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clave: "corte_suprema:providencia:SC333-2024 [2016-00315-01]"
titulo: "Corte Suprema: la falladora dirimió la controversia a través de fallo proferido el 17 de agosto de 2018"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-04-19"
radicado: "2016-00315-01"
numero: "SC333-2024"
ponente: "Hilda González Neira"
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# Corte Suprema: la falladora dirimió la controversia a través de fallo proferido el 17 de agosto de 2018

- **Título oficial / radicado:** SC333-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-04-19
- **Radicado:** 2016-00315-01
- **Número:** SC333-2024
- **Ponente:** Hilda González Neira
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC333-2024%20%5B2016-00315-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC333-2024%20%5B2016-00315-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyYS4gSGlsZGEgR29ueuFsZXogTmVpcmEvNC4tIEFicmlsL1NlbnRlbmNpYXMvU0MzMzMtMjAyNCBbMjAxNi0wMDMxNS0wMV0uZG9jeA%3D%3D/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 222 de 1995
- Decreto 1925 de 2009
- Ley 1258 de 2008

## Extracto

Para la práctica y contradicción de la prueba, se comisionó al despacho de la magistrada ponente de la Sala de decisión que dirimió la segunda instancia, y habiéndose practicado esta y surtido la correspondiente contradicción de las partes, se encuentra el asunto en el estado de proferir la determinación que debe sustituir a aquella que fue casada en sede de la impugnación extraordinaria. Los reproches que plantearon los convocados se dirigieron en lo cardinal a defender, de un lado, la inexistencia del conflicto de interés del demandado Diego Félix Álvarez Tobón al celebrar la cesión relacionada con las convenciones de leasing Nos. 43915 y 44864, obrando en la doble calidad de representante legal de la cedente CEFRA S.A. y también de la cesionaria DAHJ S.A.S. y de causación de un perjuicio a la primera sociedad y a sus accionistas; y de otro, el cumplimiento de los deberes legales del ex revisor fiscal Francisco Bermúdez Ocampo.

## Texto del documento

Radicación n.° 11001-31-99-002-2016-00315-01
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente
SC333-2024
Radicación n.° 11001-31-99-002-2016-00315-01
(Aprobado en sesión de catorce de marzo de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024).
Después de haberse casado la sentencia de 18 de marzo de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso declarativo promovido por Oscar Emilio Restrepo Patiño, Jorge Enrique Escobar Mesa, Ken Morris Kadowaki Piedrahita, Luis Fernando de Zubiría Marín y Blanca Luz Cumplido Posada contra Diego Félix Álvarez Tobón, Juan Carlos Neira Peláez, Andrés Hurtado Núñez de Prado, Héctor Jaime Gómez Montoya, Juan Fernando Mora Rojas, Francisco Bermúdez Ocampo, Tania Mora Acosta y Oscar Alonso Chavarriaga Patiño, procede la Sala a proferir el fallo sustitutivo correspondiente.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
Los convocantes instaron de la jurisdicción que, con citación de las personas mencionadas, se accediera a las siguientes declaraciones y condenas:
1. Principales:
1.1. Declarar que los convocados Diego Félix Álvarez Tobón, Juan Carlos Neira Peláez y Andrés Hurtado Núñez de Prado, en su condición de administradores del Centro de Fracturas CEFRA S.A.[footnoteRef:2], «concertaron la despatrimonialización, disposición, distracción o apropiación de los derechos sobre los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 001-0000672 y 001-0000673, derivados de las operaciones de arrendamiento financiero Nos. 43915 y 44864 a través de la sociedad DAHJ CENTRO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.S. ([h]oy liquidada), en la que aquellos a su vez son accionistas junto con HÉCTOR JAIME GÓMEZ MONTOYA» [Folio 30, cno. principal]. [2: Liquidada por acuerdo de los accionistas debido a las pérdidas acumuladas en los últimos años y al resultado negativo arrojado por el ejercicio contable final que la dejó en causal legal de disolución. La cuenta final de liquidación se aprobó el 10 de mayo de 2016 (fls. 116 a 119, cno. 1). ]
1.2. Declarar que los señalados administradores de CEFRA S.A., en la realización de esos actos, fueron coadyuvados por la acción u omisión de los revisores fiscales de esa compañía Francisco Bermúdez Ocampo, Tania Mora Acosta y Oscar Alonso Chavarriaga Patiño y, además, por el miembro de junta directiva Juan Fernando Mora Rojas.
