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clave: "corte_suprema:providencia:SC364-2023 [2018-00315-01]"
titulo: "Corte Suprema: el juez no puede aceptar sin más las conclusiones del experto por el simple hecho de versar su investigación sobre un campo"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-10-10"
radicado: "2018-00315-01"
numero: "SC364-2023"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: el juez no puede aceptar sin más las conclusiones del experto por el simple hecho de versar su investigación sobre un campo

- **Título oficial / radicado:** SC364-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-10-10
- **Radicado:** 2018-00315-01
- **Número:** SC364-2023
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC364-2023%20%5B2018-00315-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC364-2023%20%5B2018-00315-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIzL0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS8xMC4tIE9jdHVicmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzM2NC0yMDIzIFsyMDE4LTAwMzE1LTAxXS5kb2N4/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

El juez no puede aceptar sin más las conclusiones del experto por el simple hecho de versar su investigación sobre un campo de conocimiento que no domina.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2555 de 2010
- Ley 1996 de 2019
- Constitución Política

## Extracto

¿Cuán bien han sido aplicadas esas generalizaciones a los hechos del caso que ha tomado en cuenta en su análisis? Breve recuento de las actuaciones procesales relacionadas con el avalúo del perito Edwin Cardona Pareja. En ese sentido, cuando dispuso que no daría ningún trámite a los escritos de contradicción presentados por las partes dentro del término de traslado que el mismo juzgador otorgó, restringió injustificadamente el derecho al debido proceso, contrariando incluso el principio pro homine, en virtud del cual las normas deben interpretarse de la forma más amplia cuando se trata de reconocer derechos protegidos. Así las cosas, se evidencia la comisión del error de derecho probatorio denunciado por los casacionistas, pues se desconoció la fase de contradicción de la prueba pericial, en franca infracción de lo establecido en el artículo 170 del Código General del Proceso. Consideraciones previas a la sentencia sustitutiva.

## Texto del documento

Radicación n.° 05001-31-03-010-2018-00315-01
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC364-2023
Radicación n.º 05001-31-03-010-2018-00315-01
(Aprobado en sesión de veintinueve de junio de dos mil veintitrés)
Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
Se decide el recurso extraordinario de casación presentado por Silvia Vergel Pacheco y Mauricio Rivera Bonell, frente a la sentencia proferida el 31 de mayo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso declarativo que aquellos promovieron contra Constructora del Norte de Bello S.A.S. y Jorge Wilsson Patiño Toro.
ACLARACIÓN PRELIMINAR
Si bien el proceso fue promovido en contra de los convocados antes referidos, en el curso de las instancias ordinarias la Subsecretaría de Control Urbanístico y la Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín emitieron actos administrativos por medio de los cuales se ordenó la Toma de Posesión de los Negocios, Bienes y Haberes en la modalidad de Liquidación Forzosa Administrativa de la persona jurídica Constructora del Norte de Bello S.A.S y de la persona natural comerciante Jorge Wilsson Patiño Toro, motivo por el cual a la fecha ambos demandados se encuentran representados por el Agente Liquidador designado, Héctor Alirio Peláez Gómez, quien ha sido debidamente notificado de las actuaciones surtidas en esta sede extraordinaria, conforme lo ordena el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
Con el libelo introductor se pidió declarar nulo el contrato de « promesa de compraventa » suscrito el 11 de noviembre de 2015, mediante el cual los actores se comprometieron a transferir a su contraparte el dominio del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria n° 001-146695, ubicado en la ciudad Medellín. Subsidiariamente, se pidió la resolución por incumplimiento de los demandados.
Como consecuencia común de ambos pedimentos, los actores reclamaron las respectivas restituciones mutuas, teniendo para el efecto a los querellados como poseedores de mala fe y también un resarcimiento por daños materiales e inmateriales, por valor de $2.012´000.000 .
