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clave: "corte_suprema:providencia:SC350-2023 [2016-00637-01]"
titulo: "Corte Suprema: la comisión debe concebirse como cualquier rubro"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-09-25"
radicado: "2016-00637-01"
numero: "SC350-2023"
ponente: "Martha Patricia Guzmán Álvarez"
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# Corte Suprema: la comisión debe concebirse como cualquier rubro

- **Título oficial / radicado:** SC350-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-09-25
- **Radicado:** 2016-00637-01
- **Número:** SC350-2023
- **Ponente:** Martha Patricia Guzmán Álvarez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC350-2023%20%5B2016-00637-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC350-2023%20%5B2016-00637-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIzL0RyYS4gTWFydGhhIFBhdHJpY2lhIEd1em3hbiDBbHZhcmV6LzkuLSBTZXB0aWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0MzNTAtMjAyMyBbMjAxNi0wMDYzNy0wMV0uZG9jeA%3D%3D/Civil/interpretaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

La comisión debe concebirse como cualquier rubro que perciba el agente en retribución por la actividad de promocionar o explotar negocios de terceros; y la utilidad, comprende un «tanto por ciento» de las ganancias obtenidas, por supuesto, una vez deducidos como expensas todos los gastos de la operación.

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

No obstante, la agencia es incompatible con la ocasionalidad que sí se presenta en otros negocios de intermediación, tales como la comisión o el corretaje, en la medida en que no se contrae a la celebración de unos o varios negocios, ni al acercamiento de los interesados en el ajusto de un contrato específico. Para tal efecto, en el evento que el contrato que se pretenda desconocer conste por escrito, deberá agotarse un test consistente en: (i) verificar su contenido, determinado cuáles son las obligaciones que allí se originan; (ii) indagar si los hechos ejecutados se adecuan en ese tipo de pacto, o si hay una desviación significativa que lo desnaturalice o reemplace su objeto; (iii) en el primer caso tendrá que sujetarse a las lindes del negocio que se desconoce, mientras en el segundo habrá que verificar si lo ejecutado se identifica con la agencia de facto, y en caso de respuesta positiva acceder a su declaratoria.

