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clave: "corte_suprema:providencia:SC299-2021 [2009-00625-01]"
titulo: "Corte suprema: SC299-2021"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-02-12"
radicado: "2009-00625-01"
numero: "SC299-2021"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte suprema: SC299-2021

- **Título oficial / radicado:** SC299-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-02-12
- **Radicado:** 2009-00625-01
- **Número:** SC299-2021
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC299-2021%20%5B2009-00625-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC299-2021%20%5B2009-00625-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS8yLi0gRmVicmVyby9TZW50ZW5jaWFzL1NDMjk5LTIwMjEgWzIwMDktMDA2MjUtMDFdLmRvY3g%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Y que, ha continuado proclamando, sobre la base de reiterar que el yerro en comento se presenta, entre otras modalidades, cuando el juzgador “exige para probar un hecho un medio que la ley no establece”.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2649 de 1993
- Ley 472 de 1998
- Ley 962 de 2005

## Extracto

La violación indirecta de la Ley sustancial por errores de derecho. En consecuencia, si dijo que la prueba era apta para demostrar el hecho o acto, debe hacerse notar que no lo era en realidad; o si la desestimó como idónea, debe puntualizarse que sí era adecuada. En ese sentido, si bien escudriñando las documentales pudieran encontrarse gastos adicionales a los indicados en el trabajo pericial, lo cierto es que no existen evidencias diferentes que permitan concluir que dichas erogaciones se limitaron a paliar el incumplimiento de la constructora, pues su carga termina allí, y no se extiende a reembolsar los dineros que hubieran podido invertirse en mejoras distintas, de naturaleza útil o meramente voluptuaria. Reitera la Corte que, dadas las características de la relación obligacional que surge de la responsabilidad civil, ninguna importancia tiene determinar quién pagó la reconstrucción del apartamento tantas veces citado.