2. Fundamento fáctico.
(i) Mediante negocio preparatorio de fecha 11 de noviembre de 2015, las partes acordaron celebrar contrato de compraventa sobre el inmueble de propiedad de los demandantes, para lo cual suscribirían escritura pública el día 23 de abril de 2017 en la Notaría 21 de Medellín. Sin embargo, en la promesa no se señaló la hora de comparecencia, omisión que « viola ostensiblemente el requisito sine qua non contemplado en el numeral 3º del artículo 1611 del Código Civil ».
(ii) Como precio de la prometida enajenación, se acordó la suma de $900´000.000, la cual debía ser pagada de la siguiente manera: $30´000.000 pagaderos el 5 de noviembre de 2015 como comisión por la intermediación en la venta del predio; $85´000.000 que debían ser entregados al Banco Colpatria S.A. en cuotas mensuales desde la celebración de la promesa hasta la fecha de escrituración; $45´000.000 en 3 contados; y la suma de $740´000.000, que se pagaría mediante la transferencia de dos de los apartamentos que compondrían el edificio que los convocados iban a construir en el predio, unidades que debían entregarse totalmente terminadas en un plazo de 18 meses, contados « a partir de la expedición de la correspondiente licencia de construcción ».
(iii) Además de lo anterior, los demandados debían asumir en favor de los enajenantes una renta mensual de $2´000.000 para cubrir el arrendamiento del inmueble donde estos establecieran su vivienda, hasta el día en que se les hiciera entrega de los apartamentos. Así mismo, se acordó que el retardo en la entrega de dichas unidades inmobiliarias generaría una indemnización equivalente al 1% del precio acordado y que el incumplimiento en cualquiera de las otras prestaciones daría lugar a la aplicación de una
cláusula penal
.
(iv) Según lo estipulado, desde el día en que se celebró el contrato preparatorio se le garantizó a los convocados el acceso al lote, en virtud de lo cual establecieron allí una sala de ventas y demolieron la edificación que en él se encontraba, esto es, la que fuera la casa de habitación de los demandantes. La entrega formal del fundo se llevó a cabo el 4 de enero de 2017, esto es, unos días después de la fecha en que los demandados obtuvieron la respectiva licencia de construcción.
(v) De las obligaciones asumidas por los constructores quedó pendiente la entrega de los 2 apartamentos, prestación que « no se muestra muy palpable ni prometedora », ya que, para la fecha de presentación de la demanda (25 de junio de 2018), en la heredad « no se ha efectuado ni culminado ninguna obra, fuera de la demolición de la vivienda y el levantamiento de una edificación “en obra negra” (…), que de nada le sirve a los demandantes de cara al reconocimiento de mejoras (…), pues no son personas habitualmente dedicadas a la construcción y sus afines ».
(vi) Al parecer, es conducta « acostumbrada de los demandados valerse de empresas fachadas para hacerse a propiedades significativas como lo era la prometida en venta », lo cual « ha desencadenado una seria de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por parte de personas que se han visto estafadas a consecuencia del incumplimiento de los que prometen pagar la adquisición de un inmueble con la dación en pago de algunos inmuebles que en el futuro se construirán ».
3. Actuación procesal.
Notificados personalmente del auto admisorio de la demanda, los convocados excepcionaron « concurrencia de culpas – culpa exclusiva del acreedor », « falta de causa para pedir », « temeridad procesal y mala fe », « falta de real, concreto y verdadero juramento estimatorio de los perjuicios » y « falta de integración del litisconsorcio necesario por pasiva ».
4. La sentencia de primer grado.
Mediante providencia dictada en audiencia de fecha 6 de diciembre de 2019, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín declaró la nulidad absoluta del contrato objeto de las pretensiones y, en materia de restituciones mutuas, dispuso: « para no afectar a la parte demandante, y para que el proyecto BALTIMORE llegue a final término, el Despacho dispone que, avaluado este proyecto, y una vez esté la liquidación que ya comenzó en la Superintendencia de Sociedades, de ese proyecto BALTIMORE, avaluado actualmente en $3.739.100.000, se reconozca a los demandantes el equivalente al 31.96% del valor de este proyecto, que actualmente asciende a $1.195´041.775 ».
