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clave: "corte_suprema:providencia:SC3666-2021 [2012-00061-01]"
titulo: "Corte Suprema: Artículo 7° La administración de justicia debe ser eficiente"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-09-01"
radicado: "2012-00061-01"
numero: "SC3666-2021"
ponente: "Alvaro Fernando García Restrepo"
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# Corte Suprema: Artículo 7° La administración de justicia debe ser eficiente

- **Título oficial / radicado:** SC3666-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-09-01
- **Radicado:** 2012-00061-01
- **Número:** SC3666-2021
- **Ponente:** Alvaro Fernando García Restrepo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3666-2021%20%5B2012-00061-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3666-2021%20%5B2012-00061-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBBbHZhcm8gRmVybmFuZG8gR2FyY%2B1hIFJlc3RyZXBvLzguLSBBZ29zdG8vU2VudGVuY2lhcy9TQzM2NjYtMjAyMSBbMjAxMi0wMDA2MS0wMV0uZG9jeA%3D%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

Artículo 7° La administración de justicia debe ser eficiente.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 153 de 1887
- Ley 1564 de 2012
- Ley 270 de 1996

## Extracto

Se trata, pues, de una figura singular cuyos perfiles institucionales, muy precisos por cierto dentro de la variada gama de circunstancias que pueden dar lugar a la extinción sobreviniente de relaciones jurídicas de fuente contractual dotadas de plena validez, no permiten mezclarla en ninguna forma con la resolución del artículo 1546 del Código Civil, toda vez que en tanto ésta última se produce por razón del cumplimiento de una condición a la cual el ordenamiento positivo le atribuye ese alcance, vale decir por una causa legal, en la hipótesis del mutuo disenso, por definición, esa causa radica exclusivamente en la voluntad coincidente de las partes interesadas… ”. Ese es el verdadero y único sentido del artículo 1609.

## Cita textual

> Se puede pedir que se declare resuelto el contrato bilateral ‘en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado’, no en caso de no cumplirse por ambos

