---
clave: "corte_suprema:providencia:SC3383-2022 [2020-01452-00]"
titulo: "Corte Suprema: no puede obviarse el hecho de que la convocada tiene una naturaleza cualificada"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-10-31"
radicado: "2020-01452-00"
numero: "SC3383-2022"
ponente: "Martha Patricia Guzmán Álvarez"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3383-2022%20%5B2020-01452-00%5D"
---

# Corte Suprema: no puede obviarse el hecho de que la convocada tiene una naturaleza cualificada

- **Título oficial / radicado:** SC3383-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-10-31
- **Radicado:** 2020-01452-00
- **Número:** SC3383-2022
- **Ponente:** Martha Patricia Guzmán Álvarez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3383-2022%20%5B2020-01452-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3383-2022%20%5B2020-01452-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIyL0RyYS4gTWFydGhhIFBhdHJpY2lhIEd1em3hbiDBbHZhcmV6LzEwLi0gT2N0dWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDMzM4My0yMDIyIFsyMDIwLTAxNDUyLTAwXS5kb2N4/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

Más allá de la declaración expresada por las partes en el contrato y de la conducta procesal asumida por el Estado vecino, se verificará si el presente trámite puede culminar con una decisión de fondo, atendiendo a la naturaleza especial de quien funge como arrendataria.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 820 de 2003
- Ley 17 de 1971
- Constitución Política

## Extracto

De esta forma, la Corte explicó que en la Convención de Viena de 1961 se codificó este desarrollo, y señaló, puntualmente, que los Estados acreditantes deben atender las normas locales en materia comercial y laboral. En lo relacionado con los iure gestionis esta Corporación ha resaltado: Por lo tanto, la omisión de pagar los cánones pactados en las fechas estipuladas por las partes, faculta automáticamente al arrendador para solicitar la terminación unilateral del contrato por la senda prevista en el Código General del Proceso.