5. La sentencia impugnada.
Al resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, el Tribunal confirmó la declaratoria de nulidad dispuesta en primer grado, pero modificó lo relativo a las restituciones mutuas, tema sobre el cual decidió lo siguiente:
« A cargo de la parte demandada y a favor de los demandantes i) El extremo pasivo hará entrega a los demandantes del lote de terreno con la construcción en él levantada, una vez ejecutoriado el presente fallo y de no hacerlo en forma voluntaria, se comisionará a la autoridad competente para la entrega y, ii) los accionados cancelarán a los demandantes por concepto de frutos civiles los siguientes valores: a) $198.791.775.oo que corresponden al valor de los frutos civiles comprendidos entre el 07 de enero de 2017 al 13 de junio de 2019, que serán indexados desde la fecha de presentación del dictamen hasta su pago total y, b) $339.439.584,oo, correspondientes a los periodos comprendidos entre el 14 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2022; que serán indexados desde la fecha en que quede ejecutoriado el presente fallo hasta su pago total.
A cargo de la parte actora y a favor del extremo pasivo los demandantes pagaran a los accionados: i) $3.739.100.000,oo , que corresponden al valor de las mejoras efectuadas y reconocidas, edificio en proceso de construcción, como viene de precisarse, debidamente indexados desde la fecha de presentación del dictamen hasta su pago total y, ii) $109.000.000.oo, como parte del precio que los demandados pagaron; debidamente indexados así: i) $30.000.000,oo desde el 05 de noviembre de 2015; ii) $5.000.000,oo desde el 05 de noviembre de 2015; iii) $20.000.000,oo desde el 30 de noviembre de 2015; iv) $20.000.000,oo desde el 30 de diciembre de 2015 y, v) $34.000.000,oo desde el mes de abril de 2017; hasta el pago total de cada una de las obligaciones »
Tal determinación se fincó en los argumentos que seguidamente se compendian:
(i) Pese a la denominación que las partes le dieron, el negocio jurídico celebrado entre ellas involucraba una promesa de permuta y no de compraventa, en tanto que la mayor parte del precio debía pagarse mediante la transferencia de bienes distintos del dinero. Con esa claridad, confirmó la declaratoria de nulidad dispuesta por el juzgador de primer grado, toda vez que en el referido contrato no se incluyeron « la ubicación de los apartamentos que serían entregados a los demandantes (…) , sus linderos (…) , la ubicación, cabida y linderos del garaje y cuarto útil de cada una de las unidades inmobiliarias prometidas (…) ; [así como] la ubicación, cabida y linderos del edificio del que harían parte (…) , lo que evidencia que no se cumplió con la determinación exigida en el art. 1611 del C. Civil ».
(ii) Aun cuando las pretensiones no se fincaron propiamente en la referida omisión, se declaró la nulidad conforme al artículo 1742 del Código Civil, en consideración a que las irregularidades del contrato preparatorio « son manifiestas, aparecen de bulto, pues basta la mera lectura del documento que recogió la voluntad de las partes, para concluir que los inmuebles que serían entregados a los demandantes no fueron determinados ».
(iii) Para resolver sobre los efectos patrimoniales de la invalidación contractual, debía tenerse en cuenta que « la presunción de buena fe [de los demandados] no fue desvirtuada », a lo que se sumaba que en este caso fueron los mismos convocantes quienes le permitieron a su contraparte el acceso al fundo, para que instalara allí una sala de ventas.
(iv) En orden a establecer el valor de las mejoras que los actores debían asumir en favor de su contraparte, tuvo en cuenta el dictamen allegado por los demandados, elaborado por el avaluador Edwin Cardona Pareja, entre otras cosas, porque ese informe « no fue objeto de reproche alguno, no se solicitó la comparecencia del perito a la audiencia para su contradicción, ni oficiosamente lo ordenó el Juzgado (…); además, la pericia se observa clara, coherente, congruente, está debidamente sustentada y las conclusiones son claras y precisas, a más que fue realizado por personal idóneo ».
