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clave: "corte_suprema:providencia:SC2588-2024 [2022-04314-00]"
titulo: "Corte suprema: SC2588-2024"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-10-24"
radicado: "2022-04314-00"
numero: "SC2588-2024"
ponente: "Martha Patricia Guzmán Álvarez"
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# Corte suprema: SC2588-2024

- **Título oficial / radicado:** SC2588-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-10-24
- **Radicado:** 2022-04314-00
- **Número:** SC2588-2024
- **Ponente:** Martha Patricia Guzmán Álvarez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2588-2024%20%5B2022-04314-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC2588-2024%20%5B2022-04314-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyYS4gTWFydGhhIFBhdHJpY2lhIEd1em3hbiDBbHZhcmV6LzEwLi0gT2N0dWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDMjU4OC0yMDI0IFsyMDIyLTA0MzE0LTAwXS5wZGY%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1563 de 2012, art. 1
- Ley 2213 de 2022
- Ley 527 de 1999

## Extracto

I. Que para el momento del acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad; o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera 1 Consecutivo 16 0028Soporte_Novedades.zip Radicación n° 11001-02-03-000-2022-04314-00 6 indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo; o ii. En consecuencia, al reconocimiento son aplicables exclusivamente las disposiciones de la sección tercera En suma, como ninguno de los argumentos esgrimidos por los señores Luis Marcos Falcón y Víctor Alfredo Vargas Irausquin, tiene aptitud para que esta Sala deniegue el reconocimiento pretendido, se impone proseguir en el análisis de la satisfacción de los requisitos, incluidas las circunstancias que oficiosamente prevé el literal b) del artículo 112 de la Ley 1563 de 2012.

## Texto del documento

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada Ponente
SC2588-2024
Radicación n° 11001-02-03-000-2022-04314-00
(aprobado en sesión de diecinueve de septiembre de dos mil
veinticuatro)
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil
veinticuatro (2024).
Decide la Corte acerca de la solicitud de reconocimiento
de laudo arbitral internacional presentada por TIS
Productions S.A.S. (antes FOXTELECOLOMBIA S.A.) y RCN
Televisión S.A. – RCN, trámite al que fueron citados como
interesados Luis Marcos Falcón, Víctor Alfredo Vargas
Irausquin y José Santiago Sarmiento Varela, en su calidad
de demandantes en esa actuación.
I.- ANTECEDENTES
1.- Se solicitó en la demanda que se reconozca el laudo
arbitral internacional proferido el 23 de diciembre de 2021
por el árbitro único José Edgardo Muñoz López en un
procedimiento arbitral administrado por la Cámara de
Comercio Internacional con sede en Miami - Estados Unidos.
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Al efecto, en síntesis, se informó:
El 9 de julio de 2019 los ahora convocados presentaron
una solicitud de arbitraje internacional contra RCN y TIS
Productions, ante la Cámara de Comercio con sede en Miami,
procedimiento tramitado bajo el radicado 24602/JPA. En el
escrito de demanda alegaron que las solicitantes «habían
liquidado y pagado de manera incorrecta los Pagos Variables, y por tal
razón, adeudaban una suma de USD $345,551.00 y EUR €8,798.00.
Además, solicitaban el pago de la
cláusula penal
».
El 23 de diciembre de 2021 el Tribunal Arbitral profirió
el laudo internacional por medio del cual solucionó la
controversia, así: «(i) desestimó todas las pretensiones de los
Interesados, y (ii) condenó a los Interesados a pagar a las Solicitantes la
suma de COP $183.946.354 como parte de sus honorarios y gastos de
representación legal incurridos por las Demandadas, más los intereses
moratorios aplicables conforme al artículo 884 del Código de Comercio
de Colombia desde la fecha de notificación del Laudo Arbitral
Internacional hasta la fecha del pago efectivo».
Esa decisión fue notificada a las partes mediante correo
electrónico del 30 de diciembre de 2021 remitido por la
Cámara de Comercio Internacional, sin embargo, a la fecha,
los interesados no han cancelado el valor de la condena
correspondiente a honorarios y gastos de representación en
que incurrieron las demandadas.
