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clave: "corte_suprema:providencia:SC3675-2021 [2013-00381-01]"
titulo: "Corte Suprema: se delimita por las pretensiones y las excepciones probadas o que deben ser alegadas"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-08-24"
radicado: "2013-00381-01"
numero: "SC3675-2021"
ponente: "Luis Armando Tolosa Villabona"
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# Corte Suprema: se delimita por las pretensiones y las excepciones probadas o que deben ser alegadas

- **Título oficial / radicado:** SC3675-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-08-24
- **Radicado:** 2013-00381-01
- **Número:** SC3675-2021
- **Ponente:** Luis Armando Tolosa Villabona
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3675-2021%20%5B2013-00381-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3675-2021%20%5B2013-00381-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBMdWlzIEFybWFuZG8gVG9sb3NhIFZpbGxhYm9uYS84Li0gQWdvc3RvL1NlbnRlbmNpYXMvU0MzNjc1LTIwMjEgWzIwMTMtMDAzODEtMDFdLmRvY3g%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Se delimita por las pretensiones y las excepciones probadas o que deben ser alegadas, compensación y nulidad relativa.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Constitución Política

## Extracto

El problema se presenta cuando se desborda o recorta ese marco decisorio. El error de actividad o de procedimiento, por lo tanto, no se configura. Entendió fundado el incumplimiento en la toma escalonada del servicio por Cencosud Colombia S.A., a partir del 4 de marzo de 2013, y en la falta de preaviso a Impulso y Mercadeo S.A. de la terminación de lo pactado. Demostrativo de la existencia y constancia del suministro, esto último, en cantidad y cuantía, mes a mes, hasta febrero de 2013, con pocas variables y ninguna considerable. Los documentos solo hablaban de un cronograma para desmontar los servicios prestados.

## Cita textual

> no es un acta porque no está firmada por nosotros debe ser un memorial interno de ellos porque nosotros nunca recibimos eso

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Radicación: 11001-31-03-001-2013-00381-01
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Ponente
SC3675-2021
Radicación: 11001-31-03-001-2013-00381-01
(Aprobado en Sala virtual de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno)
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Se decide el recurso de casación interpuesto por Impulso y Mercadeo S.A., respecto de la sentencia de 9 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso incoado por la recurrente contra Cencosud S.A.
1. ANTECEDENTES
1.1. Petitum . Declarar la existencia de un contrato indefinido de suministro, desde 1998, y su incumplimiento, a partir del 4 de marzo de 2013, por la demandada. Como secuela, su terminación y la condena a pagar perjuicios.
1.2. Causa petendi . El objeto del convenio consistió en prestar asistencia logística integral y surtir góndolas en las tiendas y supermercados de la interpelada en todo el territorio nacional. Comprendía trasladar, organizar, acomodar y exhibir las mercancías que comercializaba.
El precio estipulado lo facturaba la pretensora cada mes a los proveedores de la accionada de acuerdo con la hora persona suministrada. Esta última, por su parte, pagaba a aquella lo facturado mensualmente.
En el 2009, la encausada vinculó a otro suministrador del servicio de asistencia logística integral y redujo en un 50%, la participación de la precursora. Y a finales de 2010, se discutió, modificó y aprobó el borrador de un contrato, el cual, finalmente, no fue firmado.
El 8 de enero de 2013, la convocada indicó que manejaría la operación. El 28 de enero, comunicó el plan de toma de almacenes. Y el 30 de enero, vía correo electrónico, remitió el acta de la reunión sin las firmas de los asistentes ni con las inconformidades expresadas por la demandante.
Por el mismo canal, el 20 de febrero, la querellada informó que aplicaría la estrategia en seis tiendas a partir del 4 de marzo. Lo hizo con empleados de la actora, sustraídos con mejores ofertas salariales y extralegales.
El 15 de marzo, por primera vez, la denunciada notificó la determinación unilateral de dar por terminado el negocio celebrado. En la misma fecha remitió el cronograma de disminución del servicio y sus modificaciones fueron noticiadas el 24 de abril y 14 de mayo.
