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clave: "corte_suprema:providencia:SC3346-2020 [2008-00822-01]"
titulo: "Corte Suprema: la acción deberá promoverse dentro del término señalado en la regulación para este tipo de acciones"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2020-09-11"
radicado: "2008-00822-01"
numero: "SC3346-2020"
ponente: "Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo"
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# Corte Suprema: la acción deberá promoverse dentro del término señalado en la regulación para este tipo de acciones

- **Título oficial / radicado:** SC3346-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2020-09-11
- **Radicado:** 2008-00822-01
- **Número:** SC3346-2020
- **Ponente:** Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3346-2020%20%5B2008-00822-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3346-2020%20%5B2008-00822-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIwL0RyLiBBcm9sZG8gV2lsc29uIFF1aXJveiBNb25zYWx2by85Li1TZXB0aWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0MzMzQ2LTIwMjAgWzIwMDgtMDA4MjItMDFdLmRvYw%3D%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

La acción deberá promoverse dentro del término señalado en la regulación para este tipo de acciones.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 791 de 2002
- Ley 153 de 1887
- Ley 50 de 1936

## Extracto

Por tanto, la tarea acometida por el sentenciador se fundó en que, si bien en la demanda nada se dijo sobre la existencia de una nulidad absoluta, lo cierto es que los demandantes invocaron su configuración, lo que requería ser revisado al abrigo de las facultades oficiosas de las que se encontraba revestido. El artículo 1405 del Código Civil prescribe que « las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos »; el inciso final del citado canon consagra que « la rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de la mitad de su cuota »; así mismo, tal ordenamiento prohíbe « intentar la acción de nulidad o rescisión al partícipe que haya enajenado su porción en todo o parte, salvo que la partición haya adolecido de error, fuerza o dolo, de que le resulte perjuicio » Dictaron también en esta sección algunas reglas sobre la acción rescisoria por lesión ».

## Cita textual

> la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte , cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato

