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clave: "corte_suprema:providencia:SC2221-2020 [2016-00192-01]"
titulo: "Corte Suprema: resulta inviable resolver el contrato de promesa de venta"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2020-07-10"
radicado: "2016-00192-01"
numero: "SC2221-2020"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: resulta inviable resolver el contrato de promesa de venta

- **Título oficial / radicado:** SC2221-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2020-07-10
- **Radicado:** 2016-00192-01
- **Número:** SC2221-2020
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2221-2020%20%5B2016-00192-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC2221-2020%20%5B2016-00192-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIwL0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS83Li0gSnVsaW8vU2VudGVuY2lhcy9TQzIyMjEtMjAyMCBbMjAxNi0wMDE5Mi0wMV0uZG9j/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

El problema, vuelve a plantear la autonomía de ambos tipos negociales según la mayor o menor amplitud del contenido accidental las partes están obligadas a estipular el definitivo cuyas prestaciones están subordinadas a su celebración y son inherentes a su naturaleza, estructura y función, por lo cual no deben antelarse in integrum.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 153 de 1887

## Extracto

Resulta inviable resolver el contrato de promesa de venta, pues « por el efecto que tendría la celebración misma de la compraventa, no podría darle efectos o validez a la promesa, porque no podríamos cumplir ninguna de las órdenes, ya que por encima de eso estaría lo pactado y lo establecido en el contrato de compraventa ». Expresado de otro modo, esta clase de agravio a la ley sustancial es completamente independiente de cualquier yerro en la valoración probatoria; además, su estructuración se presenta por tres vías, de contornos bien definidos: la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea de la norma de derecho sustancial. En proveído CSJ SC, 7 feb. 2008, rad. 2001-06915-01, la Sala explicó lo siguiente: De otro lado, se indicó previamente que las partes pueden concertar ciertos clausulados que, en realidad, corresponden a negocios jurídicos distintos.

## Texto del documento

Rad. n.° 76001-31-03-011-2016-00192-01
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC2221-2020
Radicación n.° 76001-31-03-011-2016-00192-01
(Aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veinte (2020).
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por Carlos Eduardo Preciado Pazmín frente a la sentencia de 8 de noviembre de 2018, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso verbal promovido por el recurrente contra Jaime Andrés Vargas Ruiz y Ana María Castro Caicedo.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones principales.
El actor solicitó que se ordenara al señor Vargas Ruiz « cumplir el contrato de promesa de compraventa de fecha 18 de septiembre de 2015, con relación a (sic) realizar en favor de Carlos Eduardo Preciado Pazmín lo siguiente: «[1.] La tradición jurídica de los siguientes bienes: a) Del vehículo de placa MJM-537; b) Del apartamento C-509 del piso 5 del Bloque C del Conjunto Multifamiliar Refugio Plaza Campestre; c) Del parqueadero número 35 del mismo conjunto. [2.] A efectuar la entrega material de los bienes indicados en los literales a) y b) de la pretensión anterior. [3.] A la cancelación de la suma de $27.375.000. [4.] A la cancelación de la hipoteca (…) que afecta al apartamento C 509 (…). [5.] A la cancelación de la prenda que afecta el vehículo (…)».
Además, pidió que se condenara al citado convocado « a cancelar la suma de $52.000.000 estipulada como
cláusula penal
por razón del incumplimiento de la promesa de compraventa mencionada ».
2. Pretensiones subsidiarias.
En caso de no prosperar las anteriores súplicas, el querellante reclamó que se declarara la resolución del contrato de promesa de venta, por incumplimiento del querellado, ordenando consecuencialmente « la resolución judicial (…) del contrato de compraventa (…) contenido en la escritura pública n.º 3749 de 2 de octubre de 2015, extendida en la Notaría Novena del Círculo de Cali ».
Además, exigió imponer al señor Vargas Ruiz la misma condena consignada en el petitum principal.