## Cita textual

> quien realice esos comportamientos debe tenerse por agente

## Texto del documento

Radicación n.° 11001-31-03-003-2016-00637-01
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada Ponente
SC350-2023
Radicación n.° 11001-31-03-003-2016-00637-01
(Aprobado en sesión de diez de agosto de dos mil veintitrés)
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Se decide el recurso de casación formulada por Ricardo Caicedo Pulgarín e Infraestructure Development S.A.S. contra la sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá de 6 de octubre de 2020, en el proceso que promovieron los aquí recurrentes en contra de Acciona Infraestructuras S.A. Sucursal Colombia y Otacc S.A.
I.- ANTECEDENTES
1.- Los demandantes dirigieron en contra de los convocados cuatro grupos de pretensiones, las principales y tres bloques de subsidiarias:
1.1.- De manera principal, solicitaron declarar que:
De un lado, Ricardo Caicedo Pulgarín (en adelante Caicedo), y del otro, Acciona Infraestructuras S.A. y Otacc S.A. celebraron un contrato de agencia comercial, en el cual el primero promovió contratos a favor de los segundos, y que fue terminado por justa causa debido al incumplimiento de las demandadas, en consecuencia se condene a:
Acciona Infraestructuras S.A. y Otacc S.A. a pagar en su orden: $8.324.754.540 y $4.507.829.485 por comisiones no pagadas, $1.821.098.444 y $626.087.428 por cesantía comercial, y $3.227.977.199 y $3.005.219.656 por la indemnización del artículo 1324 del Código de Comercio, todo con los intereses moratorios respectivos.
1.2.- Como primeras pretensiones subsidiarias, solicitaron declarar que:
De un lado, Infraestructure Development Group S.A.S (En adelante IDG) y del otro, Acciona Infraestructuras S.A. y Otacc S.A., en el cual el primero promovió contratos a favor de los segundos, y que fue terminado por justa causa debido al incumplimiento de las demandadas, en consecuencia se condene a:
Acciona Infraestructuras S.A. y Otacc S.A. a pagar en su orden: $8.324.754.540 y $4.507.829.485 por comisiones no pagadas, «lo que corresponde» y $574.843.629 por cesantía comercial, y $2.895.052.695 y $2.759.249.420 por la indemnización del artículo 1324 del Código de Comercio, todo con los intereses moratorios respectivos.
1.3.- Como segundas pretensiones subsidiarias, solicitaron declarar que:
De un lado, Caicedo, y del otro, Acciona Infraestructuras S.A. y Otacc S.A. celebraron un contrato de agencia comercial, en el cual el primero promovió contratos a favor de los segundos, en consecuencia se condene a estas últimas a pagar en su orden $8.324.754.540 y $4.507.829.485 por comisiones no pagadas, más los intereses moratorios respectivos.
1.4.- Como terceras pretensiones subsidiarias, solicitaron declarar que:
De un lado, IDG, y del otro, Acciona Infraestructuras S.A. y Otacc S.A. celebraron un contrato de intermediación, en el que el primero recibió el encargo de gestionar negocios a favor de los segundos, en consecuencia se condene a estas últimas a pagar en su orden $8.324.754.540 y $4.507.829.485 por concepto de comisiones no pagadas, todo con los intereses moratorios respectivos.
2.- Para soportar sus pretensiones, manifestaron que:
2.1.- Acciona Infraestructuras S.A. (En adelante Acciona), por conducto de su presidente Pedro Martínez, contactó a María José Elices Marcos (en adelante Elices), quien trabajaba para el Grupo Suma, que agrupaba a las compañías Mintral Inversora S.L., Suma Internacional S.L., Mintral Panamá S.A., entre otras, para que consiguiera una persona o empresa que pudiera realizar labores de promoción, gestión y búsqueda de proyectos de infraestructura en Colombia.
2.2.- En desarrollo de esa encomienda, Mintral Inversora S.L. contactó a Caicedo, quien aceptó realizar esa gestión para Acciona o cualquier sucursal o filial que esta tuviere en territorio colombiano, para tal propósito constituyó a IDG y puso a disposición a la sociedad Infrestructure Development Group S.A.
2.3.- Caicedo celebró un convenio con Mintral Inversora S.L., representada por Manuel A. García Brenes, en el que el primero convino en pagarle a la segunda una comisión por haberle presentado a Acciona; para proporcionarle seguridades, el primero autorizó a la segunda para recibir del cliente la integridad de la remuneración, con el fin de que se descontará su parte y luego le girará el excedente que le correspondía.