La toma directa de la operación logística, en definitiva, se ejecutaría: El 19% en marzo, el 34% el 6 de mayo, el 18% el 15 de mayo, y el 29% el 1° de junio. En la fecha de la demanda, 31 de mayo, ya cobijaba el 71%.
El contrato de suministro, entonces, fue desatendido por la demandada, omitió el preaviso de extinción para asumir paulatinamente la actividad de su contraparte.
La conducta de la pasiva causó perjuicios. La demandante, en efecto, tuvo que indemnizar a sus trabajadores. Además, dejó de percibir utilidades.
1.3. Réplica . La convocada negó que se haya sustraído a cumplir. En enero de 2013, dijo, con adecuada antelación, había comunicado la voluntad de terminar la relación.
1.4. Fallo de primer grado . El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, el 9 de junio de 2015, declaró la existencia del contrato y su terminación unilateral por la actora. No así, el incumplimiento imputado.
Señaló que la intimación de fulminar el suministro se llevó a cabo en las reuniones bilaterales de 8 y 28 de enero de 2013. Todo, con la suficiente anticipación de cuatro meses. Más, cuando fue escalonado a partir del 4 de marzo.
1.5. Sentencia de segunda instancia . Confirmó la decisión por apelación de la accionante.
1.5.1. Según el Tribunal, el reproche de incongruencia era inexistente. Las pretensiones se sustentaron también en falencias del preaviso para poner fin a la relación sustancial. Y en la “ fijación del litigio ” no se hizo reparo alguno. La toma parcial de la operación logística, por tanto, no constituía la causa exclusiva de la demanda.
Las súplicas tampoco fueron alteradas ante el orden de las respuestas. Así se haya abordado primero la terminación de la relación y luego su incumplimiento, lo importante era la decisión de todo el litigio.
1.5.2. La alegación sobre la ausencia de requisitos para fulminar unilateralmente el contrato no prosperaba. La duración era indefinida y esto habilitaba a cualquiera de las partes para extinguirlo, mediando preaviso razonable.
Gerardo Ignacio Cabrera Falla, representante de la convocante, reconoció el hecho en el interrogatorio. Señaló que, en reunión de 8 de enero, se habló de “ desmontar la operación ” de manera “ gradual ”. Esto desvirtuaba que fuera solo para “ estudiar ”, “ evaluar ” y “ analizar ” el tema. A la par, permitía superar cualquier falencia en las comunicaciones, como la falta de firma. En definitiva, “ sí hubo una voluntad, así fuere tácita, para terminar la relación comercial ”.
La data de culminación aparecía reflejada. Los correos electrónicos enviados por Ana María Mantilla Gómez a Carlos Eduardo Correa Benítez y Gerardo Ignacio Cabrera Falla, contenían el cronograma de disminución y de expiración total. Esto último el 22 de mayo, luego, el 1º de junio y la operación “ bazar ” y “ vive chévere ”, en diciembre.
Ninguna duda abrigaba la actuación de Mantilla Gómez para “ convenir ” en nombre de la demandada. El poder general contenido en la escritura pública 217 de 23 de enero de 2013, protocolizada en la Notaría Treinta y Siete de Bogotá, indicaba la facultad para “ celebrar toda clase de arreglos (…) con los proveedores, contratistas o terceras personas naturales o jurídicas ”.
1.5.4. El alegato acerca del impacto en la uniformidad y permanencia del personal para la operación logística y su desmonte, como causa de incumplimiento, estuvo ayuno de prueba. En el contrato, por el contrario, no se pactó “ cuantía del suministro ”; y conforme al “ material probatorio ”, fluctuaba y variaba con las temporadas del mercado.
1.6. Demanda de casación . La actora recurrente formuló cinco cargos sustanciados bajo la égida del Código General del Proceso, con réplica de la otra parte. La Corte, ante todo, abordará el estudio del cuarto por denunciar un vicio de actividad; luego, los demás, en el mismo orden, aunque conjuntados el segundo, tercero y quinto.
2. CARGO CUARTO
2.1. Acusa de incongruente la sentencia con los hechos y las pretensiones de la demanda.
2. Sostiene la impugnante que las razones blandidas por el Tribunal para concluir en la consonancia del fallo apelado, no se ajustaban a la realidad.