1.3. Declarar que la cesión de los derechos sobre los indicados bienes raíces, derivados de los convenios de leasing mencionados, que celebraron CEFRA S.A. y DAHJ S.A.S., se realizó en claro conflicto de intereses, transgrediendo el numeral 7° del artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1925 de 2009, vigente para la época (ahora cap. 3, título 2, parte 2, libro 2, Dcto. 1074 de 2015).
1.4. Declarar la nulidad absoluta de las indicadas cesiones.
1.5. En atención a que los derechos aludidos se enajenaron a terceros que se presumen de buena fe, y tanto CEFRA S.A. como DAHJ S.A.S. se encuentran liquidadas, condenar a todos los demandados como «solidariamente responsables », a «reintegrar las ganancias obtenidas y/o a indemnizar los daños ocasionados a los demandantes con la realización de las operaciones cuya nulidad (…) se solicitó como sanción» [Folio 32, cno. ppal. No. 1].
2. Subsidiarias:
2.1. Declarar que los llamados a la litis con excepción de Héctor Jaime Gómez Montoya incumplieron sus deberes, violaron la ley y los estatutos societarios en calidad de administradores de CEFRA S.A.
2.2. Declarar que los anteriores encartados son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que ocasionaron a los demandantes.
3. Consecuenciales:
Declarar que los convocados son solidariamente responsables de reintegrar o pagar «las ganancias obtenidas y/o indemnización de los daños y perjuicios originados, según la participación accionaria que poseía cada uno» así: i) a Oscar Emilio Restrepo Patiño $231.217.638 e intereses remuneratorios por $100.756.293; ii) a Jorge Enrique Escobar Mejía $47.392.435 y réditos de $20.651.910,99; iii) a Ken Morris Kadowaki Piedrahíta $52.777.939 e intereses por $22.998.719,05; iv) a Luis Fernando de Zubiría Marín $41.468.381 más réditos de $18.070.422,11 y v) a Blanca Luz Cumplido Posada $62.292.330 e intereses de plazo por $27.144.746,64. Todas las anteriores sumas sin perjuicio «del mayor valor que se pudiere acreditar» y en cuanto atañe a los réditos remuneratorios, los liquidados corresponden al periodo comprendido entre el 9 de mayo de 2014 y la presentación de la demanda, solicitándose el reconocimiento y pago de este rubro hasta la solución efectiva de la obligación [Folios 3 y 34, cno. ppal. No. 1].
B. Los hechos
La causa petendi se resume en lo siguiente:
1. Con el fin de desplegar su objeto social, que era la prestación de servicios médicos de ortopedia, el 2 de septiembre de 2004, mediante la escritura pública 2668 de 18 de septiembre de 2004, otorgada ante la Notaría 20 de Medellín, el Centro de Fracturas CEFRA S.A. celebró el contrato de leasing inmobiliario No. 43915 con Leasing Suramericana Compañía de Financimiento Comercial S.A. – SULEASING por valor de $510.000.000, respecto del inmueble identificado con la matrícula No. 001-0000672.
Posteriormente, en virtud del mismo negocio de leasing, SULEASING adquirió el bien raíz distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 001-0000673, por medio del instrumento escritural No. 3044 de 14 de octubre de 2004, otorgado ante la misma notaría.
2. Para la construcción de las mejoras en los predios mencionados con el fin de adecuarlos como clínica o centro de atención y prestación de servicios ortopédicos, CEFRA S.A. celebró el contrato de arrendamiento financiero No. 44864 con SULEASING por valor de $1.205.232.608, a través del cual la última suscribió un contrato de obra con la empresa Metaflor Ltda., que realizó las adecuaciones y construcciones requeridas.
3. La sociedad SULEASING se fusionó con Leasing Colombia S.A. Compañía de Financiamiento Comercial, operación en virtud de la cual la segunda absorbió a la primera; posteriormente, la entidad absorbente cambió su denominación a Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento Comercial.
4. Diego Félix Álvarez Tobón, aprovechándose de su condición de accionista mayoritario, miembro de la junta directiva y representante legal de CEFRA S.A., «en contubernio con los también socios y miembros de junta directiva ANDRÉS HURTADO NÚÑEZ DE PRADO y JUAN CARLOS NEIRA PÉLAEZ con quienes ejercía el control absoluto de la sociedad (…) premeditaron, planificaron y desarrollaron una serie de actos y maniobras con el fin de despatrimonializar, disponer, distraer o apropiarse ilegítimamente de los derechos que tenía dicha sociedad (…) en los inmuebles (…) que se derivaban de su posición de locataria con opción de adquisición en las operaciones (…) de arrendamiento financiero Nos. 43915 y 44864 celebrados con SULEASING » [Folios 9 y 10, ib .].
