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clave: "corte_suprema:providencia:SC3663-2022 [2012-00193-01]"
titulo: "Corte Suprema: la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-11-22"
radicado: "2012-00193-01"
numero: "SC3663-2022"
ponente: "Martha Patricia Guzmán Álvarez"
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# Corte Suprema: la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades

- **Título oficial / radicado:** SC3663-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-11-22
- **Radicado:** 2012-00193-01
- **Número:** SC3663-2022
- **Ponente:** Martha Patricia Guzmán Álvarez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3663-2022%20%5B2012-00193-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3663-2022%20%5B2012-00193-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIyL0RyYS4gTWFydGhhIFBhdHJpY2lhIEd1em3hbiDBbHZhcmV6LzExLi0gTm92aWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0MzNjYzLTIwMjIgWzIwMTItMDAxOTMtMDFdLmRvY3g%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 45 de 1990
- Constitución Política

## Extracto

Debe memorarse, así mismo, que por regla general o en principio, los fallos absolutorios no pueden ser objeto de reproche por la causal tercera de casación, salvo los casos en que la sentencia se profiera con sustento en hechos diametralmente distintos a los invocados por el actor y cuando se declara probada de oficio una excepción que debía ser alegada expresamente en la contestación de la demanda, a saber: prescripción, compensación y nulidad relativa a términos de lo reglado en el inciso 1° del artículo 282 del código de ritos, temática sobre la cual se ha precisado que: « no es factible descartar que un fallo de ese linaje sea el producto de haberse declarado una excepción respecto de la cual no operaba el principio inquisitivo » En conclusión, la falta de congruencia alegada no se configuró, puesto que la decisión del fallador de segunda instancia abarcaba todas las pretensiones incoadas.

## Cita textual

> Se requiere la construcción de canaletas y zanjas de drenaje para atenuar el efecto erosivo del agua lluvia sobre los taludes y zonas verdes