2.- El 19 de diciembre de 2023, por reunir los requisitos
formales, la solicitud se admitió a trámite y se ordenó correr
traslado a los convocados por el término de diez días, de
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conformidad con el artículo 115 de la Ley 1563 de 2012,
enteramiento que se surtió por medio electrónico.
3.- Luis Marcos Falcón y Víctor Alfredo Vargas
Irausquin, por conducto de apoderado judicial, se
pronunciaron frente a las solicitudes de las promotoras, del
siguiente modo:
3.1.- Respecto del pretendido reconocimiento, alegaron
«ineficacia del laudo», por violación directa del artículo 116 de la
Constitución Política de Colombia, al haber sido proferido por
fuera del término contemplado en los artículos 10 y 11 de la
Ley 1563 de 2012.
En la cláusula arbitral las partes pactaron que «cualquier
diferencia, controversia, divergencia que se presentase en la ejecución,
terminación o compensación de este contrato, se resolverá de forma
definitiva mediante arbitraje internacional el cual se llevará a cabo de
acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional por un árbitro nombrado conforme a este reglamento de
arbitraje. La sede del arbitraje será la ciudad de Miami, Florida, Estados
Unidos de América y se resolverá en derecho de acuerdo con las
leyes de la República de Colombia», no obstante, el trámite se
surtió por un periodo de 29 meses y once días, de manera
que al momento de proferir el laudo el árbitro no era
competente, siendo esa una irregularidad insaneable.
En esas condiciones, el laudo fue ilegal y atenta contra
el orden público colombiano, de acuerdo con el numeral 2 del
artículo 606 del Código General del Proceso.
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3.2.- La solicitud de reconocimiento no cumple con los
requisitos exigidos por el numeral 3 del artículo 606 del
Código General del Proceso, conforme al cual, «para que la
sentencia extranjera surta efectos en el país, deberá reunir los siguientes
requisitos: 3- Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley
del país de origen y se presente en copia debidamente legalizada», en
este caso los solicitantes no realizaron dicho trámite y
únicamente remitieron una copia como mensaje de datos, sin
ir acompañada del certificado de ejecutoria y el apostille, por
ello, la solicitud debió ser rechazada conforme al numeral 2
del artículo 607 del mismo estatuto.
3.3.- Actualmente cursa noticia criminal en contra de
los intervinientes, que se encuentra en etapa de instrucción
y versa sobre los mismos hechos que fueron objeto del
arbitramento. Como ese trámite solo es de competencia de
los jueces colombianos, pues la acción penal está en cabeza
de la Fiscalía General de la Nación, las conductas allí
referidas no podían ser objeto de arbitramento, por lo tanto,
«mientras no se tenga resolución de archivo, de preclusión o fallo
absolutorio no puede proceder el reconocimiento del laudo ya que el
articulo 606 en su numeral 6 expresa “Que en Colombia no exista proceso
en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre le mismos
asunto”».
4.- José Santiago Sarmiento Varela se notificó
personalmente del auto admisorio de este trámite, por medio
de mensaje de datos a la dirección electrónica suministrada
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por los promotores, de conformidad con el artículo 8 de la
Ley 2213 de 20221. Sin embargo, guardó silencio.
5.- Vencido el término de traslado, sin necesidad de
trámite adicional, se procede a proferir sentencia, como lo
ordena el artículo 115 de la Ley 1563 de 2012.
II.- CONSIDERACIONES
1.- La Ley 1563 de 2012 «por medio de la cual se expide el
Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones», en su artículo 111 consagra que, «[p]ara la
ejecución de laudos extranjeros, esto es de aquellos proferidos por un
tribunal arbitral cuya sede se encuentre fuera de Colombia, será
necesario su reconocimiento previo por la autoridad judicial competente».