2.2.1. Las peticiones se basaron en el “ incumplimiento de prestaciones a cargo de la demandada ”. De manera alguna refirieron la “ falta de un preaviso de terminación ”.
Consistía en la toma de seis tiendas a partir del 4 de marzo de 2013, para la fecha de la demanda, el equivalente al 71%; esto implicaba que la interpelada dejó de solicitar el personal que habitualmente se le suministraba.
Si bien el hecho de falta de preaviso se expuso, fue malentendido. Se mencionó solo como una “ circunstancia adicional o complementaria a la toma directa o eliminación paulatina o gradual del servicio de operación logística ”.
2.2.2. El juzgador, por último, decidió la terminación unilateral del contrato en junio de 2013. Empero, las pruebas documentales apreciadas para el efecto no fueron señaladas en la demanda como “ motivantes ”.
2.3. Solicita casar la sentencia del Tribunal y proceder de conformidad.
3. CONSIDERACIONES
3.1. La actividad de los juzgadores de instancia no es irrestricta o absoluta. Se delimita por las pretensiones y las excepciones probadas o que deben ser alegadas, como la prescripción, compensación y nulidad relativa. Se restringe también a los hechos en que unas y otras se fundamentan.
3.1.1. Los artículos 305 del Código de Procedimiento Civil y 289 del Código General del Proceso, así lo consagran. En su tenor, la « sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley ».
La Corte tiene sentado que «[a] la luz del principio dispositivo que rige primordialmente el procedimiento civil, debe el juez, al dictar el fallo con el cual dirime la controversia, respetar los límites o contornos que las partes le definen a través de lo que reclaman (pretensiones o excepciones) y de los fundamentos fácticos en que se basan ante todo los pedimentos, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso, o de pretensiones que, no aducidas, asimismo deben declararse oficiosamente por el juez »[footnoteRef:1]. [1: CSJ. Casación Civil. Sentencia de 24 de febrero de 2015, expediente 00108.]
Se trata de una regla con raigambre constitucional. Controla los eventuales caprichos o arbitrariedades de los falladores y garantiza los caros derechos fundamentales de defensa y contradicción. A su turno, permite a los litigantes saber de antemano que no van a quedar expuestos a decisiones sorpresivas, súbitas e intempestivas.
3.1.2. El problema se presenta cuando se desborda o recorta ese marco decisorio.
(i) La incongruencia objetiva (atinente al petitum ), ocurre en los eventos en que se peca por exceso (extra o ultra petita ) o por defecto ( citra petita ). Se predica de los fallos total o parcialmente estimatorios, porque son los únicos que permiten mensuras de esa naturaleza.
(ii) En cambio, la disonancia fáctica (concerniente a los hechos), cobija tanto a las sentencias condenatorias o mixtas, como a las absolutorias. La razón estriba en que las cuestiones de hecho fijadas preceden a las decisiones y de ser incongruentes arrasarían con todas éstas.
Tiene lugar frente a la invención o imaginación de hechos. Es el abandono de los aducidos por las partes para apalancar sus aspiraciones. Cuando el juez, dice la Corte, al «considerar los hechos sustentantes de la pretensión, no hace cosa distinta a la de despreocuparse de la demanda para tomar únicamente en cuenta aquellos que, de acuerdo con su personal criterio, resultan dignos de ser valorados »[footnoteRef:2]. [2: CSJ. Civil. Sentencias de 007 de 7 de febrero de 2000, 166 de 24 de noviembre de 2006 y de 22 de abril de 213 (expediente 9188), entre otras.]
Se diferencia de la pretermisión o tergiversación de hechos, caso en el cual, no hay suplantación fáctica. Simplemente, respecto de las mismas circunstancias expuestas como fundamento de las pretensiones o excepciones, se omiten o se les asigna una inteligencia distinta. Ahí el problema sería de juzgamiento por error de hecho en la apreciación de la demanda o su contestación.
(iii) Lo discurrido se explica en la forma de reparar las fallas de incongruencia. En la objetiva, la sentencia se mantendría, pues se supone acertada la respuesta, solo que diminuta o excesiva. En la fáctica, simplemente, no habría decisión, en tanto, la equivocación recaería en los hechos imaginados o inventados, y no en lo resuelto o adoptado.
