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clave: "corte_suprema:providencia:SC2769-2020 [2008-00091-01]"
titulo: "Corte Suprema: hay empleados públicos que no son funcionarios"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2020-07-02"
radicado: "2008-00091-01"
numero: "SC2769-2020"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
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# Corte Suprema: hay empleados públicos que no son funcionarios

- **Título oficial / radicado:** SC2769-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2020-07-02
- **Radicado:** 2008-00091-01
- **Número:** SC2769-2020
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2769-2020%20%5B2008-00091-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC2769-2020%20%5B2008-00091-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIwL0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS84Li0gQWdvc3RvL1NlbnRlbmNpYXMvU0MyNzY5LTIwMjAgWzIwMDgtMDAwOTEtMDFdIEFWIExBVFYuZG9j/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Hay empleados públicos que no son funcionarios, y dentro de los funcionarios puede haber algunos que en el ejercicio de su función no alcanzan a encarnar la voluntad de la entidad pública y por tanto a comprometer su responsabilidad.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 100 de 1993
- Ley 130 de 1913
- Ley 167 de 1941

## Extracto

En ese sentido, no podían servir de presupuesto para edificar el fallo de ahora. En síntesis, en punto de códigos contenciosos, vinieron sucesivamente: Por tanto, para los efectos de la sentencia cuya resolutiva acompaño, sin compartir la motivación que finca en la sentencia SC13925-2016, lo aludido es necesario para entender la racionalidad e historia de la responsabilidad de los entes morales. Por consiguiente, las personas jurídicas ostentan una responsabilidad jurídica con independencia de que una norma consagrara o no, la obligación de indemnizar los daños, causados por sus dependientes o funcionarios, por su designación o elección y, por tanto, le correspondía vigilar su actuar. Fase de la responsabilidad funcional, anónima, de falla del servicio o no individual para el caso acciones contra el Estado y tránsito definitivo de la responsabilidad extracontractual estatal a la jurisdicción contencioso – administrativa.

## Texto del documento

Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00091-01
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n.° 76001-31-03-003-2008-00091-01
Aun cuando estoy de acuerdo con la decisión al declarar la responsabilidad, debo aclarar mi voto con respecto al marco conceptual que aborda la sentencia que ocupó la atención de la Sala, pues el modelo adoptado incurre en imprecisiones de carácter teórico.
1. Desde el punto de vista jurídico no se puede hablar de responsabilidad jurídica del sistema, porque éste es una estructura que cobija un todo interconectado. Según la RAE, sistema es “el conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí (…) conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto (…) conjunto de cosas que relacionadas entre sí (…) conjunto de órganos que intervienen en algunas de las principales funciones vegetativas (…) conjunto de unidades relacionadas entre sí que se definen por oposición” .
En consecuencia, “sistema” es una categoría sociológica o ya política, epistemológica, lógica o filosófica, pero no propiamente jurídica, de modo que aunque los fundamentos de la teoría de sistemas, en principio, pueden ser aplicables a diferentes disciplinas o campos de investigación, entre las cuales se encuentra el derecho (aquí se puede citar a Luhmann), ello no significa que la categoría “sistema” , pueda ser considerada en el ámbito jurídico como un ente al cual puede imputársele responsabilidad.
Ello, por cuanto en derecho de daños se declaran responsables a las personas naturales o jurídicas, o a ciertas categorías a las cuales se les ha extendido el concepto de sujeto de derechos, como entes que constituyen centro de imputación jurídica y que pueden intervenir procesalmente como partes, con capacidad procesal, y que de igual manera, desde el derecho sustantivo ostentan capacidad de goce o natural o capacidad de obrar. Así, la categoría sujeto de derecho se ha hecho extensiva a ciertas realidades como la tierra, zonas ambientales, ríos, vertientes, hoyas hidrográficas, los patrimonios autónomos, e inclusive, al que está por nacer, pero no a los sistemas.
La noción de sujeto de derecho se liga inexorablemente con asuntos procesales o sustanciales a los cuales tiene que responder la controversia judicial, como la legitimación procesal y la legitimación en la causa, el interés parar obrar y algunas otras cuestiones a definir para la validez de la relación jurídico procesal.
Debió la decisión aquí abordada, corregir el yerro conceptual que, desde el punto de vista de la epistemología jurídica, contiene la sentencia SC13925-2016. Esa providencia, y algunas sobre las cuáles se sustenta, abordan la categoría sistema en el ámbito de la responsabilidad médica, por consiguiente, no debió ser repetida por el actual fallo, sino clarificar si esa categoría lingüística se refería o no al sistema como sujeto de derecho idóneo para la relación jurídico procesal.
