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clave: "corte_suprema:providencia:SC354-2023 [2019-00009-01]"
titulo: "Corte Suprema: ningún eco tiene la segunda causal de casación alegada por indebida apreciación de la demanda"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-09-25"
radicado: "2019-00009-01"
numero: "SC354-2023"
ponente: "Martha Patricia Guzmán Álvarez"
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# Corte Suprema: ningún eco tiene la segunda causal de casación alegada por indebida apreciación de la demanda

- **Título oficial / radicado:** SC354-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-09-25
- **Radicado:** 2019-00009-01
- **Número:** SC354-2023
- **Ponente:** Martha Patricia Guzmán Álvarez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC354-2023%20%5B2019-00009-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC354-2023%20%5B2019-00009-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIzL0RyYS4gTWFydGhhIFBhdHJpY2lhIEd1em3hbiDBbHZhcmV6LzkuLSBTZXB0aWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0MzNTQtMjAyMyBbMjAxOS0wMDAwOS0wMV0uZG9jeA%3D%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 388 de 1997
- Ley 400 de 1997
- Ley 1229 de 2008

## Extracto

Por tanto, en el expediente existen dos pruebas de las que se puede obtener el monto de la indemnización, pero igual que lo hizo el a quo , se prefiere la última de ellas por haber sido sometida a una ardua contradicción. Por lo tanto, el juzgador estaba obligado a rechazar las pretensiones. Así las cosas, la denominada garantía decenal a que se refiere el numeral tercero del artículo 2060 del Código Civil significa que durante los diez años siguientes a la entrega, corre a cargo del constructor la responsabilidad derivada de daños que en ese tiempo afloren, surjan o aparezcan en la edificación, que provengan de los vicios anotados en ese precepto y que generen su ruina total o parcial, actual o inminente (“amenaza”), entendiéndose por ruina la caída o destrucción por desintegración del edificio o de parte de él, y por edificio una obra del hombre que se adhiere permanentemente al suelo.

## Texto del documento

Radicación n.° 05 001 31 03 013 2019 00009 01
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada Ponente
SC354-2023
Radicación n.° 05001-31-03-013-2019-00009-01
(Aprobado en Sala del diez de agosto de dos mil veintitrés)
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Se decide el recurso de casación formulado por Constructora Monserrate de Colombia S.A.S. y Constructora Monteparaíso S.A.S. – En liquidación, contra la sentencia proferida el 25 de agosto de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito de Medellín, en el proceso promovido por Unidad Residencial Monteparaíso P.H., frente a los recurrentes y Alianza Fiduciaria S.A.
I.- ANTECEDENTES
1.- Se solicitó en la demanda, de manera principal, declarar a las accionadas civil y extracontractualmente responsables por los daños derivados de los « vicios, fallas, daños y defectos atribuibles al proceso constructivo » del Conjunto Residencial Monteparaíso P.H., y condenarlas al resarcimiento del daño emergente consolidado y futuro, estimado en un total de $1.731.735.638.
En forma subsidiaria, pidieron que, « al no existir un vínculo de relación contractual directa » entre las constructoras, pero siendo estas responsables del proceso constructivo de la copropiedad Conjunto Residencial Monteparaíso P.H, se les declare extra contractualmente responsables; y que, por ser excluyentes la responsabilidad civil contractual y la extra contractual, « pero existiendo una relación contractual directa con la sociedad Alianza Fiduciaria S.A como responsable de la venta o enajenación de las zonas y bienes comunes de la copropiedad demandante, se le declare responsable por responsabilidad civil contractual », y, en consecuencia, se les condene a pagar los perjuicios materiales por daño emergente consolidado y futuro, por un total de $1.731.735.638.
2.- El sustrato fáctico de la demanda, se resume así:
En el proyecto constructivo Conjunto Residencial Monteparaíso P.H., participaron como constructora y gerencia encargada de ventas Constructora Monte Paraíso S.A.S., la interventoría y promoción corrió a cargo de Constructora Monserrate de Colombia S.A., mientras que Alianza Fiduciaria S.A., se encargó de la protocolización de las escrituras y del reglamento de propiedad horizontal.