3. Fundamento fáctico.
3.1. El 18 de septiembre de 2015 María Cristina Preciado Pazmín, apoderada general del demandante, celebró con Jaime Andrés Vargas Ruiz un contrato de « promesa de compraventa », en virtud del cual aquella prometió transferir a este el predio distinguido con el folio de matrícula 370-211585 de la ORIP de Cali.
3.2. En contraprestación, el promitente comprador se obligó a pagar $520.000.000, que sufragaría así: (i) $55.000.000, mediante la tradición del vehículo de placas MJM-637; (ii) $120.000.000, « representados en un apartamento (…) del Conjunto Multifamiliar Refugio Plaza Campestre »; (iii) $36.500.000 en efectivo, pagaderos en cuatro cuotas mensuales, y (iv) el saldo ($308.500.000), a través de un crédito hipotecario.
3.3. La apoderada general del promitente comprador otorgó la escritura pública que recogió el contrato de compraventa prometido (n.º 3749 de 2 de octubre de 2015), pero por instrucción de su contraparte negocial transfirió el inmueble en favor de este y de Ana María Castro Caicedo, « esposa del promitente comprador », en cuotas idénticas para uno y otra.
3.4. Aunque « por razones de conveniencia de ambas partes » en ese instrumento público se estableció como precio la suma de $441.000.000, lo cierto es que « el precio real [seguía siendo] el establecido en el contrato de promesa de compraventa, en cuantía de $520.000.000 ».
3.5. Asimismo, en el contrato de compraventa se dejó consignado que los adquirentes sufragaron íntegramente el precio pactado, pero para esa época, el señor Vargas Ruiz « no había hecho la tradición jurídica ante el tránsito del vehículo de placas MJM-637 », ni tramitado el levantamiento del gravamen prendario que pesaba sobre el rodante.
3.6. El convocado tampoco había cancelado la totalidad de las cuotas en efectivo acordadas, ni transferido la propiedad del « apartamento C-509 del piso 5 del Bloque C del Conjunto Multifamiliar Refugio Plaza Campestre », y el « parqueadero No. 35 (…) del conjunto », ni efectuado la entrega material de dichos predios, ni cancelado la hipoteca que los gravaba.
4. Actuación procesal.
4.1. Notificados del juicio, los demandados comparecieron oponiéndose a las súplicas de su contraparte, y formulando las excepciones de « contrato no cumplido »; « inexigibilidad de realizar la escritura pública del bien inmueble distinguido como apartamento C-509 »; « inexigibilidad de realizar el traspaso del vehículo »; « falta de legitimación en la causa por pasiva », y « cobro de lo no debido ».
En síntesis, alegaron que la casa de habitación objeto de la compraventa « se encuentra actualmente bajo una condición jurídica incierta, toda vez que la señora Ana Maryory Guerrero Saldarriaga manifiesta ser la actual propietaria (…) , dado que la aparente venta del mismo llevada a cabo el día 31 de diciembre de 2010 (…) se trata de un posible fraude »; y que, « en el contrato promesa (sic) de compraventa (…) se omitió señalar la fecha, día y hora en las cuales se realizaría por parte del señor Jaime Andrés Vargas Ruiz la escritura pública de compraventa del inmueble identificado como apartamento C-509 (…) , como el traspaso del vehículo (…) de placas MJM-637 ».
4.2. La primera instancia finalizó con sentencia de 5 de octubre de 2017, en la que se desestimaron la totalidad de las pretensiones. Inconforme con esa determinación, el actor formuló recurso de apelación.
II. SENTENCIA IMPUGNADA
El tribunal, mediante providencia dictada en audiencia de 8 de noviembre de 2018, confirmó en su integridad el fallo del a quo , fincándose en los argumentos que seguidamente se compendian:
(i) Pese a la validez del contrato preparatorio, « resulta diáfano (…) que con la suscripción del contrato de compraventa elevado a escritura pública n.º 3749 del 2 de octubre de 2015, desaparecieron las obligaciones estipuladas en la promesa ».