## Texto del documento

Radicación n.° 11001-31-10-022-2008-00822-01
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC3346-2020
Radicación n.° 11001-31-10-022-2008-00822-01
(Aprobado en sesión virtual de nueve de julio de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020).
Decídese el recurso de casación interpuesto por Ángela María, María Amalia, César Augusto, Carolina, Juan Pablo, Claudia Liliana y Luisa Fernanda Calderón Pacabaque, frente a la sentencia de 18 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Familia, dentro del proceso que promovieron contra la sucesión de María Antonieta Montaña de Calderón, representada por Camilo Alfredo Calderón Montaña y herederos indeterminados.
ANTECEDENTES
1. Los accionantes, en su condición de sucesores de Camilo Calderón García, solicitaron la anulación o rescisión de la participación y adjudicación de la sucesión intestada de María Antonieta Montaña de Calderón, protocolizada mediante escritura pública n.° 8478 de 1990, de la Notaría 15 del círculo de Bogotá.
Como consecuencia, deprecaron la reelaboración del trabajo para que se adjudiquen los bienes de forma equitativa entre las sucesiones de Camilo Calderón García y María Antonieta Montaña de Calderón, y se condene al heredero de esta última a restituir los bienes necesarios para restablecer el equilibrio.
2. La reclamación se sustentó en los hechos que se compendian a continuación (folios 262 a 284 del cuaderno 1, tomo 1):
2.1. Camilo Calderón García, entre 1969 y 1977, tuvo una relación marital de la cual nacieron siete (7) hijos, momento para el cual conservaba un lazo matrimonial con María Antonieta Montaña de Calderón.
2.2. Fallecida la consorte en 1988, su cónyuge e hijo, Camilo Alfredo Calderón Montaña, hicieron la partición y adjudicación notarial, con base en once (11) partidas de activos, las cuales se distribuyeron entre los intervinientes según el valor asignado de mutuo acuerdo.
2.3. El hijo matrimonial internó a su padre en diversos hogares geriátricos y ocultó esta situación a la prole extramatrimonial, quienes sólo se enteraron de su muerte en septiembre de 2007.
2.4. Los bienes adjudicados a Camilo Calderón García fueron valorados por sumas irrisorias, en comparación con los reales y justos, equivalente a menos de la mitad de lo que justamente le correspondía por gananciales, lo que constituye lesión enorme.
2.5. Conforme a la pericia realizada, los bienes adjudicados a Camilo Calderón García sumaban realmente $52.627.820, mientras que los correspondientes a Camilo Alfredo Calderón Montaña ascendían a $161.066.490, cuando el justo medio era de $106.832.155, excluidos los bienes propios de la causante.
2.6. Se configuró lesión enorme en la partición por existir un « abismal desequilibrio económico en la liquidación de los bienes sociales de la sucesión de María Antonieta Montaña, que realmente supera los límites permitidos por la ley para [la] validez de este tipo de liquidaciones » (folio 276).
3. Notificado Camilo Alfredo Calderón Montaña clarificó algunos hechos, negó otros y propuso las excepciones que intituló prescripción de la acción de lesión enorme, falta de legitimidad de los demandantes, imposibilidad de la nulidad o rescisión pedida y el peritaje no se ajusta a la realidad de la época (folios 354 a 358).
El curador ad litem de los herederos indeterminados se opuso a los pedimentos, señaló que no le constan los hechos y se sometió a lo probado (folios 369 a 372).
4. El Juzgado Primero de Familia de Descongestión de Bogotá negó las pretensiones, porque al momento en que se radicó el proceso -10 de julio de 2008- había fenecido el término para promover la acción, según los artículos 1751 y 1954 del Código Civil (folios 824 a 843 del cuaderno 1, tomo 2).
5. Al desatar la alzada interpuesta el superior confirmó la negativa a los pedimentos, con base en los argumentos que se exponen en lo subsiguiente (folios 43 a 60 del cuaderno Tribunal).
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. Encontró que el razonamiento propuesto en los alegatos de conclusión y en la sustentación de la apelación, relativo a una nulidad absoluta de la partición por el quebranto de normas de orden público, constituye un punto nuevo de imperativo estudio, aún oficioso, por referirse a la licitud del objeto.