## Texto del documento

Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-01452-00
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada Ponente
SC3383-2022
Radicación: 11001-02-03-000-2020-01452-00
(Aprobado en Sala de veintiuno de julio de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Procede la Corte a dictar sentencia dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado promovido por la señora Flor Alba Sánchez de Rueda contra la República Bolivariana de Venezuela.
I. ANTECEDENTES DEL LITIGIO
1. PRETENSIONES.
1.1. Declarar la
terminación del contrato
de arrendamiento suscrito entre las partes, respecto del inmueble ubicado en la carrera 37 No. 52-75 de la ciudad de Bucaramanga (Santander) , con fundamento en la causal denominada mora en el pago de los cánones.
1.2. En consecuencia, ordenar a la parte demandada que restituya inmediatamente el predio o dentro del término señalado en la sentencia.
En el evento en que no se materialice la entrega voluntaria deberá realizarla el despacho, directamente o mediante comisión delegada a un juzgado civil municipal de la ciudad en que se ubica el bien.
1.3. Condenar a la convocada al pago de las costas procesales.
2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS.
En sustento de tales pedimentos, se plantearon los hechos que pasan a sintetizarse:
2.1. La señora Flor Alba Sánchez de Rueda suscribió el mencionado contrato con David Josué Quintana La Riva, en su calidad de cónsul de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud del cual entregó a título de arrendamiento el predio ubicado en la carrera 37 No. 52-75, barrio Cabecera del Llano de la ciudad de Bucaramanga (Santander) , identificado con los siguientes linderos: «Por el [NORTE], en extensión de veinticinco metros (25.oo mts) con propiedad de [Armando Maccormick Nava]; por el SUR, en extensión de veinticinco metros (25.oo mts) con propiedad de Jairo Gandur; por el ORIENTE, en extensión de diez metros (10.oo mts) con propiedad de Antonio J Reyes; y por el OCCIDENTE, en extensión de diez metros (10.oo mts) con la carrera treinta y siete (37)».
2.2. En la cláusula primera se indicó que la destinación del bien sería para el funcionamiento de las oficinas del Consulado de la República Bolivariana de Venezuela durante un período de doce (12) meses, contado a partir del 1º de enero de 2015; empero, se ha venido prorrogando automáticamente hasta la fecha.
2.3. Por concepto de canon mensual durante la primera anualidad se pactó la suma de $4´300.000.oo, la que se ha incrementado sucesivamente «en una proporción igual al cien por ciento (100%) del índice de precios al consumidor del año calendario inmediatamente anterior» .
2.4. Según lo informado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el 23 de febrero de 2019 se rompieron las relaciones diplomáticas entre el Estado colombiano y el venezolano.
2.5. Desde el mes de febrero de 2019 la parte demandada se sustrajo de pagar los cánones de arrendamiento causados y a la fecha no ha realizado ningún abono; por lo tanto, incumplió la obligación contenida en las cláusulas décima y undécima del contrato.
2.6. El 7 de marzo de 2020, los señores Luis Alejandro Hernández Peña y Olivo Cruz Cárdenas presentaron declaración juramentada ante notario, en la que dieron fe de que «el consulado de Venezuela está cerrado desde el 24 de febrero de 2019, pero con permanencia 24 horas de vigilancia por la Policía Nacional, sin atención al público, y adicionalmente, que la casa se encuentra en deterioro por la falta de mantenimiento y de aseo (sic)».
2.7. En respuesta a una petición elevada ante la Cancillería Colombiana, se afirmó que [a la hora actual] la ciudad de Bucaramanga no cuenta con Consulado Venezolano dentro del territorio y, además, que el señor David Josué Quintana estuvo acreditado como cónsul del país vecino entre el 2 de noviembre de 2012 y el 7 de julio de 2018.
2.8. El 10 de septiembre de 2018 radicó una misiva ante el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela, informando que ante el incumplimiento presentado dio por terminado el contrato, lo que abre la senda a su declaración judicial.
3. ACTUACIONES PROCESALES.
3.1. Mediante proveído calendado el 5 de mayo de 2021 se admitió la demanda y, en consecuencia, se ordenó correr traslado a la parte convocada por el término de veinte (20) días.
