---
clave: "corte_suprema:providencia:SC2556-2018 [2009-00538-01]"
titulo: "Corte Suprema: la reclamación indemnizatoria es de naturaleza contractual"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2018-07-04"
radicado: "2009-00538-01"
numero: "SC2556-2018"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2556-2018%20%5B2009-00538-01%5D"
---

# Corte Suprema: la reclamación indemnizatoria es de naturaleza contractual

- **Título oficial / radicado:** SC2556-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2018-07-04
- **Radicado:** 2009-00538-01
- **Número:** SC2556-2018
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2556-2018%20%5B2009-00538-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC2556-2018%20%5B2009-00538-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE4L0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS83Li0gSnVsaW8vU2VudGVuY2lhcy9TQzI1NTYtMjAxOCBbMjAwOS0wMDUzOC0wMV0uZG9j/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

La reclamación indemnizatoria es de naturaleza contractual, por lo que se requiere la verificación del vínculo, el daño padecido, la conducta culposa de la contraparte y la relación de causalidad entre la conducta y el perjuicio.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Resolución 400 de 1995
- Resolución 1200 de 1995
- Ley 1116 de 2006

## Extracto

Como no concurren todos los supuestos de responsabilidad contractual, especialmente la demostración de la conducta culpable del demandado, se revoca la decisión de primer grado. La mención a la « autorregulación » y la sociedad encargada de adelantarla se hace ambientando el estado actual del sector, pero sin trascendencia al asunto en estudio cuyos hechos acontecieron antes de que empezara a operar. Conforme a esta última disposición, dichas empresas, por el sólo hecho de su existencia, se encuentran habilitadas, en lo que respecta al contrato de comisión, para la compra y venta de valores… No obstante, atendiendo el interés general que es propio de ese mercado de capitales, en el cual actúan las sociedades comisionistas de bolsa, como profesionales especializados en dicha intermediación, sus actividades comprometen el interés público, precisamente en procura de la transparencia y garantía para los inversionistas.

## Cita textual

> en lo que refiere a la forma como deben constituirse los ordenantes en el contrato de comisión

