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clave: "corte_suprema:providencia:SC2501-2021 [2016-00045-01]"
titulo: "Corte Suprema: el Tribunal erró al conferirle efectos jurídicos al numeral 4° de la cláusula sexta del contrato"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-06-22"
radicado: "2016-00045-01"
numero: "SC2501-2021"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
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# Corte Suprema: el Tribunal erró al conferirle efectos jurídicos al numeral 4° de la cláusula sexta del contrato

- **Título oficial / radicado:** SC2501-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-06-22
- **Radicado:** 2016-00045-01
- **Número:** SC2501-2021
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2501-2021%20%5B2016-00045-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC2501-2021%20%5B2016-00045-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS82Li0gSnVuaW8vU2VudGVuY2lhcy9TQzI1MDEtMjAyMSAgWzIwMTYtMDAwNDUtMDFdLmRvY3g%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 446 de 1998
- Decreto 356 de 1994
- Constitución Política

## Extracto

En ese sentido, fue claro al decir que ninguna llamada se produjo a razón de esos hechos "porque el primer evento que llega es el evento de activación de robo, pero inmediatamente, minutos después, llega la apertura lo que indica que es el usuario allí con su clave generando el desarme, esto se identifica como una falsa alarma producida por el manejo del usuario", sin que ellos confirmen telefónicamente las aperturas, salvo las que se producen con coacción, lo que es advertido por el ingreso de una clave particular. CONSIDERACIONES A tono con la invariable jurisprudencia de la Corte, el error de iure se configura, cuando el juzgador se equivoca “… en la aplicación de las normas legales que regulan la aducción, pertinencia o eficacia de la prueba, o cuando admite un medio que el legislador precisamente rechaza para comprobar un hecho o deja de estimar el medio preciso que estima indispensable para comprobarlo… ” .

## Texto del documento

Radicación n° 11001 31 03 015 2016 00045 01
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC2501-2021
Radicación n° 11001 31 03 015 -2016 00045 01
(Aprobado en sesión de once de marzo de dos mil veintiuno)
Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno (2021)
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte accionante frente a la sentencia proferida el 14 de junio de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso verbal promovido por Yessica Tatiana Ramírez Duque y Carlos Darío Ramírez Soto, contra Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo y Seguridad Atlas Ltda.
ANTECEDENTES
1.- Se solicitó en el libelo declarar la existencia y validez del contrato de « monitoreo y apoyo de alarma» , en la modalidad « monitoreo slim pack », para el establecimiento de «comercio denominado « Almacén Solo Moda del Cauca », suscrito entre Seguridad Atlas Ltda., y Yessica Tatiana Ramírez Duque y que el mismo fue incumplido por la primera. En consecuencia, se declare civil y contractualmente responsable a Seguridad Atlas Ltda., de los perjuicios causados a los demandantes por no haber cumplido a cabalidad sus obligaciones, estimados en $2.055.625.171, debidamente indexados.
Además, se declare que, para el momento de los hechos, Seguridad Atlas Ltda., tenía vigente la póliza de responsabilidad civil AA003342 con La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo y que los hechos que rodearon el siniestro están cubiertos por ese contrato, de manera que la aseguradora debe indemnizarle a “ la actora ” los perjuicios a los que sea condenada la asegurada, con los respectivos intereses moratorios comerciales, a partir del 1° de diciembre de 2015.
En sustento, se indicó que Yessica Tatiana Ramírez Duque suscribió con Seguridad Atlas Ltda., un contrato de “ monitoreo y apoyo de alarma ”, en la modalidad “ monitoreo slim pack ”, para el establecimiento de comercio denominado “ Almacén Solomoda del Cauca ”, ubicado en el municipio de Santander de Quilichao (Valle del Cauca), en el cual se pactó, entre otras obligaciones de la empresa demandada, que “ inmediatamente se active la alarma monitoreada, se le comunicará por vía telefónica al usuario a los teléfonos que éste haya designado, poniendo en conocimiento la situación de emergencia que se está dando . Igualmente se notificará a las autoridades policiales o bomberos según el caso, quedando cumplida la obligación con la llamada a dicho teléfono, así se ubique o no al usuario (…) ”.