Diferenció las nulidades sustanciales de las procesales, enumeró los casos en que procede la invalidez absoluta, y explicó las consecuencias del no cumplimiento de los requisitos formales. Arguyó que la irregularidad denunciada por el apelante no era latente, ya que el acto partitivo no adolecía de ilicitud, ni existió incapacidad absoluta o carencia de autorización para deprecar la participación; por el contrario, se efectuó la separación patrimonial, se liquidó el haber social y se hicieron las adjudicaciones de rigor.
2. Frente a la acción de rescisión, después de transcribir varios acápites jurisprudenciales y autores nacionales, sostuvo que le son aplicables los artículos 1741, 1750 y 1751 del Código Civil, los cuales develan que prescribió sin que el cónyuge sobreviviente hubiese promovido la acción, « y si bien se aduce imposibilidad del mismo para ello, por razones de salud, lo cierto es que no obra prueba idónea y contundente del impedimento físico o mental del citado señor para aquélla época (años 1990 a 1994), ya que la historia médica adosada al proceso corresponde a eventos sucedidos en el año 2007 » (folio 59).
Precisó que Juan Pablo, Luisa Fernanda, María Amalia y Claudia Liliana Calderón, si bien eran menores al momento de realizarse la liquidación y partición de la sociedad conyugal, una vez alcanzaron la mayoría de edad su progenitor vivía y éste se abstuvo de reclamar eventuales vicios, razón por la que, al morir, no transmitió derecho de acción a sus herederos.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Los demandantes sustentaron el recurso extraordinario en su oportunidad y propusieron dos (2) reproches (folios 5 a 46 del cuaderno Corte), a los cuales se opuso Camilo Alfredo Calderón Montaña (folios 52 a 54), los cuales serán analizados en el mismo orden de su formulación.
CARGO PRIMERO
Denunciaron la vulneración indirecta de los artículos 1405, 1740, 1741, 1742, 1743, 1750, 1751, 1830, 1954, 2536 (antes de la reforma de la ley 791 de 2002) del Código Civil y 41 de la ley 153 de 1887, por múltiples errores de hecho.
Aseveraron que en el proceso se pretendió la lesión enorme de la distribución y adjudicación de los bienes sociales, « [d]e manera que la causal de nulidad de la partición de la sucesión… que… se invoca, no tiene como soporte… que en dicho trabajo partitivo se hubiese incurrido en algunas de las causales sustanciales, absolutas o relativas,… sino en el desequilibrio patrimonial que en dicho acto se presentó en detrimento de los intereses económico del, por ese entonces, cónyuge sobreviviente y hoy, causante, y por lo tanto, de sus sucesores » (folio 18). Demostrada la desproporción, en su criterio, procede la nulidad o ineficacia, para dar paso a una equitativa distribución, como resultado de un vicio objetivo diferente a un vicio del consentimiento, por tratarse de uno de los excepcionales casos en que procede la lesión enorme según el inciso 2 del artículo 1405 del Código Civil.
Estimaron, por tanto, que la revisión oficiosa de la nulidad absoluta del trabajo de partición y adjudicación constituye un yerro fáctico por errada interpretación de la demanda, al deducir que el proceso se orientó a obtener la anulación del referido trabajo, cuando las pretensiones y la causa petendi indican que lo pretendido era la lesión enorme padecida por Camilo Calderón García, al margen que en las súplicas se empleara la palabra nulidad, porque el estatuto civil no tiene un término preciso para referirse a los efectos de la lesión enorme.
También consideraron preteridos los hechos del escrito inicial, ya que el relato fáctico excluye una alegación por un vicio constitutivo de nulidad, al centrarse en una desproporción de los bienes adjudicados al heredero y al cónyuge supérstite, para lo cual transcribieron los numerales 1.2.3. a 1.2.5. y 1.2.13. a 1.2.18.
Manifestaron que se interpretó de forma errada el escrito de apelación, al extraer un punto nuevo, sin tener en cuenta que se trataba de explicar y refutar que el término de prescripción de la acción de lesión era de cuatro años, por considerarse como una forma de nulidad relativa, cuando lo correcto es que era de veinte, para lo cual reprodujeron los numerales 2.1. y 2.3. a 2.7. del citado documento.