En tales actos fueron coadyuvados por la acción u omisión de los revisores fiscales Francisco Bermúdez Ocampo, Tania Mora Acosta y Oscar Alonso Chavarriaga Patiño, y del miembro de la junta directiva Juan Fernando Mora Rojas.
5. Algunas de tales estratagemas se materializaron en:
i) La comunicación enviada a todos los socios el 17 de septiembre de 2013 por Diego Álvarez Tobón, gerente de CEFRA S.A., en la cual informó hechos alejados de la realidad, como que, en la asamblea llevada a cabo el 5 de septiembre de 2013, se acordó vender por $2.000.000.000 uno de los inmuebles de la compañía a una nueva empresa denominada DAHJ Centro de Inversiones Inmobiliarias S.A.S., la cual estaría conformada por los socios de CEFRA que, dentro del plazo concedido en la misiva, manifestaran su deseo de participar en la nueva persona jurídica.
ii) La aprobación, en asamblea extraordinaria de accionistas de CEFRA S.A. de 24 de octubre de 2013[footnoteRef:3], de una reforma estatutaria para aumentar el capital autorizado, así como de la cesión de los contratos de leasing celebrados, en favor de DAHJ S.A.S. sin ninguna contraprestación para CEFRA que, además, siguió asumiendo el pago de los cánones mensuales de los convenios de leasing [Folios 3 a 53, cno. 1, expediente digital]. [3: Sólo asistieron los administradores y socios mayoritarios de la compañía (Diego Félix Álvarez Tobón, Juan Carlos Neira Peláez y Andrés Hurtado Núñez de Prado).]
6. Al revisor fiscal de la época, Francisco Bermúdez Ocampo, la anterior situación no le mereció reproche al punto de no advertir el conflicto de intereses, omisión extensiva al miembro de la junta directiva de CEFRA S.A. Juan Fernando Mora Rojas.
7. El 27 de septiembre de 2013, aceptaron participar en la nueva sociedad únicamente los accionistas Diego Félix Álvarez Tobón, Juan Carlos Neira Peláez, Andrés Hurtado Núñez de Prado, Héctor Jaime Gómez Montoya y Jaime Alberto Londoño Restrepo.
8. El 12 de noviembre de 2013, los precitados constituyeron la nueva sociedad DAHJ Centro de Inversiones Inmobiliarias S.A.S., cuyo representante legal era también Diego Félix Álvarez Tobón, y en relación con la cual estiman que los socios no realizaron aportes, pues el ente moral era una fachada «utilizada como instrumento de fraude y daño para satisfacer los intereses personales» de los constituyentes, salvedad hecha de Jaime Alberto Londoño Restrepo, quien al advertir la intención de los otros socios «entró en franca disidencia» con ellos [Folios 16 y 17, cno. Ppal. No. 1].
9. Los inmuebles objetos de la operación de leasing fueron avaluados en $3.416.094.000 en el mes de febrero de 2014.
10. Mediante documentos privados, Diego Félix Álvarez Tobón, obrando en representación legal de CEFRA S.A. cedió la posición contractual de dicha compañía en las operaciones de arrendamiento financiero Nos. 43915 y 44864, a la sociedad DAHJ S.A.S. de quien la misma persona es su representante legal, documentos que se presentaron a Leasing Bancolombia S.A. el 9 de mayo de 2014, otorgándose por la cesionaria un pagaré con espacios en blanco a favor de la compañía de leasing. La revisora fiscal de la época, Tania Mora Acosta no formuló ningún reparo frente a dichos actos.
11. Como resultado de la cesión, DAHJ S.A.S adquirió la posición de locataria con opción de compra sobre las dos heredades, despojando de esos derechos a CEFRA S.A., que a pesar de las cesiones siguió ocupando los fundos y continuó pagando la cuota del pasivo derivado de las operaciones de leasing a Leasing Bancolombia S.A., cuando se suponía que dicha obligación debía asumirla la cesionaria DAHJ S.A.S., quien, adicionalmente, no pagó ninguna contraprestación en dinero por las cesiones.