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Radicación n.° 66001-31-03-003-2012-00061-01
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
SC3666-2021
Radicación n.° 66001-31-03-003-2012-00061-01
(Aprobado en sala de decisión virtual de once de marzo de dos mil veintiuno)
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021).-
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por URIEL DARÍO MUÑOZ SÁNCHEZ frente a la sentencia proferida el 7 de febrero de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso ordinario que adelantó contra INVERSIONES PINILLOS S. EN C. S. , con demanda de reconvención que esta última enfiló respecto de aquél.
ANTECEDENTES
1. Demanda inicial : Mediante libelo que correspondió en reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, se solicitó, en forma principal, declarar que Uriel Darío Muñoz Sánchez -promitente comprador- ha cumplido y está dispuesto a cumplir las obligaciones que convino en el contrato de promesa de compraventa que suscribió con la sociedad Inversiones Pinillos S. en C. S., -promitente vendedora- y que como consecuencia de ello, esta última debe suscribir a favor de aquél, dentro de los seis días siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, la escritura pública que le transfiera el dominio del inmueble al que se refiere el acuerdo de voluntades, y pagarle además, el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total de la compraventa, a título de
cláusula penal
.
Como primera pretensión subsidiaria, se pidió declarar resuelta, por incumplimiento de la convocada, la promesa de compraventa ajustada entras las partes; y como segunda súplica eventual, se reclamó decretar el mutuo disenso del aludido negocio jurídico. Para ambas, se deprecó como corolario, condenar a la enjuiciada a pagar al accionante, la suma de novecientos sesenta y un millones veintiocho mil ochocientos sesenta y seis pesos ($961.028.866), con corrección monetaria; y el treinta por ciento (30%) del valor total de la compraventa, por concepto de
cláusula penal
[footnoteRef:1]. [1: Folios 54 a 56 del c. 1. ]
2. En sustento de dichos pedimentos, se esgrimieron los hechos que a continuación se resumen:
2.1. El 12 de octubre de 2011, Uriel Darío Muñoz Sánchez -promitente comprador- celebró contrato de promesa de compraventa con la sociedad Inversiones Salazar Pinillos S. en C. S. -promitente vendedora-, respecto de un lote de terreno con todas sus anexidades y mejoras, denominado “El Camino” , de 30.212,50 metros cuadrados, ubicado en el municipio de Pereira.
2.2. El valor convenido por el bien fue de mil ochocientos setenta y cinco millones de pesos ($1.875.000.000), que el promitente comprador se obligó a cancelar de la siguiente manera: doscientos millones de pesos ($200.000.000) entregados en efectivo el día en el que se firmó la promesa; ochocientos millones de pesos ($800.000.000), que Uriel Darío Muñoz se comprometió a suministrar, para liberar el predio de procesos judiciales y coactivos en curso; y el saldo de ochocientos setenta y cinco millones de pesos ($875.000.000), pagaderos un año después de suscrita la escritura pública de compraventa, y garantizados con hipoteca a constituirse sobre el mismo inmueble.
2.3. En la fecha indicada para suscribir la escritura pública de compraventa, 10 de noviembre de 2011, no se pudo llevar a cabo ese cometido, porque la vendedora no contaba con paz y salvos del impuesto predial y de valorización, al existir sobre el fundo una deuda de más de ciento treinta millones de pesos ($130.000.000).
2.4. No obstante acordarse una nueva calenda para suscribir el instrumento público (30 de noviembre de 2011), el representante legal de la sociedad demandada, Rafael Armando Salazar Jaramillo, optó por no ir, y a cambio, a través de su abogado informó al promitente comprador que no acudiría a la Notaría hasta tanto no se hubiera registrado en instrumentos públicos la cancelación de todas las medidas cautelares sobre el fundo.
2.5. Uriel Darío Muñoz Sánchez se allanó a cumplir con los compromisos acordados, y por ello, para levantar los gravámenes que pesaban sobre el bien, pagó la suma de setecientos sesenta y un millones veintiocho mil ochocientos sesenta y seis pesos ($761.028.866), que adicionados a los doscientos millones de pesos ($200.000.000) sufragados inicialmente, totalizan novecientos sesenta y un millones veintiocho mil ochocientos sesenta y seis pesos ($961.028.866).
