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clave: "corte_suprema:providencia:SC282-2021 [2008-00234-01]"
titulo: "Corte Suprema: no cualquier hecho puede ser comprobado inquisitivamente"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-02-11"
radicado: "2008-00234-01"
numero: "SC282-2021"
ponente: "Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo"
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# Corte Suprema: no cualquier hecho puede ser comprobado inquisitivamente

- **Título oficial / radicado:** SC282-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-02-11
- **Radicado:** 2008-00234-01
- **Número:** SC282-2021
- **Ponente:** Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC282-2021%20%5B2008-00234-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC282-2021%20%5B2008-00234-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBBcm9sZG8gV2lsc29uIFF1aXJveiBNb25zYWx2by8yLi0gRmVicmVyby9TZW50ZW5jaWFzL1NDMjgyLTIwMjEgWzIwMDgtMDAyMzQtMDFdLmRvY3g%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

No cualquier hecho puede ser comprobado inquisitivamente, se sorprendería a los extremos de la relación procesal, en desmedro de las garantías mínimas de defensa y contradicción.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 446 de 1998
- Constitución Política

## Extracto

Por tanto, « el decreto oficioso de pruebas, según lo ha reiterado esta Corporación, es una potestad otorgada por el Estado al administrador de justicia con el fin de que, desde la posición imparcial que tiene en el juicio, acerque ‘la verdad procesal a la real’, y, por tal camino, ‘profiera decisiones acordes con la legalidad, la justicia y la verdad’ (CSJ. Manifestó que es improcedente limitar el lucro cesante al valor de los cánones de arrendamiento faltantes a la terminación del contrato, o a la demostración de ofertas o contratos para la futura explotación, en tanto la existencia misma del canon lo demuestra; además, la interpretación del ad quem reduce el daño indemnizable a aquel que sea seguro, sin tener en cuenta que basta la certeza de su ocurrencia, la cual se infiere del hecho de que el bien sea utilizado para su explotación, pues ha de presumirse que continuará haciéndose después de que termine el contrato vigente.

## Cita textual

> La indemnización del daño patrimonial tiene como fin remediar el detrimento económico sufrido por la víctima, por lo que una condena excesiva puede ser fuente de riqueza o ganancia injustificada

