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clave: "corte_suprema:providencia:SC2847-2019 [2008-00136-01]"
titulo: "Corte Suprema: se entiende por caso fortuito el imprevisto que no es posible de resistir, las conductas imputables a terceros o los actos de autoridad"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2019-07-25"
radicado: "2008-00136-01"
numero: "SC2847-2019"
ponente: "Margarita Cabello Blanco"
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# Corte Suprema: se entiende por caso fortuito el imprevisto que no es posible de resistir, las conductas imputables a terceros o los actos de autoridad

- **Título oficial / radicado:** SC2847-2019 — Providencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2019-07-25
- **Radicado:** 2008-00136-01
- **Número:** SC2847-2019
- **Ponente:** Margarita Cabello Blanco
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2847-2019%20%5B2008-00136-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC2847-2019%20%5B2008-00136-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE5L0RyYS4gTWFyZ2FyaXRhIENhYmVsbG8gQmxhbmNvLzcuLSBKdWxpby9TZW50ZW5jaWEvU0MyODQ3LTIwMTkgWzIwMDgtMDAxMzYtMDFdLmRvYw%3D%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Se entiende por caso fortuito el imprevisto que no es posible de resistir, las conductas imputables a terceros o los actos de autoridad.

## Fundamentos jurídicos

- Resolución 014 de 1986
- Ley 400 de 1997
- Ley 1229 de 2008

## Extracto

El recurrente resalta que el perito estableció que las obras adicionales hechas en la vivienda de María Myriam Penagos y las colindantes incidieron en “ aumentar los problemas que se presentan de agrietamiento y de fisuras en los muros… Máxime cuando se tiene la certeza de un suelo muy ajustado a los límites de la capacidad portante solicitada, la cual se evidencia en las grietas observadas en la vía, a través del desmoronamiento de la placa de concreto en la misma”. Sobre esta distinción, esta Corporación in extenso ha señalado: De lo cual resulta que si, aunque culposo, el hecho de determinado agente fue inocuo para la producción del accidente dañoso, el que no habría ocurrido si no hubiese intervenido el acto imprudente de otro, no se configura el fenómeno de la concurrencia de culpa, que para los efectos de la gradación cuantitativa de la indemnización consagra el artículo 2357 del Código Civil.

