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clave: "corte_suprema:providencia:SC2399-2024 [2022-03733-00]"
titulo: "Corte Suprema: corresponde a los padres, el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-11-01"
radicado: "2022-03733-00"
numero: "SC2399-2024"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
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# Corte Suprema: corresponde a los padres, el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos

- **Título oficial / radicado:** SC2399-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-11-01
- **Radicado:** 2022-03733-00
- **Número:** SC2399-2024
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2399-2024%20%5B2022-03733-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC2399-2024%20%5B2022-03733-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS8xMC4tIE9jdHVicmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzIzOTktMjAyNCBbMjAyMi0wMzczMy0wMF0ucGRm/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Regla de decisión

Corresponde a los padres, el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 527 de 1999

## Extracto

En ese sentido, se aseguró una publicidad mínima del auto admisorio mediante la realización del emplazamiento por tres veces en un diario de amplia circulación, a elección Radicación n° 11001-02-03-000-2022-03733-00 11 del legislador foráneo, previa exhaustiva averiguación de la imposibilidad de localizar al nombrado. Por consiguiente, la Corte dará curso en el territorio nacional a la sentencia proferida por la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con Sede en la Parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito el 6 de septiembre de 2019, que decretó la privación de la patria potestad que ejercida por Jhon Alexander Salamanca Tovar sobre su hija Juliana Salamanca Balaguera, la que deberá anotarse en el registro civil de nacimiento de ésta para los fines que resulten pertinentes, teniendo en cuenta que ya alcanzó la mayoría de edad.

## Texto del documento

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC2399-2024
Radicación n° 11001-02-03-000-2022-03733-00
(Aprobado en sesión de veintisiete de junio de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil
veinticuatro (2024)
La Corte decide la solicitud de exequátur presentada
por Carolina Balaguera Antolínez en representación de su
hija, entonces menor de edad, Juliana Salamanca Balaguera,
respecto de la sentencia proferida por la Unidad Judicial de
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con Sede en la
Parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito
(Ecuador) el 6 de septiembre de 2019, que decretó la
privación de la patria potestad ejercida por Jhon Alexander
Salamanca Tovar.
I.- ANTECEDENTES
1. En procura de que el fallo foráneo surta efectos en
Colombia, Carolina manifestó que fruto de su relación con
Jhon Alexander, el 21 de junio de 2006 nació en Bogotá
Juliana, pero desde que su padre la registró reconociéndola,
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«abandonó obligaciones».
Por otra parte, el 17 de noviembre de 2017, la madre se
casó con Víctor Patricio Rivadeneira Redin y desde el 9 de
diciembre siguiente se estableció con él y su hija en Quito
(Ecuador).
Demandó al progenitor, cuyo paradero desconoce,
obteniendo sentencia mediante la que la oficina judicial
extranjera nombrada lo privó de la patria potestad de
conformidad con la causal 6ª del artículo 113 del Código de
la Niñez y Adolescencia de Ecuador, es decir, por el
incumplimiento grave y reiterado de los deberes que esa
figura le imponía, en cuanto no contribuyó al mantenimiento,
cuidado, crianza, educación, desarrollo y protección de su
descendiente.
La providencia se encuentra ejecutoriada conforme la
certificación anexa, no se opone a las leyes nacionales ni al
orden público, y la causal por la que se decretó guarda
reciprocidad con la establecida en los artículos 288 y 315
numeral 2 del Código Civil Colombiano.
2. Admitida la petición, se ordenó dar traslado al
Ministerio Público y a Jhon Alexander Salamanca Tovar,
cuyo emplazamiento se dispuso (0006Auto.pdf) sin que
compareciera por lo que debió nombrársele curador ad litem
(0019Auto.pdf), obteniéndose los siguientes
pronunciamientos:
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2.1. La Procuradora Delegada para la Defensa de los
Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las
Mujeres rindió concepto favorable porque el proceso
adelantado en Ecuador «no versa sobre derechos reales ni
bienes muebles o inmuebles que se hallen en territorio
colombiano»; tiene «fundamento normativo en el Código de la
Niñez y la Adolescencia de Ecuador, Ley 2002-100 que entró
en vigor el 3 de diciembre de 2003», cuyo artículo 113 prevé
la privación o pérdida de la patria potestad mediante
resolución judicial por el «6. Incumplimiento grave o reiterado
de los deberes que impone la patria potestad…», y en el
«derecho colombiano subyace similar causal» (art. 315-2 del
Código Civil), en otras palabras, no se opone a las leyes u
otras disposiciones de orden público; se allegó «copia
auténtica, legalizada y apostillada, de la sentencia de
privación de la patria potestad…así como la constancia de
ejecutoria o firmeza del acto judicial»; no se trata de un asunto
de competencia exclusiva de los jueces colombianos ni se
advierte la existencia de proceso en curso o sentencia de la
misma naturaleza entre las mismas partes; y existe
reciprocidad legislativa, toda vez que entre Colombia y la
República del Ecuador se halla vigente la Convención
Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las
Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros; se cumplió el
emplazamiento del padre en Ecuador, aunque es necesario
verificar que se hizo correctamente, y la demandante está
legitimada para reclamar la homologación (0013oficio.pdf).