(v) En esa pericia se conceptuó que la obra civil que los demandados venían adelantando en el predio de sus contendores tenía un avance del 60%; y al aplicar esa cifra al valor comercial que, ya terminada, tendría la edificación, estimó que la infraestructura instalada tenía un valor de $3.739´100.000 ($3.356.100.000 por nueve apartamentos, $300´000.000 por diez parqueaderos y $83´000.000 por nueve depósitos).
(vi) Contrario a lo que alegaron los demandantes en su escrito de apelación, el valor que el perito le asignó a las mejoras, «[según él mismo] lo aclaró y precisó al dar respuesta al requerimiento efectuado por el Tribunal en tal sentido, no comprende el precio del lote de terreno; de donde se sigue que el avalúo corresponde a la construcción que se había levantado en un porcentaje del 60% aproximadamente, como inequívocamente aparece consignado en el informe y se desprende del material fotográfico aportado ».
(vii) Una vez se puso en conocimiento de las partes las aclaraciones que el perito efectuó a petición del colegiado, « tanto el extremo activo como el pasivo, procedieron a pronunciarse repudiando y objetando el dictamen, incluso, allegando nuevas pericias para que sirvieran como prueba de las objeciones presentadas; objeciones a las cuales no se les dio trámite alguno porque el término para ello ya había vencido y el proceso no se puede retrotraer a ese estadio procesal para revivir una oportunidad precluida ».
(viii) En cuanto a las restituciones que correspondía disponer en favor de los demandantes, consideró el colegiado que no era viable reconocer una suma por la construcción que fue demolida por aquellos una vez les fue entregado el fundo, puesto que finalmente no se logró acreditar el valor que pudo haber tenido dicha edificación. Además, « al bien de propiedad de los actores se le asignó un precio único de $900.000.000, que comprendía el valor del lote de terreno y el de la construcción en él levantada, toda vez, que como dicho predio se adquirió como casa-lote para plantar la edificación proyectada por los demandados, donde la existencia de dicha construcción ninguna incidencia tenía en el precio acordado ».
(ix) Finalmente, por frutos, se condenó a los demandados a pagar los cánones de arrendamiento que habría podido producir el inmueble de los actor

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

alor de la construcción levantada en el fundo de los casacionistas, cuyo valor deberá ser pagado a los demandados a título de restitución de mejoras en los términos del artículo 739 del Código Civil.
Visto el expediente se encuentra que las probanzas que versan sobre ese específico asunto son dos: por un lado, el informe sobre avalúo y avance de obra , elaborado por el ingeniero Santiago Restrepo y presentado por la parte actora[footnoteRef:16], y por el otro, el avalúo comercial informativo elaborado por el avaluador Edwin Cardona Pareja[footnoteRef:17]. Sin embargo, ninguna de ellas cumple con los requisitos del artículo 226 del Código General del Proceso y, por ende, no se les puede asignar mérito demostrativo, como se explicará a profundidad en la sentencia sustitutiva. [16: Folio 110, Cuaderno 1.] [17: Folio 186, Cuaderno 1.]
El dictamen de Cardona Pareja, además, contiene una grave equivocación en cuanto al método elegido, pues en contravía de lo establecido en la Resolución 620 del 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, avaluó el avance de obra como si se tratara de una construcción terminada y sometida a propiedad horizontal, cuando debía aplicar una metodología para establecer el valor del lote y otra diferente para determinar la cuantía de las mejoras, punto sobre el que se volverá en el fallo sustitutivo.
Finalmente, las experticias aportadas por las partes dentro del término de traslado de la “aclaración y complementación” ordenada de oficio por el Tribunal no pueden tenerse en cuenta en esta sede debido a que el pronunciamiento del perito que con ellas se buscó contradecir, no surtió el trámite propio de la prueba pericial decretada de oficio, con lo que su valoración supondría prolongar la irregularidad de lo actuado a través de una figura improcedente.
En tal virtud, antes de emitir el fallo de reemplazo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 349, inciso 3°, del Código General del Proceso, la Sala estima pertinente decretar y practicar una prueba de oficio, según se especificará en la parte resolutiva de esta providencia.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 31 de mayo de 2022, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso de nulidad promovido por Silvia Vergel Pacheco y Mauricio Rivera Bonell contra Constructora del Norte de Bello S.A.S. y Jorge Wilsson Patiño Toro.
