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clave: "corte_suprema:providencia:SC2425-2025 [2017-00140-01]"
titulo: "Corte Suprema: no se trataba de meras afectaciones de orden público"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-03-13"
radicado: "2017-00140-01"
numero: "SC2425-2025"
ponente: "Francisco Ternera Barrios"
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# Corte Suprema: no se trataba de meras afectaciones de orden público

- **Título oficial / radicado:** SC2425-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-03-13
- **Radicado:** 2017-00140-01
- **Número:** SC2425-2025
- **Ponente:** Francisco Ternera Barrios
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2425-2025%20%5B2017-00140-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC2425-2025%20%5B2017-00140-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI2L0RyLiBGcmFuY2lzY28gVGVybmVyYSBCYXJyaW9zLzMuLSBNYXJ6by9TZW50ZW5jaWFzL1NDMjQyNS0yMDI1IFsyMDE3LTAwMTQwLTAxXS5kb2N4/Civil/interpretaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

Las partes en el negocio jurídico simulado proyectan al exterior una declaración de voluntad que no se corresponde con su verdadera intención, la cual permanece velada.

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

Sobre este tema, la Sala razonó que «la incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que también se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentación del recurso (pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde a una invocación del derecho sustancial controvertido» Recordó que conforme a los artículos 1625 C.C. y 882 del C.Co. la extinción de la obligación se produce desde que se entrega el título valor. Por tanto, no se trataba de meras afectaciones de orden público, sino de esos impedimentos físicos. Así, no está en cuestión que los demandados eran hijos del vendedor, ni tampoco se niega que en la escritura pública de compraventa se hubieran protocolizado unos cheques, ni tampoco que se hubiere estipulado en dicho instrumento público que el motivo de la venta era la precariedad del orden público en la zona.