2.4.- El 11 de mayo de 2011, Acciona y Mintral Panamá S.A. acordaron que si Ecopetrol o sus filiales adjudicaban proyectos a la primera, la segunda recibiría un «fee de éxito» del 7% en los contratos con intervención directa y del 2% en los que no haya intervención directa.
2.5.- El 23 de octubre de 2012, Caicedo y Mintral Panamá S.A., representada por Elices, celebraron un contrato de prestación de servicios de consultoría, en el cual convinieron que los honorarios del primero y/o de IDG equivaldrían al 78,58% de la comisión que recibiera la segunda de Acciona y Masa, en razón de los contratos que Ecopetrol llegaré a adjudicarles.
2.6.- Caicedo y Mintral Inversora S.L. suscribieron un convenio para acordar como se garantizaría el pago de la comisión, atendiendo sugerencias de Acciona, accedió a que la comisión fuera pagada por conducto de Mintral Panamá S.A., y recibiendo una sugerencia de Manuel García Brenes, cada una de las partes abrió una cuenta en el Banco Balboa Bank Trust Panamá.
2.7.- También idearon un procedimiento, mediante el cual Caicedo presentaba una factura a Mintral Inversora S.L., quien a su turno gestionaba el pago ante Acciona, descontaba el porcentaje de la comisión que le correspondía y consignaba la suma de IDG y/o Caicedo.
2.8.- En desarrollo de lo acordado, Caicedo inscribió a Acciona en el registro de proveedores y contratistas de Ecopetrol, remitiendo la información respectiva al ingeniero Santiago Lombana Indaburu en correo electrónico de 11 de abril de 2011; además gestionó su anotación en el registro de Pacífic Rubiales, para lo cual adelantó la actividad pertinente con la funcionaria Liliana Rojas.
2.9.- En mayo de 2011, almorzó en Madrid (España) con Pedro Martínez, presidente de Acciona, y con Elices, en dicha reunión sugirió al directivo que se presentará una propuesta dirigida al Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, para la estructuración de una App de navegabilidad del Rio Magdalena; además, se dispuso que este proyecto y los de Ecopetrol se gestionarían con prioridad para la empresa agenciada.
2.10.- Para ejecutar estas instrucciones, se redactó la misiva dirigida a la Presidencia de la República, en la cual se manifestó que los interlocutores para la coordinación de la iniciativa serían José Damián Sáenz Martínez (En adelante Sáenz) por Acciona y Caicedo como «representante de la empresa Grupo Suma», tal carta fue entregada por este último a la consejera presidencial Catalina Crane.
2.11.- En agosto de 2011, Caicedo solicitó una reunión con Javier Genaro Gutiérrez y Álvaro Castañeda, presidente y vicepresidente de Transporte de Ecopetrol, respectivamente, con el fin de discutir proyectos de oleoductos y relacionarlos con el presidente de Acciona.
2.12.- En ejercicio de sus labor de identificación y promoción de proyectos a favor de Acciona, los demandantes ofrecieron y estructuraron los siguientes proyectos: Infraestructura del Sistema Penitenciario, Centro Empresarial Ecopetrol, Fiscalía General de la Nación, Oleoducto Bicentenario, Navegabilidad del Rio Magdalena, Hospital Universitario y Planta de tratamiento de aguas residuales de Pacífic Rubiales; a pesar de que no llegaron a concretarse, invirtieron recursos económicos y asumieron los riesgos de la gestión como agentes.
2.13.- Gracias a promoción de negocios realizada por los actores, Acciona y Ecopetrol celebraron los siguientes contratos: MA-005771 Oleoducto San Fernando – Monterrey; MA-0018026 Facilities GEC; MA-0018091 Facilities GNO; y, MA-0016935 Edificio Sede Administrativa CP7 Bucaramanga.
2.14.- Las convocadas adeudan a los demandantes estas cantidades por concepto de comisiones no pagadas:
$6.562.419.527 más intereses moratorios desde el 8 de diciembre de 2013 por los Oleoducto San Fernando Monterrey, de los cuales a la demandada le corresponde el 50% en virtud del acuerdo consorcial celebrado con Masa S.A. el 13 de julio de 2011.
$9.923.804.419 y los intereses moratorios desde la fecha de facturación respectiva por el proyecto Facilities GEC.
$284.494.515 y los intereses moratorios desde la fecha de facturación respectiva por el proyecto Facilities GNO.
$848.019.825 y los intereses moratorios desde la fecha de facturación respectiva por el proyecto Edificio Sede Administrativa Bucaramanga CP7.