## Cita textual

> exige para probar un hecho un medio que la ley no establece

## Texto del documento

Radicación n.° 11001-31-03-036-2009-00625-01
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC299-2021
Radicación n.° 11001-31-03-036-2009-00625-01
(Aprobado en sesión de quince de octubre de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
Se decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por Rienza S.A. contra la sentencia de 11 de diciembre de 2017, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso declarativo de responsabilidad contractual promovido por la recurrente contra la Promotora Centro Histórico Cartagena de Indias S.A. y Fidubogotá S.A.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
La convocante solicitó que se declarara que Fidubogotá S.A. « incumplió el contrato de fiducia (...) que dio origen al patrimonio autónomo denominado Casa del Boquetillo – Fidubogotá S.A. », mientras que la Promotora Centro Histórico Cartagena de Indias S.A. inobservó las prestaciones « derivadas de los contratos de construcción y posterior de compraventa del apartamento 201 C, garajes 32 y 33, depósitos 17 y 8 (sic) del edificio Casa del Boquetillo PH, ubicado en (...) Cartagena ».
Con apoyo en esas circunstancias, sumadas al ocultamiento de « la existencia del proceso de acción popular que cursa en el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena », pidió que se condenara solidariamente a las convocadas a pagar « los daños y perjuicios derivados de los defectos de construcción » de las propiedades mencionadas, así como « los perjuicios que llegare a sufrir la demandante como consecuencia de la decisión que se llegare a proferir en el proceso de acción popular ».
2. Fundamento fáctico.
2.1. Las demandadas celebraron un contrato de fiducia mercantil, que denominaron « encargo fiduciario de administración e inversión, que (...) consistió en adelantar y desarrollar la promoción y construcción de un proyecto llamado Casa del Boquetillo », localizado en la Calle 40 n.º 6-89 de la ciudad de Cartagena de Indias.
2.2. Mario Scarpetta Gnecco –socio, gerente y miembro principal de la junta directiva de Rienza S.A.– se interesó en uno de los apartamentos que conformaban el proyecto inmobiliario, por lo que « suscribió, en condición de “encargante”, el documento carta de instrucciones No. 3-4-201-CM del 30 de junio de 2005, por medio de la cual se obligó a realizar pagos a favor del patrimonio autónomo, “a fin de que sean administrados por la fiduciaria en el fondo común ordinario” ».
2.3. El señor Scarpetta Gnecco cedió su posición contractual en favor de Rienza S.A., sociedad que « cumplió con la totalidad de las obligaciones a su cargo, cancelando los aportes económicos en la suma de $1.144.334.400 por el apartamento 201 C, los garajes 32 y 33 y el depósito 17, en tanto que por el depósito 8 pagó la suma de $15.000.000 ».
2.4. La entrega del inmueble se llevó a cabo el 13 de mayo de 2008, de la cual se dejó constancia en acta de la misma fecha, en la que la adquirente consignó su inconformidad « con varios defectos del bien (...) , así: se recibe el piso sin estar conformes con la instalación, se reciben las barandas, pero se solicita una mejor calidad en la pintura para que no presente oxidación, el propietario se libra de cualquier responsabilidad en caso de que no sea corregido el tema de la caía de agua (...) sobre el apartamento ».
2.5. Adicionalmente, el señor Scarpetta Gnecco arrimó un documento de « apreciaciones », donde señaló varios desperfectos de la edificación, « que deb[ían] corregirse para recibir el apartamento a satisfacción », y que pueden resumirse en problemas con las ventanerías, herrajes, impermeabilización de los espejos de agua internos y drenaje de la terraza.
2.6. En los días subsiguientes, « los representantes de Rienza S.A. pudieron evidenciar otra gran cantidad de imperfecciones en la construcción », relacionadas ahora con el área de jacuzzi, las instalaciones sanitarias, el sellamiento de pisos y « una serie de [defectos] derivados todos ellos de la mala calidad de materiales y/o mano de obra, todo lo cual se evidencia en el informe de interventoria (...) elaborado por el arquitecto Luis Carlos López ».
2.7. Dadas esas circunstancias, « la sociedad Rienza S.A. ha enfrentado graves problemas, que le han significado costos imoportantes de algunas reparaciones (...) que ascienden a una suma aproximada no inferior de $500.000.000 ».
