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clave: "corte_suprema:providencia:SC2500-2021 [2013-00168-01]"
titulo: "Corte Suprema: la concepción absolutista del derecho a la propiedad y de la autonomía de la voluntad debe ceder ante el orden público"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-06-22"
radicado: "2013-00168-01"
numero: "SC2500-2021"
ponente: "Luis Armando Tolosa Villabona"
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# Corte Suprema: la concepción absolutista del derecho a la propiedad y de la autonomía de la voluntad debe ceder ante el orden público

- **Título oficial / radicado:** SC2500-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-06-22
- **Radicado:** 2013-00168-01
- **Número:** SC2500-2021
- **Ponente:** Luis Armando Tolosa Villabona
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2500-2021%20%5B2013-00168-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC2500-2021%20%5B2013-00168-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBMdWlzIEFybWFuZG8gVG9sb3NhIFZpbGxhYm9uYS82Li0gSnVuaW8vU2VudGVuY2lhcy9TQzI1MDAtMjAyMSBbMjAxMy0wMDE2OC0wMV0uZG9jeA%3D%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

La concepción absolutista del derecho a la propiedad y de la autonomía de la voluntad debe ceder ante el orden público.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Constitución Política

## Extracto

Se maximiza el intercambio de bienes y servicios, se generan empleos, incrementa la clientela, los arrendadores sostienen su ingreso, se posiciona la empresa y el mercado financiero interviene a través de préstamos, que le otorgan al comerciante posibilidades de inversión y expansión. En ese orden de ideas, el Estado, por razones de interés público y de utilidad social, como director responsable de la marcha general de la economía, ha desplegado su actividad reguladora al campo contractual, de tal suerte que, en el derecho moderno no es extraña su intervención, en la actividad de los particulares, y, por ello, la autonomía absoluta de que antes se hacía gala, se encuentra ahora reemplazada por los denominados por la doctrina "contratos dirigidos", en los cuales la voluntad de los particulares se encuentra restringida porque así lo exigen el interés general y el orden público.

## Cita textual

> Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Radicación: 08001-31-03-010-2013-00168-01
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Ponente
SC2500-2021
Radicación n° 08001-31-03-010-2013-00168-01
(Aprobado en Sala virtual de once de febrero de dos mil veintiuno)
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno (2021)
Se decide el recurso de casación interpuesto por Carlos Adrián Chiriví García, respecto de la sentencia de 27 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario promovido por el recurrente contra Inversiones Eilat S.A.S.
1. ANTECEDENTES
1.1. Petitum . El demandante solicitó declarar que la convocada incumplió un contrato de arrendamiento; como consecuencia, condenarla a pagar los perjuicios causados.
1.2 . Causa petendi . Las súplicas se fundamentaron en los hechos que en lo pertinente se sintetizan:
1.2.1. El 1° de octubre de 1993, Carlos Adrián Chiriví García, el arrendatario, y Promociones y Construcciones del Caribe Ltda. & Cía. S. C. A., arrendadora, celebraron un contrato de arrendamiento, cuyo objeto era el local comercial 103 del Centro Comercial Villa Country de Barranquilla, destinado al almacén Calzado Trento. La locadora fue sustituida por Inversiones Eilat S.A.S., en virtud de la cesión efectuada.
1.2.2. A finales de 2010, la gerente de la unidad inmobiliaria comunicó a propietarios y arrendatarios la realización de obras de remodelación. Señaló que los negocios “ permanecerían atendiendo al público de manera habitual ”. El acceso de la clientela, empero, “ era prácticamente imposible ”.
1.2.3. El 13 de enero de 2012, la interpelada informó al precursor la intención de “ no renovar el contrato (…) de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta ”. Requirió la entrega del inmueble para el 30 de septiembre del mismo año.
1.2.4. Según misiva de 4 de febrero, proveniente del Centro Comercial, la ampliación del local comercial se iniciaría el 13 de febrero. Las obras durarían trece días, aproximadamente, al cabo de los cuales el inmueble sería devuelto.
El arrendatario solicitó al condominio aclarar la reforma y su coordinación. La respuesta la obtuvo no de la administradora de la copropiedad sino de la accionada, quien se extrañó por sus proyecciones acordes con la remodelación, pero además, le recordó “(…) su deseo de no prorrogar el contrato ” y su interés en obtener la entrega del inmueble el 30 de septiembre de 2012.