2.2. El curador ad litem manifestó que carece de
elementos de juicio para proponer algún medio de defensa a
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favor de su representado, enfatizando que intentó
comunicarse con él a un correo electrónico y a un número
telefónico, pero en el primero no obtuvo respuesta y en el
segundo le indicaron que no lo conocen (0029Memorial.pdf).
3. Una vez decretadas y practicadas las pruebas, y en
vista de que no quedan medios por recaudar, se procede a
decidir lo pertinente.
II.- CONSIDERACIONES
1. La sentencia que se va a dictar es anticipada, de
conformidad con el artículo 278 del Código General del
Proceso, toda vez que no hay pruebas que practicar por la
Sala, pues las pedidas fueron aportadas en la oportunidad
legalmente establecida para ello, sin que tal modo de
proceder desconozca el debido proceso ni alguna otra
garantía superlativa o legal de los intervinientes en ese
asunto, dado que el actual sistema procesal civil es dúctil.
Al respecto, en CSJ SC12137-2017 se precisó que:
Por supuesto que la esencia del carácter anticipado de una
resolución definitiva supone la pretermisión de fases procesales
previas que de ordinario deberían cumplirse; no obstante, dicha
situación está justificada en la realización de los principios de
celeridad y economía que informan el fallo por adelantado en las
excepcionales hipótesis que el legislador habilita dicha forma de
definición de la litis.
De igual manera, cabe destacar que, aunque la esquemática
preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil,
supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es
evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que
es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de
fondo por anticipado se configuró cuando la serie no ha superado
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su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane
2. El auge del comercio internacional de bienes y
servicios, así como el desplazamiento voluntario y forzado de
la población mundial, ya sea para desarrollar un proyecto de
vida profesional y familiar o buscando una salida a
problemas de orden político y económico, han conllevado que
se establezcan medidas a nivel global para que las
providencias judiciales que se emitan en un país sean
reconocidas en otro donde generan repercusiones.
Según la doctrina especializada1, «[m]ateria del
exequatur es la sentencia extranjera», ya que ese proveimiento
«como producto de la jurisdicción, emana de la soberanía, y
por eso sus efectos jurídicos quedan limitados dentro del
territorio en que la soberanía se ejerce». Se trata, entonces, de
un instrumento jurídico establecido para lograr el
reconocimiento de los fallos foráneos en suelo extranjero, por
virtud de la cooperación y reciprocidad entre los Estados,
previo cumplimiento de los requisitos legales.
En Colombia, de conformidad con el artículo 605 del
Código General del Proceso, se aceptan con fuerza vinculante
aquellas sentencias o laudos pronunciados por autoridades
extranjeras en procesos contenciosos o de jurisdicción
voluntaria, por «reciprocidad diplomática», esto es, cuando
cumplan con los requisitos establecidos en los tratados
1 Sentís Melendo. Santiago. La sentencia extranjera (Exequatur). Ediciones
jurídicas Europa América. Buenos Aires, 1958, pág. 39.
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existentes con él o, en su defecto, acudiendo a la
«reciprocidad legislativa», basada en la aceptación que allí se
reconozca a las acá proferidas, en cuyo caso podrá estar
basada en textos legales escritos o en la práctica
jurisprudencial imperante en el país de origen del fallo que
se busca homologar2.
Precisamente, en SC5431-2021 la Corte reiteró que
(…) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados
que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales
emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en
segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las
normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la
misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia
(G. 3. t. LXXX, pág. 464; CLI, pág. 69; CLVIII, pág. 78 y CLXXVI,
pág. 309; citada en SC15751-2014).
3. La Corte ha establecido a través de reiterados
pronunciamientos que entre las Repúblicas de Colombia y
Ecuador existe reciprocidad diplomática de conformidad con
la Convención Interamericana sobre la Eficacia
Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales
Extranjeros, suscrita en Montevideo el 8 de mayo de 1979,
que acá fue aprobada mediante la Ley No. 16 de 1981 y entró
en vigor el 10 de octubre del mismo año, mientras que allá
cobró vigencia el 6 de enero de 19823.