Ese ha sido el pensamiento de la Corte. “ [E]n el primer evento, todo se concretaría a eliminar lo concedido por fuera o por encima de lo pedido, a reducir la condena a lo probado o a completar los faltantes; en la segunda, a retirar el cuadro factual adicionado arbitrariamente por el juzgador, junto con los efectos jurídicos atribuidos »[footnoteRef:3]. [3: CSJ. Sala Civil. Sentencia de 21 de junio de 2016, expediente 00043.]
Si nada al respecto se procura, las eventuales faltas no serían de actividad, sino de la estructura y fundamentos de las decisiones, las cuales, son atacables en casación por las vías diseñadas para enrostrar errores de juzgamiento.
3.1.3. Frente a lo anterior, la incongruencia denunciada en el cargo no se estructura.
(i) El contraste alrededor del contrato de suministro se circunscribe a tres decisiones confirmadas por el Tribunal. La declaración de existencia, el negado incumplimiento y el aval acerca de su terminación unilateral.
Las dos últimas agravian a la recurrente. La primera a ninguno de los contendientes perjudica, además, es un hecho totalmente pacífico en el proceso, el reconocer la relación sustancial como el antecedente necesario para hablar de incumplimiento o del preaviso de terminación.
(ii) Lo dicho significa que la declaración de extinción unilateral del convenio no ha podido ser solicitada por el extremo demandante. Su fundabilidad, en línea de principio, enervaría cualquier desatención contractual porque una cosa es la fulminación propia e incausada del negocio de suministro, lo cual supone cumplimiento de quien lo preavisa, y otra la terminación por incumplimiento. El juzgado, en la decisión confirmada por el superior, negó esto último, ciertamente, ante la presencia del preaviso.
La decisión de declarar terminada de “ manera unilateral ” la relación sustancial, por tanto, tuvo que ser instada por la pasiva. Así ocurrió. En la misma demanda de casación, la censura, reconoce, aquél extremo adujo que el “ p

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

currido el 8 de enero, en “ máximo (…) cuatro meses ”.
7.4.3.3. La alegación sobre que la persona interviniente en nombre de Cencosud Colombia S.A., la abogada Ana María Mantilla Gómez, carecía de facultades para decidir la terminación unilateral del contrato, supone que la notificación extintiva, con todos sus requisitos, en efecto, fue realizada, solo que sin efectos vinculantes.
Es cierto, como se pone de presente en la acusación, el preaviso de 8 de enero de 2013, es anterior al poder general de 23 de enero, así como al registro, el 1º de febrero, en la Cámara de Comercio. Es verdad, también, que entre las facultades no aparece expresamente la de disponer la terminación unilateral del contrato, como tampoco la de convenir la forma como se llevaría a cabo. La facultad era para poner fin a diferencias. Los hechos así fijados, sin embargo, no trascienden la decisión.
Aceptando que la citada abogada, para el 8 de enero de 2013, era completamente extraña y con facultades solo a partir del 23 de enero, en la reunión de aquella fecha participaron, en ejercicio de ciertos cargos dentro de la organización de la interpelada, Adriana del Pilar Hilarión Arango y Franci Elena García Gaitán. En el contexto, el representante de la pretensora tenía la convicción de interrelacionar con la persona jurídica. Como lo señaló en el interrogatorio y se resaltó en la acusación, el “ 8 de enero Grandes Superficies de Colombia nos invitó a una reunión ”.
Los efectos jurídicos del preaviso unilateral, por tanto, son oponibles a la demandante, lo cual, frente a cualquier error probatorio, no hace distinta la decisión. Obsérvese cómo, iniciada la toma paulatina de la operación logística, en las comunicaciones de 4 y 24 de marzo, la legitimación del aviso unilateral de terminación dado con anterioridad de manera alguna se cuestionó. Y en la narración fáctica de la demanda el particular tampoco se desconoció. Así que lo dicho en los cargos sobre que todo se rehusó o protestó no pudo cobijar una cuestión pacífica en su génesis.