Si la responsabilidad jurídica médica se predica del sistema, responderían no solamente las EPS, IPS en el acto médico irregular y concreto, por tratarse de un todo, sino también los comités de participación comunitaria, las organizaciones comunales, e inclusive los propios usuarios, que junto al Estado forman parte de la red de salud. Cuestión muy diferente es plantear la responsabilidad de las organizaciones o de los entes o personas que intervienen en el sistema de salud, y la responsabilidad que les incumbe a éstas, en términos jurídicos.
Si el sistema es un todo, el conjunto, la organización en su integridad, la red, el complejo mundo de intervinientes deberían haber sido los convocados a juicio porque la categoría se refiere a un engranaje polifuncional. Podemos hablar de la responsabiliad política o filosófica del sistema, pero, en estricto sentido jurídico, no es dable entenderlo como parte, por cuanto, entonces ¿quiénes responderían ante la decisión judicial, si el juicio implica convocar unos sujetos de derecho concretos, para que previa comprobación de unos hechos, el juez adjudique disposiciones y, en el caso, declare responsables determinados del hecho dañoso como obligados a la reparación?
2. Otro problema, surge cuando la sentencia transpola acríticamente una decisión como la antes enunciada, que contiene una serie de contradicciones lógicas y epistemológicas, que ahora no enfrento “ in extenso ” ni en su totalidad, por mi copiosa tarea de juzgamiento de otras causas. Apenas, señalo, algunos baches o agujeros al lector, como por ejemplo, cuando un segmento de toda la transcripción literal que hace en la página veinticinco de la sentencia, en el párrafo sexto, se asienta: “El juicio de imputación del hecho como obra de las instituciones prestadoras del servicio de salud quedará desvirtuado si se prueba que el daño no se produjo por el quebrantamiento de los deberes legales de actuación de la IPS, sino a otra razón, como por ejemplo a una deficiencia organizativa, administrativa o presupuestal de la EPS; a la conducta de uno o varios agentes particulares por fuera del marco funcional de la IPS; o, en fin, a la intervención jurídicamente relevante de un tercero, de la propia víctima o a un caso fortuito” .
La sección transcrita, incluye en la parte final que habrá exoneración en las hipótesis de causa extraña que esta Corte, de vieja data ha clarificado, como categoría genérica y situación compleja que rompen de tajo el nexo causal. Ello es admisible; sin embargo, cuando se afirma que la deficiencia organizativa, administrativa o presupuestal de la EPS, o a la conducta de uno o varios agentes particulares por fuera del marco funcional de la IPS, también se exonera del juicio de imputación, es conclusión deleznable y totalmente contradictoria con la premisa central de la responsabilidad del sistema que el fallo predica en general, porque sistema implica imputación en el todo.
Contradicción similar surge con la solidaridad, como concepto obligacional jurídico del “in sólidum” y no conducta moral, que ulteriormente defiende el fallo, puesto que ésta forma obligacional, comporta sin discusión, que “(…) cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de un cosa divisible (…)” (Art. 1568 C.C.), otorga la posibilidad o el derecho a exigir el cumplimiento de la prestación por el acreedor “(…) a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda (…)” (Art. 1568 del C.C.), efecto jurídico de correalidad que consecuencialmente, conforme al segmento antes trasncrito, del todo se tornaría inane para la IPS, o para cualquiera de los integrantes del sistema, de acuerdo a lo razonado en el fallo, y a lo previsto en la Ley 100 de 1993.
3. Es totalmente inaceptable en el Estado Constitucional y Social de Derecho la categorización del usuario, afiliado, paciente, enfermo, debilitado o incapacitado síquica o somáticamente del sistema de salud, o de la persona requirente de un servicio sanitario, denominarlo “cliente” (Ver, por ej., párrafo tercero, pg. 25 del fallo), pues ello implica nivelar los problemas ligados con la vida, la salud, los derechos, los valores y principios, con una cosa o mercancía, porque esas nomenclaturas hacen parte de las estadísticas, de la economía, de la empresa del lucro y del consumismo.
Un paciente no es un “cliente” , sino una persona y el servicio de salud es un derecho humano o fundamental, que apunta y converge para mejorar la calidad de vida de las personas. Asimilar a quienes usamos los servicios de salud, como lo hace la sentencia SC13925-2016, y lo reitera el fallo, respecto del cual aclaro, nos ubica como cifras y números, como seres despersonalizados integrantes de la clientela, y deshumaniza derechamente la profesión galénica. Además, conlleva entender que el sistema de salud es un tinglado organizacional creado para lucrar a los empresarios de la salud con fundamento en el dolor humano.