El accionante la refutó. Alegó ser contratante cumplido por más de 18 años. Además, reclamó la protección de su actividad comercial, que no podía “ desconocer unilateralmente ”.
1.2.5. Inversiones Eilat S.A.S. comenzó los trabajos, una vez el ingeniero designado recibió de los empleados del almacén el inventario de la mercancía. Para el efecto, obstaculizó por completo el “ paso a la clientela, haciendo inviable la actividad comercial, ya que el edificio se [encontraba] totalmente en obra negra (…) , los locales de su entorno totalmente cerrados, con mallas de tela que impiden su visibilidad y letrero de no siga ”.
1.2.6. El 7 de marzo de 2012, el demandante recordó al Centro Comercial el vencimiento del plazo para las adecuaciones. Solicitó indicar cuándo se reabriría el local, en tanto, “(…) hasta esa fecha no les habían vuelto a acondicionar el pasillo para volver a atender a su clientela ”.
1.2.7. El pretensor impetró como prueba anticipada una inspección judicial con intervención de perito. La diligencia fue llevada a cabo el 3 de marzo de 2012, por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Barranquilla. Tuvo por objeto verificar el estado del inmueble, la imposibilidad de “ acceso de la clientela al Almacén Trento y (…) la nula actividad mercantil en estas condiciones ”; y los perjuicios causados.
1.2.8. El 23 noviembre de 2012, el conciliador en equidad, Manuel Caballero, y el agente del Ministerio Público, Edgardo Campo, sin notificar al inquilino, inspeccionaron el local. En la diligencia designaron a Gabriel Jesús Gutiérrez depositario provisional de los muebles; días después, éste le comunicó que los bienes se hallaban a su disposición en una bodega.
El actor avisó a la convocada y al depositario su descontento por la actuación; la calificó de irregular. Señaló que no estaban facultados para adelantar la visita, menos, sin su presencia, y se negó a recibir la mercancía retenida.
1.2.9. Las obras realizadas, el abuso del poder de la demandada y el despojo del local, generaron perjuicios al accionante. Además de lo dejado de vender, se afectó su reputación y prestigio construido por muchos años.
1.3. Contestación de la demanda . La convocada resistió las súplicas. Aceptó la remodelación y su realización diligente. Precisó que la obra no devino de una obligación impuesta en el contrato cuestionado, sino que se “ desarrolló en relación con el centro comercial en el que se encuentra ubicado el local ”.
Anotó que la determinación de no renovar el arriendo se fundó en la autonomía de la voluntad y fue el demandante el que incumplió ese convenio al dejar abandonado el inmueble.
1.4. El fallo de primer grado . El 16 de septiembre de 2016, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla desestimó las pretensiones. Echó de menos el incumplimiento imputado a la demandada y la prueba de los daños causados.
1.5. La decisión de segundo grado . Confirmó la anterior decisión al resolver la apelación del demandante.
2. LAS RAZONES DEL TRIBUNAL
2.1. Halló demostrados varios hechos: La existencia de la relación sustancial. La propuesta de obras dentro del Centro Comercial Villa Country y su notificación al actor. La entrega del inmueble por trece días con dicho propósito. Y lo expresado por el depositario provisional sobre el paradero de la mercancía del precursor, resultado de la diligencia adelantada por el ministerio público y el conciliador en equidad.
2.2. Encontró ausente, sí, la prueba del afirmado incumplimiento contractual.
2.2.1. Sobre la falta de entrega del local al arrendatario, al término de las remodelaciones, señaló que había retornado a su poder y estaba abierto al público. Todo, una vez solicitó el arreglo del pasillo para atender la clientela.
Lo anterior, dijo, se corroboraba en la inspección judicial y en el dictamen. Si bien las obras de remodelación (…) obstaculizaban la llegada de clientes y el desarrollo normal de la actividad comercial ”, cierto era, el establecimiento mercantil funcionaba y el arrendatario tenía acceso al mismo.
El incumplimiento, por el contrario, se predicaba del accionante. Pese a recobrar el inmueble, dejó de pagar las rentas de marzo a septiembre de 2012; de manera que, si estaba en sus manos, ningún reclamo le asistía por los muebles allí dejados.