## Texto del documento

Radicación en. 76001-31-03-009-2012-00193-01
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada Ponente
SC3663-2022
Radicación n.° 76001-31-03-009-2012-00193-01
(Aprobado en Sala de primero de septiembre de 2022)
Bogotá, D. C., veintidós (22) de noviembre dos mil veintidós (2022).
Se decide el recurso de casación formulado por la sociedad Muñoz Echeverry Constructora S.A. - en adelante Mecón - contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali, Sala Civil, el 14 de marzo de 2019, en el proceso que promovió contra Seguros Comerciales Bolívar S.A.
I. ANTECEDENTES
1. De manera principal solicitó el apoderado de Mecón i) se declarara que celebró con Seguros Comerciales Bolívar S.A., un contrato de seguro todo riesgo en construcción, que brindaba protección al constructor, contratista y subcontratista desde el inicio y durante la ejecución de sus obras o proyectos frente a posibles daños materiales y responsabilidad civil extracontractual por riesgos inherentes a la actividad de la construcción número1540-1301274-0, en las obras relacionadas con el proyecto « Cerro Cristales II Etapa » ubicado en la calle 9 y 10 oeste con carrera 3 de Cali; ii ) que la actora presentó ante la aseguradora reclamación por el siniestro ocurrido los días 11 y 12 de julio de 2010; iii) las pérdidas patrimoniales relacionadas en la demanda afectaron los amparos señalados en la póliza, por ende, Seguros Comerciales Bolívar SA está obligada a sufragar la suma de $1420 637 486 o aquella que resulte probada; iv) como quiera que no objetó el reclamo de manera seria y fundada, surgió a la vida jurídica una obligación ejecutable por el valor de la pérdida sufrida con ocasión del siniestro amparado, por tanto que se condene a la aseguradora a cancelar la suma atrás referida más los intereses moratorios causados a la tasa máxima legal desde el 13 de julio de 2010 o desde la fecha que se demuestre en el presente proceso junto con la capitalización de intereses que establece el artículo 886 del Código de Comercio.
1.1. De manera subsidiaria, solicitó: i) se declarara la existencia del contrato de seguro todo riesgo en construcción; ii) que las pérdidas patrimoniales que se relacionan en el petitum constituyen un siniestro amparado bajo la póliza en referencia, y que por ende, Seguros Comerciales Bolívar S.A. está obligada a cancelar $1420 637 486[footnoteRef:2] o aquella que resulte probada; iii) que la aseguradora no objetó el anterior reclamo de manera seria y fundada, como consecuencia se determine que la demandada incumplió las obligaciones que tienen su fuente en la ley, además del contrato de seguro y se disponga que cancele el monto atrás referido, así como los intereses moratorios causados a la tasa máxima permitida desde el 13 de julio de 2010 o desde la fecha que se pruebe en el presente proceso y hasta la fecha en que se verifique el pago; iv) en subsidio, disponer el pago de los intereses moratorios desde la fecha de la objeción extemporánea del reclamo o en su defecto desde la notificación del auto admisorio de la demanda y v) finalmente pidió que la demandada cancele la capitalización de intereses que establece el artículo 886 del estatuto mercantil. [2: Escritura atendiendo lo sugerido por el diccionario Panhispánico de las dudas.]
1.2. Como segundas pretensiones subsidiarias reclamó i) que se declarara la existencia del convenio entre las partes; ii) que las pérdidas patrimoniales sufridas el 11 y 12 de julio de 2010 constituyen siniestro; iii) que la demandada incumplió el contrato de seguros al negarse sin sustento técnico o legal a pagar al demandante los valores causados por el siniestro, por lo cual se debe condenar a la demandada al pago en favor de la demandante de $1420 637 486 o aquella que resulte probada, por constituir un siniestro amparado bajo la póliza mencionada, al igual que los intereses moratorios certificado por la Superfinanciera, aumentado en la mitad, sobre la suma de la condena derivada de la pretensión anterior, liquidadas desde el día siguiente a la ocurrencia del siniestro, esto es, desde el 13 de julio de 2010, conforme al artículo 1080 del Código de Comercio, hasta el momento en que se satisfaga la obligación.