4. Otro aspecto frente al cual disiento, se relaciona con la idea de que la relación jurídica médico – paciente, galeno – afiliados, sistema de salud – clientes o usuarios, afiliados, EPS, IPS, etc. con ocasión de la responsabilidad médica, es una relación jurídica bilateral , puesto que dentro del modelo totalizante que presenta el fallo, margina los múltiples problemas que emergen en el daño antijurídico médico extracontractual, que frecuente y diariamente surgen en las relaciones médico – hospitalarias.
5. El punto final, pero íntimamente relacionado con el primero, es el tocante con la responsabilidad organizacional, el cual deseo puntualizar, porque se refiere, en lugar de la denominada responsabilidad sistémica, a la convocatoria de las personas jurídicas en los juicios de responsabilidad.
La Corte, en su tránsito teórico para imponer responsabilidad a entes diversos a las personas naturales, buscó construír hace más de una centuria todo lo relacionado con las personas morales, ya de naturaleza pública, ora de naturaleza privada, y ese trasegar hace más de setenta años, tocó la responsabilidad orgánica asimilándola a los organísmos, punto de partida desde el cual la sociología de los sistemas edificó este tipo de visión. La Corte lo hizo para explicar si existía responsabilidad directa o indirecta en relación con el personal o conjunto de personas naturales que integran una empresa o ente moral, y determinar el grado de responsabilidad que le incumbía al ente ficto, por los actos dañosos de sus dependientes.
En general, en punto de la responsabilidad de las personas jurídicas, ha dejado claro, cómo es que éstas responden en casos como el presente. En efecto, ha venido labrando una doctrina sólida, y no como equívocamente la expone la sentencia, edificándose en recientes fallos, para otorgarles todo el peso doctrinario. Esas decisiones que la sentencia de ahora se ocupa en tomar como base para sostener la decisión, desde la perspectiva de la doctrina jurisprudencial, pasa por alto que algunas de ellas, si se analizan individualmente y no en forma segmentada, están plagadas de contradicciones, como lo he expuesto en mis frecuentes salvamentos o aclaraciones de voto sucesivas. En ese sentido, no podían servir de presupuesto para edificar el fallo de ahora.
5.1. El surgimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas de derecho privado y público en el derecho de daños
La sentencia SC13925-2016, entre otras, quiso borrar de tajo la jurisprudencia de esta Sala, desconociéndola y desplegando un autoritarismo conceptual que, por tanto, ha de ser puesta en su real punto. En la materia debatida, con antelación a 1964, ya existía una doctrina sólida y responsiva en la solución de casos médicos, cuando se demandaba a las instituciones hospitalarias, fueran públicas o privadas: No es la SC13925-2016 ni las otras que, con la misma efigie, se quieren presentar como fundadoras, de algo que, apenas tergiversan, ignorando culposa o intencionalmente una historia que, aunque no perfecta ni lineal sí es dialéctica, legítima, coherente, prudente y sabia. Como desconoce la historia de esta Sala, la cuestionada decisión SC13925-2016 copia repentina y acríticamente modelos foráneos ficticios y contradictorios.
Esas decisiones, y la de ahora, desconocen que la Corte Suprema de Justicia, históricamente y hasta el año de 1964, ejercía funciones judiciales para todo tipo de responsabilidad, tanto en el derecho público como en el privado, forjando la responsabilidad de las personas jurídicas o de los entes morales. Y en ese devenir, resulta pertinente referirse a la surgida contra los entes públicos, porque frente a las acciones u omisiones dañosas provenientes de las entidades públicas o de sus funcionarios o empleados, necesariamente debía restablecerse el derecho para las víctimas; por consiguiente, urgía que la Corte construyera el basamento para deprecar responsabilidad no sólo para las personas jurídicas privadas, sino también para las públicas.
