado, es innegable que los dineros que fueron entregados a la subcontratista por concepto de anticipo (y que totalizaban $2.092.492.426) debían ser amortizados a medida que fueran realizándose entregas parciales de la obra, «representando el valor de dicho anticipo en parámetros porcentuales, en las cantidades de obra que la contratante fuera recibiendo».
(iv) Sin embargo, dadas las características del seguro contratado, el buen suceso de las pretensiones relacionadas con el amparo de « buen manejo y correcta inversión del anticipo » exigía demostrar la ocurrencia del siniestro, pero «no bajo el supuesto de que lo entregado a título de anticipo no fue amortizado en su totalidad (…), sino en el entendido de que los dineros efectivamente entregados a AOCISA no fueron invertidos en la obra o se los apropió indebidamente», hipótesis cuya verificación brilla por su ausencia en este juicio.
(v) Añádase que en « el “acta de toma de obra” de fecha 16 de julio de 2013 (...) nada se dijo sobre la apropiación del contratista del anticipo; tampoco que la suma entregada por ese concepto no fue invertida en la obra », de donde se colige que « en lo que hace (sic) al amparo de “buen manejo y correcta inversión del anticipo”, no se probó el siniestro ni la cuantía de la pérdida ».
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Dragados Concay interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casación contra el fallo del ad quem ; al sustentarlo, propuso dos cargos con apoyo en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso, rotulados uno como « principal », y otro como « subsidiario ».
PRIMER CARGO
Se denunció la trasgresión indirecta de los artículos 1494, 1495, 1496, 1502, 1517, 1602, 1603, 1604, 1608, 1618, 1619, 1622, 1624 y 1757 del Código Civil; 822, 1036, 1045, 1046, 1047, 1054, 1072, 1075, 1079 y 1080 del Código de Comercio; 2 y 4 de la Ley 225 de 1938; 7 del Decreto 1348 de 1939, y 103 del Decreto 663 de 1993, « a causa de manifiestos errores de hecho en la apreciación de las pruebas ».
Los pilares de este cuestionamiento admiten este compendio:
(i) El tribunal tergiversó el contenido del acta de 16 de julio de 2013 y dejó de apreciar las restantes documentales arrimadas, incluyendo el informe final de ajuste de siniestro elaborado por López Villamarín Consul

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

isa imprescindible para acreditar que la subcontratista malversó esos recursos, en el sentido de disponer de ellos para propósitos distintos de la financiación de su operación en « el túnel 6 del sector 2 ».
Pero como ya se advirtió, la inadecuada subsunción del siniestro alegado en el amparo de anticipo contratado generó que Dragados Concay no se ocupara de demostrar las referidas variables, pese a que era de su carga hacerlo, al amparo de lo dispuesto en el canon 1077 del Código de Comercio. Y, valga anotarlo, la aludida orfandad probatoria impide establecer la existencia de un verdadero desmedro patrimonial causado por la manera en la que se invirtió el anticipo, aspecto de capital importancia porque, como se dejó establecido previamente, es ese perjuicio –y no el simple quebranto de las disposiciones contractuales– el que determina la realización del riesgo asegurado.
Ese puntal del debate, además, era de abordaje forzoso en este juicio, porque a la terminación unilateral del contrato por parte de Dragados Concay le sucedió la ocupación, por parte de las contratantes, del sector donde Aocisa adelantaba labores, oportunidad en la que aquellas se hicieron a las máquinas, equipos e insumos que se encontraban allí (según la relación incluida en la citada « acta de toma de la obra »), elementos que fueron aprovechados para dar continuidad a la construcción del corredor vial.
Ello también justifica que el vacío que se comenta no fuera salvado oficiosamente por la jurisdicción, pues ello implicaría, de un lado, alterar el marco del debate definido en la demanda, y de otro, relevar injustificadamente al asegurado de un gravamen objetivo (el de « demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso ») por el que se despreocupó a lo largo del proceso.