2.15.- En consideración al contrato de agencia mercantil que vinculó, Acciona adeuda a los demandantes $1.821.098.444 a título de cesantía comercial, y por ese mismo concepto Otacc S.A. les debe $626.087.428.
2.16.- El contrato de agencia culminó por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de Acciona, por consiguiente, esta debe pagar $3.277.977.199 por indemnización de perjuicios prevista en el artículo 1324 del Código de Comercio, mientras por este mismo rubro Otacc S.A. le adeuda $3.005.219.656.
3.- La demandada Otacc S.A. formuló las excepciones de mérito que denominó «inexistencia de vínculo jurídico alguno entre los demandantes y Otacc S.A.» e «inexistencia de solidaridad entre Acciona y Otacc S.A. frente a los demandantes» .
4. La convocada Acciona opuso las defensas perentorias de «inexistencia de fundamento legal y contractual para acoger las declaraciones y condenas que pretenden los demandantes» , «inexistencia de una agencia comercial de hecho» , «inexistencia de un contrato de intermediación», «inexistencia de perjuicios» , «las declaraciones y condenas que solicitan los demandantes van contra los actos propios» y «genérica» .
5.- Mediante sentencia de 31 de mayo de 2019, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá denegó las pretensiones y condenó en costas a los demandantes, quienes inconformes plantearon recurso de apelación, con miras a obtener la revocatoria del fallo y la acogida de sus aspiraciones.
6.- El Tribunal Superior de Bogotá, D.C. en Sala Civil de Decisión, profirió la sentencia de 6 de octubre de 2020, en la cual confirmó la providencia apelada e impuso condena en costas a los recurrentes.
II.- LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1.- El sentenciador recordó que el contrato de agencia fue definido en el artículo 1317 del Código de Comercio, sus elementos esenciales son la autonomía del agente, la actuación por cuenta del agenciado, la estabilidad del encargo y la remuneración, los cuales deben ser demostrados para deducir la existencia del agenciamiento de hecho de que trata el artículo 1331 ejusdem.
2.- Apuntó que la agencia comercial puede ser de hecho, por permitirlo el artículo 1331 del Código de Comercio, que extiende la regulación del negocio nominado, bajo el entendido de que la voluntad de contratar «está implícita en los mismos hechos espontáneos que al respecto exteriorizan quienes concurren a la relación» .
3.- Expresó que la acción de intermediar es un rasgo distintivo de «un conjunto de ‘contratos de colaboración e intermediación utilizados por los productores para expandir su mercado y llegar, en cualquier lugar, al destinatario último de las mercancías que fabrican», y que de este participan varios negocios como el corretaje, representación de firmas, depósito de mercancías, agencia, distribución y franquicia.
4.- Como balance de las pruebas en conjunto, coligió que los demandantes realizaron actividades para identificar oportunidades de negocio para Acciona, pero que esa situación «obedeció a la existencia de contratos de colaboración y consultoría suscritos con los terceros Mintral Inversora S.L. (Grupo Suma) y Mintral Panamá, en virtud las cuales los demandantes debían ejercer tales actividades de promoción y fomento a favor de los clientes de aquellas, entre los que se destacó el aquí demandado Acciona Infraestructuras S.A.» .
5.- Los demandantes y Mintral suscribieron una pluralidad de acuerdos, «de los que infiere la existencia de un contrato de intermediación entre ellos» , más no vinculan a los demandados, entre los que se encuentran: El «contrato de colaboración» suscrito el 15 de diciembre de 2010, por Mintral Inversora S.L. y Caicedo; El suscrito el 15 de mayo de 2011, « relativo a la comunicación que la segunda remitiría a sus clientes informando la oportunidad de negocio que fue sometida por el primero, y que resulta interesante para sus clientes»; el contrato de consultoría de 15 de mayo de 2011, ajustado por Mintral Panamá S.A. e IDG, en el cual se estableció que el primero pagaría al segundo el 75,58% de los ingresos que recibiera de Acciona y Masa.
6.- La demandada Mintral Panamá S.A. y Acciona Infraestructuras S.A., convinieron los términos de su relación en los acuerdos de: consultoría de 29 de abril de 2011, en el cual el primero se compromete a asistir, «en el objeto de identificar oportunidades de inversión, adquisición, asociación