2.2.2. Relacionado con la renovación del arriendo, indicó que el locatario reclamó ese derecho tan pronto el arrendador comunicó la expiración del contrato y la restitución del inmueble, todo para el 30 de septiembre de 2012. En la hipótesis de ostentarlo, debió promover un proceso para el estudio respectivo.
2.3. Frente a lo discurrido, el Tribunal desestimó los motivos de la alzada.
3. EL RECURSO DE CASACIÓN
3.1. El recurrente, demandante en el litigio, formuló tres cargos, los cuales no fueron replicados por la contraparte. Sustanciados con arreglo al Código General del Proceso, la Corte limitará el estudio al inicial y al último, al estar llamados a prosperar.
3.2. Cargo primero . Acusa la infracción directa de los artículos 518 y 520 del Código de Comercio.
3.2.1. Para el censor, el ad-quem interpretó erróneamente esas disposiciones. No podía “ válidamente el arrendador negarse a renovar el contrato y mucho menos arrendarlo para un negocio diferente, pues en ese caso no se cumplirían los presupuestos de la normatividad en comento ”. Y no podía considerarse desahucio “ una comunicación injustificada ” y caprichosa de la demandada para dar por finiquitado el contrato.
3.2.2. Simplemente, conforme a tales preceptos, bastaba mantenerse en el establecimiento de comercio por más de dos años y beneficiarse de la prerrogativa de “ continuar usando y gozando ” el bien; salvo que el demandado haya noticiado al actor la terminación del arriendo con una antelación no inferior a seis meses, identificando la causal que autoriza la ley. Esto, sin embargo, no tuvo ocurrencia.
3.3. El cargo tercero , denuncia la violación indirecta de los artículos 29 y 230 de la Constitución Política, 1613, 1614 y 1615 del Código Civil, como consecuencia de la comisión de errores de hecho probatorios.
3.3.1. Supuso que Inversiones Eilat S.A.S., había retornado el local comercial al “ ámbito ” tenencial del arrendatario, una vez trascurrido el plazo de la remodelación.
Tergiversó, en efecto, la inspección judicial y el dictamen pericial. Las pruebas no daban cuenta del funcionamiento del almacén ni de estar “ abierto al público ”. Solo señalaban que se encontraba cerrado y era imposible el acceso de clientes. Ello, debido a elementos de construcción ubicados en el frente.
3.3.2. Pretirió las comunicaciones intercambiadas entre las partes el 13 de enero, 4 y 8 de febrero de 2012, y cercenó el contenido de la misiva de 7 de marzo, siguiente; al inferir que, si lo solicitado por el demandante era el acondicionamiento de los pasillos, se entendía que el local le había sido entregado.
La realidad dimanante del contenido de dichas pruebas es distinta. Ellas enseñaban que, expirado el plazo para la remodelación, el arrendatario requirió en varias ocasiones para saber la fecha cuando podía abrir al público, por lo tanto, estaba dando cuenta, sencillamente, que, para esa época, “ no estaba ejerciendo su actividad comercial ”.
3.3.3. Hizo a un lado los testimonios de Osvaldo Enrique Arvilla Vargas y Campo Elías Rincón Cepeda. Los dos, también arrendatarios en el centro comercial, quienes declararon que el demandante no pudo continuar con su negocio.
3.3.4. Las mismas pruebas, agrega, evidenciaban que no era dable exigir el pago de “ arrendamiento (...) de un inmueble donde nunca más volvió a ejercer su actividad comercial ”.
3.4. Solicita el recurrente, en consecuencia, casar la sentencia impugnada y proceder de conformidad.
4. CONSIDERACIONES
4.1. El estudio de los cargos se acometerá aunados, por cuanto ameritan consideraciones comunes y sucesivas. En general, tratan cuestiones alrededor del derecho del arrendatario a gozar del inmueble arrendado, bien durante la ejecución del contrato, ya en virtud del derecho a la renovación.
4.2. En el caso, ambas cosas se denuncian quebrantadas. Para el Tribunal, empero, ninguna tenía mérito. Encontró que, finalizada la remodelación, el local había retornado al “ ámbito ” de Carlos Adrián Chiriví García, y el almacén Calzado Trento, estaba funcionando. Atinente a la renovación, señaló que el arrendatario había reclamado el derecho, en tanto, si lo tenía y fue negado, ha debido solicitarlo en el proceso correspondiente.
