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clave: "corte_suprema:providencia:SC3047-2018 [2013-00162-01]"
titulo: "Corte Suprema: las partes no pueden apartarse del compromiso contractual"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2018-08-03"
radicado: "2013-00162-01"
numero: "SC3047-2018"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: las partes no pueden apartarse del compromiso contractual

- **Título oficial / radicado:** SC3047-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2018-08-03
- **Radicado:** 2013-00162-01
- **Número:** SC3047-2018
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3047-2018%20%5B2013-00162-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3047-2018%20%5B2013-00162-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE4L0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS83Li0gSnVsaW8vU2VudGVuY2lhcy9TQzMwNDctMjAxOCBbMjAxMy0wMDE2Mi0wMV0uZG9j/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

Las partes no pueden apartarse del compromiso contractual.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 153 de 1887

## Extracto

En consecuencia planteó, que «se hallan resueltos por incumplimiento, no solo el contrato de promesa de compraventa… , sino su adición… » y pidió, que «se condene a la parte demandada a perder el valor de las arras convenidas en la promesa de compraventa, y adicionalmente a pagar a la parte demandante la cantidad de diez millones de pesos ($10’000.000) por concepto de los perjuicios hasta ahora causados y los que lleguen a causarse». En consecuencia, de conformidad con el artículo 21 del Código de Comercio, se determina el carácter mercantil del citado negocio jurídico y por consiguiente, al tenor del precepto 1º del referido ordenamiento, para efectuar la revisión de legalidad que la impugnación extraordinaria comporta, en lo pertinente, se tomarán en cuenta las disposiciones de la ley comercial, sin perjuicio de la aplicación del Código Civil, de acuerdo con la remisión del artículo 822 de aquel estatuto.

