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clave: "corte_suprema:providencia:SC3635-2022 [2017-00273-01]"
titulo: "Corte Suprema: el contrato es asunto de contratantes, y no podrá alcanzar intereses ajenos"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-11-04"
radicado: "2017-00273-01"
numero: "SC3635-2022"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
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# Corte Suprema: el contrato es asunto de contratantes, y no podrá alcanzar intereses ajenos

- **Título oficial / radicado:** SC3635-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-11-04
- **Radicado:** 2017-00273-01
- **Número:** SC3635-2022
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3635-2022%20%5B2017-00273-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3635-2022%20%5B2017-00273-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIyL0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS8xMS4tIE5vdmllbWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDMzYzNS0yMDIyIFsyMDE3LTAwMjczLTAxXS5kb2N4/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

El contrato es asunto de contratantes, y no podrá alcanzar intereses ajenos.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 222 de 1995

## Extracto

En razón de lo señalado, si no se hubieran cometido los trascendentales yerros de facto, no se hubiera aplicado la presunción del inciso tercero del artículo 1060 de Código de Comercio « según la cual, si el hecho que agrava el estado del riesgo es una circunstancia extraña al asegurado o tomador, estos deberán informar al asegurador dentro de los 10 días siguientes a que tienen conocimiento, conocimiento que se presume a los 30 días después de ocurrido el hecho », la cual quedó desvirtuada al demostrarse que GMC « solo tuvo conocimiento del contrato de arrendamiento sobre los GTM después de la ocurrencia del siniestro » y « no se le puede exigir de ningún modo haber informado previamente este hecho, pues nadie está obligado a informar lo que no sabe ». En vista de las falencias advertidas en el planteamiento del ataque fracasa el cargo.

## Cita textual

> el argumento para restarle legitimación en la causa al examinar la acción de responsabilidad aquiliana no puede ser el mismo que su usa para mirar la legitimación en la responsabilidad contractual