2.6. Pero contrariamente a la actitud del promitente comprador, el representante legal de la convocada manifestó que no suscribiría la escritura pública de compraventa, a menos que se le pagara de inmediato el resto del dinero y la
cláusula penal
, ignorando así que el excedente se cancelaría en un año, y que para garantizar su cumplimiento se constituiría una hipoteca sobre el mismo inmueble.
2.7. El representante legal de la accionada, además de no haber entregado el inmueble pese al pago de una significativa cantidad de dinero, se ha desentendido del contrato de promesa, al extremo de fijar un aviso de venta en el mismo predio, por el que se pide ahora tres mil quinientos millones de pesos ($3.500.000.000)[footnoteRef:2]. [2: Folios 46 a 53 del c. 1. ]
3. La sociedad accionada compareció al proceso por intermedio de apoderado judicial, quien se opuso rotundamente al despacho favorable de las aspiraciones deducidas por el actor, y en cuanto a los hechos aceptó unos y negó otros. Además, propuso las excepciones de mérito que denominó “contrato no cumplido por parte del promitente comprador” , “el derecho que le asiste a la parte demandada para cobrar el 30% de la sanción y el derecho de retener que le asiste a la misma demandada los valores recibidos como forma de pago” , “nulidad de la promesa de compraventa por inexistencia de la misma” , “alteración del documento que hace ineficaz la promesa de compraventa” , “lesión enorme causada a [la demandante] con ocasión de la suscripción de la promesa de compraventa” y “compensación”[footnoteRef:3] . [3: Folios 99 a 119 del c. 1.]
4. Demanda de reconvención : Por separado, Inversiones Salazar Pinillos S. en C. S. contrademandó a Uriel Darío Muñoz Sánchez, para que en sentencia se declare que entre ellos se celebró un contrato de promesa de compraventa sobre el inmueble conocido como “El Camino Real” ; que la primera sufrió lesión enorme por efecto del precio fijado, $1.875.000.000; y que en tal virtud debe rescindirse ese negocio jurídico[footnoteRef:4]. [4: Folios 4 al 10 del c. 2.]
5. En sustento de sus súplicas, el contrademandante señaló que para la fecha de suscripción de la promesa de compraventa, el predio valía más de cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000), lo que hace que el precio que se acordó en mil ochocientos setenta y cinco millones de pesos ($1.875.000.000), contenga una desproporción que tipifica lesión enorme.
6. Frente al anterior pliego, Uriel Darío Muñoz Sánchez se pronunció puntualmente, asintiendo sobre algunos hechos y negando otros, oponiéndose a lo pedido por carecer de fundamentación jurídica y fáctica, y excepcionando de fondo “inexistencia del contrato de compraventa”[footnoteRef:5] . [5: Folios 12 a 20 del c. 2.]
7. Agotado el trámite del proceso ordinario, la primera instancia concluyó con sentencia del 12 de septiembre de 2014, mediante la cual se declaró la nulidad absoluta de la promesa de compraventa suscrita entre las partes el 11 de octubre de 2011; y se ordenó a la demandada restituir al demandante la suma, previamente indexada, de mil treinta y siete millones setecientos noventa y seis mil cuatrocientos once pesos con sesenta y un centavos ($1.037.796.411,61)[footnoteRef:6]. [6: Folios 223 a 242 del c. 1. ]
8. Apelada la decisión por ambos extremos, el Tribunal, en decisión mayoritaria, la revocó con su fallo de 7 de febrero de 2017, y en su lugar negó todas las pretensiones formuladas en la demanda inicial y en el libelo de reconvención[footnoteRef:7]. [7: Folios 31 a 40 del c. 1. ]
LA SENTENCIA DEL AD QUEM
Los razonamientos que le llevaron a adoptar la mencionada determinación son los que en resumen se compendian[footnoteRef:8], así: [8: Folios 31 a 40 del c. 9. ]
1. No hay reparo a los presupuestos procesales, tampoco nulidad que pueda dar al traste con lo actuado, las partes se encuentran legitimadas, y no existe error en la formulación de las pretensiones.