2.8. Cuando las demandadas celebraron el contrato de compraventa con Rienza S.A., « tenían conocimiento de una demanda de acción popular formulada en su contra y del Distrito de Cartagena, la cual cursa en el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena, sin que enteraran de la misma a la sociedad demandante, como debieron haberlo hecho ». Como consecuencia de ello, la actora « ha tenido que intervenir en tal litigio para ejercer la defensa judicial del inmueble que le fuera traditado, lo cual ha incrementado el monto de los daños y perjuicios sufridos al menos en otros $150.000.000 ».
2.9. Fidubogotá S.A. « no podía delegar, por ministerio del artíciulo 1234 del Código de Comercio, ni la construcción del proyecto, ni trasladar la responsabilidad derivada de la misma a nadie, menos al fideicomitente ». Tampoco « podía ignorar ni delegar sus deberes como vendedora (...) , menos los relacionados con un eventual saneamiento por evicción, como los que podrían suscitarse (sic) por cuenta del proceso de acción popular actualmente en curso (...) , el cual amenaza en la actualidad el dominio y la posesión quieta y pacífica a que tiene derecho Rienza S.A. ».
3. Actuación procesal.
3.1. El auto admisorio de la demanda fue proferido el 10 de diciembre de 2009, y de dicha providencia se notificó a las convocadas personalmente. Ambas se opusieron a la prosperidad del petitum , pero solamente la Promotora Centro Histórico de Cartagena S.A. formuló excepciones, las que denominó « falta de legitimación en la causa por pasiva y activa »; « caducidad de la acción »; « ausencia de los elementos determinantes de la responsabilidad »; « culpa de la víctima y hecho de un tercero »; « indebida acumulación de pretensiones » y « violación al debido proceso ».
Fidubogotá S.A., a su turno, no esgrimió defensas, pero afirmó « no acepta[r] culpabilidad alguna », resaltando que « a la fiduciaria (...) no le corresponde la construcción ni era responsable de esta. Tampoco lo es por presunta evicción ».
3.2. La primera instancia culminó con sentencia de 23 de marzo de 2017, en la que se acogió « la excepción oficiosa de falta de legitimación en la causa por pasiva, respecto de la sociedad Fiduciaria Bogotá S.A., en su condición de sociedad fiduciaria (sic) y como vocera del patrimonio autónomo denominado Casa del Boquetillo – Fidubogotá S.A. ».
En contraposición, se desestimaron las defensas de la codemandada, a quien se encontró « civil y contractualmente responsable de los perjuicios sufridos por Rienza S.A. », imponiéndosele la obligación de indemnizar a la agraviada, en cuantía de $310.297.899, « debidamente indexados desde abril de 2013, hasta que se produzca el pago total de la obligación ». Estas determinaciones fueron apeladas por la actora y por la Promotora Centro Histórico Cartagena de Indias S.A.
3.3. Antes de finalizar la audiencia de que trata el artículo 373 del Código General del Proceso, Rienza S.A. transigió sus diferencias con Fidubogotá S.A., desistiendo de impugnar la absolución de esta.
SENTENCIA IMPUGNADA
En fallo de 23 de noviembre de 2018, el tribunal revocó parcialmente lo resuelto por el juez a quo , y denegó la totalidad de las pretensiones, decisión cuyos fundamentos admiten el siguiente compendio:
(i) El incumplimiento enrostrado a la Promotora Centro Histórico Cartagena de Indias S.A. « sí se produjo, (...) , pues no otra conclusión se tiene (sic) de la confesión vertida por su representante legal (...) , al expresar que “básicamente como está en el acta de entrega definitiva del apartamento, lo único que quedó plasmado como inconformismo fue (sic) los diseños y el funcionamiento de la ventanería y entradas de aire, o sea que no cerraban herméticamente ».
(ii) Las aludidas imperfecciones también emergen « del material probatorio recaudado: interrogatorios de parte y testimonios [de] Diego Suárez Escobar (...) , Luis Carlos López Lombana (...) ,asi como las documentales (...) , se precisa que un gran número de esos daños e imperfecciones eran ordinarios, en el sentido que eran de fácil soluciónm con la intervención de una mano de obra calificada, pero habían otros de más fondo: ventanería, balcones, filtraciones, espejos de agua. De lo por ellos expuesto se extrae con facilidad que en los pisos habían losas huecas, los herrajes de la ventanería eran de mala calidad y aquellas no cerraban herméticamente (...) , la pintura utilizada no era la adecuada al punto de la calidad (sic) de la filtración de la estructura del jacuzzi ».