Vigente dicho contrato, el 26 de febrero de 2015 el inmueble fue destruido por una conflagración; en el informe de ajuste final a la reclamación por siniestro efectuada a Seguros Generales Suramericana S.A. respecto de la póliza que amparaba el inmueble y la mercancía que allí se encontraba, el ajustador designado concluyó que “ el incendio fue producto de un acto mal intencionado de terceros ”.
Seguridad Atlas Ltda., detectó una alarma por robo en la puerta de entrada del segundo piso a las 19:28:10 de ese día, esto es, 17 minutos después del cierre del establecimiento y cuatro horas antes de la conflagración, sin que hubiera realizado gestión para averiguar lo que estaba acaeciendo en el lugar, pese a que había sido contratada para realizar el servicio de monitoreo y apoyo de alarma, que incluía la “ reacción telefónica a eventos de robo, asalto y fuego; llamadas a personas designadas ”, quienes hubiesen reaccionado a tiempo.
Ante el
incumplimiento del contrato
de prestación de servicios que trajo como consecuencia la afectación de la póliza de seguro vigente entre las accionadas, se presentó la correspondiente reclamación a la aseguradora, quien la objetó sin argumentos fundados.
2.- Las convocadas se opusieron al éxito de las pretensiones.
A manera de excepciones de mérito, Seguridad Atlas Ltda., alegó “ ausencia de responsabilidad civil contractual de la demandada”; “cobro de lo no debido”; “incumplimiento de la accionante del contrato aludido y carencia de legitimidad en la causa ” y “ excepción innominada ” (fls. 219 – 226, c. 1).
La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, invocó “ ausencia de cobertura del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual”; “exclusión expresa dentro del condicionado general de la póliza AA003342 NI”; “inexistencia del nexo causal entre el hecho y el daño reclamado”; “principio indemnizatorio”; “Carga de la prueba de los perjuicios sufridos”; “sujeción al contrato de seguro celebrado”; “límite del valor asegurado” y “disponibilidad del valor asegurado ” (fls. 247 – 258, ib. ).
3.- En su sentencia el a quo desestimó los medios de defensa incoados por los contradictores y declaró que en la fecha en que se presentó el siniestro, hubo
incumplimiento del contrato
de monitoreo y apoyo de alarma imputable a Seguridad Atlas Ltda., por lo que la declaró civil y contractualmente responsable de los daños causados a Jessica Tatiana Ramírez Duque; así mismo, declaró que La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, dejó vencer los términos para atender la reclamación de la demandante el 30 de noviembre de 2015 y le impuso condena pecuniaria, por virtud del contrato de seguro ajustado con la otra accionada.
Sobre la suerte del accionante Carlos Darío Ramírez Soto no emitió ningún pronunciamiento (fls 710 - 724 ib .)
4.- Contra esa determinación ambas demandadas formularon recurso de apelación que les fue concedido en la misma audiencia (fls. 722 – 723 ib ).
5.- El ad quem revocó el fallo de primer grado (fls. 119 – 143, c. 2). En su lugar, declaró que Carlos Darío Ramírez Soto no está legitimado para discutir el contrato de seguridad No. 008694, celebrado con Seguridad Atlas Ltda.; y que Yessica Tatiana Ramírez Duque, como usuaria del referido contrato, en su condición de contratante incumplida, tampoco está legitimada para perseguir la responsabilidad contractual; en consecuencia, negó las pretensiones, dispuso la terminación del proceso frente a las convocadas, y condenó en costas por las dos instancias al extremo accionante.
FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
1.- No se configura la incongruencia alegada por una de las inconformes, por cuanto claramente la demanda se refiere a la responsabilidad contractual, de allí que resulta irrelevante el yerro del a quo , al indicar en el auto admisorio que se trataba de un proceso de responsabilidad extracontractual, por cuanto el mismo queda superado con el contenido de aquel.
2.- No se discute la existencia y vigencia del contrato de seguridad No. 008694, sin embargo, el mismo solo vinculó a Seguridad Atlas Ltda., con Yessica Tatiana Ramírez Duque, quien fungió como contratante y usuaria de los servicios de monitoreo y alarma prestados por aquella. Carlos Darío Ramírez Soto carece de legitimación en la causa por activa para incoar esta acción, por cuanto no fue parte en el contrato.