De otro lado, se negó la solicitud de entrega provisional elevada por la parte actora ante el presunto abandono en que se encuentra el inmueble, tras argumentar que «(…) por tratarse de una sede consular, la Convención de Viena de 1961 y 1963, sobre relaciones consulares, la condicionan. La ruptura de relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Colombiano, a partir de 23 de febrero de 2019, como lo informa la actuación, amén de ser un hecho público, exige adoptar medidas especiales de protección con respecto a los objetos, muebles y archivos que se encuentren al interior del inmueble».
3.2. La Oficina del Procurador Especial de la República Bolivariana de Venezuela otorgó poder a un abogado para que ejerciera la defensa del Estado dentro del presente asunto, por lo que procedió a radicar los documentos correspondientes para su reconocimiento.
3.3. En proveído del 28 de julio de 2021 se tuvo por notificada a la convocada por conducta concluyente, de conformidad con lo previsto en el artículo 301 del Código General del Proceso, razón por la cual, se le indicó que contaba con el término de tres (3) días para solicitar la remisión de la demanda junto con sus anexos y que, vencido este, comenzaría a correr el traslado respectivo para contestar.
3.4. En el informe secretarial fechado el 1º de octubre de 2021, se aseguró que el término con el que contaba la parte demandada para pronunciarse venció el 30 de septiembre de esa anualidad; sin embargo, dentro del interregno de traslado mantuvo una actitud silente.
II. CONSIDERACIONES
1. ASPECTOS GENERALES.
1.1. El numeral 8º del artículo 235 de la Constitución Política consagra que una de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia es la de «[c]onocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la nación, en los casos previstos por el derecho internacional» .
En desarrollo de tal norma, el numeral 6º del artículo 30 del Código General del Proceso prevé que, entre las competencias asignadas a la Corporación, se encuentran «(…) los procesos contenciosos en que sea parte un Estado extranjero, un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República, en los casos previstos por el derecho internacional» .
1.2. En el contrato allegado como base de la acción, se observa que el señor David Josué Quintana La Riva, quien lo suscribió en calidad de arrendatario, se identificó como cónsul de la República Bolivariana de Venezuela.
Ahora, como en la cláusula segunda se estipuló que los efectos contractuales iniciaron el 1º de enero de 2015 por un término de doce (12) meses, resulta fácil constatar que el señor Quintana La Riva sí ostentaba la calidad de cónsul para esa data, pues así lo confirmó la cancillería colombiana mediante oficio del 3 de marzo de 2020, en el que manifestó que revisado el Portal de Acreditaciones de la Dirección de Protocolo encontró que tal dignidad le fue reconocida por el Estado patrio entre el 2 de noviembre de 2012 y el 7 de julio de 2018.
Lo anterior significa que para el momento en que se originó la relación contractual ventilada en este asunto, quien allí fungió como arrendatario tenía el estatus de cónsul, siendo acreditado como tal por el Estado colombiano, lo que permite entender que la génesis del vínculo jurídico que ahora se pretende terminar devino de un acuerdo de voluntades entre una ciudadana nacional y un Estado foráneo representado por su cónsul.
1.3. Al examinar la literalidad del contrato se observa que en la cláusula vigésima primera titulada «Incumplimiento» , las partes acordaron que cualquier omisión a los deberes adquiridos podía resolverse mediante una composición «amistosa» o, de ser el caso, a través de los medios judiciales establecidos en Colombia:
Toda controversia que se presente entre EL ARRENDATARIO y EL ARRENDADOR por causa de interpretación o ejecución del contrato de arrendamiento , será solucionada de manera amistosa. De no ser así, las partes lo resolverán de acuerdo a lo previsto en el ordenamiento jurídico del [E]stado receptor (resaltado ajeno al texto).