Aunque, en principio, el artífice del Consejo de Estado fue Simón Bolívar, mediante Decreto del 30 de octubre de 1817, expedido en la ciudad de Santo Tomás de Angostura, denominándolo Consejo Provisional de Estado, la asunción de funciones jurisdiccionales no tiene la misma historia. La entidad, luego aparece plasmada en la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta en el año de 1821, con el nombre de Consejo de Gobierno, con funciones consultivas y de asesoría; más tarde, por Decreto Orgánico del 27 de agosto de 1828 (Decreto de la dictadura) se consagra como Consejo de Estado con atribuciones asesoras y consultivas, agregándole también las consultivas frente a los Tribunales y juzgados. La Constitución Política de 1830 en los artículos 95 al 99, reguló lo referente al Consejo de Estado como cuerpo auxiliar del poder ejecutivo, con funciones consultivas y asesoras (colegisladoras particularmente para preparar proyectos de ley). La Constitución de 1832 incluye al Consejo de Estado y al Consejo de Gobierno. En la de 1843 aparece con el

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

a cuestión examinada se halla estrechamente relacionada con la estructura misma de la relación obligacional en cuanto consiente que el interés del acreedor pueda ser satisfecho a través de la ejecución directa de la prestación por el deudor o por un tercero”
. Por su lado, Bustamante Alsina sostiene la misma apreciación, pero bajo el entendido de que la responsabilidad contractual del tercero surge del hecho que entre la entidad y el médico que presta sus servicios en ella se establece un contrato en favor de tercero. De manera que el carácter contractual de la responsabilidad del médico frente al paciente se da por virtud del contrato celebrado por aquél con la entidad asistencial que atribuye al paciente el derecho a ser asistido por el médico, derecho que queda consolidado con la aceptación del beneficiario, quien por consiguiente se legitima directamente contra el promitente médico
. En similar sentido se han pronunciado algunos doctrinantes chilenos, por supuesto consultando las normas del Código Civil de su país, entre ellos Arturo Alessandri Rodríguez
”,
.
En el caso, se halló comprometida la responsabilidad contractual del médico demandado y de la clínica, encontrándolos, además, solidariamente responsables por la ejecución defectuosa del contrato, así el médico se ubicara en un marco accesorio de responsabilidad. Además, vió justificado tratar al galeno en forma uniforme junto a la persona jurídica, por razones de equidad y de protección de la víctima.
En este aspecto, pregonar como lo hace la sentencia de la responsabilidad base esencial del fallo desde el punto de vista conceptual, que toda la relación médica es bilateral resulta deleznable ante las variadas circunstancias que día a día surgen en el derecho de daños, siendo mucho mejor adoptar un modelo monista, más humano y comprensivo, atendiendo las circunstancias especiales de cada caso.
En los términos anteriores, dejo expresadas algunas reflexiones al modelo de responsabilidad que abriga la sentencia.
Fecha, ut supra
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado
� COLOMBIA, CSF. Corte Suprema Federal de los Estados Unidos de Colombia: Durante su vigencia, en el marco de la Constitución liberal de 1863, expidió entre otras las siguientes sentencias, todas las cuales caminan por la senda de encarar la responsabilidad de las personas jurídicas, y en concreto, la conceniente al Estado, como máxima expresión de las personas jurídicas: Sentencia del 7 de diciembre de 1864, Diario Oficial año 2, martes 03 de enero de 1865 n°. 213, p. 12; Corte Suprema Federal de los Estados Unidos de Colombia, Sentencia del 5 de diciembre de 1856, Diario Oficial, Año III, Bogotá, enero de 1866, n° 527, p. 11; C. S. F, Sentencia del 3 de enero de 1865, Diario Oficial, Año II, Bogotá, 13 de enero de 1865, n° 222, p. 849; C. S. F, decisión del 11 de diciembre de 1865, Diario Oficial, Año III, Bogotá, 9 de enero de 1866, n°531, p. 27; C. S. F, Sentencia del 18 de diciembre de 1865, Diario oficial, año lll, Bogotá, 16 de enero de 1866, n°° 537, p. 51.
� COLOMBIA, CSJ. Sentencia del 20 de junio de 1955, declaró la inexequibilidad parcial de tales normas, relacionada con la ocupación permanente, al considerar que estos eventos eran competencia de la jurisdicción ordinaria.
� COLOMBIA, CSJ. Sala de Negocios Gnerales, sent de 22 de octubre de 1896, Mg. Pon. Carmelo Arango M., G. J. T. XI del 2 de noviembre de 1896, Nùm. 565.
� COLOMBIA, CSJ. Sala de Negocios Gnerales, sent de 22 de octubre de 1896, Mg. Pon. Carmelo Arango M., G. J. T. XI del 2 de noviembre de 1896, Nùm. 565.
� COLOMBIA, CSJ. Sala de Negocios Gnerales, sent de 22 de octubre de 1896, Mg. Pon. Carmelo Arango M., G. J. T. XI del 2 de noviembre de 1896, Nùm. 565.
