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clave: "corte_suprema:providencia:SC3892-2020 [2017-03567-00]"
titulo: "Corte Suprema: la motivación de la sentencia es una exigencia que se entronca con el propio Estado Social de Derecho"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2020-10-16"
radicado: "2017-03567-00"
numero: "SC3892-2020"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: la motivación de la sentencia es una exigencia que se entronca con el propio Estado Social de Derecho

- **Título oficial / radicado:** SC3892-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2020-10-16
- **Radicado:** 2017-03567-00
- **Número:** SC3892-2020
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3892-2020%20%5B2017-03567-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3892-2020%20%5B2017-03567-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIwL0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS8xMC4tIE9jdHVicmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzM4OTItMjAyMCBbMjAxNy0wMzU2Ny0wMF0uZG9j/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Debe precisarse que para que la causal de nulidad procesal se estructure debe provenir del incumplimiento del deber de fundamentar en forma adecuada las decisiones, hipótesis en las que cabe la motivación meramente aparente, como cuando se dejan de lado los aspectos centrales de la controversia, y la ausencia de argumentación.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1563 de 2012
- Ley 222 de 1995
- Ley 270 de 1996

## Extracto

El motivo de revisión consagrado en el numeral octavo del artículo 380 del estatuto procesal civil refiere a la nulidad que surge en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelación o de casación, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deberá alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que si la respectiva impugnación no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio. Verbigratia , en CSJ SC10223-2014, 1 ago., se dijo: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 359 del Código General del Proceso, se condena a la parte recurrente al pago de las costas y perjuicios causados con esta actuación. Por consiguiente, esa motivación debe ser concreta y en relación con el caso, porque la jurisprudencia debe ser concebida desde el problema y “sus conceptos y sus proposiciones tienen que estar ligados de modo especial con el problema” .

## Cita textual

> la imputación a la convocante de no haber honrado la obligación de aportar ‘su know how en la construcción de obras civiles’, no puede considerarse como el incumplimiento de una obligación esencial