## Cita textual

> no requiere prueba al tenor del inciso final del artículo 167 del C.G.P

## Texto del documento

Radicación n° 23001-31-03-001-2017-00140-01
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC2425-2025
Radicación n.° 23001-31-03-001-2017-00140-01
(Aprobado en sesión de tres de diciembre de dos mil veinticinco)
Bogotá D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026).
La Corte decide el recurso de casación interpuesto por los demandantes[footnoteRef:1] y Alejandro César, Luis Felipe, Betty Cecilia, Rafael José y Jaime Alfonso Anaya Osorio frente a la sentencia proferida el 10 de abril de 2023 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería. Dentro del proceso verbal de simulación que instauró Rafael Guillermo Anaya Cubillos y otros contra Rafael José Anaya Osorio y otros. Y herederos indeterminados de Alejando César Anaya López. [1: Rafael Guillermo, Alejandro César, Ana Janeth, Olga Sofía, César Augusto, Jacquline del Carmen, Rosa Eugenia, Yolis María Anaya Cubillos, Alejandro Antonio Assias Anaya como hijo de Nohora Isabel Anaya Cubillos, Carmen Eugenia Anaya Caraballo, Rosa Isabel Salgado Anaya, Denys del Carmen Salgado Anaya, Abdo Salgado Anaya y Remeberto de Jesús Salgado Anaya, estos últimos como hijos de María Isabel Anaya Nerio.]
I. ANTECEDENTES
1.- La pretensión[footnoteRef:2] [2: Páginas 5-10 del PDF «01. CUADERNO PRINCIPAL 1», del cuaderno C01-Principal. Demanda reformada en páginas 198-201 del PDF «03. CUADERNO PRINCIPAL 3», del cuaderno C01-Principal.]
Los demandantes pidieron que se declarara que es absolutamente simulado el contrato de compraventa celebrado entre Alejando César Anaya López Q.E.P.D., como vendedor. Y Rafael José, Alejandro César, Luis Felipe, Betty Cecilia y Jaime Alfonso Anaya Osorio, como compradores. Contenido en la escritura pública No. 1.214 de 12 de junio de 2008, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo Notarial de Montería, «en virtud del cual aquel da en venta y enajenación perpetua a estos, proindiviso y por partes iguales, el derecho pleno de propiedad y la posesión material del inmueble rural denominado Lote #1 MIRACELY, con matrícula inmobiliaria No. 140-79411 ».
En consecuencia, solicitaron que se declarara la inexistencia de ese contrato y, se ordenara la cancelación de la inscripción de la escritura pública tanto en el folio de matrícula inmobiliaria No. 140-79411, como en el protocolo de la Notaría Tercera del Círculo de Montería. Asimismo, reclamaron la restitución del inmueble a la sucesión de Alejandro César Anaya López. Que cursa en el Juzgado Segundo de familia de Montería bajo el radicado 271-23. Demandaron que se condenara al pago y restitución de los frutos civiles a la sucesión ilíquida, desde el 12 de junio de 2008 o desde cuando entraron en uso o usufructo del bien, hasta la presentación de la demanda (por lucro cesante) y que se condenara al pago de costas y gastos del proceso, en caso de oposición.
Subsidiariamente, pidieron que se declarara la simulación relativa de la compraventa. Y, por ende, que la voluntad real de las partes « era realizar … una donación ». Que sobre el anterior negocio debía prevalecer la donación oculta y que esta es absolutamente nula por « falta de insinuación en cuanto a sus valores que exceden lo autorizado por ley, además de no probarse cuál era su valor comercial (Decreto 1712/89 art 3) y el no pago de los impuestos de ley ». Asimismo, que se ordenara la cancelación de la escritura pública No. 1214 del 12 de junio de 2008 en el protocolo de la notaría y en el folio de matrícula inmobiliaria 140-79411; la restitución por parte de los demandados del inmueble a la sucesión ilíquida de Alejandro César Anaya López o a la partición adicional posterior y se condenara al pago o restitución, a la sucesión, de los frutos civiles que percibieron desde el 12 de junio de 2008 o desde cuando entraron en uso o usufructo del bien, hasta la presentación de la demanda y se les condenara al pago de costas y gastos del proceso, en caso de oposición.
2.- La causa petendi[footnoteRef:3] [3: Páginas 11-18, ibidem. Demanda reformada en páginas 201-207 del PDF «03. CUADERNO PRINCIPAL 3», del cuaderno C01-Principal.]