## Texto del documento

Radicación n° 11001-31-03-040-2009-00538-01
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC2556-2018
Radicación n° 11001-31-03-040-2009-00538-01
(Aprobada en sesión de once de abril de dos mil dieciocho)
Bogotá D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el demandante frente a la sentencia de 19 de julio de 2013 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de Fernando Espitia Beltrán contra Interbolsa S.A. e Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa.
I.- EL LITIGIO
1.- El accionante pidió que las sociedades le indemnizaran solidariamente los perjuicios ocasionados al incumplir el contrato celebrado con Interbolsa S.A. para la venta con pacto de recompra de acciones y los demás deberes como comisionistas de bolsa, al enajenar sin permiso lo que conformaba el portafolio de que era titular, estimados en $1.281’326.334,08 por daño emergente y $203’078.964,96 de lucro cesante.
Su reclamo se deriva de que celebró con Interbolsa S.A. un contrato de comisión para la realización de operaciones de venta con pacto de recompra sobre « acciones personas jurídicas », para lo cual firmó carta de compromiso dirigida a ésta y a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. permitiendo las transacciones, con el requisito de que solo él autorizaría la venta de títulos que hacían parte del portafolio, ya en forma telefónica, por escrito, vía fax o correo electrónico, siempre y cuando quedara constancia de la orden.
Entre el 26 de enero y el 21 de junio de 2006 se realizaron por su cuenta operaciones de compra y venta sobre acciones de alta bursatilidad de Suramericana de Inversiones, Inversiones Argos S.A. - Inverargos, Empresa de Teléfonos de Bogotá S.A. - PVETB y la Corporación Financiera Colombiana, mediante una estrategia mixta de gestión que involucró operaciones de compra y venta de contado, así como múltiples operaciones repo de naturaleza pasiva con algún nivel de apalancamiento financiero garantizadas con acciones que para entonces conformaban su portafolio de inversión.
En ese lapso aportó recursos para invertir por $2.202’830.247,08 y le ordenaron constituir garantías por $234’078.464, que efectivamente desembolsó, pero al final del ejercicio quedó con un saldo disponible de $165’089.334,88.
Las operaciones de compra y venta de contado (T+5) y algunas operaciones repo pasivas en dicho período arrojaron una pérdida de $1.930’265.591,24; las ventas se hicieron sin que mediara orden en fechas de registro bursátil oscilantes entre el 9 y el 13 de junio de 2006, con cumplimientos T+5 entre el 14 y el 20 de junio del mismo año , época en que se produjo la caída más abrupta en el precio de las acciones negociables en bolsa durante 2006. A su vez, el costo de las compras para igual época por $10.925’870.747,40 lo conformaron unos recursos propios de $2.202’830.247,08, que equivalen al 20.16%, frente a un apalancamiento por $8.723’040.500,40, correspondiente al 79.84%.
En los 90 días siguientes al 13 de junio de 2006, el mercado accionario se recuperó al alza, por lo que si hubiera podido decidir libremente la enajenación para entonces la pérdida se reduciría en $1.239’588.107,21. Fuera de eso se vio en la obligación de pedir, junto con su esposa Sonia Amparo Martínez Bermúdez, un crédito por $950’000.000 para cumplir obligaciones de Investmark S.A., entre ellas la adquisición de un inmueble en Bogotá, por el que pagaron intereses de $83’476.453,74 del 16 de enero de 2007 al 16 de junio de 2008, de los cuales él ha contribuido con la mitad por $41’738.226,87.
La sumatoria de esos dos conceptos constituye el daño emergente sufrido por $1.281’326.334,08 y su indexación del 21 de junio de 2006 al 30 de junio de 2008, por $203’078.964,96, equivale al lucro cesante, sumas que no le fueron reconocidas cuando presentó reclamación el 18 de marzo de 2008 a la comisionista.
Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, con Nit. 800103498-9, cambio su denominación por Interbolsa S.A., según escritura 2392 de 2008 de la Notaría Segunda de Medellín, y destinó parte de su patrimonio a la creación de una sociedad con el nombre inicial y Nit. 900221113-7 (fls. 32 al 51 cno. 1)