A continuación, en el artículo 112, se definen los
motivos que pueden dar lugar a que se deniegue el
reconocimiento, separando los que pueden ser alegados por
el convocado al trámite de reconocimiento de aquellos que,
de manera oficiosa, pueden ser apreciados por la autoridad
competente. Específicamente, señala la norma:
Solo se podrá denegar el reconocimiento de un laudo arbitral,
cualquiera que sea el país en que se haya dictado, en los casos y
por las causales que taxativamente se indican a continuación:
a) A instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando ella
pruebe ante la autoridad judicial competente del país en que se pide
el reconocimiento o la ejecución:
i. Que para el momento del acuerdo de arbitraje estaba afectada
por alguna incapacidad; o que dicho acuerdo no es válido en virtud
de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera
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indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya
dictado el laudo; o
ii. Que la parte contra la cual se invoca el laudo no fue debidamente
notificada de la designación de un árbitro o de la iniciación de la
actuación arbitral o no pudo, por cualquiera otra razón, hacer valer
sus derechos; o
iii. Que el laudo versa sobre una controversia no prevista en el
acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos
del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo
que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden
separarse de las que no lo están, se podrá dar reconocimiento y
ejecución a las primeras; o
iv. Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento
arbitral no se ajustaron al acuerdo celebrado entre las partes o, en
defecto de tal acuerdo, a la ley del país donde se adelantó o tramitó
el arbitraje; o
v. Que el laudo no es aún obligatorio para las partes o fue anulado
o suspendido por una autoridad judicial del país sede del arbitraje;
o
b) Cuando la autoridad judicial competente compruebe:
i. Que, según la ley colombiana, el objeto de la controversia no era
susceptible de arbitraje; o
ii. Que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios
al orden público internacional de Colombia.
Si se hubiere pedido la anulación o la suspensión del laudo ante
una autoridad judicial del país sede del arbitraje, la autoridad
judicial colombiana, si lo considera procedente, podrá aplazar su
decisión sobre el reconocimiento del laudo y, a instancia de la parte
que pida aquello, esta podrá también ordenar a la otra parte que
otorgue caución apropiada.
2.- En el caso examinado, en el escrito de réplica los
convocados presentaron varios argumentos encaminados a
que se deniegue la solicitud de reconocimiento del Laudo, sin
precisar en cuál de los motivos consagrados en la norma en
comentario edifican sus reproches. Pese a esa falencia, en
aras de la garantía del derecho de defensa, se analizarán
tales reparos.
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En esa dirección, lo primero que se advierte es que las
razones para denegar el reconocimiento de un laudo arbitral
internacional son taxativas, por lo mismo, los fundamentos
que la norma autoriza para que sean alegadas a instancia de
las partes deben no solo corresponder a los supuestos allí
establecidos, sino también ser acreditados ante la autoridad
judicial competente del país en el que se hace la solicitud.
Tales exigencias no convergen en el presente asunto, según
pasa a exponerse:
2.1.- Se alegó «ineficacia del laudo», por haber sido
proferido por fuera del término contemplado en los artículos
10 y 11 de la Ley 1563 de 2012, por lo que, desde el punto
de vista de los citados, el árbitro perdió competencia para
resolver, de manera que el laudo atenta contra el orden
público colombiano, de acuerdo con el numeral 2 del artículo
606 del Código General del Proceso.
Si en gracia de discusión se entendiera que el
cuestionamiento se relaciona con el numeral iv) del literal a)
del mencionado artículo 112, es evidente la disconformidad
entre la alegación y el tenor literal de la norma, pues ésta lo
que incluye es el evento de que el procedimiento arbitral no
se haya ajustado «al acuerdo celebrado entre las partes o, en
defecto de tal acuerdo, a la ley del país donde se adelantó o
tramitó el arbitraje», y en este caso no se alegó inconsistencia
en ninguno de esos dos sentidos.
El lapso de duración del trámite a que aluden los
interesados, está previsto para el procedimiento de arbitraje
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nacional, sin que hayan referido anomalía procesal alguna
relacionada con los factores de competencia regulados para
el arbitramento internacional en el artículo 79 de la citada
ley; que el árbitro hubiere desconocido injustificadamente el
calendario fijado en esa actuación o que, por vía del recurso
de anulación los allí demandantes hayan puesto en tela de
juicio su aptitud para resolver dentro del término en que
estaba investido de la facultad de hacerlo.