2.1. Los demandantes adujeron que el causante, Alejandro César Anaya López, falleció el 25 de mayo de 2010. Y, en primera medida, estuvo casado con Betty Osorio García, de cuya unión nacieron los compradores demandados. Sin embargo, en 1950, el causante inició una relación con Témpora Cubillos Páez de la cual surgieron los demandantes. Además, Alejandro César también es padre de María Anaya Nerio y Carmen Eugenia Anaya Caraballo.
2.2. Manifestaron que, mediante escritura pública No. 1.214 del 12 de junio de 2008, el ahora fallecido, a título de compraventa, transfirió proindiviso y por partes iguales el inmueble con F.M.I. 140-79411 a sus hijos matrimoniales. No obstante, ese negocio es absolutamente simulado y fue « urdida para excluir dicho bien inmueble de la masa herencial e impedir que los hijos extramatrimoniales obtuvieran cuota alguna en el proceso sucesorio ».
2.3. Sostuvieron que, en la cláusula tercera, se pactó como precio la suma de $1.197.270.900 y el vendedor renunció « a cualquier acción derivada del precio, declarando que el contrato de compraventa es firme e irresoluble ». No obstante, el precio justo del bien era de $2.793.630.000 por lo que, « el supuesto precio que recibió el vendedor es inferior a la mitad del justo precio del bien raíz materia de la compraventa ». Además, consideraron que era inexplicable que el fallecido hubiese renunciado a cualquier acción derivada del precio, cuando ello está prohibido por el artículo 1950 del Código Civil.
2.4. Afirmaron que el causante, luego de la celebración del contrato, continuó con la posesión material del bien, actuando incluso como propietario hasta su fallecimiento. Y, de la compraventa nadie se enteró sino hasta después de la muerte de Alejandro César. Señalaron que el fallecido « no tenía necesidad alguna de vender el inmueble, pues siempre fue una persona con una posición económica privilegiada y sus condiciones patrimoniales eran óptimas ».
2.5. Mediante escritura pública No. 640 del 13 de julio de 2001, Alejandro César Anaya López otorgó testamento cerrado y, luego, con escritura pública No. 2223 del 28 de octubre de 2008 otorga testamento abierto, revocando el cerrado. Ello, « sin haber hecho el Notario devolución o entrega de este al testador, lo que solo se hizo a su hijo Luis Felipe Anaya Osorio cuando aquel estaba en coma, habiendo muerto días posteriores ». En el testamento abierto, afirman, se introdujeron declaraciones falsas y contradictorias a fin de justificar la compraventa rebatida, como aquella consolidada en la cláusula cuarta[footnoteRef:4]. Estrategias que buscaban ocultar la simulación del contrato que se demanda y, aunque en la estipulación cuarta no se especificó el bien inmueble, era posible inferir que se trataba del predio objeto de debate. [4: “En mis doce años de vida, he abandonado, prácticamente, todos mis negocios, debido a mi dificultad física para transportarme de un lugar a otro, montar a caballo para recorrer y vigilar mi finca y las constantes amenazas de secuestro e invasión, por parte de gentes al margen de la ley y, especialmente por delincuencia común, la abandoné de manera absoluta. Ante esta situación promoví su venta, por espacio de cinco años, mediante comisionistas locales y de Medellín, sin que nadie, debido especialmente a la inseguridad de la zona, me hiciera la más mínima propuesta. Frente a esta situación de inseguridad de la suerte de mis bienes, les propuse a mis hijos que me la compraran. Los únicos que respondieron a mi oferta, fueron mis hijos de matrimonio, quiénes, en honor a la verdad, se encuentran en buena situación económica y de negocios, ya que la construcción de apartamentos y las ventas de sus unidades familiares, les ha producido una bonanza económica que todo mundo reconoce. Se formalizó la venta de una parte de mi finca. Se otorgó la respectiva escritura pública, recibí el precio convenido e hice entrega material de la finca a los compradores".]
Además, sostuvieron que, si la razón de la venta fue la « inseguridad, las amenazas de secuestro e invasión », carece de sentido que haya reservado la propiedad denominada “La Perdida” « como sí la razón de inseguridad y las amenazas de secuestro e invasión solo debían tener efecto intimidatorio y contaba respecto de la mayor extensión del inmueble mencionado o de la parte segregada en cita, objeto del contrato de compraventa, y no del resto de las áreas cuyo derecho de dominio se reservó el vendedor ».