2. Al abordar el estudio del contrato de promesa de compraventa, la primera instancia halló falencias que lo invalidaban, por no haberse establecido de manera concreta el día en el que se suscribiría la escritura pública de compraventa; conclusión que no comparte el Tribunal, porque el requisito del ordinal tercero del artículo 89 de la ley 153 de 1887, relacionado con el “plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato” está satisfecho, pues en la cláusula tercera se señaló que “la escritura pública que perfecciona el presente contrato y el gravamen de hipoteca por la suma restante será otorgada por la sociedad promitente vendedora ante la Notaría Primera del Círculo de Pereira o en cualquier Notaría a elección de las partes a más tardar el día dieciocho de octubre (corregido con 10 de noviembre) del año 2011…” , y en la forma en la que viene redactada conduce a que la fecha en la que debe celebrarse el contrato prometido es determinada, “pues se designó y delimitó en forma precisa que no era otra diferente al lapso ocurrido entre el 11 de octubre (firma de la promesa de compraventa) y el 18 siguiente” .
El contrato de promesa, en consecuencia, no está viciado, a pesar de que aparezca una corrección en cuanto “a la fecha para la firma” , al sobrescribirse “noviembre 10” , ya que el perito “saldó” la irregularidad cuando concluyó que la fecha primigenia fue 18 de octubre de 2011, “que es la que se tendrá en cuenta para todos los efectos” .
3. Al analizar la pretensión principal relacionada con el cumplimiento del contrato de promesa, debe tenerse en cuenta que de la suma de $800.000.000 a que se comprometió a pagar el promitente comprador, este admitió en los hechos 10 y 11 de su libelo, que pagó $761.028.866., correspondientes a diferentes obligaciones que tenía la demandada. Además, buena parte de la suma finalmente cancelada, lo fue con posterioridad a la fecha que se ha tenido como probada para firmar el documento, e incluso, más allá del 10 de noviembre de 2011.
Así que, sumado a lo anterior, el hecho de que ninguno de los contratantes acudiera al sitio convenido para sellar el contrato que se prometió, deriva en que la acción de cumplimiento tiene que fracasar, por quedar insatisfecho el presupuesto de que el demandante hubiera honrado lo suyo, o al menos, se hubiese allanado a hacerlo en la forma y tiempo debidos.
4. Por las mismas razones anotadas, “se viene a menos” la primera pretensión subsidiaria, ya que le está vedado al contratante que incumple sus obligaciones acudir a la resolución del contrato, si se tiene en cuenta, además, que “las obligaciones contraídas eran sucesivas, y antes de la firma de la escritura se requería el pago de la segunda cuota, para proceder con posterioridad a la entrega del bien y a la satisfacción de la totalidad del precio” .
5. En relación con la segunda pretensión subsidiaria, concerniente a la resolución del contrato de promesa por mutuo disenso, su no prosperidad surge de lo ya explicado sobre el cumplimiento o resolución del contrato, y la circunstancia de que ningún planteamiento fáctico se hizo en la demanda que permita determinar en qué consistió el abandono recíproco de los contratantes a las obligaciones contraídas.
Además, como lo reconoció en su demanda, el accionante siempre estuvo presto a satisfacer las obligaciones plasmadas en el contrato de promesa, mientras el demandado se centró en que le fue imposible cumplir lo pactado porque su contraparte no acudió a la Notaría y no se allanó a satisfacer las prestaciones acordadas, es decir, “que ni por asomo ha planteado retracto alguno de su parte que, en cualquier caso, tampoco hubiera sido suficiente para dar por sentado el mutuo disenso, pues […] la voluntad del demandante debía ir en el mismo sentido, lo que, por sus propias manifestaciones, pero además, por la conducta desplegada, concretamente los pagos realizados, tendía más bien a la satisfacción de las cargas adquiridas para llevar a feliz término el contrato” .
6. En lo referente a la demanda de reconvención, se tiene que la promesa de contrato es ajena a esta modalidad de rescisión, por cuanto se trata de un acto preparatorio, que no admite la “acción lesiva, pues ella solo puede abrirse paso cuando este último se perfeccione” .
7. Como recapitulación, se tiene que la nulidad declarada por el juzgado es inexistente, lo que da pie para revocar su fallo, y a partir de allí ni la pretensión tendiente al cumplimiento del contrato, como tampoco las subsidiarias pueden prosperar, ocurriendo otro tanto con las súplicas del pliego de reconv