2.- Ambas sociedades se opusieron. Además, Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa formuló como defensas « inexistencia de la solidaridad reclamada », « inexistencia de vínculo contractual entre el demandante y la convocada », « ejercicio de la acción equivocada », « inexistencia de responsabilidad de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa », « modificación verbal y escrita a los contratos », « ausencia de daño emergente y lucro cesante » y « la mera expectativa de un beneficio no es indemnizable » (fls. 141 al 157, cno 1). A su vez Interbolsa S.A. adujo las de « cumplimiento de las obligaciones », « existencia de autorización de la demandante para las operaciones objeto de la demanda », « ausencia de daño emergente y lucro cesante », « inexistencia de daño cierto » y « buena fe » (fls. 166 al 177 cno. 1).
3.- El Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá desestimó las excepciones y condenó a las contradictoras pagar al promotor $2.902’055.385 como daño emergente y un lucro cesante de $119’129.203, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria, vencidos los cuales correrían intereses moratorios a la tasa certificada por la Superintendencia Financiera (fls. 1131 al 1152 cno. 1).
4.- El superior, al desatar la alzada de las opositoras, revocó esa determinación y negó las pretensiones (fls. 108 al 134 cno. 9).
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
Existe legitimación en la causa por pasiva ya que Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa es solidaria con Interbolsa S.A. por los actos anteriores a la escisión que le dio vida, « hasta el límite de los activos netos que les hubiere correspondido en dicho acuerdo ».
La reclamación indemnizatoria es de naturaleza contractual, por lo que se requiere la verificación del vínculo, el daño padecido, la conducta culposa de la contraparte y la relación de causalidad entre la conducta y el perjuicio. Se encuentran establecidos los dos primeros elementos ya que las partes aceptaron que la controversia se desprende de un contrato de comisión para la realización de operaciones en bolsa y acaeció una pérdida patrimonial para el demandante al liquidarse el portafolio de inversión.
En cuanto al tercero, es de tener en cuenta que en el mandato comercial, base de los convenios de administración y comisión que pactaron los intervinientes, las obligaciones contraídas por el mandatario son de medio, lo que impone a éste último ejecutarlas con la diligencia que el respectivo encargo requiere, de conformidad con los artículos 63 y 2155 del Código Civil.
La principal obligación del comisionista es cumplir con su encomienda en forma diligente y cuidadosa, por lo que la carga de la prueba de su insatisfacción recae en el accionante, aunque pueden sus adversarios demostrar lo contrario « según las reglas del art. 2155 del C.C, aplicable al asunto en virtud de lo previsto en el art 882 del C. de Co., (…) en concordancia con el art. 2.2.7.3. de la Resolución 400 de 1995 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Superintendencia de Valores », por tratarse de operaciones e inversiones en bolsa.
La documental aportada da fe de un contrato de administración de valores, regido por las Resoluciones 400 y 1200 de 1995 expedidas por la Superintendencia de Valores y las cláusulas pactadas, celebrado el 1° de abril de 2004, con el objeto de ejecutar en nombre del cliente el cobro de rendimientos, de capital, reinversión de capitales y rendimientos y suscripción preferencial de títulos, entre otros. En esa misma fecha se diligenció el formulario de apertura de cuenta de persona natural, en el que a más de los datos del inversionista, se indicaron los de su cónyuge anunciándose como tal a Sonia A. Martínez Bermúdez.
Previamente el depositante allegó la declaración del origen de sus fondos el 23 de marzo e informó por escrito el 26 siguiente a Interbolsa S.A. que autorizaba a Alejandro Carvajal Berrio para impartir órdenes de compra, venta y operaciones de venta con pacto de recompra en acciones a su nombre, instituyendo así un ordenante según el reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia, para dar instrucciones relacionadas con sus inversiones en operaciones repo, lo que refuerza la declaración de la esposa del gestor.