Ante la evidencia de fallas, daños y falencias atribuibles al proceso de construcción de la unidad residencial, en 2015 la demandante contrató servicios de consultoría con ICE – Ingeniería y Consulta en Estructuras, cuyo informe técnico arrojó conclusiones negativas y deficiencias relacionadas en los aspectos « ambiental, arquitectónico, estructuras y suelos, redes hidráulicas y de gas, patologías estructurales, daños en cubiertas de parqueaderos, diseño de redes eléctricas, etc. »; y la firma Acero y Concreto Ingeniería, efectuó presupuesto de obras por un valor de $1.711.435.638.
Las deficiencias advertidas causan perjuicios a los copropietarios y a la copropiedad en general, por violación de la lex artis, en afrenta del ordenamiento jurídico, en especial de la Ley 9ª de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 400 de 1997 modificada por la Ley 1229 de 2008, Ley 842 de 2003, Ley 435 de 1998 y Ley 1796 de 2016; así como del artículo 2060 del Código Civil.
De acuerdo con este marco normativo, los demandados son solidariamente responsables por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones adquiridas por el proceso constructivo, siendo claro que en Colombia el constructor responde jurídicamente, como lo ordenan el ordinal 3° del artículo 2060 y el artículo 2061 del del Código Civil, así como el canon 1° de la Ley 1229 de 2008.
Por su parte, la fiduciaria debe responder en su calidad de vendedora y vocera del encargo fiduciario, por el saneamiento de la cosa vendida, en los términos del artículo 1893 del Código Civil.
3.- Enteradas del auto admisorio, Constructora Monteparaíso S.A.S[footnoteRef:1]. - En liquidación y Constructora Monserrate de Colombia S.A.S[footnoteRef:2], se opusieron y como excepciones de mérito alegaron « inexistencia de los elementos configurativos de la Responsabilidad civil frente a las constructoras», «causa extraña y culpa exclusiva de la víctima», «prescripción», «cobro de lo no debido», «buena fe», «temeridad y mala fe del demandante », e « inexistencia de la solidaridad entre los constructores del proyecto». [1: Fls. 240-255, c. 1] [2: Fls. 703 a 719, c. 1]
Alianza Fiduciaria S.A.[footnoteRef:3], se opuso y excepcionó « falta de legitimación en la causa por pasiva», «indebida identificación de la codemandada», «falta de notificación a quien corresponde», «contrato cumplido»; «inexistencia de obligaciones incumplidas a cargo de la fiduciaria», «presunción de buena fe», «inexistencia de solidaridad, fianza u obligaciones conjuntas e indivisibles». «temeridad y mala fe de la demandante», «inexistencia de configuración de litisconsorte», «imposibilidad legal de asumir obligaciones». «inexistencia de nexo causal entre los perjuicios reclamados y el hecho generador» y «genérica». [3: Fls. 732 a 746, c. 1]
4.- El a quo , en su sentencia del 16 de septiembre de 2019[footnoteRef:4], acogió la excepción de falta de legitimación en la causa de Alianza Fiduciaria S.A. y declaró civil y solidariamente responsables a las Constructoras Monserrate de Colombia S.A.S y Monteparaíso S.A.S., condenándolas al pago de perjuicios por $827.661.716, discriminados así: «$552.508.440 por costos de reparación de las losas de parqueadero; $24.000.000, por costos de la pintura de los puentes metálicos; $201.766.000, por costos de impermeabilización de losas y rampas de parqueadero; $49.387.376, por concepto de arreglo de puentes metálicos ». Además, condenó a la actora a pagar $90.407.392 al Consejo Superior de la Judicatura, conforme al artículo 206 del Código General del Proceso[footnoteRef:5]. [4: Folios 839-840. C. 1A.] [5: Ordinal 5° de la parte resolutiva del fallo.]