3.- Yessica Tatiana Ramírez Duque incumplió sus obligaciones, por ello en los términos del artículo 1609 del Código Civil, no estaba legitimada para controvertir el contrato. Tal incumplimiento, se deduce de lo siguiente.
La obligación contraída por Seguridad Atlas Ltda. consistente en que “ inmediatamente se active la alarma monitoreada, se le comunicará por vía telefónica al usuario a los teléfonos que éste haya designado poniendo en conocimiento la situación de emergencia que se está dando. Igualmente, se notificará a las autoridades policiales o bomberos según el caso quedando cumplida la obligación con la llamada a dicho teléfono, así se ubique o no al usuario” , es de medio y no de resultado, pues el interés primario de la actora no es otro que evitar o impedir la consumación de un hecho “ constituido como emergencia ”.
En esas condiciones, el éxito de las aspiraciones suponía especificar la omisión de la convocada correspondiéndole a ésta demostrar su diligencia y cuidado, conforme al inciso 3° del artículo 1604 del Código Civil. En este caso para sustentar la imputación se alegó que la demandada no efectuó la llamada que le era exigible de acuerdo con lo acontecido y en orden a establecer la posible responsabilidad derivada de esa omisión, es preciso analizar el material probatorio:
El estudio elaborado por Germán Infante Ramírez, investigador de incendios y explosiones de Invesfire Colombia, no puede ser valorado porque “ si bien efectuó un examen físico del lugar, el autor recibió varias declaraciones que describen lo sucedido y en ellas cimentó sus conclusiones ”, tales testimonios, al tenor del artículo 188 del Código General del Proceso, no tienen ningún valor porque no fueron ratificados y se practicaron sin citación de la contraparte.
El reporte de eventos del 25 de enero al 27 de febrero 2015, correspondiente al monitoreo de alarma de Solo Moda de Santander de Quilichao, es una prueba determinante para resolver la controversia. En el mismo, se constata que la llamada de aviso a los usuarios solo se realizó un poco más de tres horas y media, después de que se produjera el reporte de “ robo pta entrada 2do piso”, “restauración pta entrada 2do piso ” y “apertura temprana” del establecimiento de comercio, que surgieron después del cierre en el horario habitual.
Sin embargo, se acreditó que la demandante incumplió sus obligaciones, en especial, la referente a que cuando una persona se retirara de esa compañía tenía que cambiar las claves y por lo tanto ajustar los protocolos, cosa que no efectuó respecto del empleado reportado como usuario número 2, tal y como se deduce de la prueba documental y testimonial.
Se extrae del caudal probatorio que si bien Seguridad Atlas Ltda., no efectuó ninguna llamada inmediatamente después de haber reportado el monitoreo “ robo ” y a continuación una apertura temprana, esa no es una conducta negligente, por cuanto “ se debió a que la alarma que en un momento se encendió fue desactivada mediante el ingreso de una clave habilitada a uno de los usuarios registrados, como era Mario Barrientos ”, de manera que el ingreso de delincuentes al lugar y la oportunidad de que pasaran desapercibidos es imputable a la demandante, quien tenía la carga de mantener la custodia y protección de las claves a través de los usuarios registrados, deber que infringió “ pues lo cierto es que los autores del siniestro contaban con una de ellas y la filtración de ese dato a personas inescrupulosas solo pudo haber sido consecuencia de esa conducta ”.
Resulta razonable, además, que la inicial activación de la alarma no hubiera generado el protocolo de respuesta al que se comprometió Seguridad Atlas, toda vez que el sistema fue desarmado inmediatamente después por el cliente del servicio.
III.- DEMANDA DE CASACIÓN
Se formularon cinco (5) cargos, los cuatro primeros sustentados en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso y el último en la primera, que serán estudiados con base en la referida compilación al estar vigente cuando se interpuso el recurso extraordinario (18 jun. 2018).