7.4.4. Fijado lo acaecido alrededor de la reunión de 8 de enero de 2013, esto habilita examinar si el Tribunal se equivocó al apreciar en lo jurídico el documento asociado, ciertamente, lo confutado en el cargo quinto. Esto, por no aparecer firmado por la parte contra la cual se opone, la demandante, y haberlo ésta, desconocido expresamente.
Lo primero a advertirse es que en el cargo no se cuestiona el envío ni la entrega del instrumento. El problema enarbolado se entronca es con la firma; el cual, si bien, no aparece rubricado o manuscrito por la demandada, no había motivo para desconocerlo. La razón estriba en que el documento contentivo del preaviso unilateral extintivo, que en lo material y objetivo la conclusión al respecto no es contraevidente, no pudo ser de la autoría de la parte recurrente como para predicar que podía desconocerlo.
Los artículos 269 y 272 del Código de Procedimiento Civil y del Código General del Proceso, por tanto, no fueron transgredidos. Asociado con la firma o el manuscrito, las normas exigen que el documento le fuera atribuido a la demandante y, esto en el caso, no aconteció. Trascendente es, lo proveniente de la parte contraria, el aviso de terminación unilateral del contrato, se comunicó; y, en el caso, lo referente a la eficacia jurídica de la prueba de la noticia del preaviso, nada se discute.
7.5. En lo demás, el término indicado, cuatro meses para el desmonte escalonado y total de la operación, no se reprochó insuficiente. Así que debe tenerse por razonable. Por una parte, como el cumplimiento de las prestaciones, facturación y pago del servicio, aparecían reflejadas en periodos mensuales, esto servía de parámetro para avalar dicho lapso, al decir de la Corte, cual arriba se resaltó, porque sigue los “ mismos criterios dispuestos para el cumplimiento de las prestaciones propias del contrato de suministro ”. Esto sin contar que, si el preaviso sucedió el 8 de enero de 2013, para ser ejecutado escalonadamente en cuatro meses, en todo caso, el cronograma para la toma total se extendió hasta comienzos de junio.
7.6. Lo discurrido hasta el momento deja en firme las conclusiones de los juzgadores de instancia, según las cuales, el contrato de suministro del caso no pudo terminar por un incumplimiento resolutorio. Su expiración, simple y llanamente, devino por la voluntad unilateral de una de las partes, Cencosud Colombia S.A., de darlo por terminado.
Lo anterior releva a la Corte de estudiar si el Tribunal incurrió en los demás errores probatorios enrostrados. Inclusive, en la hipótesis de haberse configurado. La razón de ser estriba en que las apreciaciones probatorias que hasta el momento han salido ilesas o indemnes en casación, por sí, son suficientes para seguir sosteniendo la decisión. Como lo tiene explicado esta Corporación:
“ [C]uando la sentencia se basa en varios motivos jurídicos, independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisión jurisdiccional, no es difícil descubrir que, si la censura en casación es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, aún en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada ”[footnoteRef:21]. [21: CSJ. Civil. Sentencia de 3 de junio de 2014, expediente 00218, reiterando sentencia 134 de 27 de junio de 2005 y G. J. Tomos LXXXVIII-596 y CLI-199.]
Con mayor razón, cuando el incumplimiento imputado, el cual quedó descartado, constituía el eslabón para encadenar otros errores denunciados. Su vida pendía de ese hecho, pues hacían relación a los demás requisitos de la responsabilidad; en concreto al daño y a los elementos para liquidar los perjuicios, la “ existencia, regularidad en la cantidad y cuantía del suministro ”, el valor de la “ hora hombre ”, el “ daño y su monto ”; en fin.
7.7. Los cargos segundo, tercero y quinto, en consecuencia, resultan infundados.
8. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, no casa la sentencia de 9 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso incoado por Impulso y Mercadeo S.A. contra Cencosud S.A., antes Grandes Superficies de Colombia S.A.
Las costas en casación corren a cargo de la demandante recurrente. En la liquidación respectiva, inclúyase la suma de seis millones de pesos ($6’000.000), por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que el libelo de casación fue replicado.
Cópiese, notifíquese y cumplido lo anterior, devuélvase el expediente a la oficina de origen.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC3675-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-08-24. C.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Rad. 2013-00381-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3675-2021%20%5B2013-00381-01%5D).