## Texto del documento

Radicación n° 41001-31-03-002-2008-00136-01
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
SC2847-2019
Radicación n°. 41001-31-03-002-2008-00136-01
(Aprobado en sesión de diez de abril de dos mil diecinueve)
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de julio de dos mil diecinueve (2019).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el demandado Marco Tulio Díaz Serrano contra la sentencia proferida el 25 de julio de 2013 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, en el proceso de María Myriam Penagos Mora contra el recurrente.
I. ANTECEDENTES
A. Las pretensiones.- Mediante demanda repartida al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, la actora pretende, de manera principal, que frente al demandado se declare que adquirió de este el inmueble descrito en la demanda, identificado con matrícula inmobiliaria número 200-0059723 de la oficina de registro instrumentos públicos de Neiva, y que en consecuencia sea condenado a pagarle todos los perjuicios materiales y morales que se prueben, debidamente actualizados y con intereses legales por mora.
En subsidio, que se declare que como en razón de la compraventa se dio la figura del enriquecimiento sin causa, el demandado debe ser condenado a pagarle los daños y perjuicios debidamente indexados.
B.- Causa petendi.- Como razones fácticas expone:
1. Que mediante escritura pública 3170 del 1º de octubre de 1990, otorgada en la notaría 2ª de Neiva, adquirió la vivienda materia del litigio por compra que le hiciera a Marco Tulio Díaz, quien en ese instrumento manifestó que el inmueble le pertenecía en su calidad de constructor de acuerdo con certificado del Departamento de Planeación Municipal de Neiva del 30 de enero de 1989 y oficio 039338 del 25 de julio de 1986 de la Superintendencia Bancaria, y además, que se obligaba al saneamiento de la venta en los casos de ley.
2. La Resolución 014 del 27 de agosto de 1986 expedida por el Departamento de Planeación Municipal de Neiva, con la cual se aprobó el proyecto de Urbanización Ipanema y se concedió licencia para su construcción, señala como urbanizador responsable al arquitecto Marco Tulio Díaz Serrano.
3. Que al recibir el inmueble la actora observó fisuras en las paredes y placas de la vivienda, y así lo informó al demandado, quien procedió a resanarlas de manera superficial, a pesar de que el daño era estructural en razón a que la construcción no se adelantó de acuerdo con el cuadro de estructura consignado en el plano aprobado. Además, la accionante debió realizar reparaciones a fin de evitar que el bien colapsara.
4. A los dos o tres años le insistió sobre las fisuras, el hundimiento de los pisos y “ fallas de toda índole ” (f. 84, c. 1) en toda la estructura de la casa, pero el interpelado hizo caso omiso. Por lo anterior, contrató los servicios del experto Hernán Salas Perdomo, quien indicó que la vivienda había perdido su valor comercial en un 80%, debido a los defectos y anomalías que detalló, dando cuenta de la metodología utilizada.
5. Agrega que situación similar presentó el inmueble de Marta Lucía Ramírez Vargas -de las mismas características, ubicación, construcción y daños del vinculado a esta litis-, en relación con el cual conceptuaron los ingenieros Luis Esteban Baracaldo y Antonio Puentes.
6. En la demanda se detallan las inconsistencias técnicas atribuidas a deficiencias en la construcción imputables al demandado, a las que se agregaron otros problemas como el asentamiento “ pues es un hecho cierto y demostrable la falta de compactación del terreno de relleno, la mala calidad de los materiales y en general de la construcción” (f. 86, c. 1). En consecuencia, “ la magnitud del defecto oculto, y la violación de la garantía de eficiencia hizo que se presentara el daño y por consiguiente la ruina de la vivienda, que era desconocida por los compradores y que no era apreciable a la simple vista” (ib.).
7. Presume que esta ruina obedece a vicios en la construcción originadas en fallas en los materiales, en el suelo y en la construcción a cargo del demandado, quien hizo entrega del bien raíz el 10 de octubre de 1990.
8. La aparición de las fisuras y el agrietamiento de las paredes, se presentaron en el mes de diciembre de 1991. “El daño es cierto y subsiste al momento de la presentación de la demanda” (f. 87, c. 1).