## Cita textual

> no pueden asimilarse el medio de retracto y el incumplimiento del contrato

## Texto del documento

Radicación n° 25899-31-03-002-2013-00162-01
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC3047-2018
Radicación nº 25899-31-03-002-2013-00162-01
(Aprobado en sesión de siete de febrero de dos mil dieciocho)
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte accionada frente a la sentencia de 26 de febrero de 2016, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía promovido por BBVA Asset Management S.A., en calidad de vocera del patrimonio autónomo «Fideicomiso Fidugan Lote Portal Real de Suba», contra Innovarq Construcciones S.A., Inversiones y Descuentos Ltda., y Jorge Enrique Gómez Vargas.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
Solicitó la actora declarar el incumplimiento por los prometientes compradores, respecto de la promesa de compraventa con ella celebrada, en calidad de prometiente vendedora, el 9 de noviembre de 2011, adicionada con el documento de 29 del mes y año citados.
En consecuencia planteó, que «se hallan resueltos por incumplimiento, no solo el contrato de promesa de compraventa […], sino su adición […]» y pidió, que «se condene a la parte demandada a perder el valor de las arras convenidas en la promesa de compraventa, y adicionalmente a pagar a la parte demandante la cantidad de diez millones de pesos ($10’000.000) por concepto de los perjuicios hasta ahora causados y los que lleguen a causarse».
2. Fundamentos fácticos.
Las partes celebraron el referido negocio jurídico, el cual tuvo por objeto «los lotes distinguidos como lotes 3, 4, 5, 6, 6ª y 7», ubicados en la parcelación La Conejera de la localidad de Suba de Bogotá D.C., los cuales son identificados por su nomenclatura, matrícula inmobiliaria y linderos; pactaron como precio la suma de siete mil trescientos millones de pesos ($7.300’000.000), pagaderos así: anticipadamente dos mil quinientos millones de pesos ($2.500’000.000) y el saldo de cuatro mil ochocientos millones de pesos ($4.800’000.000), al momento de suscribir el contrato prometido.
Igualmente acordaron la suma de dos mil quinientos millones de pesos ($2.500’000.000) como arras, previendo que de presentarse «incumplimiento del promitente comprador este perdería las arras, y en caso que lo propio ocurriera con el promitente vendedor, este las restituiría dobladas».
La promitente compradora tuvo serias dificultades para el pago de la cantidad inicial de dinero convenida, impidiéndole así mismo, cumplir su compromiso, y debido a ello, por iniciativa de los convocados a este litigio, «el 29 de noviembre de 2011 se suscribió OTRO SÍ modificatorio de la promesa de compraventa», en el que «la posición contractual del promitente comprador inicial fue asumida por los demandados Innovarq Construcciones SA, Inversiones y Descuentos Ltda. y Jorge Enrique Gómez Vargas», dejándose plasmado el conocimiento por ellos de las estipulaciones iniciales.
Llegado el 16 de mayo de 2012, que se fijó para el otorgamiento de la escritura pública, los «prometientes compradores» no pudieron cumplir, porque carecían de liquidez para cancelar el saldo del precio y aunque acudieron a la notaría, «se negaron a suscribir el contrato prometido, pretextando la inobservancia de obligaciones», mientras que la «prometiente vendedora » , estuvo dispuesta a cumplir con lo estipulado.
3. Actuación procesal.
3.1. Mediante auto de 27 de agosto de 2010, el Juzgado 2º Civil del Circuito de Zipaquirá, admitió la demanda y notificados los convocados, en tiempo la replicaron oponiéndose a las pretensiones; no aceptaron los hechos relativos al incumplimiento de la promesa de compraventa; y plantearon las excepciones de mérito tituladas «incumplimiento de la parte demandante de sus obligaciones y cumplimiento de las suyas por el demandado» y «la estipulación sobre las arras no expresa taxativamente que las mismas sean retractatorias»; también formularon la «falta de procedibilidad» como excepción previa, la cual fue desestimada.
3.2. La primera instancia culminó con la sentencia de 25 de junio de 2015, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Descongestión de Zipaquirá, en la que denegó las pretensiones de la actora y la condenó al pago de las costas procesales.