5.- El Tribunal al resolver los recursos de apelación formulados por la parte demandante y por las constructoras convocadas, revocó el numeral quinto del fallo y adicionó el tercero, para condenar a las últimas a pagar $285.200.000, por concepto del diseño, construcción y adecuación de un sistema de almacenamiento colectivo de residuos sólidos y $5.543.839, para cubrir provisionalmente las necesidades de agua y electricidad mientras se realizan las obras.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Para sustentar su decisión, en síntesis, expuso el Tribunal:
1.- Respecto del recurso de apelación de la parte actora:
1.1.- El reparo relacionado con la incongruencia, lo hizo consistir la recurrente en que en la sentencia no fueron acogidas la totalidad de sus pretensiones, no siendo ese uno de los eventos en que el sentenciador incurre en ese defecto, en tanto que no se resolvió nada por fuera de los extremos de la litis, como tampoco se pretermitió la instancia. Está claro, que la inconformidad del apelante radica en que la Juez no concedió todas sus pretensiones, lo que de forma inequívoca indica que se trata de una sentencia parcialmente estimatoria, más no incongruente.
1.2.- La garantía decenal a que se refiere el numeral tercero del artículo 2060 del Código Civil significa que durante los diez años siguientes a la entrega, corre a cargo del constructor la responsabilidad derivada de daños que en ese tiempo aparezcan en la edificación provenientes de los vicios anotados en ese precepto y que generen su ruina total o parcial, actual o inminente, entendiéndose por ruina la caída o destrucción por desintegración del edificio o de parte de él, y por edificio una obra del hombre que se adhiere permanentemente al suelo.
Conforme a la doctrina especializada, amén de la responsabilidad por simples acabados o decoraciones, el constructor responde por tres grandes pilares de la actividad constructiva, a saber: «(…) vicios de los materiales, por vicios del suelo y por vicios de la construcción. (…) si el daño se produce por un simple vicio de construcción el responsable será el constructor (…) desde que la ruina se produzca, se presumirá que fue por vicio de la construcción)” ».
2.- Se resuelven de manera conjunta todos los reparos de la parte demandada, junto con el segundo reproche de la demandante, por las siguientes razones: i) el primero de los desacuerdos de la convocada se vincula con lo que considera una incorrecta aplicación y entendimiento del artículo 2060 del Código Civil, en la medida que ninguno de los edificios de la copropiedad amenaza ruina; ii) respecto de los dictámenes periciales de los ingenieros Jairo Hernando Upegui y Adriana Toro Londoño, ambas partes pretenden fundar conclusiones diametralmente opuestas. Por ello, se impone su valoración integral para determinar si fue a partir de una indebida valoración de esas pruebas que el a quo concedió de manera parcial las súplicas, o si le asiste razón a las demandadas en cuanto a que de la prueba pericial se concluye que no están acreditados los presupuestos de las pretensiones; iii) la enjuiciada asegura que en la sentencia de primer grado se desechó el testimonio de la ingeniera Adriana Toro, que se apoya en el de Diego Castro Barrientos, cuya calidad de expertos no se demerita por el hecho de que no hubieran presentado un dictamen pericial.
2.1.- Para las sociedades apelantes el numeral 3° del artículo 2060 del Código Civil, aplica únicamente cuando el edificio perece o amenaza ruina en todo o parte, lo que, desde su punto de vista, en este caso no ocurre.
Analizada la prueba pericial aportada por ambas partes, se advierte que ninguno de los peritos niega que la edificación amenaza ruina, por lo menos en lo que tiene que ver con el edificio de parqueaderos y los puentes peatonales que lo comunican con la torre 1. Claro está, se trata de una amenaza de ruina y no de un perecimiento estructural consumado. Las conclusiones periciales que sustentan tal afirmación son las siguientes:
El perito Jairo Hernando Upegui, cuyo estudio fue aportado por la parte demandante, aseguró, « vale la pena diferenciar torre de apartamentos y la de parqueaderos y puentes. En cuanto a los puentes y la torre de parqueaderos yo pensaría que sí hay amenaza de ruina» , si se valora esa conclusión con las que sobre ese mismo aspecto emitió la perito Adriana Toro Londoño, no existe diferencia en las opiniones de ambos ingenieros, en tanto la segunda indicó claramente que la unidad residencial tiene algunos problemas de filtraciones de agua que deben atenderse urgentemente, so pena de una tragedia mayor.