## Texto del documento

Radicación n.° 08001-31-03-003-2008-00234-01
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC282-2021
Radicación n.° 08001-31-03-003-2008-00234-01
(Aprobado en sesión virtual de veintiséis de noviembre de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
Se decide el recurso de casación interpuesto por Luis Evelio Márquez Bustos frente a la sentencia de 12 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, dentro del proceso que promovió contra Castro Tcherassi S.A., al cual se vinculó como litisconsorte necesario a Inversiones Osorio González Ltda.
ANTECEDENTES
1. El actor deprecó que se declarara que: (i) entre él y el Consorcio Emergencia Puerto Niño se celebró un contrato de arrendamiento sobre las embarcaciones San Roque y Patricia ; (ii) esta última se perdió por hundimiento en poder del arrendatario; y (iii) Castro Tcherassi S.A. es solidariamente responsable de los daños derivados del naufragio, en su calidad de integrante del consorcio.
Como consecuencia deprecó el pago de los perjuicios que se prueben en el proceso, los cuales tasó en $150.000.000 por daño emergente y $24.000.000 mensuales a título de lucro cesante, con la respectiva indexación e intereses comerciales.
2. Como sustento (folios 49 a 56 del cuaderno 1), el pretendiente afirmó que el 14 de febrero de 2007 suscribió una oferta mercantil para el transporte de materiales y maquinaria dirigida al Consorcio Emergencia Puerto Nariño -conformado por las sociedades Castro Tcherassi S.A. e Inversiones Osorio González Ltda.-, que en su ejecución se transformó en un arrendamiento de las embarcaciones Patricia y San Roque , como se infiere del hecho de que el consorcio, con pleno conocimiento de su situación técnica, « las tenía en su poder y disponía su utilización en cuanto a tiempo, destino, peso, calidad de materiales, personal, etc., obligado únicamente a pagar cada quince días o mes o fracción de mes, por su uso y goce » (folio 50).
Señaló que, para la operación de las barcazas, recomendó a dos (2) empleados de experiencia, que fueron contratados por la arrendataria, quienes no estaban al frente de las mismas para la fecha en que ocurrió el hundimiento.
Achacó a la impericia y negligencia de los operadores el naufragio del barco Patricia , puesto que no la aseguraron en debida forma, sino que la dejaron « en mitad del río amarrada mediante una guaya a una potala lo que era insuficiente… De otra parte los operadores hicieron caso omiso a las advertencias del capitán del remolcador ‘El Tamarindo’, quien vislumbro (sic) el peligro al ver el lugar en donde los operadores lo habían fondeado » (folio 52).
Remarcó que el navío estaba en buen funcionamiento y prestaba sus servicios en condiciones normales hasta la inmersión, sin que la arrendataria hubiera informado de defectos o daños que condujeran a su retiro para reparación, tales como filtraciones de agua.
3. Una vez admitido el libelo inicial (folio 62), la enjuiciada manifestó no ser parte del negocio jurídico base de las pretensiones, aclaró algunos hechos y propuso las excepciones que denominó: « inexistencia de contrato con el demandante » y « ninguna responsabilidad contractual ni extracontractual de Castro Tcherassi S.A. » (folios 78 a 86).
4. Por auto de 27 de julio de 2009 se resolvió favorablemente la excepción previa de « no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios » y el a quo ordenó « integrar el contradictorio con la Sociedad Inversiones Osorio González Ltda. » (folios 19 y 20 del cuaderno 2).
5. La nueva convocada, en su oportunidad, planteó defensas equivalentes a las de su homóloga (folios 151 a 159 del cuaderno 1).
6. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla el 24 de abril de 2013, al decidir el litigio en primera instancia, declaró probadas las pretensiones de la demanda y condenó solidariamente a las enjuiciadas a pagar las sumas de $120.000.000 por daño emergente, $56.700.000 por lucro cesante causado y $707.700.000 por el futuro.
7. Al desatar la alzada interpuesta el superior modificó la indemnización, con el fin de reducir el quantum del lucro cesante pasado y excluir el subsiguiente, con base en las razones que se resumen a continuación (folios 39 a 71 del cuaderno 3).