Consideraron que, de no haberse incurrido en los yerros fácticos, el Tribunal no habría concluido que la controversia giraba en torno a la nulidad absoluta, sino en un vicio objetivo, como es la lesión enorme. Tampoco habría concluido que la acción estaba prescrita, por considerar que este tipo de acción de nulidad o rescisión guarda similitud con un vicio propio de la nulidad relativa, pues aquél tiene el mismo plazo que el establecido para las acciones ordinarias, es decir, veinte años.
Como colofón, pidieron la casación de la sentencia y el despacho favorable de las pretensiones, para lo cual realizaron algunos alegatos de instancia.
CONSIDERACIONES
1. Cuestión de primer orden es precisar que, a pesar de entrar en vigencia de manera íntegra el Código General del Proceso desde el 1º de enero de 2016, al sub lite no resulta aplicable por consagrar, en el numeral 5º de su artículo 625, que los recursos interpuestos, entre otras actuaciones, deben surtirse empleando « las leyes vigentes cuando se interpusieron ».
Dado que el que ahora ocupa la atención de la Sala fue iniciado bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil (22 de noviembre de 2013[footnoteRef:1]), será este ordenamiento el que siga rigiéndolo. [1: Folio 61 del cuaderno 4. ]
2. Anticípese que los errores de hecho achacados al ad quem no se configuraron, pues la valoración que hizo de los documentos denunciados en la censura se aviene con su recto entendimiento y está acorde con las facultades oficiosas de las cuales estaba investido el sentenciador.
2.1. Para comenzar es menester advertir que, según el numeral 3 del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, « [c]uando se alegue la violación de norma sustancial » por yerro de hecho, es necesario que el recurrente demuestre el «error… manifiesto en la apreciación de la demanda… o de determinada prueba ».
Esta exigencia busca acotar la impugnación a casos excepcionales, caracterizados porque el fallador de segundo grado haya incurrido en pifias protuberantes, que tengan el alcance suficiente para derruir las presunciones de legalidad y acierto de las cuales se encuentran investidos sus fallos.
Y es que, amén de la autonomía que abriga a los jueces de instancia en la valoración de los instrumentos persuasivos, sus conclusiones son intangibles e inmodificables en casación, salvo los casos en que se advierta una conclusión contraevidente, « porque se aparta groseramente y de manera trascendente de las normas que regulan la materia sometida a composición del Estado por intermedio de sus jueces, ora en la consideración fáctica, ya en la estimación de los elementos de convicción » (CSJ, SC, 28 nov. 2013, rad. n.° 1999-07559-01).
3.2. En el cargo propuesto, el impugnante arguyó una tergiversación de las pretensiones de la demanda, una pretermisión de los hechos de ésta y una interpretación errada del escrito de alzada, por cuanto de éstos refulge que no se solicitó la nulidad absoluta de la liquidación y participación notarial de la sucesión de María Antonieta Montaña Calderón.
3.2.1. Sobre el particular, reliévese que el ad quem se adentró en esta temática por considerarla de orden público, cuyo estudio debía acometer oficiosamente, con ocasión de las denuncias enarboladas en los alegatos de conclusión y en el escrito de alzada. Así se extrae de la siguiente transcripción:
Constituye un punto nuevo, no planteado (en la demanda ni al contestar las excepciones) y por ende, no debatido al interior del proceso por las partes, el argumento esbozado por el extremo activo al alegar de conclusión y ahora en sede de apelación, sobre la configuración de una nulidad absoluta al considerar que se produce ‘cuando la participación resulta afectada de lesión enorme -en tanto el desequilibrio que presenta traduce el quebranto de normas de orden público (art. 1519 del C.C.) (sic)’, es decir, por objeto ilícito, por haberse omitido la aplicación art. 1830 del Código Civil, sobre el cual es imperativo, por así disponerlo el artículo 1742 del C.C., efectuar su estudio, inclusive de oficio, como pasa a hacerse (folio 53 del cuaderno 4).
Por tanto, la tarea acometida por el sentenciador se fundó en que, si bien en la demanda nada se dijo sobre la existencia de una nulidad absoluta, lo cierto es que los demandantes invocaron su configuración, lo que requería ser revisado al abrigo de las facultades oficiosas de las que se encontraba revestido.
Se descarta, entonces, que el Tri