� COLOMBIA, CE, Sent. del 30 de septiembre de 1960, C.P. Francisco Eladio Gómez, Actor Esther Wolf de Posada, A.C.E. Tomo LXIII, No 392-396, p. 728.
� G.J. T. XVLIII, 1950, p. 663. Recordada también por Libardo Rodríguez, en Compendio de Jurisprudencia CD-Room.
� COLOMBIA, CSJ. Civil. Sentencia del 21 de agosto de 1939, Mg. Pon. Hernán Salamanca.
� COLOMBIA, CSJ. Sala de Negocios Gnerales, sent de 15 de mayo de 1944, Mg. Pon. Dr. Aníbal Cardoso Gaitán. G. J. T. XI del 2 de noviembre de 1896, Nùm. 565.
� COLOMBIA, CSJ., Civil. sentencia del febrero de 1958.
� COLOMBIA, CSJ. Civil. Sent. de Cas. del 30 de junio de 1962, M. P. José J. Gómez, actor. Reinaldo Tinjacá y Aurelio Planells Vs. Municipio de Bogotá, G. J. Nos. 2256, 2257, 2258 y 2259, XCIX.
� COLOMBIA, CSJ. Civil. Sent. de Cas. del 30 de junio de 1962, M. P. José J. Gómez, actor. Reinaldo Tinjacá y Aurelio Planells Vs. Municipio de Bogotá, G. J. Nos. 2256, 2257, 2258 y 2259, XCIX.
� COLOMBIA, CSJ. Civil. Sent. de Cas. del 30 de junio de 1962, M. P. José J. Gómez, actor. Reinaldo Tinjacá y Aurelio Planells Vs. Municipio de Bogotá, G. J. Nos. 2256, 2257, 2258 y 2259, XCIX.
� COLOMBIA, CSJ. Civil. Sent. de Cas. del 30 de junio de 1962, M. P. José J. Gómez, actor. Reinaldo Tinjacá y Aurelio Planells Vs. Municipio de Bogotá, G. J. Nos. 2256, 2257, 2258 y 2259, XCIX.
� COLOMBIA, CSJ. Civil. Sent. de Cas. del 30 de junio de 1962, M. P. José J. Gómez, actor. Reinaldo Tinjacá y Aurelio Planells Vs. Municipio de Bogotá, G. J. Nos. 2256, 2257, 2258 y 2259, XCIX.
� COLOMBIA, CSJ. Civil. Sent. de Cas. del 30 de junio de 1962, M. P. José J. Gómez, actor. Reinaldo Tinjacá y Aurelio Planells Vs. Municipio de Bogotá, G. J. Nos. 2256, 2257, 2258 y 2259, XCIX.
� COLOMBIA, CSJ. Sala de Negocios Generales, 31 de octubre de 1962, página 690, l 9).
� COLOMBIA, CSJ, Casación Civil, Sentencia de fecha 20 de mayo de 1993, CCIX, 88 y ss.
� COLOMBIA, CSJ, Casación Civil, Sentencia de fecha 20 de mayo de 1993, M.P: Carlos Esteban Jaramillo Schloss.
� COLOMBIA, Diario oficial, Diario Oficial No 45.046, de 27 de diciembre de 2002.
� COLOMBIA, CSJ. Civil. Sent. del 17 de abril de 1991, Mg. Pon. Rafael Romero Sierra.
� COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 26 de marzo de 1992. Consejero Ponente: Doctor Julio César Uribe Acosta. Copia tomada directamente de la Corporación.
�� COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 12 de marzo de 1992. Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández. (Sentencia Número 6637). Copia tomada directamente de la Corporación.
� COLOMBIA, CSJ. Civil, Cas. Sent. 6430 de 11 septiembre de 2002, Mg. Pon. Dr. José Fernando Ramírez Gómez.
� De la Responsabilidad Civil, T. II, págs. 80 y 81
� Responsabilidad Civil del Médico, Ed. Astrea, Buenos aires, 1979, págs. 116 y 177.
� Trigo Represas, Responsabilidad civil de las profesiones, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1983.
� Responsabilidad civil de los médicos en el ejercicio de su profesión, Buenos Aires, 1976.
� De la responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil, Imprenta Universal, 1981, págs. 76 y 77.
� COLOMBIA, CSJ. Civil, Cas. Sent. 6430 de 11 septiembre de 2002, Mg. Pon. Dr. José Fernando Ramírez Gómez.
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC2769-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2020-07-02. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2008-00091-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2769-2020%20%5B2008-00091-01%5D).