3.3. La parte vencida interpuso recurso de apelación y el juzgador de segundo grado revocó la decisión impugnada; en su lugar declaró, que los accionados incumplieron el contrato de promesa de compraventa y consecuentemente reconoció, que «la demandante y prometiente vendedora tiene derecho a retener las arras recibidas en cuantía de $2.500’000.000, la que se tiene como
cláusula penal
y liquidación anticipada de perjuicios causados».
II. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Verificó el juzgador la concurrencia de los presupuestos procesales y la ausencia de motivo de nulidad; analizó lo atinente a la legitimación en la causa en cuanto a la demandante, determinando que en virtud de haber promovido la acción como vocera del patrimonio autónomo «‘Fideicomiso Fidugan Lote Portal Real de Suba’, es incontestable la legitimación que le asiste».
2. Reconoció la «existencia y validez del acuerdo preparatorio implicado y de su adición», al verificar que cumplía con los requisitos del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, sin que se hubieran planteado críticas acerca de su eficacia ni halló acreditadas irregularidades sustantivas que condujeran a la nulidad.
3. Con relación al incumplimiento del citado convenio por la accionante, examinó los términos de la negociación y descartó que tal comportamiento lo constituyera la inscripción de una demanda de expropiación respecto del «Lote 6», dado que la obligación de saneamiento era propia del convenio de compraventa.
Acotó, que «la obligación de perfeccionar el contrato acordado era la única que por antonomasia nacía del acto preparatorio –sin perjuicio de que las partes estipularan obligaciones de ejecución anticipada-, no pudiéndose liberar a la parte prometiente compradora de cumplir con la prestación a su cargo acudiendo a un deber –el de saneamiento- que es elemento de la compraventa».
4. Le restó importancia a la anotación existente sobre dicha medida cautelar como causa de incumplimiento, al interpretar que la misma no era equivalente a gravamen o acción real que involucrara el derecho de dominio; y de otro lado, porque la «prometiente vendedora » de acuerdo con lo pactado tenía plazo para responder frente a los gravámenes hasta fecha posterior al otorgamiento de la escritura pública para formalizar el contrato prometido; adicionalmente expuso, que los «prometientes compradores» no adujeron tal circunstancia para abstenerse de suscribir el citado documento, según lo dicho por los demandados en la declaración extra proceso de 16 de mayo de 2012.
5. En lo atinente a los motivos de incumplimiento expresados por los «prometientes compradores», relativos a «no haber recibido respuesta acerca de la solicitud de aclaración de las afectaciones vigentes o en proceso de reglamentación, reservas y normas que pesaban sobre el globo de terreno prometido en venta; […] la no corrección del certificado de tradición del ‘lote 6’ en cuanto a la cancelación de la primera anotación; y […] la aclaración sobre la existencia de servidumbres de alta tensión que abarcaban parte de los terrenos»; estimó, que no constituían sustento adecuado para atribuirle la aludida conducta a la actora.
También se indicó, que la «prometiente compradora» tenía conocimiento de los referidos hechos, dado lo expresado en las estipulaciones del negocio jurídico, así como por la condición de Innovarq Construcciones S.A., de ser profesional en la materia, según lo dedujo de su objeto social e igualmente por las comunicaciones enviadas y recibidas por tal empresa, en las que se hace mención a la existencia de la señalada servidumbre.
6. Concluyó el sentenciador, que «ninguna justificación tenían los demandados para relevarse de cumplir la principal obligación que nacía del contrato preparatorio» y por consiguiente determinó, que «fueron los promitentes compradores quienes rehusaron sin razón el incumplimiento de la convención preparatoria en mención»; de otro lado advirtió, que no «certificaron de ningún modo que contaban con los recursos para sufragar el saldo del precio», y que al haberse resaltado en la demanda «que fue la falta de liquidez de los demandados la que los condujo al incumplimiento » , tal manifestación constituía una negación indefinida, la cual no fue desvirtuada.