## Texto del documento

Radicación n° 11001-31-03-004-2017-00273-01
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC3635-2022
Radicación n° 11001-31-03-004-2017-00273-01
(Aprobada en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós)
Bogotá D.C., cuatro (04) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la accionante frente a la sentencia de 27 de noviembre de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en el proceso declarativo que adelantó Gasoducto Móvil de Colombia S.A. E.S.P. contra La Previsora S.A. Compañía de Seguros, GNI Gas Natural Industrial de Colombia S.A.S. E.S.P. y Carolina Castañeda Lis.
EL LITIGIO
Gasoducto Móvil de Colombia S.A. E.S.P. (en adelante GMC) incoó demanda dirigida contra La Previsora S.A. Compañía de Seguros (en adelante La Previsora), Transportes y Servicios Logísticos Heavy Colombia S.A.S. (en adelante Heavycol), GNI Gas Natural Industrial de Colombia S.A.S. E.S.P. (en adelante GNI) y Carolina Castañeda Lis, frente a las cuales planteo por separado sus pretensiones, de las cuales se omiten las correspondientes a la segunda y la última convocadas por su intrascendencia en esta etapa.
En relación con GNI, solicitó que se declarara celebrado un « contrato de transporte de portacontenedores » con Heavycol el 29 de julio de 2014, sin la anuencia de GMC, sobre los equipos GTM con seriales C093400022 y C113400047, que estando bajo su tenencia « se siniestraron en pérdida total y/o parcial », ocasionándole perjuicios económicos al no poderlos explotar desde el 1° de febrero de 2015 en adelante, por lo que debe resarcir a título de daño emergente $824’339.825 por cada uno de los GTM, además de un lucro cesante consolidado pasado individual de $298’612.562 por los mismos.
En cuanto a La Previsora S.A. Compañía de Seguros pretendió que se tuvieran por vigentes las pólizas 1001335 y 1001436 para el 1° de febrero de 2015, cuando se accidentaron las GTM C093400022 y C113400047, además de que fue extemporánea la objeción al siniestro por lo que « operaron los presupuestos que trata el numeral 3º del artículo 1053 del Código de Comercio y por lo tanto [las pólizas] constituyen títulos ejecutivos », cuyo pago se incumplió, quedando la aseguradora « contractual, civil y solidariamente responsable, hasta el monto asegurado, de los daños y perjuicios ocasionados a los accionantes », por lo que está compelida « al pago de la obligación incorporada en el título ejecutivo que se constituyó », con sus intereses de mora o, en subsidio, el estimado actualizado a la presentación del libelo de $824’339.825 por cada uno de los GTM y a ser reajustados a la data del pago.
La razón de ser de sus aspiraciones radicó en que « TOG configuró una situación de grupo empresarial (…) en los términos del artículo 28 de la Ley 222 de 1995 », con varias sociedades entre las cuales está Integral Investments S.A., quien controla a Gasoducto Móvil de Colombia S.A. ESP, todas ellas que desempeñan similares actividades comerciales y es por esa razón que « GMC, GEACOM y TOG actuaron sobre todos los GTM que se relacionan en esta demanda como contenedores para su explotación económica », participando « activamente en solicitudes, actuaciones extrajudiciales y otros actos comerciales », los cuales para la época de los acontecimientos « estaban unos bajo contrato de leasing (…) y otros ya eran de propiedad de las demandantes ».
Es así como GMC ejerció opción de compra en marzo de 2014 frente a Corficolombiana respecto del de serie C083400010 y en junio siguiente hizo lo propio ante Leasing Bancolombia por aquellos con series C093400022, C093400028 y C093400029. En lo que refiere a los de series C113400046, C113400047 y C113400052, figuraba como propietaria la firma North Star (Canadá) para esas calendas.
Fueron adquiridos dichos bienes para alquilarlos con destino al desempeño de una « actividad peligrosa » consistente en el « transporte de gas natural, gas en forma líquida y gas para uso doméstico », a fin de utilizar el producido en cubrir los arrendamientos del leasing, además de que se ampararon con las pólizas 1001335 y 1001436 tomadas con La Previsora.