4.2.1. El primer tópico nada tenía que ver con la entrega del inmueble al demandante, culminado el tiempo fijado para realizar obras. El hecho subyacía en el contexto de la acusación. Para el recurrente, simplemente, no era posible “ ejercer (…) actividad comercial ”; el local no se “ podía abrir al público ”. Y esto, por supuesto, suponía que lo detentaba materialmente.
4.2.2. Relacionado con el derecho a la renovación del arriendo, es inobjetable la ocupación del local por parte del empresario por espacio superior a dos años. El hecho, por sí, era suficiente, en línea de principio, para que continuara con su disfrute, salvo la concurrencia de causas legales y no el capricho del arrendador para darlo por terminado.
4.3. El incumplimiento en el goce, entonces, consistió inicialmente en una perturbación transitoria, pues no le fue restablecido plenamente al actor su derecho a disfrutar la cosa arrendada. Luego se tornó en definitiva, ciertamente, ante el depósito de los bienes y enseres en cabeza de un tercero y en la aprehensión del local comercial por el arrendador.
4.3.1. La naturaleza jurídica, definición, elementos, obligaciones, efectos y demás particularidades del contrato de arrendamiento se encuentran reguladas en los preceptos contenidos en el Título XXVI del Código Civil. Se aplican por remisión a los convenios nacidos en el ámbito mercantil, según reza el artículo 822 del Código de Comercio, salvo en lo especial que prevea ese plexo normativo.
4.3.2. En los términos del canon 1973 del Código Civil, el arrendamiento “ es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa (…)” y la otra a pagar por este (…) un precio determinado ”.
4.3.2.1. Como se lee, uno de los elementos esenciales del acuerdo es “ la concesión del goce o uso de la cosa ”[footnoteRef:1]. Sin duda, es el requisito definitorio que le da singularidad y alrededor del cual se ha diseñado una variada protección legal. Se intensifica cuando, por ejemplo, el disfrute tiene por objeto un local comercial destinado a

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

rcantil, o un comerciante, frente a los demás y al público en general ”[footnoteRef:21], ya esta Sala había clarificado que, no obstante, tratarse de un intangible, su categoría corresponde a la de un derecho material, pues “ el mismo hace parte del patrimonio del comerciante y/o de la empresa, y es susceptible de ser valorado en dinero y de negociarse ”[footnoteRef:22]. [21: Ibídem.] [22: CSJ. STC de 1° de marzo de 2018, expediente 2018-00009-01.]
Como todo perjuicio de ese carácter, su reconocimiento exige la prueba de su existencia y extensión; y, si en ese propósito, se utiliza el medio experto, es innegable, que la conclusión no puede estar sujeta a la discreción del perito, sino a la fundamentación del dictamen.
Para ello la Corporación ha identificado en el plano fáctico ciertas condiciones que contribuyen a la fiabilidad del instrumento técnico, sin los cuales no es posible validar las inferencias indicativas de la presencia de ese daño.
“Al respecto precisó. Es ostensible, por consiguiente, la ausencia de fundamentación de la experticia, tal como lo puso de relieve el Tribunal, pues los peritos, dejándose llevar por conjeturas y apreciaciones subjetivas, tasaron a su arbitrio el GOOD WILL del establecimiento comercial de la demandante, sin detenerse a cuantificar los aspectos ya señalados, para cuyo efecto debieron indagar, por ejemplo, si existían bienes incorporales, tales como los relativos a la propiedad industrial, procesos técnicos, etc., que incrementasen las utilidades; o si era óptima la posición del establecimiento en el mercado. Ni siquiera se alude en el peritaje a la calidad en la prestación del servicio, al buen trato dispensado al cliente, todo ello, por supuesto, debidamente sustentado, ni a las excelentes condiciones laborales que la empresa pudiera tener, ni a la confianza que, por razón de un loable desempeño gerencial, ella tuviese en el sector financiero.
“Pero, es más, no se establece en la peritación de qué manera sufrió menoscabo el aludido intangible por causa de la restitución del inmueble, ya que no se precisó si el establecimiento de la actora dejó de existir o si, por el contrario, siguió funcionando en otro local”[footnoteRef:23]. [23: CSJ. Civil. Sentencia de 27 de julio de 2001, expediente 5860.]