7. Para dilucidar lo concerniente al problema de las «arras», reprodujo el texto de la cláusula cuarta del contrato de promesa e interpretó, que no existía duda sobre la calidad de «arras de retracto» y en pos de fijar su alcance jurídico, citó en extenso el fallo de esta Corporación de 10 de diciembre de 2010, e indicó, que como ninguno de los contratantes se retractó, en principio no cabía la sanción reclamada en la demanda acerca de aplicar la pérdida de aquellas por la contratante que las entregó.
No obstante consideró, que el acuerdo sobre las «arras» era contradictorio, «en tanto que el primero concierne a arras de retractación y el segundo contempla efectos en caso de incumplimiento» y verificada la interpretación del convenio, infirió, que «aparte del alcance natural que tienen las arras de retracto, quisieron los contratantes emplearlas también a título de
cláusula penal
», derivando de ella los efectos de una liquidación anticipada de los perjuicios, argumento con el cual se le dio respuesta a la excepción que sobre el particular planteó la parte accionada.
8. Se concluyó que habían sido acreditados los requisitos para la prosperidad de las pretensiones deprecadas y en consecuencia, se adoptó la decisión anteriormente reseñada.
III. DEMANDA DE CASACIÓN
Se invocaron tres cargos como apoyo de la impugnación extraordinaria, todos fundados en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso, por violación indirecta de la ley sustancial, derivada de «error de hecho» en la valoración de las pruebas, de los cuales se inadmitieron el primero y el tercero, al verificar que no cumplían los requisitos formales.
En consecuencia, la «demanda de casación» únicamente se admitió respecto del «cargo segundo» y en tiempo la parte opositora replicó, cuestionándolo por deficiencias formales y de otro lado defendió la legalidad del fallo.
IV. CARGO SEGUNDO
Se funda en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso y se acusa la sentencia de haber violado, por aplicación indebida, los preceptos 1592, 1594, 1595 y 1599 del Código Civil, al igual que los artículos 822 y 867 del Código de Comercio, y por falta de aplicación, los preceptos 1604, 1616, 1859, 1860 y 1861 de aquel ordenamiento, debido a los errores de hecho en la valoración de los medios de prueba.
Reseñan los recurrentes, aspectos de la pretensión fundada en el incumplimiento de los accionados del contrato de promesa de compraventa y a la consecuencia de condenarlos «a perder el valor de las arras convenidas […], y adicionalmente a pagar a la parte demandante la cantidad de diez millones de pesos ($10’000.000) por concepto de los perjuicios hasta ahora causados y los que lleguen a causarse», e igualmente mencionan, que como soporte fáctico de dicha petición se adujo, que «[e]n la cláusula cuarta, las partes acordaron como arras la suma de dos mil quinientos millones ($2.500’000.000), y expresamente previeron que ante el incumplimiento del promitente comprador este perdería las arras […]».
Aseveran así mismo, que producto del yerro fáctico, se estableció una simbiosis inaceptable en cuanto al entendimiento de las «arras de retracto» y la «
cláusula penal
», sin tener en cuenta que las disposiciones legales son supletorias de la voluntad de los contratantes, por lo que son ellos, quienes en principio determinan las reglas del respectivo negocio jurídico.
Señalan también lo inferido por el juzgador sobre la cláusula cuarta del acuerdo, relativa al «pacto de arras de retracto»; aseguran, que desagregó erradamente la segunda parte de dicha estipulación, al deducir que «allí se hablaba de incumplimiento»; y critican, porque de acuerdo con esa interpretación, «[se hizo] decir al contrato algo que no dice» e igualmente se supuso «el medio probatorio de la existencia de la
cláusula penal
que no aparece en parte alguna del contrato», al deducir, que «las arras de retracto ‘quisieron los contratantes emplearlas también a título de
cláusula penal
, inferencia que toma cuerpo si se repara en que la estipulación en este sentido no quedó escrita en otra parte del pacto preparatorio». Por lo tanto estiman, que «en un ejercicio de malabarismo jurídico dio por establecido que la
cláusula penal
se había estipulado expresamente, sin estarlo objetivamente».
Insisten que lo acordado fueron «arras de retracto», más no «
cláusula penal
» e invocando algunas consideraciones jurídicas para diferenciarlas, deduce, que «