Aunque las demandadas alegaron en su apelación que la ingeniera Toro aseguró que la unidad se encuentra en condiciones habitables, y que en ningún caso los edificios podrían arruinarse, debe tenerse en cuenta que la experta no negó que en la losa de los parqueaderos existían fisuras y grietas que permiten el paso inadecuado de aguas, y al ser indagada por el apoderado de la parte demandante sobre las consecuencias de esas filtraciones, indicó, « se sabe de todas maneras que el concreto tiene procesos de micro fisuración, porque sabemos que el agua ingresa es ahí donde podría afectar el hierro. El hierro nunca queda a intemperie, está recubierto, se supone que la micro fisuración no tiene por qué afectar el hierro, si la dejamos sin un proceso de impermeabilización, por eso insisto que hay que sellarlas (...) hay que hacer proceso de lavado y ponerle un producto especializado », y si bien no explicó a qué se refería con que « sabemos que el agua ingresa es ahí donde podría afectar el hierro », el perito Jairo Hernando Upegui, precisó que esas filtraciones de agua, con el paso del tiempo llevarán a que « se desprende el acero de la matriz del concreto y la edificación tiene un rendimiento muy por debajo al esperado. La edificación amenaza ruina claro» .
Es evidente la confluencia del dicho de ambos peritos, pues en el aportado por la parte demandante se afirma la amenaza de ruina del edificio de parqueaderos y los puentes peatonales que lo comunican con la torre 1, y si bien Adriana Toro niega la amenaza de ruina, en todo caso, acepta el grave problema de fisuración del concreto de esa edificación que trae consigo la natural filtración de aguas que con el simple paso del tiempo puede afectar la adherencia del acero a la matriz de concreto y la final ruina.
Como los dos expertos aceptan que los puentes peatonales están anclados o apoyados tanto a la torre 1 como al edificio de parqueaderos, ninguna experticia se requiere para concluir que la amenaza de ruina para ese edificio es la misma que se cierne sobre los puentes peatonales, por cuanto es apenas lógico que ante el derrumbamiento del primero los segundos caerían en movimiento conjunto, por estar íntimamente unidos.
2.2. - Se estudian los dictámenes periciales, con algunas precisiones iniciales acerca de los requisitos formales y la introducción de los mismos al proceso.
El presentado por Jairo Hernando Upegui Jaramillo, como representante de Ingeniería de Consulta en

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

isuración no tiene por qué afectar el hierro, si la dejamos sin un proceso de impermeabilización, por eso insisto que hay que sellarlas (MIN. 30.49). (...) hay que hacer proceso de lavado y ponerle un producto especializado (MIN. 31.15)”.
Entonces, aunque la mencionada ingeniera no explicó de manera detallada a qué se refiere con que “sabemos que el agua ingresa es ahí donde podría afectar el hierro”, el perito Jairo Hernando Upegui, en su intervención posterior de ampliación, precisó que esas filtraciones de agua, con el paso del tiempo llevarán a que “se desprende el acero de la matriz del concreto” y la edificación tiene un rendimiento muy por debajo al esperado.
La edificación amenaza ruina CLARO.” (min. 55.40 audio ampliación) De modo que para la Sala la confluencia del dicho de ambos peritos se hace evidente en que el aportado por la parte demandante, sin temor o duda alguna, afirma la amenaza de ruina del edificio de parqueaderos y los puentes peatonales que lo comunican con la torre 1 de apartamentos, mientras que si bien la experta traída a juicio por la demandada asegura que la amenaza de ruina no existe, acepta el grave problema de fisuración del concreto de esa edificación que trae consigo la natural filtración de aguas que, con el simple paso del tiempo, puede afectar la adherencia del acero a la matriz de concreto y la final ruina.
Ahora, ambos peritos aceptan que los puentes peatonales están anclados o apoyados (eso se discutirá luego en el aparte de los supuestos defectos constructivos) tanto a la torre 1 como al edificio de parqueaderos, al punto que para el ingeniero Upegui el grave defecto constructivo en ese punto es el inadecuado “empotramiento” de los puentes, mientras que para la ingeniera Toro los puentes están fijados “completamente al parqueadero y al otro lado tienen que quedar apoyados, que va fijado y anclado con pernos y allí se apoya” (MIN. 14.00 audio peritaje).
De suerte que ninguna experticia se requiere para concluir que la amenaza de ruina para el edificio de parqueaderos es la misma que se cierne sobre los puentes peatonales, porque apoyados, empotrados o anclados a la torre de parqueaderos, es apenas lógico que ante el derrumbamiento del primero los segundos caerían en movimiento conjunto, por estar íntimamente unidos . (Subraya intencional).