GMC y Heavycol (antes Vimagreta S.A.) suscribieron el 1º de mayo de 2012 contrato por el cual la última se comprometió a prestar por dos años el servicio de transporte de unidades de compresión de gas natural ( GTM) de que fuera propietaria o tenedora la otra firma, quedando comprometida la transportista a « responder e indemnizar a GMC por la pérdida total o parcial de la mercancía transportada y por el retardo injustificado en la entrega », siempre y cuando le fuera atribuible, así como a informar prontamente la ocurrencia de algún siniestro.
En vista del incumplimiento de los compromisos adquiridos por Heavycol, una funcionaria de GMC le notificó el 28 de noviembre de 2012 la terminación del contrato de transporte a partir del 28 de febrero del año siguiente, pero no se permitió la recuperación de los GTM aduciendo el ejercicio del derecho de retención por sumas adeudadas, a pesar de que la desatención de sus deberes hizo exigible una multa de $571’764.000, por lo que el 8 de marzo de 2014 se denunció a Carolina Castañeda Lis « por el presunto delito de abuso de confianza agravado fundamentada en la retención ilegal de los GTM ».
El 12 de mayo de la misma anualidad Heavycol promovió ejecutivo contra GMC para « el pago de varias facturas de venta que totalizaban Col $553.019.250 de capital más intereses » que le correspondió adelantar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué y en sentencia de 30 de septiembre de 2016 declaró probadas parcialmente las defensas, pero dispuso continuar el compulsivo por un capital de $196’094.250.
Apelada la decisión por ambas partes concluyó el pleito con transacción celebrada el 31 de enero de 2017 en la que GMC asumió el pago de $270’000.000, comprensivos de « capital, intereses de mora y de plazo, honorarios y costas del proceso » a cubrir con los depósitos judiciales existentes por cuenta del proceso, sin que renunciaran « a la indemnización de perjuicios civiles ocasionados por la retención ilegal de los equipos y el siniestro de los GTM ».
En el curso del coercitivo Heavycol solicitó el embargo y retención de los GTM que denunció se encontraban en la carrera 5ª Calle 103 Parqueaderos La Estación en Ibagué y recayó en siete (7) GTM que quedaron « en poder de Carolina Castañeda Lis en depósito provisional y gratuito » según diligencia de embargo y secuestro del 28 de julio de 2014, quien « actuando en nombre y representación legal de Heavycol , según se advierte en el documento, el 1º de agosto de 2014 celebró con GNI un contrato de transporte para el suministro de cinco portacontenedores » que « correspondían a los embargados y secuestrados a GMC », por una duración de seis meses, sin que se le comunicara al secuestre designado.
Sin saber de la existencia de tal acuerdo, solicitó en dicho trámite requerir al auxiliar para que se manifestara sobre su gestión y pusiera a disposición los depósitos judiciales por el producido de los bienes, ya que por rumores sabía que estaban siendo utilizados y « uno de ellos había sufrido un accidente entre la vía de Villavicencio y Yopal al ser operado por terceros ». También pidió información directamente sobre el particular a GNI el 1º de febrero de 2015, que el 24 próximo le contestó que « el GTM siniestrado correspondía al de serie C093400022 » y que « llegó a sus manos en virtud al contrato celebrado con Heavycol », pero sin indicar « la gravedad y los daños que sufrió ».
El secuestre, en atención a los requerimientos del juzgado, el 26 de marzo de 2015 aportó el acuerdo entre Heavycol y GNI, con « la rendición de cuentas que le presentó Carolina Castañeda Lis, quien (…) consignó en dos títulos judiciales $115.000.000 y $110.720.000 por concepto, según ella, del producido del contrato antes señalado en un período de seis meses a $9.500.000 mensuales menos deducciones », cuando debían ser $285’000.000, como oportunamente lo expuso. También allegó un dictamen relacionado con el siniestro ocurrido el 1° de febrero de 2015 que descartaba deficiencias del GTM y desarrollaba « las hipótesis del accidente que presuntamente sostuvieron GNI y Heavycol ».
Al relevo del auxiliar, su reemplazo acordó el 15 de mayo de 2015 la entrega a GMC « a título de arrendamiento, de los cinco GTM que para entonces estaban ubicados en el Parque Logístico Oikos de Ibagué », lo que se materializó el 18 de junio postrero según acta suscrita por aquel y sendos representantes de GMC y GNI en la que se autorizó el retiro de las instalaciones de la última. Esa misma data el secuestre y el vocero de GMC « firmaron un acta de entrega al segundo de los GTM identificados con los números de serie: C093400022 y C113400047 » a título gratuito y con la advertencia de que « ambos GTM estaban siniestrados ».