2. En síntesis, la actora relató que planeó y desarrolló el proyecto «Centro Cristales» , ubicado en la calle 9 y 10 oeste con carrera 3 de Cali, el cual debía ser construido en tres etapas que en su conjunto formarían parte de la copropiedad denominada de la misma forma.
2.1. Terminado con éxito el proyecto «Cerro Cristales I», al inicio de 2012, la entidad actora después de lograr las aprobaciones de dicha obra y la expedición de las licencias y permisos que las entidades de control exigen, comenzó el desarrollo de la segunda etapa.
2.2. Para la ejecución del proyecto «Cerro Cristales II Etapa», la demandante «Mecón» convino con la demandada «Seguros Bolívar» la celebración de un contrato de seguros, lo que dio lugar a la expedición de la póliza número 1540-1301274-01, todo riesgo en construcción, que brindaba la protección desde las 24 horas del 1° de junio de 2010, a las 24 horas del 1° de noviembre de 2011 (518 días), al constructor, contratista y subcontratista desde el inicio y durante la ejecución de sus obras o proyectos frente a posibles daños materiales y responsabilidad civil extracontractual por riesgos inherentes a la actividad de la construcción respecto de las obras en el proyecto «Cerro Cristales II Etapa» .
2.3. En los días 11 y 12 de julio de 2010, esto es, dentro de la vigencia de la póliza todo riesgo, ocurrió un deslizamiento en el terreno donde se desarrollaba el proyecto «Cerro Cristales II Etapa» ubicado en la calle 9 y 10 oeste con carrera 3 de Cali, dicho evento constituía un siniestro que estaba cubierto por la misma.
2.4. Seguros Bolívar S.A., contrató a la firma «Organización Noguera Camacho» , quien a su vez subcontrató o se apoyó en la firma «C.I.C. Consultores de Ingeniería y Cimentación S.A.» , las que, el 15 de julio de 2010, efectuaron visita al predio. Allí fueron atendidos por el ingeniero Carlos Humberto Parra y se pudo constatar: el fuerte período invernal que se presentaba en la ciudad; el aspecto de la obra del proyecto «Cerro Cristales II Etapa» y el derrumbe ocurrido.
2.5. La demandante contó que, en escrito del 13 de octubre de 2011, recibido el 14 del mismo mes y año, remitió una valoración de los daños y perjuicios resultante del siniestro ocurrido, que ascendía a $1420 000 000, monto que fue soportado de manera detallada. Dicha misiva fue contestada el 9 de noviembre de 2011, solicitando unos ajustes a la valoración del siniestro.
2.6. Mediante comunicación del 23 de diciembre de 2011, recibida por la demandada el 28 siguiente, la actora remitió una nueva valoración por $1236 470 618, reclamación que se encontraba debidamente soportada y detallada.
2.7. A través de escrito del 20 de enero de 2012, con fundamento en el informe realizado por Miguel Charry Rodríguez, la aseguradora resolvió no atender el aviso del siniestro y procedió a objetar el pago de la indemnización. Sin embargo, para ese instante ya se encontraba vencido el término del mes que trata el artículo 1053 del Código de Comercio.
3. Notificada la aseguradora del auto admisorio de la demanda se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que denominó: « Hecho propio de Mecón S.A. Culpa propia, modificación y agravación del estado del riesgo » ; « Reticencia en la declaración del estado del riesgo. Modificación del estado del riesgo, agravación del estado del riesgo. Incumplimiento de las recomendaciones del estudio de suelos. Nulidad relativa del seguro » ; « ausencia de demostración del daño. Carencia del nexo causal. Carencia de certeza sobre la cuantía » ; « incumplimiento grave de las cláusulas de garantía. No cumplir ni atender las recomendaciones del estudio de suelos. Hecho propio de la víctima. Causa propia por errores en el proceso de excavación y de construcción. Modificación y agravación del estado del riesgo » .
Reasignado el expediente, el 13 de febrero de 2018, el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito profirió sentencia en la que declaró, entre otras cosas, que la demandada debía pagar a la sociedad Mecón la suma de $286 432 521 por la ocurrencia del siniestro cuyo amparo estaba cubierto por la póliza número 1540-1301274-01, junto con los intereses de mora; además, condenó a la accionada en un 50% de las costas (fl. 647 C.1).
Apelado el fallo por ambas partes, fue revocado por el superior funcional, quien, en últimas, negó las pretensiones de la demanda (fls. 18 a 31 C8 Tribunal).