No se olvide que,
«(...) si bien los poderes que se le han venido confiriendo al fallador ponen de presente que la tendencia legislativa se orienta a la superación del sistema dispositivo puro y la mayor vigencia del inquisitivo, la supresión de aquél no se ha producido, de lo cual puede concluirse que la existencia del sistema mixto representa una equilibrada amalgama, en la que, con la denodada intervención de las partes y la potestad oficiosa del juez, se logre una justa y eficaz composición del debate, a partir de bases ciertas y no meramente formales. Conforme con ello, aunque al juez se le exige acuciosidad y dinamismo en la búsqueda de la verdad real sobre la cual ha de definir la controversia, esa labor no se extiende hasta el punto de tener que suplir en cualquier supuesto la carga probatoria que le incumbe a las partes.
Al respecto, la Corte en fallo SC 23 nov. 2010, rad. 2002-00692-01 precisó: “No se trata, pues, de que el juez tome la bandera de una de las partes, ni que dirija su esfuerzo a construir la que desde su personal perspectiva debe ser la respuesta para el caso, sino que su iniciativa debe contribuir a dar forma a una hipótesis que muestra algunas trazas en el expediente y que, siendo coherente, atendible y fundada, aparece apoyada por los medios de convicción a su alcance y se ajusta plausiblemente a una solución que acompase con el ideal de justicia. Solo en esas circunstancias, miradas desde luego bajo el trasluz de cada caso particular, podría increparse al juez por no comprometerse con el decreto de pruebas oficiosas, evento en el cual, como ha dicho la Corte desde hace tiempo ya, incurriría en error de derecho por desconocer el contenido del artículo 180 del C. de P. C.”.
Por tanto y exceptuando aquellos eventos donde la práctica de determinada prueba ésta prevista como un imperativo legal concreto, conviene precisar que si bien el juez tiene la facultad-deber de decretar pruebas de oficio, la misma no puede interpretarse como un mandato absoluto o fatalmente impuesto en todos los casos , dado que aquél sigue gozando de una discreta autonomía en la instrucción del proceso y en esa medida, no siempre que se abstenga de utilizar dicha prerrogativa, incurre en un yerro de derecho.
Ello, porque hay eventos en los cuales la actitud pasiva, de la parte sobre quien pesa la responsabilidad de demostrar determinado supuesto de hecho, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones o de las defensas o excepciones, por haber inobservado su compromiso al interior de la tramitación y en las oportunidades previstas por el legislador , particularmente en aquellos asuntos en los que la controversia versa sobre derechos disponibles.
Bajo esas consideraciones, para que a través del recurso extraordinario de casación pueda acusarse eficazmente una sentencia de haber incurrido en error de derecho respecto de una prueba y, más concretamente, por no haber decretado alguna de oficio dentro de la discrecionalidad que le es propia al juzgador, es requisito inexcusable su existencia o que de ella se tenga conocimiento en el expediente y que su falta de evacuación no sea imputable a manifiesta negligencia de la parte a cuyo cargo se halla , porque como lo ha dicho la Sala, “la carencia de diligencia de la parte en cuestiones probatorias, no conduce a que el juzgador se vea obligado inexorablemente a actuar por ella mediante el decreto oficioso de pruebas” (CSJ SC 25 ene. 2008, rad. 2002-00373-01) » (CSJ SC5237-2018, 7 dic.).
5. Conclusión.
Dado que el siniestro alegado en la demanda no armoniza con la descripción de los riesgos asumidos por las coaseguradoras, la eventual prosperidad de los ataques no comportaría la modificación de lo decidido por el tribunal, de modo que aquellos carecen de aptitud para quebrar la sentencia de segunda instancia.
Además, las alegaciones relacionadas con el uso indebido del anticipo por parte de Aocisa, no fueron esgrimidas en la oportunidad debida, y riñen con el caudal probatorio, que permite inferir razonablemente que el anticipo fue invertido en los costos y gastos propios de la obra, de manera que el patrimonio asegurado no parece haber sufrido desmedro por esa causa.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 3 de septiembre de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso verbal que promovieron Dragados IBE Sucursal Colombia y Concay S.A., integrantes del Consorcio Dragados Concay, contra Segurexpo de Colombia S.A. y Liberty Seguros S.A.
SEGUNDO. CONDENAR a las demandantes al pago de las costas procesales. En la liquidación respectiva, inclúyase el monto de $6’000.000, que el Magistrado sustanciador señala como agencias en derecho.
TERCERO. Remítase oportunamente la foliatura a la autoridad judicial competente.
Notifíquese y cúmplase
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC3893-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2020-10-15. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2015-00826-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3893-2020%20%5B2015-00826-01%5D).