12. En asamblea extraordinaria de accionistas de 16 de abril de 2015, se aprobó por unanimidad de los socios Diego Félix Álvarez, Juan Carlos Neira, Andrés Hurtado Núñez, Blanca Luz Cumplido, Héctor Jaime Gómez, Jaime Alberto Londoño y Gustavo Adolfo Consuegra, la liquidación anticipada de CEFRA S.A., nombrándose al primero como liquidador.
13. DAHJ S.A.S., mediante negocio jurídico celebrado el 22 de enero de 2016, le cedió a la sociedad Pro Diagnóstico S.A., los contratos de arrendamiento financieros Nos. 43915 y 44864 respecto de los inmuebles ya reseñados, por el precio de $3.031.000.000, lo que revela que la intención con que se constituyó la compañía DAHJ S.A.S. fue la de servir de instrumento para despatrimonializar a CEFRA S.A. y apropiarse de los derechos que tenía sobre los indicados bienes raíces, «en menoscabo y perjuicio de los demás accionistas que no participaron, quienes no recibieron beneficio alguno y (…) fueron expropiados ilegítimamente de dichos derechos» [Folio 24, ib.].
14. El 1° de junio de 2016, en asamblea general de accionistas de DAHJ S.A.S., se aprobó su disolución y la cuenta final de liquidación fue avalada el 1° de agosto del mismo año.
15. La sociedad CEFRA S.A., con las cesiones efectuadas por un valor muy inferior al comercial de los inmuebles, descontando el pasivo con Leasing Bancolombia que salió de su titularidad, sufrió una pérdida patrimonial de $1.795.168.000, de la cual sacaron provecho los administradores demandados.
16. Liquidadas las personas jurídicas CEFRA S.A. y DAHJ S.A.S. y cedidos los derechos derivados de los contratos de arrendamiento financiero a un tercero, los demandantes, quienes no participaron en los actos cuestionados, «fueron quienes soportaron y sufrieron el daño al haber salido expropiados de los beneficios y el lucro que les correspondía a cada uno, en proporción a su participación accionaria al momento de las cesiones de las operaciones de leasing indicadas (el 09 de mayo de 2014)» [Folio 27, ib. ].
C. El trámite de las instancias
1. La demanda se admitió por la Superintendencia de Sociedades el 27 de octubre de 2016, e intimados los convocados Andrés Hurtado, Juan Mora, Francisco Bermúdez, Oscar Chavarriaga, Diego Álvarez, Juan Neira y Héctor Gómez se opusieron a las pretensiones y plantearon las defensas meritorias que denominaron «

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

de los honorables magistrados, que alcanzó la mayoría requerida para fundar una nueva línea jurisprudencial, es mi deber adherirse a ella, dejando de lado mis convicciones individuales, en garantía de la coherencia jurisprudencial.
3. Acuerdos incompletamente teorizados.
3.1. La sentencia « definitiva [es]… el acto con el cual el juez cumple la obligación derivada de la demanda judicial; mediante la sentencia ha terminado su oficio (functus officio) »[footnoteRef:52]. [52: José Santalo Chiovenda, Principios de Derecho Procesal Civil, Instituto Editorial Reus, Madrid, p. 394.]
Por su valor heurístico, y en aplicación de los caros postulados constitucionales de la igualdad y seguridad jurídica, el artículo 230 de la Constitución Política estableció que la jurisprudencia es un criterio auxiliar de la actividad judicial, el cual es de imperativa observancia, salvo que se esgriman razones suficientes para separarse de ella.
La Corte Constitucional ha decantado que « el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido a consideración del juez. Así, el precedente está ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso. De esta forma… la ratio decidendi ‘i) corresponde a la regla que aplica el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que analiza la Corte en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella’ » (CC, T-766/08).
3.2. Regla de especial relevancia tratándose de las sentencias emanadas de los órganos de cierre de la jurisdicción, pues dentro de sus funciones está la de unificar la jurisprudencia nacional.
El artículo 16 de la ley 270 establece que « [l]as Salas de Casación Civil y Agracia, Laboral y Penal, actuarán según su especialidad como Tribunal de Casación, pudiendo seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de la unificación de la jurisprudencia… ».
De allí que el nuevo estatuto procesal civil atribuyera a la Sala de Casación Civil la competencia para conocer de los recursos de casación (numeral 1° del artículo 30 del C.G.P.), uno de cuyos fines es el de « unificar la jurisprudencia nacional » (negrilla fuera de texto, artículo 333 ibidem ).