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal inició su estudio refiriendo que la acción estaba dirigida a obtener el pago por parte de la Aseguradora a Mecón de la indemnización de los perjuicios sufridos por el siniestro ocurrido el 11 y 12 de julio de 2010, evento que consistió en un deslizamiento de tierra en el predio en donde se construía el proyecto «Cerro Cristales II Etapa» en Cali, el que se decía amparado por la póliza número 1540-2301274 expedida por la demandada.
Agregó el ad quem , que la accionada se opuso, pues el siniestro ocurrió por culpa de la empresa demandante porque «no desarrolló la construcción con exactitud del estudio de suelos que presentó para adquirir la póliza y por malas prácticas constructivas modificando el estado del riesgo sin haber notificado a la aseguradora» . De ahí que encontró necesario, determinar si existió tal incumplimiento y, solamente, en el evento de no haber ocurrido, acometería el estudio de los demás reparos de las partes.
Luego de algunas precisiones respecto a la responsabilidad contractual, así como lo relativo al contrato de seguro, se refirió el tribunal a los medios de convicción que estimó pertinentes para resolver el asunto debatido, entre ellos, a los testimonios de los ingenieros civiles Germán Eduardo Uribe del Rio, Andrés Mauricio Arango Cano y Carlos Humberto Parra Serna, cuya eficacia, según lo expuso, se veía disminuida «por su misma participación en el proyecto, viéndose también comprometida sus responsabilidades profesionales en lo que les compete» . Seguidamente. Resaltó que las declaraciones de los funcionarios de Planeación Municipal «merecen valorarse como testigos imparciales, amén que tales declaraciones se encuentran respaldadas en visitas y prueba documental» .
A continuación, el fallador de segunda instancia destacó que la constructora atribuyó el deslizamiento presentado en el proyecto «Cerro Cristales II Etapa» a la inusitada ola invernal, fenómeno que está acreditado con la certificación del IDEAM, en la que se informa que en mayo y julio de 2010, se presentaron lluvias encima de lo normal; así mismo señaló que la obra no contaba con control de aguas de escorrentía; enfatizó que el estudio de suelos en el punto 7.1 expresa: «se deben establecer estructuras para evitar las infiltraciones de aguas lluvias superficiales mediante la implementación de canaletas, sumideros, zanjas de drenaje, etc., para aminorar los efectos erosivos del agua lluvia» , obligación que la sociedad actora no demostró a pesar de estar en «fácil posición para acreditarlo si así hubiere ocurrido» .
Con relación al informe presentado por el ingeniero Miguel Charry cuestionado por la parte actora, dijo el Tribunal que «observó todo el material fotográfico y de planos, estudios y cálculos radicados en las curadurías, amén que desde la primera visita al proyecto el 16 de julio de 2010 por los ajustadores de la Organización Noguera Camacho nombrados por la Aseguradora, constataron que se realizaron cortes con altura aproximada de 9 metros siendo que conforme al estudio de suelos debían ser de 3 metros, así mismo se constan inclinaciones mayores a las anotadas» .
Mencionó que, en referencia a los taludes, el ingeniero Germán Eduardo Uribe narró que éstos tenían una inclinación de 50 o 60 grados «porque ello obedece a que técnicamente un talud es estable en ese grado de inclinación» ; por su parte, el ingeniero Andrés Mauricio Arango aseveró que se habían hecho a 45° y «que hubo una mayor inclinación en escasos tramos donde el material era roca sólida» lo que muestra la falta de cumplimiento estricto del estudio de suelos.
Agregó que existió un cruce de correspondencia entre las partes en la que la aseguradora pidió información por las inconsistencias que se encontraron entre lo construido y lo consignado en el estudio de suelos, frente a lo cual la constructora manifestó que cumplió a cabalidad los estudios técnicos adelantados para la ejecución de la obra haciendo alusión «a una fotografía de una parte de las torres del proyecto ‘Cerro Cristales’ y una gráfica de los cortes realizados, pero sin soportar tal afirmación» y el asegurado o el tomador están obligados a mantener el estado de riesgo, por lo que si había alguna variación sobre el proyecto «debía notificar al Asegurador pues la falta de notificación oportuna de estas circunstancias produce la terminación del contrato» .
El tribunal c