Sin costas, dada la prosperidad del recurso extraordinario.
Y situada la Corte en sede de instancia,
RESUELVE
PRIMERO. Decretar, como prueba de oficio, el avalúo pericial de la obra edificada sobre el lote de terreno ubicado en la Calle 34 No. 76-26 de la ciudad de Medellín, con el propósito de esclarecer el valor actual (i) de la edificación levantada y, (ii) del lote de propiedad de los demandantes, sobre el que se construyeron las mejoras. Para ello deberán tenerse en cuenta los métodos valuatorios que permitan determinar en forma diferenciada uno y otro valor, el porcentaje real de avance de la obra, el deterioro de la construcción y los demás elementos que conforme a la normativa sobre avalúo de bienes sean necesarios.
SEGUNDO. Conforme lo dispuesto en el artículo 48-2 del Código General del Proceso, se designa al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que, en el término de 30 días, proceda a realizar la experticia previamente encomendada.
TERCERO. Comuníquese esta determinación a la entidad designada, por el medio más expedito (artículo 49, ejusdem ). Hágasele saber que cuenta con un término de cinco días, siguientes a la recepción de la comunicación a la que se hizo previa referencia, para que el profesional designado tome posesión del cargo.
CUARTO. Las erogaciones que se requieran para el desarrollo de la probanza técnica serán sufragadas, en porciones iguales, por ambos extremos del litigio.
QUINTO. La elaboración de la experticia, así como su contradicción, deberán sujetarse a las reglas previstas en el artículo 231 del Código General del Proceso.
Notifíquese y cúmplase
(Aclara voto)
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
(En comisión de servicios)
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO JOSÉ TERNERA BARRIOS
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicado: 05001-31-03-010-2018-00315-01
Aunque estoy de acuerdo con la decisión de casar parcialmente la sentencia del 31 de mayo de 2022 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, aclaro mi voto respecto de las afirmaciones de la motivación relacionadas con la « improcedencia » de que el juzgador de segunda instancia solicite la ampliación de un dictamen pericial por no existir en el Código General del Proceso una norma específica que consagre esa facultad.
Desde mi punto de vista, esa prerrogativa no está vedada para el juez como director del proceso, y para hacer uso de la misma no requiere una previsión expresa del legislador, toda vez que emana de una simple interpretación sistemática de las normas del procedimiento civil que rigen su facultad oficiosa en materia probatoria (art. 229 C.G.P.), con aquellas que definen los poderes y deberes del juez, entre las que se encuentran, determinar « la forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial » (art. 12, ib .); así como, « Dirigir el proceso (…) y procurar la mayor economía procesal » (art. 42, num.1, ib .).
En efecto, si el actual régimen probatorio mantuvo la posibilidad de que el juez decrete pruebas de oficio, y particularmente, los artículos 229 y 230 del Código General del Proceso, en forma concreta prevén que puede ordenar la práctica de un dictamen pericial, al tiempo que el artículo 42 incluye dentro de sus deberes, emplear los poderes concedidos en materia de pruebas de oficio « para verificar los hechos alegados por las partes », es claro que no existe impedimento para que, también de manera oficiosa, ordene la aclaración o complementación de la prueba técnica que ya obra en el proceso por haber sido aportada en la debida oportunidad.
En otras palabras, obrar de ese modo es una forma de ejercer la facultad oficiosa en esa materia, que además armoniza con el principio de economía procesal. Naturalmente, esa prerrogativa permanece atada a garantizar a las partes el derecho de contradicción respecto de la complementación o aclaración presentada en acatamiento de la orden del juez. En este caso, el yerro que la Sala encontró configurado no se desprende del ejercicio de la facultad oficiosa, en sí misma, sino de la afrenta del derecho de contradicción de la prueba recaudada en acatamiento de esa iniciativa.
En estos términos dejo plasmada mi respetuosa aclaración.
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC364-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2023-10-10. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2018-00315-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC364-2023%20%5B2018-00315-01%5D).