En primer lugar, se abordará el estudio conjunto de los embates primero y segundo, dada la afinidad de sus planteamientos en aspectos de apreciación probatoria, y a continuación, por ser su orden lógico, se estudiarán los demás.
IV.- PRIMER CARGO
La sentencia es violatoria en forma indirecta de normas sustanciales a consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas, por falta de aplicación de los artículos 29, 83 y 228 de la Constitución Política de Colombia; 1494, 1495, 1602, 1603, 1610, numeral 3°, 1612, 1613, 1614 del Código Civil, 871, 968 y 973 del Código de Comercio y 16 de la Ley 446 de 1998.
Para el Tribunal las obligaciones de la demandada eran de medio y no de resultado, de donde extrajo que, para efectos de exonerarse de responsabilidad, le bastaba demostrar diligencia y cuidado en el desempeño de sus obligaciones.
Con ese razonamiento desconoció que en el contrato ajustado con la convocada en calidad de contratista y prestadora del servicios de vigilancia privada bajo modalidad electrónica, se consagró como objeto tanto el monitoreo como el apoyo del sistema de alarmas instaladas en la estructura mobiliaria de propiedad de la demandante, con lo cual era claro que el propósito de la contratante no era solo el monitoreo como acto remoto y prestado a través de medios tecnológicos, sino también el servicio de apoyo de alarmas, que constituye una actividad de reacción ante los riesgos que afronta el inmueble donde se encuentra instalado el sistema, que por su naturaleza implica una conducta activa dirigida a conjurar el riesgo al cual está expuesto un bien y constituye la más importante de las actividades del prestador de servicio de vigilancia electrónica, con la cual se procura satisfacer los principios de « interés primario», «resultado útil» y «finalidad práctica» intrínsecos de la relación contractual.
La obligación del prestador del servicio de vigilancia privada electrónica, lejos está de ser siempre y en todos los casos de medio, para tomar matices de r

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

n mora de cumplir con las suyas”[footnoteRef:6]. En consecuencia, la demandante no está legitimada para controvertir el contrato de seguridad en torno al que gravita el litigio. [6: Corte Suprema de Justicia. G.J. Tomo XXXVII, pág. 405]
Desde esa perspectiva, el tribunal al resolver el recurso de apelación, pese a que se trataba de una acción indemnizatoria y no resolutoria o de cumplimiento contractual, estimó adecuado dar aplicación al artículo 1609 del Código Civil, como una de las normas que debía orientar la solución del caso al pronunciarse sobre la excepción de falta de legitimación para demandar.
Sin embargo, le asiste razón a la recurrente al afirmar que el sentenciador efectuó una indebida aplicación de esa disposición sustancial en la medida que, aunque acertó en su selección, erró en la interpretación, de modo que su conclusión se basó, sin más miramientos, en que « si el incumplimiento de las obligaciones del demandante es cierto, el demandado no está en mora de cumplir con las suyas» sin detenerse a analizar otros aspectos relevantes como el momento de exigibilidad de las obligaciones.
El tribunal consideró que en la forma en que la demandada formuló el medio defensivo, con independencia de la naturaleza de la acción, era menester analizarlo al tamiz del artículo 1609 del Código Civil, sin embargo, pasó por alto que conforme a la doctrina sobre la materia, la aplicación de la denominada «excepción de incumplimiento» no opera ipso iure, sino que supone la verificación de ciertos presupuestos, como son la « simultaneidad de la exigibilidad », « conexidad entre las prestaciones » y « gravedad del incumplimiento »[footnoteRef:7], requisitos que igualmente han sido abordados en la jurisprudencia de la Corte en múltiples pronunciamientos[footnoteRef:8], al punto que ningún análisis en ese sentido se efectuó en la sentencia confutada. [7: Cfr. Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las Fuentes de las Obligaciones: El Negocio Jurídico, Vol. II. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2015. Págs. 934 – 935.