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

asacionista, dicho profesional no tuvo acceso directo al lugar del siniestro, y el estudio que realizó fue elaborado nueve meses después de la ocurrencia de los hechos. Esa presentación permite avizorar que se incurrió en entremezclamiento, se invocó en un solo cargo dos causales de casación, tanto la directa como la indirecta y frente al mismo fundamento normativo de manera indiscriminada (artículo 1080 del Código de Comercio).
El yerro encontrado resulta suficiente para desechar el cargo sustentado en violación directa, dado que « está prohibido acumular en una misma acusación diversos ataques, así sea expresa o tácitamente, porque ello revela una acusación antitécnica habida cuenta que mezcla diversas causales, razón que basta para desecharlo en estudio de casación »[footnoteRef:21]. [21: CSJ, AC8670, 16 dic. 2016, rad. N° 2013-00067-01]
En ese orden, al incluir dos transgresiones diferentes en una misma censura con la finalidad que se analizara desde ambas ópticas, se desatendió uno de los requisitos formales contemplado en el artículo 344 del Código General del Proceso, según el cual en la demanda deben proponerse los cargos contra la sentencia recurrida por separado, es decir debidamente individualizados no solo en su enunciación sino también en su desarrollo, cosa que no ocurrió.
2. La objeción seria y fundada .
Sin perjuicio de lo anterior, aduce el recurrente que ante la extemporaneidad de la objeción debió pagarse la indemnización solicitada, para tal efecto recuérdese que el artículo 1080 del Código de Comercio, preceptúa que:
El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad.
Para lo que debe resolverse, memórese que conforme lo prevén los artículos 1077 y 1080 ejusdem , corresponde al asegurado demostrar judicial o extrajudicialmente la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de este, pero adviértase que el cargo se dirigió al segundo aspecto, y nada refirió acerca del siniestro ni como se había acreditado, a pesar de ser carga del casacionista, de lo cual se deduce que la acusación fue formulada de manera incompleta.
En lo que concierne con la objeción, bastaría resaltar que no fue seria y fundada, pues ese tema fue ajeno a la argumentación dada por el juzgador de segunda instancia al estimar que la demandante era una contratante incumplida, pero para mayor claridad adviértase que el tema en discusión debe analizarse a la luz de lo reglado en el artículo 1053 del estatuto mercantil que enumera los eventos en que la póliza de seguros presta mérito ejecutivo contra el asegurador, debiendo poner de presente lo que señalaba para la época de los hechos el numeral 3°, precepto que fue derogado a partir del 1° de enero de 2014 conforme lo prevén el literal c) del artículo 626 del código de ritos en concordancia con el artículo 627 del estatuto en cita:
Transcurrido un mes contado a partir del día en el cual el asegurado o el beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador la reclamación aparejada de los comprobantes que, sean indispensables para acreditar los requisitos del artículo 1077, sin que dicha reclamación sea objetada de manera seria y fundada. Si la reclamación no hubiere sido objetada, el demandante deberá manifestar tal circunstancia en la demanda.
De la anterior norma se deduce que la calificación de la objeción, como sería y fundada, definía si se podía acudir a la acción ejecutiva o a la declarativa, pero en ambos casos el debate no se circunscribe a la objeción sino a todos los aspectos atinentes al contrato de seguro, pues
si la falta absoluta de objeción no elimina la posibilidad de defensa para la aseguradora, mucho menos puede predicarse tal consecuencia cuando se presenta una objeción seria y fundada en la que se expresan algunos motivos, pues aunque lo deseable es que la compañía exponga, en la medida de lo posible, todas las razones que tiene para negar el pago de una indemnización, nada impide la aducción posterior de otros argumentos que, desde luego, tendrán que ser considerados en el momento de resolver un eventual conflicto[footnoteRef:22]. [22: CSJ SC 096 de 27 de julio de 2006, exp. 1998 0031.]
Igualmente respecto de la oportunidad, adviértase que el 14 de octubre de 2011 se presentó por Mecón una primera reclamación ante la aseguradora demandada por la suma de $1420 637 486, pero ante la solicitud de revisión por esta última fue reajustada mediante escrito del 23 de diciembre de 2011, fecha a partir de la cual corre el término consagrado en el artículo 1080 del Código de Comercio, lapso que deberá contabilizarse en la forma dispuesta en el artículo 829 del estatuto en cita, que en el numeral 3° señala:
En los plazos de horas, días, meses y años, se seguirán las reglas que a continuación se expresan:
(…)
3. Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año.
De manera que, si la reclamación definitiva se presentó el 23 de diciembre de 2011, el término para resolver vencía el 23 de enero de 2012, y la objeción se formuló el 20 de enero de ese año, esto es, dentro del término previsto en el artículo 1080 del Código de Comercio, por lo que no resulta válido afirmar que la respuesta de la aseguradora haya sido extemporánea.
3. Conclusión .
De acuerdo con lo expuesto se deduce que el ad quem no vulneró el artículo 1080 del estatuto mercantil, y en esas circunstancias el cargo no está llamado a prosperar.
IV. COSTAS .
Finalmente, aunque la decisión es adversa a la recurrente no se impondrá condena en costas atendiendo para ello lo dispuesto en el inciso final del artículo 349 del Código General del Proceso, que dispone que no se impondrá la condena en estudio «en el caso de que la demanda de casación se haya suscitado una rectificación doctrinaria» la que se hizo en esta providencia respecto a la motivación que realizó el Tribunal.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 14 de marzo de 2019, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso que se dejó plenamente identificado al comienzo de este proveído.
Sin costas.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
HILDA GONZALEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(con ausencia justificada)
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC3663-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2022-11-22. C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. Rad. 2012-00193-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3663-2022%20%5B2012-00193-01%5D).