La pericia es huérfana de ese análisis. Lacónicamente refirió el tiempo de permanencia del establecimiento de comercio y expuso apreciaciones subjetivas sin ningún soporte. En definitiva, es insuficiente para establecer la existencia del perjuicio.
Adicionalmente, no existe claridad en la causa petendi y en el petitum de los elementos que dan cuenta del menoscabo a la reputación mercantil. Esto es de capital importancia en aras de verificar que sea esa la manifestación del daño que se busca resarcir, y no otra; dicho en otras palabras, para saber si lo que se está reparando es lo efectivamente afectado. La incertidumbre en este caso es latente y niega cualquier posibilidad de reconocer el reclamo.
5.3.5. Acreditada la existencia del lucro cesante, es irrefutable que la pérdida de las ganancias que dejarían las ventas frustradas tiene como hecho antecedente los actos perturbatorios relatados. El nexo causal se comprueba.
5.4. Demostrados los presupuestos de la pretensión reparatoria, se declarará la responsabilidad civil de la sociedad demandada por los perjuicios causados a Carlos Adrián Chiriví García.
5.5. Cuantificación del perjuicio
La cuantificación fijada en la experticia para el lucro cesante no es acertada. Se usó como parámetro comparativo los valores de ventas, costos y gastos del Almacén de Calzado Trento de la sede Buena Vista y no los de la sede Villa Country.
Lo anterior no impide que la Corte pueda resolver de fondo el tópico en este asunto. Criterios de equidad y sentido común permiten solventar el lapsus. Además, existen herramientas y datos suficientes en la experticia para fijar con razonabilidad y aproximación el monto a indemnizar.
El dictamen da cuenta que en ambas sedes la actividad económica era la misma y el promedio de ventas en los años previos a 2012 era constante. La diferencia se presenta en que las ventas, costos y gastos en Buena Vista, era mayor al de Villa Country en relación de tres a uno.
Como lo pretendido se limita a la utilidad del último, desde marzo hasta agosto de 2012, y la prueba relaciona las ventas del 2011, para esos meses, se tendrán estos últimos como valores de ventas para 2012 y se utilizará la proporción aludida para hallar los valores restantes (costos y gastos). Se condenará entonces a la demandada a pagar por lucro cesante la suma resultante actualizada, teniendo como base el índice de precios al consumidor, así:
Ventas Mes 2012
Utilidad
Utilidad
actualizada
Marzo
$8.535.450
$16.128.917
Abril
$8.225.433
$9.428.848
Mayo
$13.252.433
$10.376.275
Junio
$11.031.166
$12.518.400
Julio
$10.804.933
$4.049.600
Agosto
$8.808.534
$10.494.352
Total
$62.996.391
5.6. Excepciones de la demandada. Se desestimarán las nominadas como inexistencia de responsabilidad, irresponsabilidad del actor y culpa del arrendatario. En últimas, aluden a los elementos de la pretensión. Se corroboró la entrega del local para su remodelación a la accionada, el incumplimiento injustificado de las obligaciones exigidas para garantizar el derecho a gozar de la cosa arrendada y la conducta de la demandante no incidió en la realización del resultado.
5.7. El recurso de apelación de los demandantes, por tanto, resulta exitoso parcialmente.
6. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, casa la sentencia de 27 de marzo de 2017, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil- Familia, en el proceso incoado por Carlos Adrián Chiriví García contra Inversiones Eilat S.A.S., y en sede de instancia:
7. RESUELVE
Primero : Revocar parcialmente la sentencia de 16 de septiembre de 2016, proferida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, únicamente en los siguientes términos, quedando en lo demás indemne:
(a) Declarar que Inversiones Eilat S.A.S. es responsable de los daños causados a Carlos Adrián Chiriví García, con ocasión del incumplimiento del deber de garantizar el goce de la cosa arrendada.
(b) Condenar a la demandada a pagar al actor, a título de lucro cesante, las sumas descritas en el acápite 5.5., las cuales se actualizarán el momento del pago efectivo, teniendo como base el índice de precios al consumidor.
Segundo : Disponer que cada parte debe asumir las costas causadas en ambas instancias, considerando que el demandante no alcanzó éxito en su totalidad.
Cópiese, notifíquese y cumplido lo anterior, devuélvase el expediente a la oficina de origen.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de la Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC2500-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-06-22. C.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Rad. 2013-00168-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2500-2021%20%5B2013-00168-01%5D).