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ficiente para infirmar la decisión confutada, pero sí sirve de catalizador que desemboque en la falta de aplicación, errónea interpretación o falta de aplicación de la ley.
Sobre el particular, la CSJ SC, abr. 13 2005, rad. 00056, explicó que:
«A objeto de perfilar el [error] de derecho (…), bien convenido se tiene que él dice relación con la contemplación jurídica de las pruebas, precisamente para resaltar que en ese ámbito queda excluida toda controversia de tipo físico o material, pues él sólo podría estructurarse en un escenario que le es muy propio: el de la diagnosis jurídica de los elementos de prueba. El reproche que cabe hacerle al juzgador, ya no es el de que vea mucho o poco, que invente o mutile pruebas; en fin, el problema ya no es de desarreglos visuales, porque el desacierto se ubica es en el pensamiento probatorio del juzgador; ya porque no muestra el debido respeto al apreciadísimo postulado del contradictorio (aducción e incorporación al proceso de elementos de juicio), ora porque entra a reñir con el legislador acerca del mérito de las probanzas. Bien podría decirse metafóricamente que aquí el problema no es de “pupila” sino de discernimiento» .
El recurrente acusa la comisión de error de derecho, argumentando que fueron conculcadas las normas probatorias sobre presunciones, es decir, de los cánones 66 del Código Civil y 166 y 167 del Código General del Proceso, toda vez que el fallador no presumió la existencia de la agencia comercial, a pesar de concurrir los elementos esenciales del contrato, tal como lo exige el artículo 1331 del Código de Comercio.
Para fincar su ataque, esgrime que el fallador pasó por encima de la prueba de la promoción de negocios ajenos, la independencia o estabilidad del agente, la actuación por cuenta ajena y la búsqueda de remuneración, es decir, los elementos esenciales del agenciamiento; y, en su lugar elaboró una serie de inferencias, reconducidas a negar la relación directa existente entre las partes, para sostener que las labores de intermediación ejecutadas por el actor respondían a un compromiso asumido con un tercero, cual es Mintral Inversora S.L.
A fin de zanjar el cargo, cumple advertir que cuando el artículo 1331 del Código de Comercio dispone que «a la agencia de hecho se le aplicaran las normas del presente capitulo» , no está instituyendo una presunción, sino remitiendo la regulación del agenciamiento de facto a los preceptos que rigen el contrato típico de agencia comercial, pues se contrae a hacer una remisión, sin entrar a disponer que de la prueba de un hecho ha de presumirse la de otro supuesto fáctico.
Bien distinto es que la jurisprudencia, tal como se indicó al abordar el cargo segundo, haya determinado que la deducción del agenciamiento de hecho pende de la prueba de los elementos esenciales del contrato de agencia comercial; subregla que está lejos de asimilarse a una presunción, por el contrario radica en cabeza de los demandantes una autentica carga probatoria, cuyo acatamiento desembocará en la demostración de la relación jurídica pretendida, y no a que se presuma la misma, como erradamente lo manifiesta el actor.
Simultáneamente, se observa que el cargo adolece de defectos de planteamiento, pues se contrae a proclamar el desconocimiento de una presunción no contemplada en la ley, pero abandona el deber de especificar los contornos de un auténtico error de derecho, cual es que el tribunal hubiere menospreciado las reglas de aducción probatoria, asignado un valor probatorio contrario al perfilado por el legislador, o contrario a las pautas de estimación de la integridad del acervo.
9. Para finiquitar, debe resaltarse que en el tercer cargo el recurrente planteó el recurso con miras a obtener el reconocimiento del «contrato de intermediación» implorado en las pretensiones subsidiarias, pero en últimas reclamó la declaración de la existencia de un mandato comercial entre los aquí contendientes, rogativa que constituye un medio nuevo que no fue alegado en las instancias, y se aduce intempestivamente en el recurso de casación, pasando por alto que este no es un nuevo escenario para mejorar la posición esgrimida durante el trámite o traer a colación cuestiones que allí no se debatieron.
En este punto, la CSJ SC3604-2021, ag. 25, ha esgrimió frente a eso tipo de argumentos que:
El objeto de estudio en casación es la sentencia -como thema decissum-, [por lo que] es improcedente formular en casación cargos con apoyo en cuestiones o medios nuevos; o sea, en aspectos (...) que por no haberse planteado ni alegado en ninguna de las instancias del proceso, o por ser contrarios a los que allí se debatieron, fueron desconocidos por el sentenciador de instancia, y que, por consiguiente, sólo buscan que el litigio se solucione mediante el estudio por la Corte Suprema de extremos absolutamente distintos a los que fueron base de la demanda y su contestación (SC, 19 ene. 1982). En fin, la negativa de aceptar medios nuevos en casación tiene como finalidad preservar el carácter excepcional del remedio, así como también los derechos de defensa y contradicción de los no recurrentes, quienes podrían verse sorprendidos con razonamientos que no tuvieron la oportunidad de controvertir: AC2770-2018.
Sobre el particular, debe puntualizarse que en las pretensiones no se solicitó la declaración del mandato, cuya existencia no fue insinuada en la fundamentación fáctica de la demanda, y, que esa aspiración tampoco fue blandida en el trámite del recurso vertical, tanto en la etapa de planteamiento de los reparos concretos contra la decisión del juzgado, como en su desarrollo en la fase de sustentación de dicho disenso ante el Tribunal, por consiguiente no podía eregirse como un tópico de obligatorio tratamiento para los sentenciadores de primera y segunda instancia.
Por lo expuesto, los cargos no se abren paso.
10. Debido al fracaso del recurso de casación, se condenará a la recurrente a pagar las costas causadas durante su trámite, lo anterior de acuerdo con el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso.
IV. DECISIÓN:
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: NO CASAR la sentencia proferida el 6 de octubre de 2020, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Civil, en el proceso que se dejó plenamente identificado al comienzo de este proveído.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta sede extraordinaria a la parte recurrente. Para su cuantificación, inclúyase el equivalente de diez s.m.l.m.v. como agencias en derecho. Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen
Notifíquese
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(Con ausencia justificada)
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC350-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2023-09-25. C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. Rad. 2016-00637-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC350-2023%20%5B2016-00637-01%5D).