Como la misma se aplica a «las sentencias judiciales y
laudos arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales o
2 CSJ SC 055 de 1999, rad. 6640.
3 SC393-2023, SC024-2023, SC1824-2022, SC4714-2020
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laborales en uno de los Estados Partes, a menos que al
momento de la ratificación alguno de estos haga expresa
reserva de limitarla a las sentencias de condena en materia
patrimonial», es claro que la decisión que en esta ocasión es
objeto de examen y eventual homologación se enmarca en
ella, en cuanto se trata de un pronunciamiento de fondo
emitido en uno de los Estados firmantes, que se pretende
hacer valer en otro y tiene naturaleza civil, pues fue proferido
en una causa en la que se ventiló la pérdida de la patria
potestad que en nombre de su hija deprecó la progenitora en
relación con el padre, conocida y fallada por la Unidad
Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con Sede en
la Parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de
Quito.
De conformidad con el artículo 2º del citado acuerdo,
Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales
extranjeros a que se refiere el artículo 1º., tendrán eficacia
extraterritorial en los Estados Partes si reúnen las condiciones
siguientes: a) Que vengan revestidos de las formalidades externas
necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado de
donde proceden; b) Que la sentencia, laudo y resolución
jurisdiccional y los documentos anexos que fueren necesarios
según la presente Convención, estén debidamente traducidos al
idioma oficial del Estado donde deban surtir efecto; c) Que se
presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del
Estado en donde deban surtir efecto; d) Que el juez o tribunal
sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para
conocer y juzgar del asunto, de acuerdo con la ley del Estado
donde deban surtir efecto; e) Que el demandado haya sido
notificado o emplazado en debida forma legal de modo
sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado
donde la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional deban surtir
efecto; f) Que se haya asegurado la defensa de las partes; g) Que
tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa
juzgada en el Estado en que fueron dictados; h) Que no contraríen
manifiestamente los principios y las leyes de orden público del
Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución.
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4. En el sub lite, vista la providencia extranjera a la luz
de las anteriores exigencias, pronto se advierte que no es
pertinente examinar el requisito del literal b) del tratado
citado, comoquiera que originalmente está plasmada en el
idioma castellano, mientras que reúne los restantes,
conforme pasa a explicarse.
En efecto, en cuanto al supuesto del literal a), se arrimó
copia de la sentencia y su notificación a quienes
comparecieron al juicio, con constancia emanada de la
Coordinadora de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez
y Adolescencia con sede en la Parroquia Mariscal Sucre del
Distrito Metropolitano de Quito de fecha 7 de febrero de
2020, según la cual, «conforme lo dispone el art. 118 del
Código Orgánico General del Procesos, y por haber requerido
la entrega del documento físico, certifico que las tres (3) fojas
que anteceden son iguales a las originales, a fs. 77-vlt, 78 vlt
y 81, documentación que reposa dentro del juicio de privación
de la patria potestad No. 17203-2019-02394 (…)», lo que lleva
a colegir su autenticidad (archivo pdf demanda).
En lo que se refiere a la exigencia del literal c), se allegó
una certificación de la Dirección Nacional de Talento
Humano del Consejo de la Judicatura de Ecuador, firmada
por Marco Fabián Zurita Godoy el 14 de febrero de 2020, en
el sentido que Verónica Elizabeth Segura Torres, en efecto,
desempeña el cargo allí anunciado; en la misma fecha el
Subdirector Nacional de Certificación y Registro de la misma
entidad, Paul Emilio Prado Chiriboga, «corrió traslado» de
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dicho documento; finalmente, la firma y sello que acompañan
al anterior elemento fueron apostillados como lo establece la
Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961 sobre
Abolición del requisito de legalización para documentos
públicos extranjeros, completándose así la legalización
correspondiente, toda vez que los dos países involucrados
son parte de la misma.
Atinente al presupuesto del literal d), de conformidad
con los hechos establecidos en la actuación foránea4 y en la
presente, desde finales de 2017 la adolescente se encuentra
domiciliada en Ecuador. A la luz del inciso segundo del
numeral 2 del artículo 28 del Código General del Proceso, la
competencia por el factor territorial en los procesos de
«pérdida o suspensión de la patria potestad…, en los que el
niño, niña o adolescente sea demandante o
demandado…corresponde en forma privativa al juez del
domicilio o residencia de aquel», lo cual significa que el
juzgador extranjero estuvo facultado para conocer el asunto,
lo que en nada riñe con la subregla jurisprudencial plasmada
en STC15561-2021, acorde con la cual, «cuando se discuta el
ejercicio de algún derecho de un menor de edad, que ya no
tenga su domicilio en Colombia, el Juez competente será el de
la última residencia dentro del territorio nacional, conforme al
artículo 97 del Código de Infancia y Adolescencia».