(iii) Estas probanzas, se insiste, permiten colegir « que la sociedad demandada incumplió el contrato de compraventa ajustado entre las partes, dado que aparece demostrado que si bien entregó el bien objeto de la litis, desde el mismo momento que la persona jurídica adquirente del mismo elevó reclamo, lo hizo manifestando su inconformidad por defectos perceptibles en la calidad de los acabados, lo que patentiza la culpa en razón a la ejecución defectuosa de las obligaciones en cabeza del constructor ».
(iv) En lo que concierne a los perjuicios causados, estos pretendieron acreditarse a través de dos experticias, elaboradas la primera por el ingeniero civil William Navarro Zurique, y la segunda por el contador público Juan Carlos Luna, así como de « una exhibición de documentos a los libros (sic) y papeles de comercio de la parte demandante (...) con el fin de determinar (...) si efectivamente la aquí convocante asumió el costo total de las [reparaciones]».
(v) En la diligencia pertinente, Rienza S.A. « presentó una carpeta de reembolsos [con] los gastos incurridos en las reparaciones del apartamento (...) ; sin embargo, no exhibió los libros de contabilidad, y en razón a ello, el juez a quo dio aplicación al artículo 285 del Código de Procedimiento Civil, hoy 267 del Código General del Proceso, ante la renuencia en presentar los libros de contabilidad en los cuales aparezcan plenamente acreditados los pagos de las sumas de dinero ya referenciadas » .
(vi) Siendo la actora una sociedad comercial, « la prueba idónea para determinar el monto de los gastos sufragados con ocasión del incumplimiento contractual de la promotora demandada debieron (sic) ser los libros registrados y no los que se afirma son sus soportes (...) , pues son los primeros los aptos para llevar a cabo al pleno convencimiento de la Corporación que las reparaciones realizadas en el inmueble fueron asumidas por la gestora de esta litis, y no por un tercero ».
(vii) Como varios de los recibos y cuentas de cobro arrimadas por Rienza S.A. aparecen a nombre de Mario Scarpetta Gnecco, o de otra sociedad familiar que integra y preside (Azurita S.A.), puede afirmarse que « en el plenario no obra medio de convicción que permita aseverar categóricamente que las erogaciones relacionadas con esas adecuaciones fueron asumidas por la demandante, conclusión que se reafirma con el efecto legal derivado de la renuencia a exhibir la contabilidad, que en sentir de la Sala no desemboca en un indicio sino en una confesión ».
(viii) No se opone a lo expuesto la tasación del menoscabo patrimonial defendida por el perito Navarro Zurique, pues « al tratarse de un ingeniero civil las conclusiones a que llegó en ese aspecto-cuantía (sic) no está dentro (sic) de sus especiales saberes, pues el auxiliar en su especialidad se limita es a determinar situaciones que demandan especiales nociones y conocimientos en la profesión de ingeniero, como son: cálculo, mecánica, hidráulica y química (...) , más no conocimientos de aplicación en de fin todo (sic) lo que tiene que ver con la contabilidad de sociedades comerciales ».
(ix) Frente el dictamen contable el panorama no cambia demasiado, pues el perito arribó a conclusiones « sin sustento, fundadas en documentos contables que no fueron allegados al proceso en lo pertinente (...) , máxime si en cuenta se tiene que no existe un solo medio de prueba que permita inferir de manera razonada que la contabilidad que facilitó Rienza S.A. sea verídica », yerros que constituyen error grave, « al restarle fundamentación y credibilidad al trabajo encomendado ».
(x) En conclusión, « al no estar plenamente demostrado el perjuicio patrimonial, su quantum y la persona que los asumió (sic) de manera alguna podían salir avante las pretensiones de la demanda, falla ese requisito sine quanon (sic) entre otros en que se estructura la responsabilidad contractual ».
(xi) A ello se añade que « tampoco le asistía razón a la activa para reclamar condena ante la supuesta falta de información con ocasión de la acción popular (...) , habida cuenta que dentro del plenario ta