] [8: Cfr. CSJ SC de 29 nov. 1978; SC de 4 sep. 2000 rad. nº 5420, SC4420 de 2014, rad. nº 2006-00138, SC6906 de 2014, rad. nº 2001-00307-01 y SC 1209-2018, entre otras. ]
Con todo, aún corroborada la vulneración del ordenamiento sustancial producto de la errada interpretación del mencionado precepto, el fallo fustigado no habrá de casarse, pues lo cierto es que la acción indemnizatoria de todas maneras estaba conminada al fracaso, de manera que aun si la Corte en sede de instancia tuviera que abordar el estudio de la excepción de incumplimiento arribaría a la misma conclusión que truncó el éxito de las pretensiones, de modo que la censura bajo estudio carece de la trascendencia necesaria para acceder al recurso extraordinario.
Al respecto, en SC 13 ago. 2001, exp. 5993, la Sala puntualizó,
A tono con la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, tiene establecido la jurisprudencia vernácula de la Corte que dicho medio de impugnación, no obstante habilitarse frente a aquellas sentencias que, como resultado de errores en la apreciación probatoria, resultan infringiendo la ley sustancial, no constituye una instancia más en la que pueda intentarse una aproximación al litigio, de suerte que, tratándose de la causal primera y cuando se acusa al fallador de haber incurrido en ese tipo de yerros, será necesario que el recurrente demuestre, si de error de hecho se trata, no sólo que la equivocación es manifiesta, abultada o evidente, es decir, que “puede detectarse a simple golpe de vista, tanto que para descubrirlo no se exigen mayores esfuerzos o razonamientos, bastando el cotejo de las conclusiones de hecho a que llega el sentenciador y lo que las pruebas muestren” (cas. civ. de 2001; exp. 6347), sino que también es trascendente, “esto es, influyente o determinante de la decisión ilegal o contraria a derecho; lo cual, descarta, entonces, según lo tienen entendido jurisprudencia y doctrina, aquellos errores inocuos o que no influyen de manera determinante en lo dispositivo de la sentencia, porque su reconocimiento ningún efecto práctico produciría” (cas. civ. de octubre 20 de 2000; exp: 5509), por lo menos frente al cometido de la Corte de proveer a la realización del derecho objetivo que, en esa hipótesis, no se vería lesionado.
Ciertamente, en este asunto es evidente que la primera en incumplir los deberes contractuales sí fue la demandante, en especial la obligación que el tribunal le recriminó, consistente en no haber dado aviso oportuno a Seguridad Atlas Ltda. de la desvinculación de la compañía de la persona que allí figuraba como autorizada para manejar las claves del sistema de alarma como «usuario 2» , lo que comportó que, « el ingreso de delincuentes al lugar y la oportunidad de que pasaran desapercibidos es imputable a la demandante, quien, huelga decir, tenía la carga de, a través de los usuarios registrados, mantener la custodia y protección de las claves, deber convencional infringido, pues lo cierto es que los autores del siniestro contaban con una de ellas y la filtración de ese dato a personas inescrupulosas solo pudo haber sido consecuencia de esa conducta».
Lo anterior porque al tenor de la cláusula sexta numeral 4°, entre las obligaciones asumidas por el usuario, se incluía «Informar por escrito a La Empresa, cualquier cambio que se presente en el nombre, teléfono, dirección consignada en el registro del Usuario, con base en la información suministrada por éste en la orden de servicio », de ahí que, con independencia de que en el mismo contrato no se especificara el momento en que debería darse aviso en ese sentido, es claro que el buen suceso de las obligaciones a cargo de la empresa encargada de la seguridad por medios electrónicos, estaba condicionado a que, de su lado, la beneficiaria del servicio hiciera un manejo adecuado de las claves de activación y desactivación del sistema de alarmas.
Por la misma razón, y acaecidos los hechos que originaron la demanda, no llama a duda la configuración de las exigencias relacionadas con la conexidad entre las prestaciones y la gravedad del incumplimiento de la accionante.
En conclusión, no prospera el cargo.
4.- Pese a que la decisión es adversa al recurrente, a tono con el inciso final del artículo 349 del Código General del Proceso, no habrá condena en costas debido a la rectificación doctrinaria efectuada.
IX.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 14 de junio de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso referenciado.
Sin condena en costas.
Notifíquese y devuélvase
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC2501-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-06-22. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2016-00045-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2501-2021%20%5B2016-00045-01%5D).