(ii) Aun cuando « en esa promesa se estipuló precio, forma de pago, así como el compromiso para comparecer el 7 de octubre de 2015 a la Notaría 21 de Cali para elevar a escritura pública el acuerdo contentivo del contrato de compraventa, lo cierto es que previo a ese día acordaron modificar el precio, la fecha y la forma de pago adelantando la suscripción de dicha escritura para el 2 de octubre de 2015, y quedando estipulado en la cláusula tercera de ese documento que el precio de la compraventa fue de $441.000.000 ».
(iii) Como se declaró que el precio fue recibido íntegramente, « la conclusión es que con la suscripción de la escritura pública desaparecieron las obligaciones contraídas en la promesa de compraventa. Así, podría hablarse de la promesa de contrato formalmente, por cuanto existe efectivamente, pero jurídicamente dejó de existir, dejó de tener validez en el momento en que las partes acordaron acudir a la notaría y suscribir la escritura pública, inclusive, variando todas las condiciones, desde (sic) la fecha, el precio y la forma de pago ».
(iv) Resulta inviable resolver el contrato de promesa de venta, pues « por el efecto que tendría la celebración misma de la compraventa, no podría darle efectos o validez a la promesa, porque no podríamos cumplir ninguna de las órdenes, ya que por encima de eso estaría lo pactado y lo establecido en el contrato de compraventa ».
III. DEMANDA DE CASACIÓN
El actor interpuso el recurso extraordinario de casación contra el fallo del ad quem , esgrimiendo tres cargos, el primero de ellos con fundamento en la causal primera del artículo 336 del Código General del Proceso, y los dos restantes apoyados en el segundo motivo allí mismo compendiado.
CARGO PRIMERO
El casacionista denunció al tribunal por « haber incurrido en violación directa, por falta de aplicación, de los artículos 1602, 1611, 1625, 1546 del Código Civil, 870 del Código de Comercio y artículo 89 de la ley 153 de 1887 ».
Alegó que se hicieron desaparecer los débitos que adquirió el demandado en virtud del contrato de promesa, de modo que su evidente incumplimiento quedó « impune, porque no genera la resolución del contrato como fue pedido en la demanda ». Y es que, a juicio del ad quem , « todas las obligaciones asumidas en la promesa de compraventa desaparecen con la celebración del contrato prometido ».
Añadió que « la jurisprudencia, de modo general, ha sostenido que la celebración del contrato prometido extingue la promesa, pero ello ocurre cuando el contrato fin celebrado es un calco de la promesa, es decir, agota total y absolutamente las obligaciones que en la promesa previeron las partes. No obstante, tal rotundidad no puede sostenerse cuando la celebración del contrato prometido deja subsistentes obligaciones asumidas en la promesa de compraventa, que si no son satisfechas con la celebración del contrato prometido, siguen siendo ley para las partes ».
CARGO SEGUNDO
Se acusó al tribunal de infringir, de manera indirecta, los preceptos ya citados, además de los cánones 1740, 1741 y 1746 del Código Civil, esto como consecuencia « de errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciación de la demanda y su contestación, en tanto objetivamente el tribunal omitió el texto de la demanda y su réplica, así como eludió el examen del contrato de promesa de compraventa ».
Para el querellante, esa colegiatura no advirtió que lo pretendido (en forma subsidiaria) era la resolución del contrato de compraventa, lo que muestra « la coligación inescindible entre [ese] contrato de promesa y la compraventa solemnizada mediante escritura pública n.º [3749] de 2 de octubre de 2015, que solo parcialmente pretendió cumplir la promesa, (...) qued[ando] a mitad de camino », como puede advertirse de la confesión de su contraparte, que admitió los incumplimientos que le fueron enrostrados, mostrando así « la existencia de esa unidad ».
Insistió en que « la demanda y la contestación (...) [son] prueba irrefragable de dos hechos fundamentales: i.- la unidad o coligación inescindible entre la promesa (...) y la compraventa (...) y ii.- que el demandado confesó la existencia de esa unidad y admitió rampantemente el incumplimiento, el que pretendió justificar con hechos ajenos a la relación contractual ».