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. Una vez establecidos los presupuestos procesales y efectuado el control de legalidad, el juzgador precisó el valor jurídico de la oferta y su aceptación, así como los rasgos particulares de los consorcios, del contrato de transporte fluvial, del arrendamiento de naves y de la responsabilidad contractual, con el fin de concluir que: (i) en el expediente no se probó la aceptación de la oferta de transporte fluvial; (ii) las convocadas tienen responsabilidad solidaria frente a todos los actos jurídicos celebrados por cuenta del consorcio; (iii) el contrato sobre la embarcación Patricia comenzó a ejecutarse el 13 de marzo de 2007, bajo las directrices suministradas por los ingenieros Baena y Ferrel, pertenecientes a la sociedad Castro Tcherassi S.A.; (iv) « la dirección y el control de las operaciones [de] conducción de la [e]mbarcación y del transporte de cosas que se realizaba en ella, se ejerció por parte del Consorcio demandado… a cambio de un canon de arrendamiento » (folio 63); y (v) el negocio se encuentra probado con base en las facturas emitidas por el demandante.
2. Estableció que el navío en mención se hundió por sobrecarga el 13 de septiembre de 2007, lo que calificó como un incumplimiento total de las obligaciones de conservación y restitución de la cosa a cargo del consorcio arrendatario, como se extrae de las declaraciones de José Dionisio Murillo y Edwin Castro Escorcia.
3. Establecida la responsabilidad calculó el daño emergente con base en el valor del planchón para la fecha del suceso, estimado pericialmente en $120.000.000.
Frente al lucro cesante consolidado echó de menos su demostración, porque no se probó la existencia de un contrato anterior que develara « las ganancias previas al contrato que se discute » y « tampoco se aportaron documentos ni pruebas testimoniales, ni algún otro medio de prueba que permita inferir la existencia de ofertas contractuales ni contratos futuros que tengan por objeto la embarcación naufragada » (folio 66).
Con todo, en desarrollo del artículo 2003 del Código Civil, ordenó el pago de las rentas faltantes « hasta la época en que por desahucio hubiere podido cesar el contrato de arrendamiento », esto es, « entre el hundimiento de la nave (septiembre 13 de 2007) y la fecha que estaba destinada para la terminación del contrato y en la que hubiere podido terminar por razón del desahucio (diciembre 30 de 2007) por concepto de lucro cesante, pues se refiere a ganancias dejadas de percibir por la parte demandante » (folio 67), que calculó en $74.760.000, guarismo que redujo en un 30% por corresponder a los gastos de mantenimiento de la cosa según las reglas de la experiencia.
Negó el lucro cesante futuro porque: (i) el a quo hizo su cálculo con base en la vida útil del barco, sin que fuera probada, razón para concluir que es un daño hipotético; (ii) el pago de estos perjuicios sólo procede cuando la pérdida sufrida por la víctima es irrecuperable, como sucede con la muerte o lesiones personales permanentes, lo que no procede cuando la cosa es recuperable, ya que al pagarse el daño emergente el bien puede producir frutos hasta la extinción de su vida útil, siendo contrario al principio de equivalencia ordenar un pago adicional.
4. Por último desestimó las excepciones, al quedar probada la relación contractual entre la demandante y las accionadas, quienes están llamadas a responder solidariamente en su calidad de integrantes del consorcio.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
El demandante propuso cuatro (4) embiste, todos encaminados a cuestionar la negativa por lucro cesante futuro (folios 27 a 69 del cuaderno Corte), de los cuales se admitieron los tres (3) iniciales y se desechó el postrero por auto de 27 de septiembre de 2016 (folios 71 a 80).
Para resolver la casación de forma lógica primero se estudiará el tercero, por comportar una crítica de nulidad procesal. Después se evaluarán los dos (2) iniciales de forma conjunta, al cuestionar el mismo aspecto de la sentencia y servirse de consideraciones comunes.
CARGO TERCERO
Soportado en la causal quinta de casación, acusó la sentencia de segundo grado de ser nula por el motivo sexto del artículo 140 del CPC, al omitirse el decreto oficioso de pruebas para calcular cabalmente el lucro cesante.