## Texto del documento

Radicación n.° 11001-02-03-000-2017-03567-00
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC3892-2020
Radicación n.° 11001-02-03-000-2017-03567-00
(Aprobado en sesión de seis de agosto de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veinte (2020).
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 278-2 del Código General del Proceso, se decide en forma anticipada el recurso extraordinario de revisión que formuló La Primavera Desarrollo y Construcción S. en C. (en adelante, La Primavera) frente a la sentencia de 26 de septiembre de 2017, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el trámite de anulación del laudo arbitral que dirimió el conflicto suscitado entre Emporio Empresarial del Meta S.A.S. y la impugnante.
ANTECEDENTES
1. El laudo arbitral.
Previa convocatoria por parte de Emporio Empresarial del Meta S.A.S., el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá designó árbitro único, con el propósito de zanjar el conflicto que surgió entre los aludidos entes societarios en desarrollo de un contrato de cuentas en participación, « cuyo objeto consistió en la ejecución de obras sobre el lote de terreno urbano ubicado en la Calle 15 No. 1BR Santa Librada, del municipio de Villavicencio (...) , en el cual se desarrollaría un megaproyecto con desarrollo urbanístico multipropósito que constaría de oficinas, locales comerciales y vivienda ».
El 23 de marzo de 2017 se profirió el laudo arbitral, declarando que « La Primavera Desarrollo y Construcción S. en C. es civilmente responsable por incumplimiento de sus deberes y obligaciones como socio participante del contrato de cuentas en participación suscrito con Emporio Empresarial del Meta S.A.S., con fundamento en la responsabilidad civil contractual por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el negocio jurídico celebrado el 11 de junio de 2012, modificado mediante otrosí suscrito el 7 de noviembre de 2012 ».
Asimismo, se condenó a la convocada a « pagar a Emporio Empresarial del Meta S.A.S. la suma de $54.615.231.450, por el valor de los perjuicios patrimoniales ocasionados por el
incumplimiento del contrato
de cuentas en participación, suma que indexada a la fecha asciende a $55.989.044.321 », y a « entreg[ar] a Emporio Empresarial del Meta S.A.S. los diez parqueaderos pactados en el otrosí suscrito el 7 de noviembre de 2012 ».
2. El recurso de anulación.
Contra la decisión del árbitro único, la parte vencida formuló el remedio previsto en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, esgrimiendo cuatro cargos distintos, dos de ellos al amparo del numeral 9[footnoteRef:1] del precepto 41 ibidem , y las restantes por la senda de las causales séptima[footnoteRef:2] y octava[footnoteRef:3] de la misma normativa. [1: «Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento».] [2: «Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo».] [3: «Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral».]
En la providencia que desató ese medio de impugnación, se compendiaron los aludidos reparos, así:
(i) Primer cargo (causal séptima):
« Se quejó la sociedad demandada de que el árbitro falló en equidad porque (a) redujo a un 65% –y no a otro porcentaje– el quantum de la indemnización, lo que hizo en forma arbitraria y con fundamento en el personal criterio de equidad del árbitro; (b) aplicó el artículo 283 del C.G.P., sin reparar en que esa norma no es aplicable a los arbitramentos en derecho; (c) desestimó la excepción de inexistencia del derecho reclamado, al concluir que la obligación de no reunirse los contratantes debe pagarse con la propiedad del 20% del proyecto, pese a que la sociedad convocante no aportó más que el corretaje estimado en $60.0000.000, amén que fue ella la parte que primero incumplió y que, en cualquier caso, la obligación de la convocada aún no era exigible, todo lo cual incidió en la determinación de la secuencia de las obligaciones a cargo de las partes ».
(ii) Segundo cargo (causal octava):