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

acto», habiéndolo así entendido el juzgador colegiado, y en su segunda parte, a pesar de estar precedida de la expresión «[e]n consecuencia», esta no se refiere al efecto previsto en el inciso 1º artículo 866 del Código de Comercio o precepto 1859 del Código Civil, para la retractación o el arrepentimiento respecto del convenio, sino que versa sobre el «incumplimiento contractual» de los contratantes, expresando en ese sentido, que « en caso de incumplimiento por parte de la PROMETIENTE COMPRADORA, esta perderá las arras y si el incumplimiento es de la PROMETIENTE VENDEDORA, éste devolverá a la PROMETIENTE COMPRADORA el doble del valor entregado como arras, sin necesidad de requerimiento ni constitución en mora de la parte incumplida en cualquiera de los casos » [footnoteRef:7]. [7: Se subraya]
Como puede apreciarse, cabe muy razonablemente la posibilidad de subsumir el supuesto fáctico contenido en el segundo segmento de la «estipulación contractual», en lo previsto legalmente para determinar el concepto de «
cláusula penal
», el cual, según el inciso 1º artículo 867 del Código de Comercio, se basa en «el pago de una prestación determinada para el caso de incumplimiento, o de mora» y además, porque las partes contratantes convinieron una prestación económica concreta y dispusieron hacerla efectiva, «en caso de incumplimiento» por cualquiera de ellas.
De acuerdo con lo anterior, resulta admisible considerar, que la señalada «estipulación contractual», esto es, la del segundo segmento de la referida cláusula del contrato preparatorio en mención, no es una consecuencia de las «arras de retractación» acordadas en la primera parte, porque no se basa en el supuesto de la facultad de retractarse o de arrepentirse del negocio jurídico, sino que de manera expresa señala, que la pena allí prevista es «en caso de incumplimiento».
Tampoco se ha evidenciado, que la hermenéutica del Tribunal, constituya una afrenta a los dictados de la lógica, o que sea arbitraria o antojadiza, toda vez que con sustento en un criterio jurídico, dedujo la existencia de dos pactos en la misma cláusula convencional, según se indicó, el uno correspondiente a las «arras de retractación» , al cual no le reconoció efecto, «dado que el supuesto que lo habilita no se configuró oportunamente, extinguiéndose el derecho»; y el otro, concerniente a que los contratantes aparte del alcance previsto para aquellas, quisieron «emplearlas también a título de
cláusula penal
» y de acuerdo con ello reconoció, que «la suma fijada por concepto de arras, debe tenerse como una liquidación anticipada de los perjuicios, ante el incumplimiento de los demandados».
Téngase en cuenta también, que de conformidad con el citado precepto del Estatuto Mercantil, la estipulación de «
cláusula penal
por incumplimiento», impide que las partes puedan retractarse; luego entonces, jurídicamente resulta improcedente reconocer, que el «incumplimiento contractual» previsto por los contratantes, pudiera ser «consecuencia», del pacto de «arras de retractación».
3.4. Adicionalmente cabe acotar, que aquella situación de interpretación de la promesa de compraventa, no fue motivo de discrepancia en las instancias, porque a pesar de que los actores solicitaron declarar el incumplimiento del acuerdo por los prometientes compradores, proponiendo que «en consecuencia, el prometiente vendedor tiene derecho a retener las arras recibidas y a ser indemnizado por los demás perjuicios ya recibidos y los que se lleguen a causar» y en el «hecho VI», se hizo referencia al monto convenido por concepto de «arras», como también a su pérdida por el «prometiente comprador en caso de incumplimiento»; en la réplica de la demanda, aunque los accionados expresaron que el señalado hecho «[n]o es cierto», en la explicación se limitaron a manifestar, que la referida estipulación « no especifica claramente que las arras sean de carácter retractatorio», sin hacer ningún reparo a la manifestación de corresponder a un «acuerdo por incumplimiento», y no formularon defensa o excepción de mérito con relación frente a la misma.
Ante dicha circunstancia, podría estimarse como un «hecho novedoso» la crítica del censor, basada en el rechazo del pacto de la «
cláusula penal
» en la estipulación contractual señalada por la parte actora y acogida por el Tribunal; por lo tanto, de acuerdo con el inciso 2º literal a) numeral 2º artículo 344 del Código General del Proceso, no resulta admisible dicho cuestionamiento en casación, porque tendría el carácter de aspecto fáctico no debatido en las instancias.
3.5. Así las cosas se deduce, que la acusación no puede prosperar, porque además de no haberse demostrado el yerro fáctico grave y manifiesto, sustento de la acusación, se ha de respetar la interpretación dada a las estipulaciones contractuales por el juzgador de segundo grado, ya que es una cuestión de hecho que le corresponde definir en el ámbito de su discreta autonomía y por consiguiente, como lo ha dicho la jurisprudencia:
«[…] la conclusión a que arribe, no es susceptible de modificarse en casación, sino a través de la demostración de un evidente error de hecho que ponga de manifiesto, palmaria u ostensiblemente, que ella es de tal alcance que contradice la evidencia, bien porque supone estipulaciones que no contiene, ora porque ignore las que ciertamente expresa, o ya porque sacrifique el verdadero sentido de sus cláusulas con deducciones que contradice la evidencia que ellas demuestran» (CSJ SC, 25 feb. 2003, rad. n.° 6822).
4. Conclusión.
Las consideraciones expuestas son suficientes para determinar el fracaso de la acusación, circunstancia que necesariamente conlleva a la improsperidad de la impugnación extraordinaria y a la consecuente imposición de condena en costas a sus promotores, considerando que la parte opositora replicó la demanda de casación; tarea esta última para la cual el Magistrado Sustanciador señalará las respectivas agencias en derecho.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 26 de febrero de 2016 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía promovido por BBVA Asset Management S.A., en calidad de vocera del patrimonio autónomo « Fideicomiso Fidugan Lote Portal Real de Suba», contra Innovarq Construcciones S.A., Inversiones y Descuentos Ltda., y Jorge Enrique Gómez Vargas.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a los recurrentes y por concepto de agencias en derecho se fija la cantidad de $6’000.000 m/cte.
TERCERO. DEVOLVER el expediente a la Corporación judicial de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC3047-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2018-08-03. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2013-00162-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3047-2018%20%5B2013-00162-01%5D).