9. En cuanto a la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin causa, además de los hechos anteriores, afirma la demandante que adquirió la vivienda para habitarla con su familia, que el precio fue cancelado en su totalidad, que a los pocos meses de estar habitada presentó fisuras y daños estructurales que fueron informados al constructor sin que éste hubiese efectuado las reparaciones, detrimentos que fueron producto de faltas en el cumplimiento de las condiciones técnicas aprobadas por la autoridad competente y, en fin, que entre el daño y los hechos narrados existe una relación de causalidad, por lo que el interpelado es el único obligado como constructor y vendedor a salir al saneamiento de los deterioros reportados.
C. Posición del demandado.-
Al contestar la demanda, el arquitecto Díaz Serrano se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aludió a ellos de distinta manera; pero en particular, negó que la actora le hubiese reclamado; precisó que ella había realizado modificaciones a la edificación, al variar su forma y las cargas y al construir sobre las paredes y muros originales, sobrecargando así los cimientos y las columnas.
Adujo que el demandado no había determinado los daños. Hizo énfasis en que la actora había realizado adiciones y mejoras a la edificación luego de haberla adquirido, planteando tal hecho como excepción, a más de la caducidad y la prescripción de las pretensiones principales y subsidiarias, así: la de saneamiento por vicios redhibitorios de que trata el artículo 1914 del Código Civil, que prescribe en un año; la de caducidad, según el artículo 2060 del mismo cuerpo normativo, por haber transcurrido más de 10 años toda vez que el inmueble lo adquirió la demandante en 1990 y promovió el proceso ya avanzado el año 2007.
D. Sentencia de primera instancia.-
Le puso fin el a quo con decisión denegatoria (f. 213, c. 1) de las pretensiones, al considerar que no se podía establecer que la parte actora, con las pruebas recaudadas, hubiese demostrado que las fisuras, agrietamientos y demás daños presentados en el inmueble hubieran tenido ocurrencia dentro de los 10 años siguientes a su entrega, y no después. Por lo demás, al examinar las excepciones perentorias propuestas por la pasiva, estimó que la acción incoada era la prevista en el artículo 2060 del Código Civil, razón por la cual su prescripción era de 20 años a partir de la aparición de los daños, por lo que denegó la “ excepción perentoria de caducidad y prescripción de la acción indemnizatoria propuesta por la parte demandada ” (f. 229).
E. Apelada por el actor, la anterior decisión fue revocada por el Tribunal, pues declaró responsable al demandado por los perjuicios materiales debidos a anomalías en la construcción y en el suelo del inmueble objeto del contrato de compraventa celebrado entre las partes en 1990, condenándolo a pagar, debidamente indexada con base en el IPC desde el 26 de julio de 2010, la suma de $241.800.000,oo a favor de la actora.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Luego de la síntesis del proceso, ubica el problema en la determinación de si los daños experimentados en el inmueble se produjeron dentro los diez años siguientes a su entrega, según el artículo 2060 del Código Civil, precepto del cual deduce los requisitos para la configuración de la responsabilidad del empresario constructor, calidad que predica de Marco Tulio Díaz Serrano, en vista de que así se acreditó con la Resolución 014 de 1986 del Departamento de Planeación Municipal de Neiva, aportada con la demanda.
La Sala de Decisión encuentra que las anomalías, que quedaron debidamente acreditadas, aparecieron dentro de los 10 años a que alude el precepto civil mencionado, para lo cual se basa en lo narrado por Luis Esteban Baracaldo Rubiano y en el informe que éste había elaborado, de fecha 19 de agosto de 1999, sobre daños a la casa de la vecina de la misma urbanización, Martha Lucía Ramírez, así como en las declaraciones de ésta, probanzas de las cuales concluye que los deterioros se hicieron visibles antes del mes de agosto de 1999, y por ende con antelación al cumplimiento de los diez años de su entrega, que ocurrió el 01 de octubre de 1990, lo que refuerza con el dicho de otros testigos.
En primer lugar, el de Genner de Jesús Gaviria Peña, quien declaró que las viviendas se habían construido en forma continua, con estructura y mampostería perimetral compartida.