« según el impugnante, existen disposiciones contradictorias en la parte motiva de la decisión, que fueron determinantes de la negativa de la excepción de contrato no cumplido, porque el árbitro único afirmó y negó –a un mismo tiempo– la importancia y la existencia de la obligación que tenía la sociedad convocante de aportar el know how.
Para justificar su cuestionamiento, el recurrente precisó cuáles eran las obligaciones de la sociedad Roa Velásquez Asociados S.A.S. (sic) en el contrato de cuentas en participación que celebró con La Primavera Desarrollo y Construcción S. en C., para destacar que la gestión en la ubicación y negociación de la adquisición del bien inmueble en el que se desarrollará el proyecto y la aportación del know how en la construcción de obras civiles, darían lugar al reconocimiento de un 20% sobre el total de los metros construidos vendibles, razón por la cual, si el árbitro consideró que el último de esos deberes de prestación carecía de importancia, o había sido desistido tácitamente por las partes, la condena solo pudo ascender a $60.000.000, que fue el monto en el que se avaluó “la intermediación en la compra del terreno”, por lo que jampas pudo ser [la condena, se aclara] de $54.615.231.450.
En opinión del censor, la primera de tales obligaciones corresponde a un corretaje, mientras que la segunda da lugar a una relación de colaboración, por lo que si el tribunal arbitral redujo a cero la segunda de ellas, al darla por inexistente o desistida, “quedó atrapado en una paradoja insuperable”, pues eliminó el contrato de cuentas en participación para reducirlo a una mera relación de corretaje, dejando así sin explicación el reparto de los beneficios en cuantía superior a $54.000 millones de pesos.
Se dio luego el recurrente a la tarea de cuestionar las conclusiones del tribunal, según las cuales la obligación de aportar el know how era intrascendente o, cuando menos, fue desistida por los contratantes. Con ese propósito, resaltó algunos apartes de las consideraciones del laudo, para señalar que el árbitro afirmó la existencia de la obligación de aportar el know how, para luego negar su importancia –e incluso su vigencia–, todo con el fin de desechar la excepción de contrato no cumplido, aunque el propio árbitro aceptó que esa prestación no fue cumplida por la sociedad convocante.
Agregó que esa obligación no puede ser y no ser al mismo tiempo, por lo que el silogismo del tribunal rompe las reglas de la lógica, en la medida en que, según él, “solo una obligación que existe puede ser incumplida; como la de aportar el know how, a pesar de estar pactada, no existe o no era necesaria o fue desistida tácitamente, no podía ser incumplida”. Empero, pese a ello reprochó a la sociedad convocante que nunca hubiera intentado aportar el saber hacer, no obstante lo cual desestimó la defensa aludida.
En síntesis, “nos quedamos entonces sin saber al fin si la obligación existe, pues el tribunal afirma y niega su existencia al mismo tiempo, la niega para descartar su incumplimiento y afirma la existencia para exigir al deudor Primavera que hiciera una oferta, y al acreedor Emporio Empresarial del Meta S.A.S. para que exigiera su cumplimiento, a la par que afirma y niega la necesidad de Primavera de recibir el aporte de know how”.
Insistió en que hubo un error lógico al concluir que la obligación de aportar el know how fue desistida, y al propio tiempo, afirmar su inexistencia por incapacidad de cumplir, contradicción insalvable que, según el recurrente, sube de tono cuando el tribunal acometió el estudio de la reparación, a propósito del cual pregonó el incumplimiento de la obligación en cuestión, pero se negó el triunfo de la excepción de contrato no cumplido ».
(iii) Tercer y cuarto cargo (causal novena):
« El impugnante cuestionó el laudo por incongruencia derivada del reconocimiento oficioso del mutuo disenso tácito y del aporte de derechos de propiedad. En cuanto a lo primero, sostuvo que “el árbitro único atrapó (sic) indebidamente competencia para dar por recíprocamente desistida y abandonada la obligación de aportar el know how asumida por el convocante Emporio Empresarial del Meta S.A.S., pese a que ninguna de las partes lo solicitó.