A lo anterior adicionó que « el tribunal pasó por alto el contenido material de la promesa de compraventa, pues no observó cómo admite el propio demandado, con alcance de confesión, que no se convino ni fecha, ni hora, ni notaría, para la celebración de la escritura pública necesaria para hacer la tradición del apartamento (...) del Conjunto Multifamiliar Refugio Plaza Campestre (...) , tradición (...) que era parte del precio que se pagaba por la casa pero que (...) cayó en la indeterminación absoluta ».
Como colofón relievó que « el tribunal se comprometió radicalmente con la validez de la promesa de la demanda, inferencia a la cual llegó luego de omitir el examen de la demanda y de la correspondiente contestación, así como el texto de la promesa y los interrogatorios de parte, pruebas a partir de las cuales es irrebatible que la demandada confesó que el contrato de promesa de compraventa trasgredía las exigencias del artículo 1611 del Código Civil, de modo que no estaba determinado el contrato prometido ».
En síntesis, « como el tribunal hizo caso omiso de la demanda y de la contestación en que reposa la confesión del demandado sobre la ausencia de los requisitos legales de la promesa de compraventa, y como igualmente dejó de ver las carencias del contrato de promesa de compraventa (…) , descartó equivocadamente la aplicación del artículo 1742 del Código Civil », que imponía restituir a las partes « al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo ».
CARGO TERCERO[footnoteRef:1] [1: Impropiamente rotulado como «segundo cargo» (f. 41, cdno. Corte).]
Tras señalar la violación indirecta de los artículos 1611 y 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio, por « errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciación de la demanda y su contestación », arguyó el recurrente que el ad quem pretermitió la prueba de que « el programa contractual concebido por las partes en la promesa de contrato, no se agotó con la celebración de la escritura pública n.° 3749 de 2 de octubre de 2015, sino que quedaron subsistentes varias obligaciones a cargo de la parte demandada ».
Precisó que « la relación de doble vía entre la demanda y su contestación, deja demostrado sin lugar a duda alguna que en la réplica la demandada confesó dos cosas, una primera, que luego de la celebración de la escritura pública (sic) n.° 3749 de 2 de octubre de 2015, quedaron subsistentes varias obligaciones a cargo de los promitentes compradores; y adicionalmente, que estos admiten sin ambages que no las cumplieron ».
Expresado con otras palabras, en el fallo confutado se « pasó por alto el contenido material de la demanda y la contestación, incurriendo de ese modo en error de hecho trascendente (...

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

n indicación de los fundamentos generadores de la infracción a la ley, evidenciando la trascendencia del error y refiriéndose a todos los cimientos de la decisión.
No en vano el numeral 2, literal a), del artículo 344 del Código General del Proceso prescribe que:
« En caso de que la acusación se haga por violación indirecta, no podrán plantearse aspectos fácticos que no fueron debatidos en las instancias. Cuando se trate de error de derecho, se indicarán las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas. Si se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizará con precisión y claridad, indicándose en qué consiste y cuáles son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deberá demostrar el error y señalar su trascendencia en el sentido de la sentencia » (resaltado intencional).
En palabras del precedente,
«(...) [e]l recurso de casación debe contar con la fundamentación adecuada para lograr los propósitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo así la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito , lo que supone, además de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuestión, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos específicos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relación de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ahínco la doctrina científica, si la declaración del vicio de contenido o de forma sometido a la consideración del Tribunal de Casación no tiene injerencia esencial en la resolución jurisdiccional y ésta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecerá entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendrá que ser desechado (…)» (CSJ AC2869, 12 may. 2016, rad. 2008-00321-01).
4.5.4. Similares argumentos pueden hacerse extensivos a la alegación según la cual el tribunal pasó por alto que el contrato de promesa estaba viciado de nulidad absoluta, pues la independencia entre dicho acto preparatorio y contrato prometido –a la que se ha hecho reiterada referencia– conlleva que la invalidación del primero no se traslade necesariamente al segundo, de modo que, aun de tener por verificada la premisa propuesta por el casacionista, la compraventa y las prestaciones que de allí se derivaron no sufrirían alteración alguna.