Desde el 24 de noviembre de 2014 « TOG, GMC y Geacom (…) notificaron a La Previsora de los hechos que limitaban la tenencia de los equipos por parte de Heavycol, indicándole que los equipos habían sido retenidos ilegalmente por esta empresa y la invitaron a que por sus medios efectuara la inspección » para que estableciera sus « condiciones físicas », pero no se obtuvo respuesta. Con posterioridad, el 15 de abril de 2015, « Geacom informó a La Previsora el siniestro ocurrido el 1º de febrero de 2015 sobre el GTM con serie C093400022 », que le fue « notificado a ella por GNI en respuesta al derecho de petición del 24 de febrero de 2015 », mientras que el 23 de junio siguiente « TOG informó a La Previsora (…) el siniestro ocurrido sobre el GTM identificado con serie C113400047 », del cual tuvo conocimiento el 18 previo.
La Previsora objetó ambas reclamaciones el 30 de agosto de 2016 « en razón a que la variación del riesgo no fue oportuna y verazmente avisada », a pesar de que había pasado más de un mes desde que se formularon. No obstante, el 7 de octubre de 2016 se solicitó reconsiderar esa posición ya que desde el 24 de noviembre de 2014 se había avisado sobre la « agravación del riesgo », además de que la demora en la respuesta por fuera de la oportunidad concedida por el artículo 1077 del Código de Comercio « constituye un título ejecutivo en su contra », frente a lo cual se obtuvo el 2 de noviembre de 2016 respuesta ratificando la negativa, por cuanto « la falta de notificación oportuna de las circunstancias que agravaron el riesgo generó la terminación del contrato por ministerio de la ley, hecho que no requiere la notificación de la terminación del contrato de seguro al no tratarse de un acto de revocación unilateral del contrato » [footnoteRef:1] . [1: Fls 819 a 840 cno. 1.]
Una vez vinculados los demandados todos se opusieron y plantearon defensas en estos términos:
GNI Gas Natural Industrial de Colombia S.A.S. E.S.P. adujo « defectos de la cosa o bien siniestrado », « buena fe de GNI S.A.S. ESP » e « inexistencia del nexo causal entre el hecho generador y el perjuicio » [footnoteRef:2] . [2: Fls 1002 a 1030 cno. 1.]
La Previsora S.A. Compañía de Seguros planteó la « terminación de los contratos de seguro materializados en las pólizas Nº 1001335 y Nº 1001436 por falta de notificación de la agravación el estado de riesgo (sic)», « la renovación de las pólizas Nº 1001335 y Nº 1001436 no constituye una aceptación de la agravación del estado del riesgo no informado », « la cobertura de la póliza se encuentra limitada a lo estrictamente convenido en su clausulado », « eventual configuración de exclusiones expresas pactadas en las pólizas Nº 1001335 y Nº 1001436 », « debe respetarse la suma máxima asegurada », « deben respetarse las bases de la indemnización establecidas en la póliza », « existencia de deducible », y « existencia de seguros suscritos con otras aseguradoras llamados a amparar los siniestros respecto de los GTM C093400022 y C113400047 » [footnoteRef:3] . [3: Fls 1073 a 1095 cno. 1.]
También llamó en garantía a Carolina Castañeda Lis y GNI Gas Natural Industrial de Colombia S.A.S. ESP, como se admitió en pronunciamiento de 13 de diciembre de 2017 y sobre el cual se pronunció la última sociedad en similares términos a la contestación al libelo, pero añadiendo la ausencia de responsabilidad por fuerza mayor, el hecho de un tercero y culpa exclusiva y determinante de la víctima, y la « falta de legitimación en la causa por pasiva » [footnoteRef:4] . [4: Fls 2 a 11, 13 y 23 a 39 cno. 7.]
Carolina Castañeda Lis expresó la « falta de legitimación en la causa por pasiva », « inexistencia de retención ilegal de los equipos GTM », « ausencia de prueba de extralimitación de las funciones como depositaria provisional de los equipos GTM » y « ausencia de prueba nexo causal respecto del siniestro de los equipos GTM » [footnoteRef:5] y llamó en garantía a GNI Gas Natural Industrial de Colombia S.A.S. E.S.P., como se admitió en auto de 10 de julio de 2018, sociedad que descorrió el traslado e