Bien ha dicho Hernando Morales Molina que « [e]l estado democrático requiere de un órgano que como juez haga observar la ley objetivamente considerada, e imprima una interpretación uniforme de las normas jurídicas. El tribunal de casación cumple así una función de control sobre los tribunales inferiores, o sea que ejerce una censura represiva »[footnoteRef:53]. [53: Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, Editorial ABC, 1991, 11ª Ed., p. 637.]
Para cumplir el anterior cometido, las sentencias que resuelvan la impugnación extraordinaria deben buscar el mayor consenso posible entre los integrantes de la Corporación, de suerte que se alcancen puntos de encuentro que iluminen futuros pronunciamientos.
Lo contrario equivale a caos; motivaciones o decisiones que propenden por puntos de vista personales impiden la conciliación de posturas antagónicas y hacen de la unificación una quimera, mientras que los funcionarios judiciales ven en la jurisprudencia una fuente adicional de incertidumbre e inestabilidad.
Ciertamente el logro de un consenso integral entre los magistrados de la Sala de Casación no es sencillo, máxime frente a situaciones controversiales o que admiten diferentes lecturas.
De allí que deba propenderse por alcanzar « acuerdos incompletamente teorizados », esto es, razonamientos compartidos por la mayoría de los juzgadores en un momento histórico, en torno al alcance y contenido de las normas, que permite que haya aprobación de una determinada resolución, con suficiente motivación, aunque sin una profunda teorización, de cara a las particularidades del caso concreto[footnoteRef:54]. Son convenios de bajo nivel, por suponer apertura frente a diversas posiciones hermenéuticas y rechazar un monismo interpretativo, con el fin de cobijar las diversas miradas que representan los magistrados. [54: Cass R. Sunstein, Incompletely Theorized Agreements, vol. 108, Harvard Law Review, 1995.]
Afirma Cass R. Sunstein que « los participantes en una controversia legal intentan producir acuerdos incompletamente teorizados con base en particulares resultados. Ellos acuerdan un resultado y una explicación de bajo nivel para el mismo. Ellos no acuerdan un principio fundamental. No ofrecen explicación abstracta y extensa diferente a la que es necesaria para resolver el caso. Cuando hay desacuerdo en lo abstracto, se mueven a un nivel de especial particularidad »[footnoteRef:55]. [55: Idem, p. 1735-1736. ]
De esta forma se logra un asentimiento básico en torno a lo que, en un contexto social determinado, se considera una « práctica jurídico-política centralmente discursiva o deliberativa », como lo reclama la fórmula del estado social de derecho. Y es que, « [d]etrás de la idea de ‘democracia deliberativa’… se encuentra precisamente eso. El valor de la democracia no proviene sólo del hecho de que sea un mecanismo de agregación de preferencias (eso en sí ya es relevante por cuanto es una forma de combatir la exclusión política), cuando de que lo que se agreguen sean preferencias transformadoras como consecuencia de un debate público que toma en cuenta los intereses o preferencias de todos »[footnoteRef:56]. [56: Josep Aguiló Regla, Sobre las Contradicciones (Tensiones) del Constitucionalista y las Concepciones de la Constitución, Universidad de Manizales, Jurídicas, vol. 5, núm. 1, enero-junio, 2008, p. 25.]
En suma, los fallos judiciales no deben utilizarse para plantear visiones personales de los magistrados, pues con este proceder se aleja la posibilidad de un acuerdo[footnoteRef:57], se olvida la resolución del caso concreto y se inmoviliza el derecho al ligarse con una concepción histórica susceptible de cambio. [57: La admisión de los acuerdos incompletamente teorizados, en las decisiones judiciales, permite a los juzgadores aceptar que no necesitan un consenso sobre la teoría -política, filosófica o jurídica- que justifique sus decisiones (Larry Alexander, Incomplete Theorizing: A Review Essay of Cass R. Sunstein's Legal Reasoning and Political Conflict, vol. 72, Notre Dame Law Review, 1997, p. 544.]
3.3. En desarrollo de los imperativos a que he hecho referencia, considero que mi interpretación sobre la relación entre intereses e indexación, así como la imposibilidad de asimilarlos, no puede izarse como barrera para impedir la consolidación de la jurisprudencia, de allí que me pliego a lo acordado de forma mayoritaria.
4. En los términos precedentes dejo sentada mi aclaración de voto.
Fecha ut supra .
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
1
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC333-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-04-19. C.P. Hilda González Neira. Rad. 2016-00315-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC333-2024%20%5B2016-00315-01%5D).