Luego, el de Luís Esteban Baracaldo, quien afirmó que algunas viviendas habían presentado fallas, pero los propietarios las habían arreglado y que lo más probable era que la deficiencia estructural fuese común a todas esas viviendas porque no son construcciones aisladas sino en serie.
Y la declaración de Efraín Amaya, quien despejó la duda acerca de por qué si habían sido así construidas -en serie- algunas no presentaron los desperfectos que acá se reclaman. Dice el Tribunal que este testigo expresó que la casa de la demandante es contigua a la de él, y “ adolece de las mismas fallas en la construcción presentando grietas en las paredes y en el piso ” (f. 36, c. 5), pero que no todas habían experimentado ese deterioro y que
aquellas que presentan las grietas y el deterioro progresivo corresponde a la casa que están sobre la calle 8C y más cerca de la hondonada que se encuentra al frente y que tengo entendido fueron aquellas construidas sobre relleno, los que más hemos sufrido el efecto del deterioro parece ser las últimas cinco o seis casas de esa cuadra hasta la esquina de la casa del ingeniero IPUZ que pareciese que tuviera sosteniendo el resto de las casas y que más deterioro tiene (fs . 20-22) (f. 37, c. 5).
En lo tocante a las excepciones formuladas por el demandado, precisa que las de caducidad de la acción y prescripción del derecho reclamado fueron examinadas por el juez de primera instancia y como tales conclusiones no fueron censuradas por aquel, carece de competencia para analizarlas.
Y en relación con las modificaciones que la actora hizo al inmueble, destacó el Tribunal que aun cuando no cabe duda que se realizaron, el demandado debía haber demostrado la incidencia de esas reformas a la vivienda en las fisuras que presentó luego de haber sido entregada, pero no lo hizo.
Al merecerle mayor credibilidad por su claridad y explicación detallada, el Tribunal acoge el dictamen de Fernando Correa Perdomo para la determinación de la condena en concreto, pero con descuento de la tasación referida a los perjuicios morales, por no estar acreditados.
A petición del demandado, el Tribunal adicionó el fallo en el sentido de que las sumas a su cargo, establecidas en esa decisión, las cubriera indexadas de conformidad con el IPC desde el 26 de julio de 2010 hasta la fecha del pago de la obligación.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN. CARGO TERCERO
De los tres cargos elevados contra la sentencia recurrida, se limita la Corte al estudio del tercero, único admitido al momento de calificar la demanda.
En él se acusa el fallo del Tribunal de haber incurrido en errores de hecho en la apreciación de las pruebas, lo que aparejó la violación de las normas contenidas en los artículos 2060 numeral 3° del Código Civil; 928 del Código de Comercio; y 174, 187, 197, 237, 241 y 254 del Código de Procedimiento Civil.
A. La censura se dirige a controvertir varios aspectos del fallo. En primer lugar, las conclusiones del Tribunal atinentes a que los daños experimentados en la propiedad de la demandante se presentaron dentro del término que consagra el artículo 2060 del Código Civil, para lo cual recuerda los argumentos de la colegiatura, soportados en los análisis de la declaración de Luis Esteban Baracaldo, del documento que éste elaboró el 19 de agosto de 1999 sobre los daños presentados en un inmueble vecino, así como en la declaración de la propietaria de este, la señora Marta Lucía Ramírez.
Critica la apreciación del interrogatorio de parte absuelto por la actora María Myrian Penagos, pues lo cercenó en cuanto que ella manifestó que no le reclamó al demandante por escrito si no que fue su hermana la que verbalmente informó a aquel que, con ocasión de una ampliación a la vivienda adquirida, el ingeniero que la estaba adelantando le había dicho que esa casa no tenía zapatas, época aquella en la cual la actora estaba en Bogotá.
Esos fragmentos de la declaración, omitidos por el Tribunal, dice la censura, dejan sin piso
la conclusión del ad quem respecto a que los daños del inmueble se presentaron y se le hicieron saber al demandado dentro de los diez (10) años siguientes a la entrega del inmueble. Por supuesto, también es claro que, con base en su propio dicho, en ningún momento la accionante se reunió con los vecinos para di

