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clave: "corte_suprema:providencia:SC2159-2024 [2013-00150-01]"
titulo: "Corte Suprema: el cuestionamiento inaugural no está llamado a abrirse paso"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-09-04"
radicado: "2013-00150-01"
numero: "SC2159-2024"
ponente: "Martha Patricia Guzmán Álvarez"
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# Corte Suprema: el cuestionamiento inaugural no está llamado a abrirse paso

- **Título oficial / radicado:** SC2159-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-09-04
- **Radicado:** 2013-00150-01
- **Número:** SC2159-2024
- **Ponente:** Martha Patricia Guzmán Álvarez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2159-2024%20%5B2013-00150-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC2159-2024%20%5B2013-00150-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyYS4gTWFydGhhIFBhdHJpY2lhIEd1em3hbiDBbHZhcmV6LzkuLSBTZXB0aWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0MyMTU5LTIwMjQgWzIwMTMtMDAxNTAtMDFdLmRvY3g%3D/Civil/interpretaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 50 de 1936
- Ley 153 de 1887
- Constitución Política

## Extracto

Así las cosas, el cuestionamiento inaugural no está llamado a abrirse paso. Décimo segundo. que hasta tanto se cumplan las condiciones y se verifique formalmente la entrega de los remanentes de la liquidación a todos y cada uno de los asociados, entrega que se realizará al mismo tiempo para todos, les queda prohibido a los adjudicatarios del inmueble disponer y/o gravar en manera alguna el inmueble, así como tampoco podrán transferirlo a ningún título, subdividirlo, establecer limitaciones de ninguna índole ni constituir hipotecas, servidumbres, anticresis, arrendamiento por escritura pública, ni lo podrán dar en garantía, ni ser demandados o embargados ejecutivamente por mora en sus obligaciones. En conclusión, las pruebas que el ad quem se abstuvo de incorporar oficiosamente eran impertinentes, pues se refieren a hechos que no contribuyen a refutar la eficacia o validez del acto societario impugnado –que es el tema que se debate–.