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

o al debate, tendiente a socavar las conclusiones que, sin ambages, se siguen de los elementos de juicio relacionados.
(iii) Reitera la Corte que, dadas las características de la relación obligacional que surge de la responsabilidad civil, ninguna importancia tiene determinar quién pagó la reconstrucción del apartamento tantas veces citado. Lo verdaderamente trascendente es que la entrega defectuosa del mismo exigió una reconstrucción masiva, cuyo costo debe ser asumido por aquella, dada la regla prevista en el inciso tercero del artículo 2060.
Sobre este precepto sustancial, se ha sostenido:
«(...) El artículo 2060, ordinal 3º del Código Civil, frente al dueño de la obra, regula la responsabilidad directa del constructor, definido en el artículo 4º de la Ley 400 de 1997, como el “profesional, ingeniero civil o arquitecto, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de una edificación”, o al tenor del artículo 1º de la Ley 1229 de 2008, como el “profesional, ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura o ingeniería, bajo cuya responsabilidad se adelanta una edificación”..
(...) Es innegable “que la actividad de la construcción se desarrolla a través de distintas formas negociales que rebasan la hipótesis contemplada en la primera de las disposiciones citadas [se refiere la Corte al artículo 2060 del Código Civil], en las cuales se encuentran otras personas que, en forma autónoma, desarrollan el proyecto constructivo, de ahí que a pesar de aludir ese artículo únicamente a la construcción de edificios por un precio único prefijado, la responsabilidad allí prevista, también llamada «decenal» se predica del constructor en general, con independencia tanto de la forma de pago del importe, como de que la obra no se haya realizado «por encargo» sino de manera independiente.
Luego, si una persona natural o jurídica se encarga de la construcción de bienes raíces y una vez edificados procede a venderlos, él también es responsable en los términos del numeral 3º del artículo 2060, de los daños que se causen al comprador en caso de que la cosa perezca o amenace ruina total o parcialmente en los diez años siguientes a su entrega, siempre que tal situación obedezca a vicios de la construcción, del suelo o de los materiales” (CSJ. SC14426-2016 de oct. 7 2016, rad. n°. 41001-31-03-004-2007-00079-01)
Hoy se reitera esa postura. En materia de responsabilidad civil del empresario constructor que a título de venta (o de cualquier otro traslaticio) enajena el inmueble que ha levantado, como es el caso de este proceso, además de las acciones que en razón del contrato son procedentes contra él –las que están en cabeza del comprador si fue este el contrato utilizado–, también son admisibles aquellas otras atinentes a la responsabilidad profesional como constructor de la edificación, sin consideración al título de adquisición, como es la prevista en el ordinal 3° del artículo 2060 del Código Civil, que, inserta en el marco regulatorio del contrato de obra (originalmente denominado como contrato de arrendamiento para la confección de una obra material) pareciera quedar circunscrita a dicho contrato protegiendo sólo al dueño de la obra que acuerda su construcción.
Es evidente que en atención a esa eventual condición de constructor o empresario y dueño de la obra a la vez que de vendedor de la misma, ninguna razón es atendible para colegir que, accionándose por la vía del
incumplimiento del contrato
de compraventa, no sea posible extender la garantía a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil a quien es adquirente del inmueble construido por quien vende (...) . Específicamente cuando en la causa petendi el actor invoca hechos atinentes a los supuestos fácticos contenidos en el precepto mencionado, esto es, que el edificio perece o amenaza ruina que aparece dentro de los 10 años siguientes a su entrega, por vicios en el suelo, en los materiales o en la construcción » (CSJ SC2847-2018, 216 jul.).
Si los defectos constructivos imputables a esa constructora generaron un daño, este debe repararse en su cabal extensión, al margen de sí, dentro de las relaciones privadas del comprador, algún tercero terminó pagando por él las restauraciones que correspondían, mientras la llamada a indemnizar atiende su compromiso.
Así, si un padre paga la reparación que requiere el inmueble de su hijo para superar los vicios que lo hacían inhabitable, no por ello el constructor queda relevado de su responsabilidad. Tampoco se rompe el principio indemnizatorio, en virtud del cual la responsabilidad civil no puede ser fuente de riqueza, porque si el susodicho constructor cubre luego esos gastos de reparación, simplemente restituirá el patrimonio de la víctima, dado que el favorecimiento de su padre tiene una fuente autónoma: la voluntad unilateral de donar.
Pero más allá de este ejemplo, que tiene como propósito mostrar la improcedencia del análisis que defendió la convocada (y que acogió el tribunal), lo cierto es que, en este caso puntual, la imbricación de fuentes de pago de las enmiendas arquitectónicas es fácilmente explicable, dada la relación que existe entre el señor Scarpetta Gnecco, y las sociedades Rienza S.A. y Azurita S.A., de las que hace parte como socio, y en las que desempeña cargos de administración.
Por supuesto que cierto orden es deseable en todos los gastos del comerciante, pero el mismo no puede ser impuesto por la autoridad judicial, sino que viene dado por el propio ejercicio mercantil, en el que suelen efectuarse créditos entre entidades del mismo grupo económico, o entre estas y sus socios, así como compensaciones, cruces de cuentas, y todo tipo de transacciones que no estén prohibidas por el ordenamiento, y que fácilmente explicarían el cuadro fáctico previamente descrito.
4. Conclusión.
Comoquiera que las pruebas apuntan, de manera unívoca, a sostener la tesis defendida en la sentencia de 23 de marzo de 2017, la misma será confirmada en su integridad.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 11 de diciembre de 2017, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso declarativo de responsabilidad contractual promovido por Rienza S.A. contra la Promotora Centro Histórico Cartagena de Indias S.A. y Fidubogotá S.A.
Y situada en sede de instancia, esta Corporación
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR el fallo que el 23 de marzo de 2017 dictó el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá en esta causa.
SEGUNDO. SIN COSTAS de segunda instancia, dada la improsperidad de ambas alzadas.
TERCERO. REMÍTASE el expediente a la autoridad judicial competente.
Notifíquese y cúmplase
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC299-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-02-12. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2009-00625-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC299-2021%20%5B2009-00625-01%5D).