Obsérvese que los términos de duración del tribunal
arbitral fueron conocidos por los allí intervinientes, pues de
conformidad con la copia del laudo allegada a esta actuación,
desde el inicio de ese procedimiento el árbitro de común
acuerdo con las partes fijó un cronograma, y después de
varias vicisitudes, según quedó expuesto, «El 19 de noviembre
de 2020, en vista de la decisión de la CIA de no considerar las demandas
retiradas luego de la objeción de las Demandantes a la aplicación del
artículo 37(6) del Reglamento, el Árbitro Único emitió la Orden Procesal
No. 4 por medio de la cual ordenó la reactivación del procedimiento y
emitió un nuevo Calendario Procesal para tal efecto». No obstante, los
ahora convocados no aludieron a que dentro de ese proceso
hayan cuestionado la falta de oportunidad en la definición
del asunto.
En esas condiciones, aunado a la falta de alegación
concreta del motivo impeditivo del reconocimiento solicitado,
de los anexos no emerge que se haya incurrido en una
irregularidad con esa trascendencia.
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2.2.- En cuanto a que la solicitud no cumple con los
requisitos del numeral 3 del artículo 606 del Código General
del Proceso y debió ser rechazada, es preciso señalar que
cualquier desavenencia sobre la admisión a trámite de la
demanda incoada con ese propósito, quedó definitivamente
superada a través de la resolución del recurso de súplica
formulado contra el auto de ponente que en un comienzo la
rechazó.
En refuerzo, se destaca que tal inconformidad se
sustentó con una norma que no disciplina el trá

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

conocimiento» y «pro-ejecución» (…).
De la normatividad que rige el reconocimiento están excluidas las
normas del Código General del Proceso de «motivos, requisitos y
trámites para denegar» el trámite, sobre todo las reglas que se
ocupan de un procedimiento distinto como el exequátur (art. 114 del
Estatuto Arbitral). En consecuencia, al reconocimiento son
aplicables «exclusivamente» las disposiciones de la «sección tercera»
del Estatuto Arbitral, así como «los tratados, convenciones,
protocolos y demás actos de derecho internacional suscritos y
ratificados por Colombia» y, en caso de existir antinomias, se
aplicará la norma más favorable al reconocimiento en virtud de los
principios pro-reconocimiento y pro-ejecución. (Subraya
intencional).
2.3.- También adujeron los convocados que, con
posterioridad al laudo internacional, promovieron denuncia
penal en Colombia en contra de sus opositores por los
mismos hechos que fueron objeto del arbitramento.
Esa circunstancia tampoco encaja en ninguno de los
supuestos legales para que la Corte deniegue el
reconocimiento del laudo. Nótese que los inconformes no
refirieron que se presentaran las circunstancias del quinto
motivo relacionado con que «el laudo no es aún obligatorio para las
partes o fue anulado o suspendido por una autoridad judicial del país
sede del arbitraje». Lo expuesto por ellos deja al descubierto que
la denuncia penal, con independencia de los hechos que la
hayan motivado, es sustancialmente diferente de las
controversias de carácter contractual surgidas entre las
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partes y que fueron discutidas dentro del proceso arbitral
promovido por los ahora convocados a este trámite.
En suma, como ninguno de los argumentos esgrimidos
por los señores Luis Marcos Falcón y Víctor Alfredo Vargas
Irausquin, tiene aptitud para que esta Sala deniegue el
reconocimiento pretendido, se impone proseguir en el
análisis de la satisfacción de los requisitos, incluidas las
circunstancias que oficiosamente prevé el literal b) del
artículo 112 de la Ley 1563 de 2012.
3.- Verificación de los requisitos para acceder al
reconocimiento.
3.1.- Los solicitantes presentaron copia del laudo
emitido en idioma español, por la Corte Internacional de
Arbitraje - Cámara de Comercio Internacional CCI Caso No.