Aseveró que, una vez establecida la responsabilidad de las demandadas, no era dable rehusar la condena por ganancias dejadas de percibir por ausencia de prueba sobre la vida útil de la embarcación, porque en este caso debió aplicarse el canon 307 del mismo estatuto adjetivo y, por tanto, decretarse de oficio las pruebas que fueran necesarias.
Invocó el principio de reparación integral para exigir el decreto de los medios suasorios tendientes a fijar la cuantificación de la indemnización, so pena de incurrir en la causal de nulidad por pretermisión del término para el efecto, como lo reconoció esta Corporación en providencia de 28 de mayo de 2009.
CONSIDERACIONES
1. Antes de analizar el embiste procede mencionar que la entrada en vigor del Código General del Proceso estuvo aparejada de un régimen de transición en el que se definió, de forma especial, que « los recursos interpuestos … se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron… » (numeral 5° del artículo 625).
Por tanto, como la impugnación que ahora se estudia se propuso el 25 de junio de 2014 (folio 79 del cuaderno 3), esto es, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, esta codificación será la que siga aplicándose de forma ultractiva.
2. Para resolver debe partirse del hecho de que, en atención a la naturaleza de los asuntos que se discuten en materia civil y comercial, que por regla general son patrimoniales y de libre disposición, los procesos en que se discuten están regidos, por regla general, por el principio dispositivo, según el cual las partes tienen la iniciativa de la acción, el impulso del proceso, la fijación de los límites de la decisión, la formulación de los recursos e, incluso, los efectos de la cosa juzgada[footnoteRef:1]. [1: Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Depalma, Buenos Aires, 1958, p. 188 y 189.]
Sin embargo, dado que los trámites judiciales contribuyen a la pacificación social, lo que redunda en el bienestar general, el principio dispositivo encuentra restricciones derivadas de la búsqueda de la justicia con el fin de que la sentencia sea reflejo de la verdad sobre la titularidad o contenido del derecho en discusión.
Así lo ha puesto de presente la Corporación:
Nuestro sistema procesal civil se enmarca en la tradición racionalista continental–europea, según la cual la averiguación de la verdad como presupuesto de la justicia material es el principal objetivo institucional del proceso. Verdad y justicia deben ir siempre de la mano, pues tan absurda e inútil es la justicia sin verdad, como ésta sin aquélla. La pretensión de racionalidad de la decisión judicial a través del descubrimiento de la verdad y la materialización de la justicia está incorporada en el principio constitucional de la prevalencia de la ley sustancial sobre los ritos (art. 228 C.P.). El aludido principio fue consagrado en el estatuto adjetivo, al expresar que ‘el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial’ (art. 4º C.P.C.; art. 11 C.G.P)… (SC9193, 28 jun. 2017, rad. n.° 2011-00108-01).
Para lograr estos fines, los juzgadores han sido investidos de precisas facultades inquisitivas que les permiten escudriñar el contexto factual, siempre de frente a los caros postulados del debido proceso, igualdad procesal e imparcialidad judicial.
3. El decreto de pruebas de oficio es expresión de esta búsqueda incesante por la justicia y la verdad, de allí que no pueda considerarse como una mera facultad, sino también como una obligación para los jueces de conocimiento, quienes tienen que hacer uso de la misma para que la sentencia proferida salvaguarde la correcta adjudicación de los derechos en litigio.
El numeral 4° del artículo 37 del CPC es diáfano en consagrar, como deber del juez, « [e]mplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias ».
Por tanto, « [e]l decreto oficioso de pruebas, según lo ha reiterado esta Corporación, es una potestad otorgada por el Estado al administrador de justicia con el fin de que, desde la posición imparcial que tiene en el juicio, acerque ‘la verdad procesal a la real’, y, por tal camino, ‘profiera decisiones acordes con la legalidad, la justicia y la verdad’ (CSJ. SC. 7. Nov. 2000 Exp. 5606) » (SC8456, 24 jun. 2016