En adición, advierte la Sala que el aludido efecto anulatorio se hizo consistir en que en la promesa « no se convino ni fecha, ni hora, ni notaría, para la celebración de la escritura pública necesaria para hacer la tradición del apartamento (...) del Conjunto Multifamiliar Refugio Plaza Campestre (...) , tradición (...) que era parte del precio que se pagaba por la casa pero que (...) cayó en la indeterminación absoluta ». Sin embargo, olvida el impugnante extraordinario que ese predio no se estaba prometiendo en venta –caso en el cual esas precisiones serían ineludibles–, sino que se incluyó como parte del precio que pagaría el promitente comprador.
Por consiguiente, la mera descripción de lo que se pagaría era suficiente, pues si al amparo de lo dispuesto en los preceptos 1518 y 1864 del Código Civil el precio de la compraventa puede ser determinable, más aun podrá serlo en la promesa que le antecede:
« Si, pues, la compraventa existe cuando el precio es determinable (artículos 1518, 2 y 1864, 2 C.C.), la Corte no encuentra razón valedera para sostener que la promesa de venta sea ineficaz cuando el precio de la venta prometida, sin embargo de no aparecer determinado en aquélla, sí es determinable con las bases que para conocerlo con certeza se establecen en el contrato. De que el ordinal 4º del artículo 89 precitado establezca que la promesa de contrato, para su validez, tiene que determinar el contrato prometido, no puede seguirse necesariamente que se excluya la posibilidad de estipular un precio determinable: la determinación del contrato prometido, cuando de compraventa se trata, no sólo es compatible sino que se aviene con la determinabilidad del precio de la venta » (CSJ SC, 8 jul. 1977, no publicada).
Más recientemente se reiteró que en el contrato de compraventa
«(...) son elementos esenciales, la cosa vendida, el precio que por ella se haga, y la escritura pública como la solemnidad ad substantiam actus, sigue que el otorgamiento de este último acto debe ser el que reste por cumplir, cuando en la promesa los otros componentes del contrato concurran de la manera preestablecida en la ley. Por consiguiente, los sujetos del contrato han de quedar individualizados en el texto de la promesa máxime cuando también son los propios de esta última relación convencional. Por lo que atañe al precio, puede él ser determinado o determinable , acorde con la permisión de los artículos 1864 y 1865; en tal virtud, si el contrato prometido se puede perfeccionar aún en el suspenso de que el precio sea determinable, no existe ningún impedimento para que en la promesa ocurra otro tanto . En cambio, cuando el objeto del contrato es un bien inmueble, la dirección del problema cambia de rumbo, pues si su identificación por medio de los linderos tiene que aparecer en el instrumento público, también debe consignarse en la promesa, porque al notarse su ausencia en ésta simbolizaría que el perfeccionamiento del contrato quedaría supeditado, no sólo al otorgamiento de la escritura pública —como es lo que dice el precepto—, sino también a la averiguación de los detalles por medio de los cuales se distingue un inmueble » (CSJ SC, 12 mar. 1990).
5. Conclusión.
Conforme quedó expuesto, no se verificó la trasgresión directa de la norma sustancial de la que pretendió prevalerse el actor, ni se acreditó tampoco la existencia de los yerros fácticos que enrostró al tribunal, de modo que la impugnación extraordinaria que formuló el señor Preciado Pazmín contra el fallo de 10 de octubre de 2018 no está llamada a abrirse paso.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia que el 8 de noviembre de 2018 proferió la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso verbal promovido por Carlos Eduardo Preciado Pazmín contra Jaime Andrés Vargas Ruiz y Ana María Castro Caicedo.
SEGUNDO. CONDENAR a la demandante al pago de las costas procesales de esta actuación. En la liquidación respectiva, inclúyase la suma de seis millones de pesos ($6’000.000), que señala el Magistrado Sustanciador como agencias en derecho.
Notifíquese y cúmplase
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC2221-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2020-07-10. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2016-00192-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2221-2020%20%5B2016-00192-01%5D).