24602/JPA, en la que actuó como árbitro único José Edgardo
Muñoz López, con sede en la ciudad de Miami, Florida,
Estados Unidos de América. Allí fungieron como
demandantes Luis M. Falcón, Alfredo Vargas y Santiago
Sarmiento; y como demandadas FoxTelecolombia S.A. y RCN
Televisión, S.A., mismas partes que resultaron vinculadas en
esta actuación. De ese modo, se cumple a cabalidad la
exigencia del inciso 2º del artículo 111 de la Ley 1563 de
2012.
3.2.- Por otra parte, de conformidad con el
ordenamiento jurídico colombiano, el objeto del litigio era
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transigible y por lo mismo, susceptible de ser resuelto
mediante el mecanismo de arbitraje.
Ciertamente, la controversia resuelta por el Árbitro
versó sobre desavenencias de naturaleza contractual
relacionadas con el cumplimiento de obligaciones
pecuniarias derivadas del contrato celebrado por las partes
el 8 de noviembre de 2011, respecto de la producción de una
serie de televisión, «mediante el que las Demandantes cedieron los
derechos necesarios para realizar materiales audiovisuales respecto de
la obra literaria “Celia Cuban Cinderella” a las Demandadas. Sin
embargo, las Demandadas resolvieron el contrato dado que el due
diligence realizado con el fin de determinar si Luis Falcón era el titular
de los derechos de autor, así como de las autorizaciones para utilizar el
nombre “Celia Cruz”»2.
Dado que las reclamaciones de los allí demandantes
tenían un carácter netamente patrimonial, también eran
disponibles en la órbita de los contratos privados. En esas
condiciones, el sometimiento a la justicia arbitral resultaba
viable3 y no transgrede el ordenamiento jurídico colombiano.
3.3- Por otra parte, no existen razones que permitan
inferir que el reconocimiento del laudo arbitral pueda
lesionar el orden público internacional de Colombia, sobre
esa exigencia en CSJ SC4481-2021, la Sala precisó que, «(…)
se refiere a la búsqueda de la defensa de los principios esenciales “en
2 Cfr. Resumen del litigio, pág. 23, Laudo Final.
3 Ley 1563 de 2012. Artículo 1°. Definición, modalidades y principios. El arbitraje es
un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes
defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre
disposición o aquellos que la ley autorice.
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los que está cimentado el esquema institucional e ideológico del Estado”.
Lo perseguido es que la sentencia extranjera no contradiga los principios
fundamentales del ordenamiento jurídico».
Al respecto, se destaca que el derecho privado nacional
tiene entre sus pilares el reconocimiento de la fuerza
vinculante de los contratos celebrados entre particulares y la
posibilidad de exigir su cumplimiento. Como fue sobre esa
temática que giró la discusión y se emitió el pronunciamiento
arbitral que culminó con el fracaso de las aspiraciones de los
accionantes y la imposición de las consecuencias procesales
pertinentes, ninguna afectación del orden público
internacional podría derivarse de su reconocimiento y
posibilidad de ejecución en Colombia.
4.- Las anteriores apreciaciones son suficientes para
acceder a lo pretendido.
III.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero: RECONOCER el laudo arbitral definitivo
proferido el 23 de diciembre de 2021 por el árbitro único José
Edgardo Muñoz López, dentro del procedimiento arbitral
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administrado por la Cámara de Comercio Internacional con
sede en Miami, Estados Unidos, promovido por Luis M.
Falcón, Víctor Alfredo Vargas Irausquin y José Santiago
Sarmiento Varela, contra TIS Productions S.A.S. (antes
FOXTELECOLOMBIA S.A.) y RCN Televisión S.A.
Segundo: Sin lugar a condena en costas, por no
aparecer justificadas.
Notifíquese
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de la Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
(Ausencia Justificada)
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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Documento generado en 2024-10-24

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC2588-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-10-24. C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. Rad. 2022-04314-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2588-2024%20%5B2022-04314-00%5D).