Respecto de lo segundo, afirmó que el árbitro sobrepujó “el único aporte” que cumplió la demandante, “para hacerle decir que prácticamente ella era la dueña del lote y que aportó la propiedad...”, o que “fue aportante de derechos de crédito sobre el inmueble”, sin que ello hubiere sido alegado en la demanda, por lo que ese hecho no podía ser considerado como un componente fáctico del proceso ».
3. La sentencia impugnada en revisión.
Mediante fallo de 26 de septiembre de 2017, el Tribunal Superior de Bogotá declaró infundado el recurso de anulación que formuló La Primavera contra el laudo arbitral al que se hizo previa referencia. Lo anterior, con apoyo en estos razonamientos:
(i) Con relación al primer cargo:
« La simple lectura de los reproches, y en general de la censura propuesta, da cuenta de que, en últimas, la demandada discrepa abiertamente del planteamiento jurídico del árbitro, de su interpretación jurídica y de la valoración que hizo de las pruebas, sin que el ímpetu de los argumentos expuestos permita afirmar que el laudo se adoptó en conciencia o en equidad, y no en derecho.
En efecto, se sabe que el laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico (Ley 1563 de 2012, art. 1), según que los árbitros soporten su decisión en el derecho positivo vigente, en el sentido común y la equidad, o en sus específicos conocimientos de determinada ciencia, arte u oficio. Dicho de manera breve, si el arbitraje es en derecho, los árbitros, como los jueces del Estado, se encuentran sometidos al imperio de la ley, por lo que su decisión debe materializar el sentido de justicia plasmado por el legislador en las normas que expide, a las cuales debe plegarse; por el contrario, en el arbitraje en equidad, el juzgador puede decidir según las normas que le dicte su conciencia, según su personal sentido de la justicia y con abstracción del ordenamiento jurídico.
(...) Por supuesto que, al amparo de la causal de anulación prevista en la norma aludida, consistente en haberse fallado en conciencia o en equidad, debiendo ser en derecho, no puede el recurrente debatir la valoración de las pruebas efectuadas por los árbitros, como tampoco –en general– la aplicación o interpretación de la ley sustancial que consideraron pertinente para la solución del litigio, que es lo que, en últimas planteó la sociedad demandada.
En este orden de ideas, examinado con detenimiento el laudo arbitral, bien pronto se advierte que la decisión se fundamentó en las normas jurídicas vinculadas al litigio (C. Pol., arts. 13 y 133; C. Co., arts. 2, 98, 242, 243, 501, 504, 507, 509, 510, 822, 870 y 899; C. C., arts. 509, 1546 y 1609; C.G.P., arts. 211, 267 y 283, Ley 222 de 1995 y 1528 de 2008, entre otros), en antecedentes jurisprudenciales sobre el contrato de cuentas en participación la interpretación de negocios jurídicos, la excepción de contrato no cumplido y la reparación del daño, lo mismo que en un escrutinio –conjunto– de las pruebas aportadas y practicadas, sin que las consideraciones del árbitro luzcan, menos aún de manera manifiesta (como lo exige el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012), como cavilaciones de su propia conciencia, ayunas de soporte legal, ajenas por completo al ordenamiento jurídico.
Y como el tribunal, se insiste una vez más, no puede ocuparse del fondo del asunto, ni de valorar las pruebas recaudadas, no le es dable, entonces, verificar si fue correcta la reducción del monto de la reparación, si hizo bien el árbitro en desestimar la excepción de inexistencia del derecho reclamado y si fue apropiado su escrutinio probatorio en lo tocante al orden en el que debían cumplirse las obligaciones de los contratantes, en atención a la exigibilidad de cada una de ellas.
Pero además, la Sala destaca que el recurrente parte de una premisa equivocada, porque no es posible sostener, desde ningún punto de vista, que los árbitros habilitados para fallar en derecho no puedan exponer razones de equidad para justificar su decisión. Por el contrario, que deben hacerlo se desprende de la propia Constitución Política, cuyo artículo 230 establece que “la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”. Más aún, en desarrollo de ese mandato, el artículo 280 del C.G.P. puntualiza que la sentencia –léase laudo– debe c