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

a justicia material, por lo que el ordenamiento jurídico ha facultado al fallador, y al tiempo, compelido en determinados eventos, para procurar esclarecer esos pasajes de penumbra, mediante el decreto oficioso de medios de persuasión.
Pero la comprensión previamente expuesta no implica que las partes hayan sido liberadas de la carga que les incumbe, según el precepto 177 del Código de Procedimiento Civil (o 167 del Código General del Proceso); por el contrario, con excepción de «los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas», o de aquéllos eventos en donde la ley presume un determinado acontecimiento, a los litigantes les corresponde actuar con diligencia en la demostración del « supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen ».
En otros términos, si bien los poderes que se le han venido confiriendo al fallador patentizan las tendencias jurídicas actuales, orientadas a superar el sistema dispositivo puro, y dar mayor vigencia al inquisitivo, la supresión de aquél no se ha producido, de lo cual puede concluirse que existe en nuestro medio un « sistema mixto », que representa una equilibrada amalgama en la que, con la denodada intervención de las partes y la potestad oficiosa del juez, puede lograrse una justa y eficaz composición del debate, a partir de bases ciertas y no meramente formales.
Conforme con ello, aunque al juez se le exige acuciosidad y dinamismo en la búsqueda de la verdad real sobre la cual ha de definir la controversia, esa labor no se extiende hasta el punto de tener que suplir en cualquier supuesto la carga probatoria que le incumbe a las partes, tal como lo explicó esta misma Sala en fallo CSJ SC, 23 nov. 2010, rad. 2002-00692-01:
«(...) No se trata, pues, de que el juez tome la bandera de una de las partes, ni que dirija su esfuerzo a construir la que desde su personal perspectiva debe ser la respuesta para el caso, sino que su iniciativa debe contribuir a dar forma a una hipótesis que muestra algunas trazas en el expediente y que, siendo coherente, atendible y fundada, aparece apoyada por los medios de convicción a su alcance y se ajusta plausiblemente a una solución que acompase con el ideal de justicia. Solo en esas circunstancias, miradas desde luego bajo el trasluz de cada caso particular, podría increparse al juez por no comprometerse con el decreto de pruebas oficiosas, evento en el cual, como ha dicho la Corte desde hace tiempo ya, incurriría en error de derecho por desconocer el contenido del artículo 180 del C. de P. C. ».
En consecuencia, y dejando a salvo aquellos eventos donde la práctica de determinada prueba esté prevista como un imperativo legal concreto (hipótesis ajena a esta contienda), conviene precisar que la facultad-deber del juez de decretar pruebas de oficio no puede interpretarse como un mandato absoluto, o fatalmente impuesto en todos los casos, dado que aquél sigue gozando de una discreta autonomía en la instrucción del proceso.
Ello porque como lo dijo también esta Corporación en CSJ SC5327-2018, 7 dic.,
«(...) hay eventos en los cuales la actitud pasiva, de la parte sobre quien pesa la responsabilidad de demostrar determinado supuesto de hecho, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones o de las defensas o excepciones, por haber inobservado su compromiso al interior de la tramitación y en las oportunidades previstas por el legislador, particularmente en aquellos asuntos en los que la controversia versa sobre derechos disponibles ».
En los anteriores términos dejo fundamentada mi aclaración de voto con comedida reiteración de mi respeto por la Sala de Casación Civil.
Fecha ut supra ,
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
MAGISTRADO: OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
RADICACIÓN 08001-31-03-003-2008-00234-01
Estoy de acuerdo con la decisión, toda vez que no se demostraron los yerros de facto atribuidos al tribunal, lo que impedía que los ataques medraran, conforme se concluyó.
Sin embargo, como al resolver el tercer cargo se expresó que el decreto de pruebas de oficio « no puede considerase como una mera facultad, sino también como una obligación para los jueces de conocimiento, quienes tienen que hacer uso de la misma para que la sentencia proferida salvaguarde la correcta adjudicación de los derechos en litigio », debo decir que ese planteamiento no concuerda con el precedente de esta Corporación, según el cual, aunque hay eventos en que la ley prevé la práctica forzosa de pruebas, como la inspección judicial en los juicios de pertenencia, deslinde y amojonamiento y servidumbres o el dictamen pericial de marcadores genéticos de ADN en los pleitos de investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, etc., y otros en que por vía jurisprudencial se ha previsto su necesidad cuando la prueba aparezca incompleta o sugerida por la actividad de los litigantes, el poder-deber de iniciativa probatoria y recaudo oficioso no es un imperativo absoluto que deba ser seguido por el juez en todos los casos.
Ello porque la prueba de oficio no está hecha para remediar la incuria de los litigantes, sino que, por fuera de las hipótesis en que es forzosa, solo puede ser empleada por el iudex para completar la información faltante cuando la labor desplegada por aquellos, en coherencia con sus condiciones y posibilidades reales de afrontar el pleito, no haya permitido obtener la verdad necesaria para zanjar la litis , según se indicó en CSJ SC7824-2016 al decir que:
(…) cuando a pesar de la actividad probatoria promovida o gestionada por las partes, el sentenciador encuentra que no ha logrado recaudar la información necesaria o jurídicamente relevante para emitir su veredicto, en lo posible ajustado a la verdad real y a la justicia material, según se expondrá más adelante, el ordenamiento jurídico lo ha facultado –y al tiempo, compelido- para procurar esclarecer esos pasajes de penumbra, mediante el decreto oficioso de medios de persuasión, los cuales conjuntamente evaluados con los demás recaudados, permitirán determinar la verosimilitud de los hechos debatidos o la confirmación de los argumentos planteados, pues el juez como director del proceso, debe propender por la solución del litigio, fundado en el establecimiento de la verdad, la efectividad de los derechos reconocidos por la norma de fondo, la prevalencia del derecho sustancial y la observancia del debido proceso.
Luego, la tesitura propuesta por el ponente contradice el entendimiento de la Corte sobre la prueba de oficio, ya que sugiere que el juez debe suplir la negligencia de las partes, lo cual no es cierto porque tal iniciativa procede cuando la ley la prevé, así como frente a aquellos medios incompletos o sugeridos por la actividad de los contendores y cuando se revele la imposibilidad de la parte débil en el proceso para acreditar hechos que contribuyan a su adecuada resolución.
Por eso aclaro el voto, aunque comparto la decisión.
Fecha, ut supra,
OCTAVIO AUUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC282-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-02-11. C.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Rad. 2008-00234-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC282-2021%20%5B2008-00234-01%5D).