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

. Por medio de su ejercicio se pretende garantizar la prestación jurisdiccional a todos los individuos, a través del uso de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia constituye un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales (T-799/11).
En el caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que « la protección judicial constituye uno de los pilares básicos de la Convención Americana y del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática… Asimismo, el principio de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos judiciales sean accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e integral » (Sentencia 9 mar. 2018, Serie C n.° 351).
4.2.2. La denegación de justicia es la antítesis del acceso efectivo, esto es, la negativa para que los interesados obtengan una resolución que desate su controversia o se haga de forma abiertamente extemporánea.
Esto debido a que, por mandato convencional, « un recurso judicial efectivo implica que el análisis por la autoridad competente no puede reducirse a una mera formalidad, sino que debe examinar las razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas » ( idem ).
Por lo anterior la Sala tiene dicho que « la discordia, el litigio, la controversia, es la razón de ser de la intervención del aparato judicial del Estado. En tal supuesto es su obligación zanjar la polémica, so pena de denegación de justicia. No sólo está habilitado sino compelido para hacerlo. Mediante una sentencia discernirá el derecho y pondrá punto final a la disputa » (SC, 26 may. 2006, rad. n.° 1987-07992-01).
4.3. En el sub examine, si bien en el proyecto aprobado por la Sala se invocó el desconocimiento del precedente y la denegación de justicia como fundamento de la intervención oficiosa, lo cierto es que no se configuraron ninguno de estos supuestos.
Esto debido a que, el cambio jurisprudencial que constituye el eje del razonamiento para la casación de oficio, no ha alcanzado la condición de doctrina probable y, en todo caso, se realizó después de proferido el fallo del Tribunal ; además, el demandante cuenta con remedios judiciales efectivos para obtener una decisión que resuelva sobre el conflicto.
4.3.1. Sobre el primer aspecto, resáltese que la Corte, desde finales del siglo XIX, fijó como derrotero que el artículo 1546 del Código Civil, contentivo de la denominada condición resolutoria tácita, debe interpretarse en armonía con el 1609, el cual prescribe que « [e]n los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplir en la forma y tiempo debidos », razón para colegir que « la resolución de los contratos bilaterales, por la falta de cumplimiento de las obligaciones de una de las partes, sólo puede pedirla el contratante que pruebe esa falta de cumplimiento, y que él ha cumplido o se ha allanado a cumplir sus obligaciones » (SC, 7 dic. 1897, GJ XIII, n.° 625, p. 200).
Tesis reiterada en variados pronunciamientos[footnoteRef:96], incluso de reciente data, que insisten en la necesidad de que el demandante sea un contratante cumplido o haya desplegado todas las acciones para hacerlo, como condición sine qua non para la prosperidad de la acción resolutoria (SC2307, 25 jun. 2018, rad. n.° 2003-00690-01). [96: Por citar unos pocos de reciente factura: SC6906, 3 jun. 2014, rad. n.° 2001-00307-01; SC, 28 feb. 2012, rad. n.° 2007-00131-01; SC, 7 mar. 2000, exp. n.° 5319; etc.]
En el interín algunas voces de disidencia se alzaron, amén de la indefinición jurídica que se generó en algunos casos por la estricta aplicación de esta interpretación (cfr. SC, 23 sep. 1974, GJ. CXLVIII, n.° 2378 a 2389, p. 246, y SC, 29 nov. 1978), aunque los mismos no alcanzaron la resonancia requerida para modificar el sendero hermenéutico.
Sin embargo, la Corte dos (2) años atrás volvió a analizar esta materia y, en providencia dividida (4 votos en favor y 3 salvamentos) asintió en la viabilidad de la resolución frente a incumplimientos recíprocos (SC1662, 5 jul. 2019, rad. n.° 1991-05099-01). Postura que, como obiter dicta , fue rememorada hace pocos meses (SC4801, 7 dic. 2020, rad. n.° 1994-00765-01).
Este último cambio, en proceso de consolidación, dista de alcanzar la condición de doctrina probable de la Corporación, amén del limitado número de casos en que se ha aplicado -uno-, de allí que mal podría argüirse que su desconocimiento por parte de los sentenciadores de segundo grado constituya un atentado grave u ostensible contra las garantías constitucionales.
Más aún si se tiene en cuenta que el fallo objeto de casación se profirió el 7 de febrero de 2017, esto es, dos (2) años antes de que la Corporación formulara la nueva tesis interpretativa , momento para el cual estaba en vigor la doctrina probable que reclamaba que la acción resolutoria se encuentra vedada en los casos de incumplimientos recíprocos, la cual debía ser observada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, en garantía de la confianza legítima y el derecho a la igualdad, sin que pueda exigírsele una labor de adivinación o anticipación para prever un cambio trascendental como el que está en proceso de consolidación.
En verdad, con el fallo aprobado se socava la seguridad jurídica, por propender por una aplicación general e inmediata de los cambios jurisprudenciales, incluso frente a asuntos decididos definitivamente en las instancias al abrigo de la tesis relevada.
4.3.2. Sobre la supuesta situación de « estancamiento contractual, irresoluble con la institución del mutuo disenso, o con las tradicionales alternativas del artículo 1546 » (página 35), esgrimida mayoritariamente como agregado a la oficiosidad, tampoco se vislumbra.
Lo anterior, en tanto a partir de la tesis planteada por la Sala en la providencia SC1662-2019 se abrió la posibilidad para que Uriel Darío Muñoz Sánchez, promueva un nuevo proceso en el que reclame la resolución del contrato de promesa por mutuo incumplimiento, materia que no ha sido objeto de juzgamiento pues el actual litigio se fundó en el supuesto incumplimiento exclusivo de la demandada.
Reclamo que, bajo el supuesto de que la promesa objeto de evaluación se celebró el 12 de octubre de 2011, prima facie no se advierte la configuración de algún fenómeno extintivo por el paso del tiempo que impida el estudio de la reclamación.
5. En los anteriores términos dejo planteado el salvamento de voto, sin que resulte necesario, por sustracción de materia, aclarar las razones por las cuales considero que es viable acudir a la resolución en los casos en que ambos contratantes hayan desatendido sus deberes negociales.
Fecha ut supra .
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC3666-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-09-01. C.P. Alvaro Fernando García Restrepo. Rad. 2012-00061-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3666-2021%20%5B2012-00061-01%5D).