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

el punto de vista procesal, necesario resulta apartarme de ese argumento, toda vez que en sentencia de revisión del 29 de agosto de 2008 (SR-085-2008), esta Corporación precisó, previo estudio de la evolución que ha tenido ese motivo invalidatorio en el ámbito internacional, en la práctica judicial y en las diversas decisiones que en sede de tutela esta Sala ha prohijado con miras a exigir de los jueces el acatamiento al deber de motivación de los fallos, que la referida anomalía sí es detonante para retirar del ordenamiento un proveído carente de una verdadera fundamentación.
En efecto, en tal oportunidad la Corte anotó que:
La muestra recogida, evidencia de manera ostensible la imposibilidad de ocultar que los defectos de argumentación son y han sido causa de aniquilación de los fallos judiciales. Además, la recensión hecha demuestra abrumadoramente el efecto deletéreo que tiene sobre una sentencia el déficit absoluto de argumentación y cómo a pesar de que en todos los casos examinados en sede constitucional las providencias mostraban objetivamente unas razones, ellas fueron obviamente, inaceptables por insuficientes, precarias o contradictorias como ya se vio. Por supuesto que en tales casos la presencia objetiva de argumentos no fue bastante para dar por cumplida la exigencia de motivar, pues en cada caso se determinó que los argumentos eran intolerables, y apenas cumplían como la apariencia .
Y agregó:
Se ha dicho usualmente que la nulidad originada en la sentencia, cuando de argumentación se trata, supone la ausencia total de motivación. No obstante, en ese contexto casi sería imposible hallar una sentencia totalmente carente de razones, lo cual impone que en el camino de aplicar la carencia de argumentos como fuente de la nulidad de la sentencia, sea necesario un esfuerzo adicional, ya que normalmente los juzgadores abonan algunos motivos para decidir, de modo que resultaría estéril la búsqueda de una sentencia radicalmente ayuna de fundamentos. A partir de esta circunstancia, parece necesario dejar sentado como premisa, que no basta la presencia objetiva de argumentos en la sentencia para que el fallo quede blindado y a resguardo de la nulidad, pues la mirada debe penetrar en la médula misma del acto de juzgamiento, para averiguar si la motivación puesta apenas tiene el grado de aparente, y si de ese modo puede encubrir un caso de verdadera ausencia de motivación ; (SCR, 29 de agosto de 2008, rad. 11001-02-03-000-2004-00729-01).
La razón de ser de la aludida carga argumentativa que tiene el funcionario judicial obedece a la necesidad de control que también recae en la jurisdicción, la cual satisface en tanto hace visibles las razones tenidas en cuenta en la adopción de una determinada resolución, lo que, por contera, deja ver que no se trata de una disposición arbitraria ni caprichosa propia de pretéritas centurias.
Corresponde, por ende, a un mecanismo legitimador del estamento administrador de justicia, reflejado en el análisis objetivo, reflexivo y jurídico de los elementos de juicio incorporados al plenario, en relación con el litigio sometido a su conocimiento. Efectivamente:
(…) el principio de la motivación de la sentencia no aparece en forma expresa en la Constitución Política de 1991 (…)»; empero « (…) surge del principio de publicidad de la actuación judicial, explícitamente reconocido por los artículos 29 y 228, porque con ella se da a la luz, a la publicidad, las razones de convencimiento que tuvo el juez para adoptar la decisión, permitiendo desterrar de la sentencia la discrecionalidad y la arbitrariedad, haciendo de ella una obra razonable y racional (no emocional), que por contera garantiza el control del fundamento de la decisión por las partes, el juez de la impugnación y la opinión pública en general, según explicación de Liebman. De manera que la motivación de la sentencia es una exigencia que se entronca con el propio Estado Social de Derecho, en tanto se constituye como un factor legitimante de la actividad judicial, siempre y cuando guarde coherencia y tenga fuerza persuasiva, pues a partir de ella se hace la jurisprudencia, que no es otra cosa que el imperio de la ley aplicado al caso particular. Por consiguiente, esa motivación debe ser concreta y en relación con el caso, porque la jurisprudencia debe ser concebida desde el problema y “sus conceptos y sus proposiciones tienen que estar ligados de modo especial con el problema” . (CSJ SC 072 de 24 de agosto de 1998, rad. nº 4821).
Además, como esta Sala doctrinó el concepto de deficiencias graves de motivación de un fallo, en sede constitucional -en donde el defecto debe tener ribetes protuberantes- y como máximo juez de la jurisdicción ordinaria en la especialidad civil, comercial, agrario y de familia, para explicar que sí constituye motivo de nulidad procesal; si de abandonar esa tesis se trataba menester era recoger expresa y detenidamente la nueva posición, lo que no contiene la sentencia de ahora.
Es que omitir dicha argumentación genera inseguridad jurídica para la comunidad judicial y académica, máxime por la existencia de precedentes en sentido contrario a la idea expuesta en la providencia objeto de aclaración (sentencias STC2967 de mar. 11 de 2014, rad. 2014-00257-00 y STC3271 de mar. 17 de 2014, rad. 2014-00388-00).
Fecha ut supra.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
MAGISTRADO: OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
RADICACIÓN 11001-02-03-000-2017-03567-00
Estoy de acuerdo con la decisión de declarar infundado el recurso de revisión en el asunto de la referencia, que se planteó con base en la causal octava del artículo 355 del Código General del Proceso, dado que la carga que extraña la recurrente sí se cumplió.
No obstante, como en la parte considerativa se expuso que las deficiencias graves de motivación no conducen a la anulación de la sentencia desde el punto de vista procesal, debo hacer una precisión para decir que semejante afirmación va en contravía del criterio acogido por la Sala en casos anteriores.
Al efecto, en CSJ SC 29 ago. 2008, rad. 2004-00729-01, se abrió la posibilidad de cuestionar los graves defectos de argumentación de la sentencia por la causal de nulidad prevista, en ese momento, en el numeral octavo del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que es la misma que subsiste en el numeral octavo, artículo 355 del Código General del Proceso, tesis reiterada en SC 1° jun. 2010, rad. 2008-00825-00, SC12377-2014, entre otras, por lo que en CSJ SC5408-2018 se llamó la atención en cuanto a que esa postura constituye doctrina probable en los términos del artículo 4º de la Ley 169 de 1896.
En ese contexto, no puede afirmarse que las deficiencias graves de motivación de la sentencia están fuera del ámbito de la causal octava de revisión, porque semejante aserto pasa por alto la posición que al respecto ha acogido la Sala, la cual permanece vigente.
Es por eso que aclaro el voto.
Fecha, ut supra.,
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC3892-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2020-10-16. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2017-03567-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3892-2020%20%5B2017-03567-00%5D).