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

sobre el derecho civil colombiano, Imprenta Paris América, París, 1926, p. 293.]
Luego, cuando se pretenda la rescisión de la partición sucesoral por lesión enorme, el interesado debe promover la reclamación dentro de los cuatro (4) años siguientes a la adjudicación[footnoteRef:17], so pena que se extinga, como ciertamente lo concluyó el Tribunal, sin que tal proceder suponga la aplicación analógica o extensiva de normas sancionatorias, por corresponder a una integración por remisión. Tal es el precedente de este órgano de cierre: « artículo 1750 del C.C. establece como plazo para pedir la rescisión cuatro años, los que se contarán… desde el día de la celebración del acto o contrato, esto es, desde la fecha del otorgamiento de la escritura pública de disolución de la sociedad conyugal » (SC, 14 dic. 2005, rad. n.° 1998-0657-01). [17: Arturo Valencia Zea, Derecho civil, Sucesiones, Tomo VI, Temis, 1988, p. 404.]
Claro está, este término no correrá contra el heredero menor de edad que hace uso de la acción que pertenecía a su causante, pues en este caso el plazo no se computa hasta tanto alcance la mayoría[footnoteRef:18]. [18: Manuel Somarriva Undurraga, Derecho sucesorio, Editorial Jurídica de Chile, 1988, p. 594.]
En este sentido se recoge la manifestado por la Sala el 11 de abril de 2002 (exp. n.° 6728), que sostuvo que el plazo aplicable es el cuatrienio definido para la rescisión de compraventas, por tratarse de una norma especial que dista de la remisión genérica efectuada por el artículo 1409 a la recisión.
2.2.4. Refulge que debe desestimarse la tesis de los casacionistas, que propugnan por acudir el artículo 2536 del Código Civil para fijar la prescripción de la acción rescisoria por lesión enorme, por cuanto la misma desconoce que el canon 1409 remitió a las « reglas generales que fijan la duración de estas especiales acciones » (negrilla fuera de texto), esto es, a las normas propias de la rescindibilidad, las cuales distan de los plazos comunes para la prescripción extintiva.
Y es que, como ya se explicó, los reclamos derivados de la lesión enorme están sometidos a términos cortos, con el fin de dar estabilidad a las relaciones negociales y no entorpecer el tráfico jurídico. « Si bien no se niega… que encomiables exigencias de justicia reclaman la posibilidad de rescindir, en las condiciones previstas en la ley, aquellos negocios afectados por un notorio desequilibrio económico en las prestaciones de los distintos involucrados, no es menos cierto que la seguridad del tráfico jurídico reclama, a su vez, que la volubilidad a la que esas relaciones jurídicas quedan sometidas se desvanezca rápidamente y en medio de la menor zozobra posible para quienes deban enfrentar tal pretensión » (CSJ, SC, 23 sep. 2002, rad. n.° 6054).
Acoger la prescripción ordinaria es permitir un estado de zozobra en los procesos sucesorales por un aspecto que atañe exclusivamente a los interesados, como es el equilibrio patrimonial en la distribución, el cual debe estar gobernado por los principios de renunciabilidad y estabilidad en el tráfico económico.
2.2.5. En la actualidad, ciertamente, se propugna porque la locución rescisión se circunscriba a la lesión enorme, mientras que la anulación sirva a la nulidad relativa, precisión jurídica que sería deseable en los textos legales; empero, por la fecha en que se profirió el Código Civil no se hizo esta claridad, sino que, por el contrario, se previó un orden común, el cual está llamado a gobernar las particiones sucesorales.
Bien tiene dicho la doctrina que « [l]a especialización del término de rescisión del de la anulación, parece traer su origen de su aplicación a los casos de la lesión en venta… Supuestos en los que ya no podría hablarse de nulidad y en los que cabía que se deshiciera del todo lo hecho en virtud del contrato, sino que se limitase a lo que bastase para evitar el daño. De ahí que se vaya dejando de usar el término de rescisión para los casos en que se podía emplear el más técnico de nulidad y se reserve el nombre de rescisión para los demás, para los no basados en causa de nulidad. El Código civil francés no distingue entre nulidad y rescisión. A pesar de ello, por influjo de la repetida mención de la rescisión por lesión en el texto de las Costumbres o por la conveniencia de designarle de manera diferente, lo cierto es que los autores franceses modernos mantienen el hábito de nombrar como acción de rescisión sólo a la fundada en la lesión »[footnoteRef:19]. [19: María Linacero de la Fuente, Derecho Civil I, Tirant Lo Blanch, Valencia 2013, p. 648.]
2.3. Para recapitular, tratándose de participaciones sucesorales, « el artículo 1405 del Código Civil tiene consagrado que… pueden adolecer de nulidad y también de lesión enorme. Como se ve, las reglas del Código Civil permiten trazar la nítida diferencia entre las referidas acciones, las que, por tanto, no pueden confundirse » (SC, 2 feb. 2009, exp. n.° 2000-00483-01).
Sin embargo, lo anterior no obsta para que compartan unas normas comunes, en lo que sea compatible con su naturaleza jurídica, como sucede con el plazo de extinción de la acción, amén de la consagración de un término genérico para todas las formas de rescisión en el artículo 1750 del Código Civil, al cual remitió el artículo 1409.
Por esta razón, se desestima que el ad quem en el presente caso hubiera interpretado indebidamente las normas que rigen la materia, lo que excluye la casación deprecada.
3. Como los embistes planteados están llamados al fracaso, por no haberse configurado los errores achacados al Tribunal, conforme al inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, se condenará en costas a los recurrentes. Las agencias en derecho se tasarán según el numeral 3 del artículo 393 ibidem y las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual se tendrá en cuenta que la demanda de casación fue replicada.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de 18 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Familia, dentro del proceso que Ángela María, María Amalia, César Augusto, Carolina, Juan Pablo, Claudia Liliana y Luisa Fernanda Calderón Pacabaque promovieron contra la sucesión de María Antonieta Montaña de Calderón, representada por Camilo Alfredo Calderón Montaña, y herederos indeterminados.
Se condena en costas a los recurrentes en casación. Por secretaría inclúyase en la liquidación la suma de $6.000.000, por concepto de agencias en derecho, en favor de Camilo Alfredo Calderón Montaña.
Oportunamente devuélvase el expediente a la corporación de origen.
Notifíquese
Ausencia justificada
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GACRÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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