2.6. Refirieron que el precio pactado nunca se pagó porque los compradores carecían de capacidad económica. Y las sumas pactadas provenían del vendedor, « que se retiraban de su patrimonio activo y se consignaban para efecto del pago en cuenta corriente a su nombre y manejada por su cónyuge Betty Osorio… de cuya cuenta volvían a retirarse y consignarse nuevamente como acto de pago en la misma cuenta a nombre de ANAYA LÓPEZ, y así sucesivamente hasta completar supuestamente el precio » y aclaró que desconocían el destino de esas sumas.
Señalaron que no hubo entrega del bien por lo que, los demandados no ejercieron actos de señor y dueño. Pues, fue solo hasta el día siguiente de la muerte del fallecido, que Jaime Anaya Osorio « entró Armado al inmueble alegando posesión material ».
2.7. En la escritura pública contentiva de la compraventa « se utilizaron documentos sospechosos y simulados, creados para aparentar la realidad de la negociación ». Eso, con lo demás, da cuenta que el contrato refutado se hizo para excluir el bien inmueble de la masa herencial e impedir que los demás herederos -hijos extramatrimoniales- obtuvieran cuota en el proceso de sucesión.
2.8. Manifestaron que, en los primeros doce años de vida marital con Témpora Cubillos Páez, el fallecido « se independizó de las empresas agrícolas que gestaba con su padre y liquidó los negocios comunes con sus hermanos, para así, en compañía y con el concurso de aquella, amasar la base y adquirir los principales bienes patrimoniales ». Pero, sin terminar la vida marital anterior, se casó con Betty Osorio García. Refirieron que esta última, fue quien logró convencer al causante de donarle a los hijos matrimoniales la finca denominada “Las Mercedes”.
2.9. También, informaron que, luego de múltiples operaciones de venta, en cabeza de Alejandro César Anaya López sólo quedó la finca Miracely, objeto de la convención rebatida. Asimismo, indicaron que, en relación con el ganado, este se marcaba a nombre de Betty Osorio García.
2.10. De otro lado, sostuvieron que con escritura pública No. 640 del 13 de julio de 2001, el de cujus otorgó testamento cerrado para que « todos sus hijos recibieran a título de herencia, del patrimonio que a su nombre todavía existía ». Sin embargo, el manejo de ingresos, operaciones respecto del ganado, cuentas bancarias, contabilidad, depósitos, vehículos, seguros de vida y otros fueron asumidos por Betty Osorio García y sus hijos.
2.11. Para encubrir la maniobra simulada, los demandados -con escritura pública No. 1.214 del 12 de junio de 2008- consignaron « unas explicaciones sobre el pago, forma de pago y capacidad de pago de los supuestos compradores, y se protocolizaron unos títulos valores con los que se dice se efectúa el pago de parte del precio ». La cuenta bancaria del de cujus , donde supuestamente se consignó el precio, era manejada por Betty Osorio García y los valores « eran devueltos a ellos mismos ». Situación que fue confirmada por el albacea del proceso de sucesión.
2.12. Después, Alejandro Anaya López, otorgó testamento abierto por escritura pública No. 2.223 del 28 de octubre de 2008, « donde revoca el testamento cerrado otorgado en escritura No. 640 de 13 de julio de 2001, sin que ese documento se lo hubiera entregado devuelto ni al momento de la diligencia de dicho acto jurídico, ni posteriormente ». En ese documento, se designaba como albacea de los bienes a Luis Felipe Anaya Osorio se auto nombró ejecutor testamentario con tenencia de bienes y se asignaron « la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición sobre la universalidad de los bienes relictos » a los hermanos Anaya Osorio.
3.- Posición de la parte demandada
3.1. Rafael José, Jaime Alfonso[footnoteRef:5], Alejando César, Luis Felipe y Betty Cecilia Anaya Osorio[footnoteRef:6] se opusieron a las pretensiones de la demanda y propusieron como excepciones de mérito a la demanda inicialmente incoada: i) « incongruencia entre los supuestos de hecho y las pretensiones de la demanda, especialmente las de simulación », ii) « excepción de prescripción de la pretensión de lesión enorme del contrato contenido en la escritura pública no. 1214 de junio 12 de 2008 de la notaría tercera de montería ». No obstante, luego de reformada la demanda, las retiraron[footnoteRef:7]. [5: Página 254, ibidem.] [6: Páginas 12-15 del archivo PDF «02. CUADERNO PRINCIPAL 2», del cuaderno C01-Principal.] [7: Página 235