Como lo relata la corredora de bolsa Inés Elvira Sinisterra Salcedo, en las operaciones cuestionadas se hablaba con tres personas, esto es, Fernando Espitia, su esposa Sonia Martínez y Alejandro Carvajal, lo que coincide con lo manifestado por las contradictoras, el último de los citados y el demandante al absolver interrogatorio. Y aunque éste negara enfáticamente la designación de un ordenante tal atestación quedó desvirtuada con los restantes medios de convicción analizados, pues, a más de uno fueron dos, uno por escrito y otro verbalmente.
Esa situación, que está acorde con las normas que rigen el mandato o la comisión en los Códigos Civil y de Comercio, no pierde validez ante las exigencias reglamentarias de la bolsa en el mercado de valores para instituir ordenantes, que solo tienen implicaciones disciplinarias.
De todas maneras, si no se acogiera lo expuesto, el hecho de que Espitia Beltrán saliera del país sin dejar a persona alguna atendiendo sus cuantiosas inversiones, cobra vigencia lo dispuesto en los artículos 1267, 1270 y 1308 del Código de Comercio, según los cuales en casos de urgencia el mandatario puede obrar según su prudencia o las costumbres de los comerciantes diligentes, y que si a pesar de recibir comunicación el mandatario no la responde, el silencio equivale a aprobación así se hubiera separado de sus instrucciones o excediera el límite de las facultades. Por eso en este evento el comisionista quedó investido de potestades decisorias para el manejo de la inversión, las que se entienden legalmente aprobadas por el mandante.
La liquidación del portafolio provino de la voluntad del inversionista al delegar en terceros la toma de decisiones en el manejo de la inversión, por lo que cualquier reclamo de responsabilidad debió dirigirlo frente a sus mandatarios en el manejo del negocio, tanto de administración como de comisión, para la venta y recompra de acciones.
Adicionalmente, la opción aplicada respondió a un hecho excepcional aceptado por las partes, como fue la baja de precios de las acciones que conformaban el portafolio de inversión, lo que aunado al alto riesgo de las operaciones repo en la bolsa de valores, lo incierto del comportamiento del mercado bursátil y la ausencia del titular del portafolio, evidencia que las directrices del ordenante y la constante prestación de las garantías fueron razonables y beneficiosas para sus intereses, ya que si bien no obtuvo ganancias, las pérdidas fueron naturales y corrientes en el comportamiento del mercado bursátil.
Como no concurren todos los supuestos de responsabilidad contractual, especialmente la demostración de la conducta culpable del demandado, se revoca la decisión de primer grado.
III.- LA DEMANDA DE CASACIÓN
El accionante formula un solo ataque por la vía indirecta de la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, señalando como infringidos los artículos 1.1.1.2., 1.5.2.2. numeral 9., 3.1.1.4., 3.1.1.6., 3.5.2.1.7. numeral 1, 3.5.2.2.1., 3.5.2.2.3., 3.5.2.2.4, 3.5.2.2.5., 3.5.4.1.1., 3.5.4.1.2., 3.5.4.1.5. y 3.5.4.6.1. del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia; 3.2.6., 3.11.5., 3.14.6. y 3.14.11 de la Circular Única de la Bolsa de Valores, el penúltimo modificado mediante Circular 15 de 1° de diciembre de 2005; 1.1.1.2. literales a, c, d, e y f, 1.1.3.1. literales b, c y e numeral 5 y 3.4.3.1. de la Resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores; 10 y 1546 del Código Civil; 870 y 1287 del Código de Comercio; y 174, 177, 187 y 232 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de un error de hecho en la apreciación de las pruebas.
Se equivocó el fallador al no dar por acreditado el incumplimiento contractual en la enajenación anticipada del portafolio accionario, sin autorización o justificación, basándose solo en « los argumentos aventurados de los testigos », principalmente de quien originó la violación a las normas del mercado de valores, y los « argumentos expuestos en los escritos de apelación (…) sin cotejar los dichos y manifestaciones presentados por los testigos contra las pruebas que obran en el expediente ».
Con ese proceder el sentenciador desconoció y no le dio valor a la carta de compromiso para la celebración de operaciones de venta con pacto de recompra sobre acciones, donde aparece en blanco en la cláusula segunda el espacio destinado a las personas autorizadas para representar al comitente, cuyo diligenciamiento impone el artículo 3.5.2.1.7. del Reglamento General de la Bolsa de Valores.
Se le restó peso a esa e