La anterior estipulación interpretada a la luz de lo dispuesto en los artículos 1618 y s.s. del C.C., resulta diáfana de su redacción que la voluntad de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su cónsul, fue la de renunciar a la inmunidad a su favor atendiendo que obraba como un particular y en esa condición celebraba el contrato de arrendamiento objeto del proceso, o en otras palabras, la declaración plasmada en el contrato lleva a colegir, sin lugar a dudas, que de manera voluntaria el Estado Venezolano consintió en someterse, para este caso específico, a las reglas propias del derecho civil colombiano, exteriorizando esa intención de forma expresa, lo que se traduce en la renuncia al beneficio de inmunidad del que se encuentra investido.
Igualmente si se atiende como criterio interpretativo la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes[footnoteRef:1], en su artículo 7 prevé que: [1: Que no ha entrado en rigor por no haber obtenido las 30 ratificaciones, ni ha sido ratificado por Colombia.]
Ningún Estado podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción en un proceso ante un tribunal de otro Estado en relación con una cuestión o un asunto si ha consentido expresamente en que ese tribunal ejerza jurisdicción en relación con esa cuestión o ese asunto:
a) por acuerdo internacional;
b) en un contrato escrito; o
c) por una declaración ante el tribunal o por una comunicación escrita en un proceso determinado.
Por lo que resulta diáfano que la voluntad de las partes expresada a través de un contrato escrito es un medio idóneo para renunciar a la inmunidad, a lo que se suma que cuando ese contrato se allegó al diligenciamiento para integrar el acervo probatorio, dejó de ser un documento aportado por la parte actora para convertirse en un elemento de prueba del proceso, el cual debe ser valorado por el juez en conjunto con los demás medios de convicción, con independencia de cuál fue la parte que lo aportó o a quién beneficia.
Por ende, los efectos emanados del contrato no se limitan al momento de su suscripción o durante la etapa de su desarrollo, sino que trascienden evidentemente a este juicio, al hacer parte de la unidad probatoria que se estudiará para definir el litigio.
Aún más, nótese que cuando el Estado Venezolano quedó notificado de la demanda por conducta concluyente, tuvo la oportunidad de pronunciarse no solo frente a las pretensiones, sino también sobre las pruebas. Por ende, como optó por mantener una actitud silente dentro del término de traslado, la conclusión a la que se arriba es que no utilizó los mecanismos procesales para oponerse al contenido del contrato, avalándolo en su integridad.
Con ese panorama, el sometimiento a la legislación nacional y la renuncia expresa a la inmunidad jurisdiccional por parte de dicho Estado frente las discusiones derivadas de la ejecución del contrato de arrendamiento, definitivamente se extendieron a este proceso, al ser una de las piezas de la litis que se puso en conocimiento del demandado para que ejerciera su derecho de contradicción.
1.4. No obstante, más allá de la declaración expresada por las partes en el contrato y de la conducta procesal asumida por el Estado vecino, se verificará si el presente trámite puede culminar con una decisión de fondo, atendiendo a la naturaleza especial de quien funge como arrendataria.
1.5. Las Convenciones de Viena de 1961 y 1963, aprobadas por Colombia mediante las Leyes 6ª de 1972 y 17 de 1971, contienen declaraciones de reconocimiento igualitario frente a la soberanía de cada Estado y, por ende, con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacional, propenden por garantizar las inmunidades y privilegios que se conceden a las misiones diplomáticas y consulares.
Dichas inmunidades se traducen en una protección especial de la que no solo gozan los delegados, sino también los propios Estados foráneos, para no ser sometidos a la jurisdicción de otros países, toda vez que, en principio, continúan rigiéndose por la de origen[footnoteRef:2]. [2: Convención de Viena de 1961. Artículo 31. Numeral 4º: «La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante».]
Sin embargo, tales inmunidades no siempre son absolutas, ya que pueden presentarse circunstancias o eventos excepcionales que obligan a los representantes de los Estados extranjeros a observar y acatar ciertas normas del país que los acoge, como lo ha precisado la Corte Constitucional al anotar:
Esta Corporación