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

non 2344 del Código Civil, que por estar contenido en el Título XXXIV, no cabe duda que únicamente se aplica a la responsabilidad común por los delitos y las culpas , sin que haya razón valedera para extenderse a la contractual, puesto que en este último campo hay una regla diferente, contenida en el artículo 1568, como es la conjunción en las obligaciones negociales: « cuando se ha contraído por muchas personas… la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores… es obligado solamente a su parte o cuota de la deuda ».
Norma ésta que no ha perdido vigencia y que, por el contrario, ha sido patrocinada por esta Corporación:
[P]ara la verificación de los efectos propios de las obligaciones conjuntas y solidarias se requiere que los varios deudores deban lo mismo, de modo que si lo que se debe por varios sujetos recae sobre objeto divisible, la regla general es que la obligación es y obra como conjunta y por consiguiente a cada deudor únicamente se le puede reclamar su cuota parte en la deuda; pero si se pacta la solidaridad, o la establece la ley o el testamento, a cada y a todos los deudores si se quiere se le puede exigir el pago total (SC, 15 en. 2004).
Por lo expuesto, no puede compartirse la idea de que la solidaridad prevista para asuntos extracontractuales sea una regla en vigor para materias contractuales civiles, menos aún, que pueda acudirse a ella para desconocer el principio de relatividad de los contratos ( res inter alios acta ), que propugna porque éstos únicamente vinculan a quienes son parte del mismo, lo que se borra de tajo con el argumento que el demandado es responsable de los actos de un tercero que afectó una edificación colindante.
4.5. Las razones precedentes me llevan a separarme de las consideraciones realizadas en las páginas 30 y 31 de la sentencia aprobada.
5. Empero de lo comentado, el cargo propuesto en casación no estaba llamado a prosperar, en tanto no se demostró el error de hecho evidente y trascendente que permitiera quebrar el fallo de instancia.
5.1. Total que el Tribunal denegó la excepción, no por la ausencia de los hechos esgrimidos como eximente de responsabilidad, sino porque no se demostró la « incidencia de las modificaciones o mejoras en el inmueble, sobre las fisuras que este presentó luego de hacer sido entregado », carga suasoria que « estaba en cabeza del demandado, pues era quien podía demostrarse de su demostración » (folio 37 del cuaderno 5).
Tesis que soportó en el hecho de que, en el proceso, únicamente se acreditó la « construcción de mejoras » por parte de la demandante, más no la forma en que afectaron la estructura de la vivienda ( idem ); mientras que sí probó, por medio de dictámenes periciales y atestaciones, que los vicios en la edificación « se hicieron visibles antes del mes de agosto de 1999 », los cuales « cumplen con los presupuestos fácticos exigidos por el artículo 2060 del Código Civil » (folio 35), para endilgar responsabilidad al demandado.
5.2. Esta conclusión resulta intangible a la luz de las pruebas enunciadas en el cargo propuesto, en tanto las mismas insisten en la existencia de las conductas atribuibles a la víctima o terceros, sin desmentir el argumento nuclear del fallo de instancia, como es, itérese, la ausencia de prueba sobre la incidencia de dichos hechos en los deterioros padecidos por el inmueble, punto que sigue ensombrecido.
Precisamente, en la declaración de Fabián Hernández, al referirse a las causas de las averías del predio de la demandante, dio cuenta de sucesos con potencial incidencia causal, pero omitió concretar el nivel de injerencia de cada uno de ellos en la producción de los daños, ni los correlacionó con la inadecuación del suelo:
[S]e observa que la vivienda ha sido afectada por la ejecución de obras adicionales, las cuales modificaron su diseño original y… este es uno de los factores que afectó la estabilidad de la vivienda, otro factor que se observó fue la modificación de la casa contigua esquinera, la cual fue modificada incorporándole numerosas placas de piso y construcción a nivel de la segunda planta, cargando estas estructuras adicionales sobre el muro colindante… y un tercer factor fueron los daños y posteriores reparaciones de la ruptura de la tubería de conducci0ón (sic)… y el cambio de alcantarillado en la calle que da con la fachada frontal (folio 60 cuaderno pruebas de la demandante).
Lo mismo sucede con el perito Arnulfo Iguarán, quien aseguró que « las obras adicionales realizadas tanto en la vivienda de la señora María Miryam Penagos, como en las casas colindantes… [incidieron] en aumentar los problemas que se presentaron de agrietamientos y fisuras en los muros » (folio 10 del cuaderno pruebas de la parte demandante y demandada), pero olvidó especificar el aporte de los mismos en el resultado dañoso, con el fin de demeritar que la causa adecuada fuera la deficiente preparación del terreno por su limitada capacidad portante.
Información que, por demás, no estaba en capacidad de suministrar, en tanto el experto no hizo un estudio a fondo de los suelos para determinar los asentamientos diferenciales », como lo reconoció expresamente al responder la pregunta seis (folio 9)
Por último, el estudio de Fernando Correa es incisivo en la inadecuación del suelo, por haberse rellenado con el « suelo edafológico de remoción de los primeros lotes que dan contra la calle 8 », inferencia que obtuvo de los apique realizados y « hundimientos del pavimento rígido de la carrera 40 y la calle 8c entre carreras 39 y 40 » (folio 69 del cuaderno pruebas de la parte demandante), sin considerar la influencia de otros agentes en la ocurrencia del daño o en su agravamiento.
El acervo suasorio antes mencionado, en verdad, pone sobre la mesa una concausalidad, pero no sirve para desmentir la conclusión del ad quem sobre la falta de certeza de su incidencia en el perjuicio, frente a la incorrecta preparación del terreno, razón para descartar que la conclusión de instancia sea contraevidente.
Y es que, conviene recordar, la « coparticipación causal conducirá a que la condena reparatoria que se le imponga al demandado se disminuya proporcionalmente, en la medida de la incidencia del comportamiento de la propia víctima [o del tercero] en la producción del resultado dañoso » (SC, 23 nov. 1990, G.J. CCIV, No. 2443, p. 69, citada SC5050, 28 ab. 2014, rad. n.° 2009-00201-01), aspecto que debió probarse en el proceso, sin que los instrumentos persuasivos denunciados en casación brinden la perspicuidad que se echó de menos en la alzada.
Como no se formularon otros reparos en sede extraordinaria, quedó cerrada la discusión sobre la necesidad de demostrar este porcentaje de participación como condición necesaria para reconocer los efectos de la coparticipación causal.
Por las razones precedentes, debió cerrarse la prosperidad de la crítica argüida en casación, punto en el aclaro mi voto frente a la sentencia aprobada.
Fecha ut supra .
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC2847-2019 — Providencia Sala de Casación Civil. 2019-07-25. C.P. Margarita Cabello Blanco. Rad. 2008-00136-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2847-2019%20%5B2008-00136-01%5D).