4 Con el registro de contribuyentes de la madre y la constancia de matrícula
en un colegio, se estableció por el juez de Quito esta circunstancia.
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Relativo a los requerimientos de los literales e) y f), en
atención a la manifestación jurada de la accionante
plasmada en el «Acta de imposibilidad de terminar el domicilio
o residencia» de Jhon Alexander, quien pidió convocarlo
conforme al artículo 56 numeral 2 del Código Orgánico
General de Procesos de Ecuador, acompañada de constancia
del Ministerio de relaciones exteriores y movilidad humana
sobre la falta de anotaciones de salida, destino y registro
consular del mismo (fl. 79, 105 y 154 demanda pdf), la
autoridad judicial procedió a citarlo mediante tres
publicaciones efectuadas en el diario El Telégrafo los días 29
y 30 de abril y 1º de mayo de 2019, dejando transcurrir el
término legal sin que compareciera. A partir de entonces las
diversas actuaciones del proceso se pusieron al tanto a los
intervinientes enviándolas a sus respectivos correos
electrónicos, mientras que se dejó la constancia que «[n]o se
notifica a Jhon Alexander Salamanca Tovar por no haber
señalado casilla».
Si bien el procedimiento reseñado no corresponde
formalmente al previsto en el ordenamiento patrio en donde
al emplazamiento infructuoso sigue el nombramiento de un
curador ad litem que en adelante representa al llamado
mientras no comparezca personalmente, guarda una
equivalencia sustantiva que resulta suficiente para el fin
último de garantizarle el debido proceso.
En ese sentido, se aseguró una publicidad mínima del
auto admisorio mediante la realización del emplazamiento
por tres veces en un diario de amplia circulación, a elección
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del legislador foráneo, previa exhaustiva averiguación de la
imposibilidad de localizar al nombrado. Por tanto, aunque
las formalidades son diferentes, en uno y otro caso
confluyeron con el mismo propósito, por lo que puede
concluirse que se llenaron los requisitos examinados,
máxime que en el trámite seguido aquí por la Corte se
nombró a Jhon Alexander el auxiliar de la justicia que lleva
su vocería, sin que manifestara reparo al respecto.
En lo que tiene que ver con el elemento del literal g), se
tiene acreditada la firmeza de la decisión, conforme a la
certificación de 3 de febrero de 2020 sobre la no presentación
de recurso dentro del término legal y la razón de ejecutoria
de 4 de diciembre de 2020 (fls. 15. 163 y 169).
Finalmente, en lo que concierne a la exigencia del literal
h), se verifica que la determinación no contraría
manifiestamente los principios y las leyes de orden público,
en cuanto la privación de la patria potestad decretada en
Ecuador es un asunto que está aceptado en Colombia, pues
el Código Civil colombiano en su artículo 288 define la patria
potestad como «el conjunto de derechos que la ley reconoce a
los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a
aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad le
impone. Corresponde a los padres, conjuntamente, el ejercicio
de la patria potestad sobre sus hijos. A falta de uno de los
padres, la ejercerá el otro», mientras que en el 315 prevé la
privación de la patria potestad, en su numeral dos «Por haber
abandonado al hijo».
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5. Por consiguiente, la Corte dará curso en el
territorio nacional a la sentencia proferida por la Unidad
Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con Sede en
la Parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de
Quito el 6 de septiembre de 2019, que decretó la privación de
la patria potestad que ejercida por Jhon Alexander
Salamanca Tovar sobre su hija Juliana Salamanca
Balaguera, la que deberá anotarse en el registro civil de
nacimiento de ésta para los fines que resulten pertinentes,
teniendo en cuenta que ya alcanzó la mayoría de edad.
6. No se impondrá condena en costas, por no estar
comprobadas (núm. 8, art. 365 C.G.P.).
III.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero: CONCEDER el exequátur a la sentencia
proferida por la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia con Sede en la Parroquia Mariscal Sucre del
Distrito Metropolitano de Quito el 6 de septiembre de 2019,
que decretó la privación de la patria potestad que ejercía
Jhon Alexander Salamanca Tovar sobre su hija Juliana
Salamanca Balaguera.
Radicación n° 11001-02-03-000-2022-03733-00
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Segundo: Ofíciese a la Registraduría Nacional del
Estado Civil para que tome nota de lo decidido en el registro
civil de nacimiento de la nombrada.
Tercero: Sin condena en costas.
Cuarto: Archívese oportunamente el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
(Ausencia Justificada)
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
No firma ausencia justificada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Hilda González Neira
Magistrada
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 086703D56FCF43EC3A1E1D159EB3877AF5875F073D0520A06EAB3679A10C2CA9
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC2399-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-11-01. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2022-03733-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2399-2024%20%5B2022-03733-00%5D).