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

radicción.
El Procurador Especial de la República Bolivariana de Venezuela otorgó poder al abogado Ramón Alfredo Aguilar Camero para actuar dentro del presente litigio, a quien se le reconoció personería en auto del 28 de julio de 2021, decisión en la que también se precisó que la conducta desplegada acarreó la notificación de la República demandada por conducta concluyente bajo los preceptos rectores del artículo 301 del C.G.P. y, por lo tanto, luego de que venciera el plazo para solicitar la entrega de copias, contaba con diez (10) días para contestar.
Término que transcurrió sin que se pronunciara, como milita en la constancia secretarial adiada el 1º de octubre de 2021.
Esa actitud silente conlleva la aplicación directa de la consecuencia procesal establecida en el numeral 3º del artículo 384 del C.G.P., según la cual, ante la ausencia de oposición debe proferirse sentencia en la que se ordene la restitución.
3.3. Resulta imperioso aclarar que la causal invocada por la señora Flor Alba Sánchez de Rueda para solicitar la restitución por esta vía fue la mora en el pago de los cánones causados; por lo tanto, al tenor de lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 384 ejusdem, este asunto se tramita en única instancia.
3.4. Ahora bien, como la consecuencia natural de la orden de restitución implica la entrega del predio a la arrendadora, no puede obviarse el hecho de que la convocada tiene una naturaleza cualificada, pues se trata de un Estado extranjero, el cual, según la Convención de Viena de 1961, se denomina como «Estado acreditante» y goza de amplios privilegios dentro del «Estado receptor» , entre los que se destaca, la inviolabilidad del lugar en que se sitúa la misión diplomática, la protección de su mobiliario, archivos documentos y demás bienes que allí se encuentren (artículos 22 y 24); por tal razón, «[e]l Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad».
En similar sentido, la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, aprobada por Colombia mediante la Ley 17 de 1971, contempla en los artículos 31 y 33 que «[l]os locales consulares gozarán de la inviolabilidad que les concede este artículo (…) [l]os archivos y documentos consulares son siempre inviolables donde quiera que se encuentren» .
De hecho, cuando se genera la ruptura de las relaciones consulares entre los Estados, como sucedió en este evento, dicho conjunto de bienes no puede quedar desamparado por cuenta del «receptor» , quien tiene la obligación de protegerlos y, de ser el caso, confiárselos a un tercer Estado para que cumpla esa tarea, conforme lo dispone el numeral 1º del artículo 27 ídem :
1. En caso de ruptura de las relaciones consulares entre dos Estados :
a) el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger , incluso en caso de conflicto armado, los locales consulares, los bienes de la oficina consular y sus archivos ;
b) el Estado que envía podrá confiar la custodia de los locales consulares, de los bienes que en ellos se hallen y de los archivos, a un tercer Estado que sea aceptable para el Estado receptor;
c) el Estado que envía podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer Estado , que sea aceptable para el Estado receptor» (resaltado intencional).
Así las cosas, cuando se realice la diligencia de entrega del inmueble, no bastará con que la autoridad comisionada para el efecto requiera el apoyo de las diferentes autoridades como la Policía Nacional y el ICBF [entre otras], sino que, además, deberá convocar a un representante de la República Bolivariana de Venezuela para que reciba directamente los bienes que pudieran encontrarse en el bien, junto con uno del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que a su vez se cerciore del proceso de entrega, brinde la ayuda necesaria para el reintegro de los bienes hallados y colabore con su traslado al territorio extranjero.
3.5. Teniendo en cuenta que el artículo 38 del C.G.P. autoriza a esta Corporación para «comisionar a las demás autoridades judiciales», con el fin de materializar la orden de entrega en caso de que no se realice voluntariamente, se delegará a los jueces civiles municipales de Bucaramanga (Santander) – Reparto, por ser dicha ciudad el lugar de ubicación del bien.
3.6. Siguiendo las anteriores premisas, se accederá a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la
terminación del contrato
de arrendamiento allegado como base de la acción y, consecuentemente, se dispondrá la restitución del inmueble objeto del litigio.
3.7. Finalmente, resulta necesario aclarar que, a pesar de que se condenará al pago de las costas procesales a la parte convocada, pues así lo impone el numeral 1º del artículo 365 del C.G.P., su ejecución no puede ventilarse dentro de la oportunidad y trámite señalados en el numeral 7º del artículo 384 ejusdem, toda vez que, al tratarse del cobro de sumas dinerarias, esa facultad no se encuadra dentro de ninguna de las hipótesis atinentes a las controversias sobre derechos reales, aspectos sucesorales o actividades comerciales o profesionales, imposibilitando el ejercicio de la acción compulsiva ante esta Corporación; mucho menos cuando sobre ese aspecto tampoco se advierte la renuncia a la inmunidad jurisdiccional para impulsar el cobro compulsivo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve:
Primero: Declarar terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre la señora Flor Alba Sánchez de Rueda y el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela, respecto del inmueble ubicado en la carrera 37 No. 52 – 75, barrio Cabecera del Llano de Bucaramanga (Santander).
Segundo: Ordenar a la República Bolivariana de Venezuela que restituya el inmueble a la señora Flor Alba Sánchez de Rueda, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.
Tercero: En caso de que no se lleve a cabo la entrega voluntaria, se comisiona con amplias facultades a los jueces civiles municipales de Bucaramanga (Santander) – Reparto.
La secretaría de la Corporación deberá librar y remitir el despacho comisorio con los insertos correspondientes.
Cuarto: Condenar en costas a la parte demandada. Para tal fin la Magistrada Ponente fija como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, de conformidad con lo normado en el literal b), numeral 1º del artículo 5º del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
(Presidente de Sala)
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO JOSÉ TERNERA BARRIOS
12

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC3383-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2022-10-31. C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. Rad. 2020-01452-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3383-2022%20%5B2020-01452-00%5D).