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

91 al 194), concuerda íntegramente con la « carta de compromiso para la celebración de operaciones de venta con pacto de recompra sobre acciones personas naturales » firmada por Fernando Espitia Beltrán y dirigida a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y la comisionista, con vigencia de un (1) año a partir del 15 de mayo de 2006, aunque diligenciado y sin reportar « personas autorizadas » (fls. 844 al 848).
Vista en su esencia « la documental obrante a folios 477, 841, 844, 849 y 851 del cd. 1 » del expediente y las regulaciones complementarias que le son intrínsecas, muy en contra de lo que dedujo el ad quem , el permiso de 26 de marzo de 2004 para que Alejandro Carvajal Berrio autorizara operaciones de venta con pacto de recompra en acciones a nombre de Fernando Espitia no se prolongó más allá del 15 de mayo de 2006, fecha en la cual el inversionista firmó con destino a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y la intermediaria, carta comprometiéndose a impartir las autorizaciones personalmente y sin designación de representante alguno, con lo cual quedó tácitamente revocado lo anterior.
Eso es así por la naturaleza de las transacciones a desarrollar que, conforme a las directrices fijadas por la Bolsa de Valores y de pleno conocimiento del cliente y la comisionista, requería para su perfeccionamiento de una « carta de compromiso » con vigencia no superior a un (1) año, no prorrogable, donde se indicaran con nombre e identificación las « personas autorizadas » para gestionar los intereses del comitente.
De esa manera queda sin piso el argumento de que « a más de un ordenante designó a dos al efecto, uno por escrito y otro verbalmente », ya que si la constitución de vocero tenía que ser documentada en la « carta de compromiso » o, en gracia de discusión, en comunicación posterior dirigida a Interbolsa y la Bolsa de Valores que la complementara, la ausencia de ese formalismo ineludible daba al traste con cualquier interpretación contractual en contrario.
La conclusión adicional del fallador, en el sentido de que por tratarse de un simple pacto de « comisión » le eran extensivas las reglas de los artículos 1267, 1270 y 1308 del Código de Comercio y que, por tanto, lo que se advertía era un proceder diligente en el mandatario, también se derrumba al desconocerse la verdadera esencia del nexo que daba pie al reclamo del demandante y que se refería al incumplimiento del « contrato de comisión para la realización de operaciones de venta con pacto de recompra sobre acciones », que ameritaba un estudio pormenorizado frente a los lineamientos legales, reglamentarios y contractuales que lo regían.
Tratándose de una encomienda especializada, que trasciende más allá de los intereses del cliente a los de todos los participantes en el mercado público de valores y, por ende, a la estabilidad económica del sector financiero, no podía aplicársele indiscriminadamente la extensión de las normas del mandato, ya que como se indica en el último precepto lo mismo solo se da « en cuanto no pugnen con su naturaleza ».
Ese desvío fue el producto de una inadecuada valoración probatoria, porque no tuvo en cuenta el juzgador que se trataba de un contrato reglado, para tomarlo como si fuera genérico, de suerte que desatendió las pautas impuestas por la Superintendencia del ramo y las entidades reguladoras existentes, en pos de garantizar una estabilidad financiera con algunas restricciones en el desempeño de las firmas encargadas de pujar en bolsa.
4.- El proceder del Tribunal, en consecuencia, fue equivocado al sustentar la decisión en una indebida lectura del acuerdo que regía las actividades de intermediación ejercidas por el comisionista, para la época de los hechos, lo que da lugar a casar la sentencia impugnada.
5.- No habrá condena en costas por el recurso extraordinario en vista del éxito del ataque, como lo prevé el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, según el cual « [s]i no prospera ninguna de las causales alegadas, se condenará en costas al recurrente, salvo en el caso de rectificación doctrinaria ».
V.- SENTENCIA SUSTITUTIVA
Al quedar sin piso la providencia censurada corresponde a la Corte, en sede de instancia, desatar el recurso de apelación interpuesto por el reclamante contra el fallo de 28 de agosto de 2012, proferido por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá. Sin embargo, revisado el expediente, se hace necesario el decreto de pruebas de oficio, en uso de las facultades conferidas por los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, para que el auxiliar de la justicia Antonio Garavito Rodríguez complemente el dictamen rendido dentro del proceso, en estos puntos (fls. 771 al 793, cno. 1):
a.-) Informará cuál era el estado del portafolio de inversiones de Fernando Espitia Beltrán con Interbolsa Comisionista de Valores S.A. al 14 de mayo de 2006, discriminando cómo estaba conformado de acuerdo al emisor, el estimativo económico del mismo y si existían « operaciones repo » en curso, así como sus condiciones.
b.-) Detallará si entre el 15 de mayo y el 21 de junio de 2006 la intermediaria hizo ventas de acciones con pacto de recompra a nombre del inversionista, los términos fijados y su cumplimiento.
c.-) Reportará si se anticipó el cumplimiento de operaciones repo pasivas y el precio de mercado a la fecha en la cual, acorde con lo pactado para cada grupo de acciones separadas por emisor, debía realizarse la recompra de las acciones involucradas en las mismas.
d.-) Cuantificará las pérdidas sufridas por Espitia Beltrán en esas transacciones, indexadas al 28 de agosto de 2012 y la fecha de presentación de la experticia.
e.-) Especificará de qué manera se hizo la liquidación del portafolio y la clase de operaciones a que se acudió para ello.
f.-) Discriminará la razón de ser de las ventas de acciones entre el 15 de mayo y el 21 de junio de 2006, precisando cuáles se hicieron para dar cumplimiento a « operaciones repo » anteriores y cuáles a las que se llevaron a cabo en ese lapso.
g.-) Suministrará, además, toda la información que estime útil y necesaria para sustentar su experticia y dar más claridad a la misma.
El perito contará con 20 días para realizar la labor.
VI.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 19 de julio de 2013 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de Fernando Espitia Beltrán contra Interbolsa S.A. e Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa y en sede de instancia, antes de proferir el fallo de reemplazo dispone la práctica de la prueba de oficio enunciada.
Sin costas en casación, ante la prosperidad del recurso.
Notifíquese
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
41

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC2556-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2018-07-04. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2009-00538-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2556-2018%20%5B2009-00538-01%5D).