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ncia en la materia principal y, por ende, de la cabal justificación para su estudio anticipado, conforme a un orden lógico de análisis que trascienda la simple consideración de la naturaleza abstracta de las causales de casación, para nutrirse de su apreciación en el escenario concreto.
2. Oficiosidad de las restituciones mutuas.
Preciso que la indemnidad de la sentencia del Tribunal en la consecuencial materia de restituciones mutuas encuentra justificación en que los respectivos cargos formulados por ambas partes no habilitaron un mayor estudio de lo así resuelto, por distintas razones de idoneidad y suficiencia de las acusaciones, muchas de las cuales se expresaron en la ponencia.
Tampoco se configura supuesto que conduzca a la activación de alguna de las facultades extraordinarias de la Corte para proceder de oficio en la limitada sede de casación.
Acorde con lo anterior, resulta impostergable precisar que la postura predominante de la Sala en materia de restituciones mutuas continúa siendo la que reivindica la oficiosidad de dicho proveimiento.
Esta línea de pensamiento, a más de acertada, resulta histórica y vigente, en tanto ha sido reiterada muy recientemente en supuesto compatible[footnoteRef:93] con el que ahora concita la atención de la Sala: [93: Bien expone la ponencia, conforme a la jurisprudencia de esta Corte, que las consecuencias de la prosperidad de la acción de simulación, son idénticas a las que se predican del éxito de las acciones de nulidad, reivindicatoria y rescisoria: «“… no sólo porque subsisten los mismos motivos de equidad que para éstas la han determinado, sino porque razones de analogía imponen al juzgador el deber de aplicar las leyes que regulan casos o materias semejantes (art. 8, Ley 153 de 1887), y también porque las disposiciones sobre prestaciones mutuas tienen tal generalidad que de suyo son aplicables para regular las indemnizaciones recíprocas, en todos los casos en que un poseedor vencido pierda la cosa y sea obligado a entregarla a quien le corresponde” (G.J. LXIII, pág. 658) sent. cas. Sust. De 12 de diciembre de 2000 exp. 5225», reiterada en CSJ, SC, 21 jun. 2011, exp. 2007-00062 y CSJ, SC5235-2018, entre otros.]
Una vez se han acreditado los presupuestos legales que habilitan el ejercicio de la acción de dominio y esta sale avante, es deber del juzgador estudiar las restituciones mutuas, ya que es de rigor su reconocimiento, aun de oficio, en los términos del Capítulo IV del Título XII del Libro Segundo del Código Civil. La jurisprudencia de esta Corte ha insistido en que, « en materia de prestaciones mutuas, el juez debe proceder de oficio , porque al ser decisiones consecuenciales, se entienden incluidas por la misma ley en la pretensión principal de que se trate» (CSJ, SC, 1 jun. 2009, rad. 2004-00179-01, reiterada en CSJ, SC, 7 jul. 2011, rad. 2000-00121-01, et. al.).
Por esa senda, la Sala ha enseñado, invariablemente, que:
El triunfo de la reivindicación impone resolver, aún de oficio, sobre las prestaciones mutuas, reguladas en los artículos 961 y s.s. del Código Civil , según los cuales el demandado vencido está obligado a restituir la cosa en el plazo fijado por la ley o por el juez , restitución que cuando concierne con una heredad comprende las cosas que forman parte de ella, como también los frutos naturales y civiles percibidos durante el tiempo que la tuvo en su poder si ha sido poseedor de mala fe, o únicamente los recibidos después de la contestación de la demanda en caso contrario -poseedor de buena fe-, y no sólo éstos sino, en ambos casos, los que el dueño hubiera podido obtener con mediana inteligencia y actividad teniendo el bien bajo su poder.
El poseedor vencido tiene derecho, además, a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa, conforme a las reglas del artículo 965 Ibidem . Siendo de buena fe deberán también abonársele las mejoras útiles, hechas antes de la contestación de la demanda, y si fuere de mala fe no tendrá tal derecho, pero podrá llevarse los materiales de tales mejoras, siempre que pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada, y que el propietario rehúse pagarle el precio que tendrán dichos materiales después de separados (artículo 966 ejusdem). Tratándose de las mejoras voluptuarias, el dueño no está obligado a su pago, aunque el poseedor podrá llevarse los materiales, siempre que sea factible retirarlos sin causar daño al bien reivindicado y, claro está, que aquel se niegue a cubrir el valor de los mismos (CSJ, SC, 19 dic. 2011, rad. 2002-00329-01, reiterada en CSJ, SC, 16 sep. 2011, rad. 2005-00058-01; CSJ, SC, 1 jun. 2009, rad. 2004-00179-01).
En la misma línea, de antaño se ha expuesto que:
Si se leen los artículos 965, 966 y 967 del Código Civil, que son parte integrante de la regulación de las prestaciones mutuas en la reivindicación, tiene que decirse que en los procesos de esta naturaleza la alegación y reconocimiento de mejoras a favor del poseedor vencido no son aspectos extraños a esas controversias, sino que, contrariamente, son esenciales en ellas . Nada impide pues que al demandado que alega haber hecho mejoras en el predio que ocupa se lo pueda calificar de poseedor material de éste. (CSJ, SC, 3 nov. 1982, GJ CLXV, n.º 2406, págs. 270 a 277). (CSJ SC1758–2025)
Esta postura realiza derechos sustanciales clásicos con total relevancia contemporánea y se inspira en muy loables razones de equidad, interés en la conservación de los bienes y especial proscripción del enriquecimiento sin causa.
La materia está procesalmente vinculada a la congruencia de la resolución judicial favorable a la pretensión restitutoria -ya sea principal o consecuencial- y, más allá de su cercana relación, no puede confundirse con el imperativo judicial de decretar pruebas de oficio en determinados supuestos, o las demás reglas técnicas de la actividad probatoria y de sentenciar en concreto.
Las últimas pautas, en vigencia del Código General del Proceso, han merecido un innegable reforzamiento de su histórico carácter preponderantemente dispositivito -que impone una mayor diligencia a la parte interesada-, pero no al punto de sostener que edifica un insuperable condicionante del proveimiento en materia de restituciones mutuas o que se ha erigido un principio dispositivo absoluto en esta materia consecuencial.
Nótese que persisten los mismos determinantes sustanciales de equidad y justicia, así como expresos mandatos generales en el mismo estatuto que obligan al Juez a decretar pruebas de oficio (v.g. arts. 42-4, 167, 169 y 170) y muchos supuestos especiales en los que no puede formularse reproche válido a las partes que justifique una resolución jurisdiccional incompleta y que poco aporta a la solución real y concreta del conflicto de intereses.
En los anteriores términos, dejo expuesta la aclaración de mi voto con reiteración de respeto por la Honorable Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.
Fecha ut supra .
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC2425-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2026-03-13. C.P. Francisco Ternera Barrios. Rad. 2017-00140-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2425-2025%20%5B2017-00140-01%5D).