Además, ningún sentido tendría valorar los dichos de la ingeniera Adriana Toro de manera irreflexiva y sin ninguna armonía con lo dictaminado por el colega que rindió dictamen para su contraparte, porque aceptar simplemente que la losa de parqueaderos debe ser correctamente impermeabilizada, para evitar que el agua se siga filtrando sin ninguna aparente consecuencia ante la falta de tal medida correctiva, sería tanto como desconocer el proceso natural y obvio que el agua causa en las propiedades físicas del acero, y cerrar los ojos ante la evidente realidad que el ingeniero Upegui describió como “afectación de la adherencia del acero al concreto” y el consecuente rendimiento deficiente de la estructura.
Más adelante, al referirse a los reparos acerca de la relación estructural entre los puentes peatonales y la torre de parqueaderos, tras analizar las pruebas técnicas y testimoniales allegadas al juicio, señaló:
Entonces, llámese anclaje, pernado o empotramiento, lo cierto es que los puentes peatonales están ligados a la estructura de parqueaderos, lo que per se no es inadecuado, siempre que se haga de la manera a la que se refiere el ingeniero Upegui, cuando como solución propone que “en este caso tenemos ambos deterioros, uniones del puente con edificios y los del puente mismo.
Hay que desmontar el puente, reparar uniones y volverlo a montar Hecho eso, reparo las uniones del puente como tal” (min. 48.00 ampliación). Así las cosas, cómo aceptar simplemente que los puentes peatonales están “apoyados” de manera superficial en la torre de parqueaderos sin riesgo alguno, pues ninguna de las partes niega que ese anclaje existe, pero la diferencia es la misma que anteriores oportunidades: la perito y los testigos de la parte demandada aceptan lo afirmado por la demandante sobre la práctica constructiva inadecuada, en este caso consistente en una errónea instalación de los puentes que desconoce el sistema de transferencia de fuerzas, guardando absoluto silencio sobre las posibles consecuencias.
En tal supuesto, ninguna lógica tiene para la Sala que en efecto se identifique un problema, se acepte en parte que la demandante tiene razón sobre la inescindibilidad estructural del edificio de parqueaderos y la torre 1 de apartamentos, se acredite técnicamente la amenaza de ruina que se cierne sobre el mentado edificio si no se corrigen las fallas de filtración de aguas, para finalmente concluir que ningún error constructivo han cometido las demandadas y ningún riesgo existe para la copropiedad, incluso si ninguna obra de corrección se realiza. Entonces, razonar de la manera que propone la parte demandada, equivale a llevar el proceso cognoscitivo hasta la mitad del camino.
En las descritas circunstancias, el análisis del material demostrativo realizado por el Tribunal para dar respuesta al motivo de apelación relacionado con la verificación del supuesto de hecho de la amenaza de ruina deducido por el a quo , deja al descubierto que la alegada suposición de la prueba en ese sentido es a todas luces contraevidente, pues el razonamiento que sirve de base a esas inferencias acompasa con lo que emerge de las probanzas allí analizadas.
3.- En síntesis, de acuerdo con las consideraciones que preceden, el Tribunal valoró las pruebas recopiladas, sin que en ese laborío se detecte alteración de su contenido objetivo, por el contrario, sus conclusiones guardan correspondencia con lo que real y materialmente se desprende de ellas, por lo que no es factible calificarlas de irrazonables para resolver la Litis del modo que lo hizo.
Por lo anterior, el cargo no se abre paso.
4.- Como la decisión es adversa a las recurrentes, se les condenará en costas, de conformidad con el numeral 1° del artículo 365 e inciso final del artículo 349 del Código General del Proceso, para lo cual se tendrá en cuenta que la parte demandada replicó el recurso extraordinario.
XI.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero: No casar la sentencia proferida el 25 de agosto de 2020, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso en referencia.
Segundo : Condenar en costas a los impugnantes. Por concepto de agencias en derecho, se fija la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Notifíquese y devuélvase
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de la Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(Con ausencia justificada)
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC354-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2023-09-25. C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. Rad. 2019-00009-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC354-2023%20%5B2019-00009-01%5D).