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

tinguir con rigurosa precisión entre los hechos base en que la presunción se asienta y aquellos que se deducen al aplicarla por obra de un raciocinio del cual es autor el legislador directamente y cuya exactitud no tiene que demostrar quien en su favor la invoca.
Una disquisición en ese sentido constituye un ataque por la vía directa que no fue planteado, ni mucho menos desarrollado por la opugnadora, a pesar de tratarse del argumento central de los literales d.-) , e.-) y f.-) reseñados en el primer numeral de este aparte y del cual disiente, pero por la senda contraria.
Y es que de tratarse de una presunción de derecho, lo que encuentra eco en la doctrina nacional y no es del caso precisar por la naturaleza del cargo, eso quiere decir que ninguna incidencia tendrían las circunstancias por las cuales la « agravación del riesgo » resulta ajena al obligado a informarla, puesto que el plazo de gracia de 30 días sería suficiente para entender que una persona con mediano cuidado se pondría al tanto de las condiciones en que se encuentran los bienes asegurados y, en caso de no hacerlo, asume las consecuencias adversas de su desidia. Por ende, cualquier reclamo sobre deficiencias en la valoración de medios de convicción sobre las justificaciones del desentendimiento carecería de la entidad suficiente para modificar el resultado contrario a las aspiraciones de la accionante.
Aún en gracia de discusión, si se pasara por alto tan trascendental deficiencia, lo cierto es que los planteamientos de la impugnante no pasan de ser una propuesta de valoración de los medios de convicción que señala preteridos, ajustada a su visión particular de las cosas y con el ánimo de restarle peso a la injustificada desatención de sus deberes con la aseguradora, lo que riñe con el propósito de la causal encaminada a revelar graves equivocaciones del sentenciador en la labor de sopesar las probanzas, de ahí que su planteamiento no puede limitarse a exponer una lectura de las mismas que favorezca al inconforme sino la demostración irrefutable de que los yerros de aquel fueron manifiestos y por ende se cae de peso la presunción de acierto con la que llega arropada a la Corte, lo que acá no acontece.
Es más, de las piezas relacionadas con la rendición de cuentas del secuestre en el proceso ejecutivo que adelantó Heavycol a GMC no se extrae que el secuestre fuera ajeno a la existencia del contrato de arrendamiento que celebró la depositaria sobre los bienes cautelados, ya que en sentido contrario dicho auxiliar expresó que desde que dejó los GTM en poder de la ejecutante « he procurado darle el mejor manejo y cuidado de los equipos, estando pendiente del estado de conservación, demás (sic) de exigir la renta o utilidad que generan los mismos a la señora Depositaria, quien después de tanto insistirle procedió a rendir un informe y consignar unos dineros » [footnoteRef:11] . [11: Informe y cuentas presentadas por el secuestre el 26 de marzo de 2015, fls. 534 y 535 cno. 1.]
Si como afirmó estaba pendiente del « estado de conservación », esto implicaba su constatación de la permanecía o no en el lugar donde se llevó a cabo la diligencia de aprehensión y si continuaban inactivos o estaban siendo utilizados, ya fuera por la tenedora u otros terceros con su autorización.
Además, el que Carolina Castañeda solo le hiciera llegar un reporte el 17 de marzo de 2015 fue en respuesta a « tanto insistirle », sin que Luís Enrique Castillo expresara que apenas en ese momento se ponía al tanto de lo que había acontecido con los bienes o que la destinación dada fue arbitraria o en contra de sus instrucciones.
Lo débil del argumento de que para el 2 de octubre de 2014 tanto la ejecutada como el secuestre desconocían que entre Heavycol y GNI existía un pacto que involucraba los GTM cautelados, se cae frente a la patente apatía de la gestora de recuperar el control de los mismos desde el instante en que se le informó el ejercicio de derecho de retención en virtud del contrato de transporte que dio origen al conflicto y la terminación unilateral del mismo en el año 2012, a pesar de que cualquier disputa al respecto pudo zanjarse por los medios establecidos en el artículo 1035 del Código de Comercio [footnoteRef:12] e incluso dentro del coercitivo, ya fuera con la reducción de medidas o la constitución de caución para levantarlas a que se refieren los artículos 600 y 602 del Código General del Proceso. [12: Artículo 1035. Derechos del destinatario y oportunidad. El destinatario podrá reclamar la cosa transportada y ejercer contra el transportador sus demás derechos cuando se hayan pagado el flete y demás gastos del transporte, conforme a los artículos anteriores. En caso de discrepancia o controversia sobre el particular el destinatario podrá depositar, a órdenes del juez el valor reclamado por el transportador para que se le haga entrega inmediata de la cosa transportada mientras se decide la cuestión. (…) También podrá el destinatario obtener la entrega inmediata de la cosa transportada, prestando una garantía a satisfacción del juez.]
Por lo anterior no es de extrañar que el Tribunal llamara la atención a que GMC fue omisiva desde que fue notificada del mandamiento de pago en su contra el 2 de octubre de 2014, a pesar de que para entonces ya estaban terminados los contratos de seguro por la falta de notificación de la agravación del riesgo el 11 de septiembre de 2014, ya que de haber sido proactiva a lo mejor lograba que la aseguradora considerara en asumir el riesgo de nuevo en relación con los GTM que estaban en poder de terceros.
En vista de las falencias advertidas en el planteamiento del ataque fracasa el cargo.
Conforme al inciso final del artículo 349 del Código General del Proceso, habrá de imponerse a la impugnante el pago de las costas procesales en esta extraordinaria vía de contradicción, y para la tasación de las agencias en derecho, se tomará en cuenta la réplica de las opositoras.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 27 de septiembre de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en el proceso declarativo que adelantó Gasoducto Móvil de Colombia S.A.A E.S.P. contra La Previsora S.A. Compañía de Seguros, GNI Gas Natural Industrial de Colombia S.A.S. E.S.P. y Carolina Castañeda Lis.
Costas a cargo de la accionante y a favor de La Previsora S.A. Compañía de Seguros y GNI Gas Natural Industrial de Colombia S.A.S. E.S.P. Inclúyase el equivalente a diez salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de agencias en derecho. En su oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de origen.
Notifíquese
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
(Ausencia justificada)
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUÍS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC3635-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2022-11-04. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2017-00273-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3635-2022%20%5B2017-00273-01%5D).