## Texto del documento

Radicación n.º 11001-31-03-036-2013-00150-01
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada ponente
SC2159-2024
Radicación n.º 11001-31-03-036-2013-00150-01
(aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).
Se decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por la convocante frente a la sentencia de 14 de diciembre de 2022, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el trámite verbal de impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socios que promovió Laurel Ltda. contra el Frigorífico San Martín de Porres Ltda. – en liquidación.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
La convocante pidió « que se reconozca la ineficacia de las decisiones adoptadas en la junta de socios de la sociedad Frigorífico San Martín De Porres Ltda. – en liquidación, celebrada el pasado 10 de enero de 2013 », aduciendo para ello tres razones principales: (i) « La violación de lo decretado por el señor Superintendente de Sociedades mediante una serie de conductas desplegadas por Santiago Rojas Maya a partir del día 11 de diciembre de 2012, fecha en que se notificó personalmente de la Resolución No. 312-007016, por la cual el Superintendente de Sociedades (...) confirmó la orden de convocar al proceso de liquidación judicial a la compañía Frigorífico San Martín de Porres Ltda. – en liquidación »; (ii) « Haberse aprobado una decisión que estaba suspendida provisionalmente por dos órdenes judiciales »; y (iii) « La cuenta final de la liquidación que fue aprobada no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 247 del Código de Comercio, pues se dejó por fuera de todo reconocimiento económico a la sociedad demandante, sin justificación alguna para esa conducta ».
2. Fundamento fáctico.
2.1. La demandante es titular de una cuota equivalente al 30,45% del capital social del Frigorífico San Martín de Porres Ltda. – en liquidación (en adelante, FSMP).
2.2. En junta de socios de 10 de junio de 2009, se acordó iniciar el trámite de liquidación voluntaria de la sociedad demandada, y se designó como liquidador al señor Santiago Rojas Maya.
2.3. No obstante, mediante Resoluciones 312-001471 de 20 de marzo de 2012 y 312-007016 de 11 de diciembre del mismo año, la Superintendencia de Sociedades decidió que no era viable continuar el trámite de liquidación voluntaria, y convocó al FSMP « a proceso de liquidación judicial ».
2.4. Con posterioridad a esa fecha, y en oposición a lo dispuesto por la Superintendencia del ramo, el liquidador Rojas Maya citó a una reunión extraordinaria de junta de socios, con el objetivo de aprobar la cuenta final de liquidación del FSMP.
2.5. La misma cuenta final de liquidación había sido aprobada en una junta de socios anterior, llevada a cabo el 15 de mayo de 2012. Sin embargo, dicha determinación había sido suspendida cautelarmente, por órdenes de los Juzgados Sexto y Cuarenta y Cuatro Civiles del Circuito de Bogotá, en el marco de sendos juicios de impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socios.
2.6. De ello se sigue que el liquidador Rojas Maya « resolvió eludir el cumplimiento de una orden emanada directamente del Superintendente de Sociedades y contrariarlo en todo, al seguir un camino que tiene visos de ilegalidad ». Además, « pretend[ió] revivir una decisión suspendida judicialmente y burlar los efectos de las medidas cautelares de suspensión de la cuenta final de la liquidación aprobada en la reunión de junta de socios celebrada el 15 de mayo de 2012 ».
3. Actuación procesal.
3.1. Enterada del auto admisorio, la convocada se opuso al petitum , y esgrimió las excepciones de « falsedad de los efectos de la providencia en que se funda la demanda »; « confusión del acta demandada », y « falsedad en cuanto al contenido de la distribución del remanente de los bienes sociales ».
3.2. Por auto de 9 de julio de 2018, se reconoció al Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) “Frigorífico San Martín de Porres Ltda. – en liquidación” como sucesor procesal de la convocada.
3.3. El Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá denegó las pretensiones, con fundamento en que no se habían configurado los vicios del acto impugnado denunciados por la convocante. Inconforme, esta última interpuso el recurso de apelación.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal confirmó el fallo del funcionario a quo , tras advertir que « el objeto del presente proceso, sin margen para la duda, fue impugnar la decisión de aprobación de la cuenta final de la liquidación; y la pretensión, triplemente formulada, fue la declaratoria de ineficacia »; y que « al contrastar los hechos aquí denunciados como fundamento de la ineficacia reclamada, no se logra tipificar ninguno de ellos en alguna de esas normas [se refiere el ad quem a los artículos 186, 427, 429 y 433 del Código de Comercio] (...) de modo que, los fundamentos de hecho de la demanda están bien desenfocados para lograr la ineficacia pretendida ».
En sustento de esa afirmación, adujo que, mediante las resoluciones de 20 de marzo y 11 de diciembre de 2012, la Superintendencia de Sociedades terminó una actuación administrativa, y ordenó la convocatoria al proceso de liquidación judicial, pero solo « en el auto 405-005059, dictado el 10 de abril de 2013, [se] decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad, (...) providencia [que] sí tiene los efectos afirmados por el impugnante; pero a partir de su emisión. La decisión aquí cuestionada –la del acta 036– fue tomada el 10 de enero de 2013; luego, siendo anterior, no comporta el vicio invocado por el censor ».
En cuanto a la alegada « burla de la suspensión judicial de la cuenta final », el ad quem resaltó que la misma decisión que se impugna en este juicio, es decir, la que se aprobó en la junta de socios de 10 de enero de 2013, había sido adoptada por el mismo estamento en una reunión anterior, de 15 de mayo de 2012. Asimismo, quedó acreditado que el acto societario primigenio se encontraba suspendido, como medida cautelar, en el marco de otros procesos de impugnación suscitados entre la convocada y sus socios.
No obstante, « el hecho de haber reproducido la decisión cuyos efectos habían sido suspendidos por decreto judicial » no está tipificado como supuesto de ineficacia, « ni en el Código de Comercio, ni en otra norma especial relacionada con la materia examinada ». Por tanto, « no es jurídicamente posible declarar la ineficacia reclamada, por ausencia de norma que la consagre como sanción para la ocurrencia del episodio ahora sometido a juzgamiento. Desde luego que la actuación cuestionada puede abrir paso a otro tipo de acciones jurisdiccionales (...) ; pero ese litigio es diferente y ajeno al presente, es decir, el de impugnación de las decisiones ».
A ello agregó que « no hay lugar a declarar la nulidad absoluta oficiosa, porque no se halla satisfecho el necesario y exigente presupuesto fáctico establecido en el artículo 1742 del Código Civil, subrogado por el 2º de la Ley 50 de 1936: “cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato”. Es así por dos razones básicas: En primer lugar, los cuestionados actos decisorios no están prohibidos por la ley; son los que corresponde realizar en un trámite privado de liquidación de la sociedad. (...) En segundo término, porque la medida cautelar no recayó sobre la cuenta final en sí misma, de modo que la excluyera del mundo jurídico, sino en la aprobación que le dieron los socios; es decir, sobre sus efectos».
Sobre la denunciada « falta de pago de la hijuela de Laurel Ltda. », destacó el Tribunal que se trataba de una cuestión novedosa, toda vez que « apenas en los alegatos de conclusión se afirman los hechos específicos y determinados en los que se funda la violación del artículo 247 del Código de Comercio; luego, no pueden servir de soporte a la pretensión formulada como cuarta ». Y, si se prescindiera de esa razón formal, en todo caso « no se puede confundir el acto de distribución del remanente de los activos y el de aprobación de aquel –entre los cuales también es notoria la diferencia– con el de la entrega o el pago de lo asignado allí. Esa falta de satisfacción del derecho ya singularizado y definido no es causa de invalidación ».
DEMANDA DE CASACIÓN
Laurel Ltda. presentó seis censuras contra el fallo de segunda instancia; una al amparo de la causal tercera –que será despachada de inicio–; cuatro más por la segunda, y la restante, por la senda de la causal primera.
CARGO PRIMERO
La sociedad actora denunció que « la sentencia del Tribunal resulta incongruente, pues es evidente que (...) dejó de reconocer oficiosamente la existencia de una nulidad absoluta, siendo que tenía el deber de hacerlo, de conformidad con lo establecido en el artículo 1742 del Código Civil ». Lo anterior a pesar de dar por probado que, en la reunión extraordinaria de junta de socios de 10 de enero de 2013, « se reprodujeron las decisiones adoptadas en la reunión de la cual da cuenta el acta 35, cuya inscripción se frustró porque fueron afectadas con la suspensión de sus efectos ».
A juicio de la censora, « con tales palabras, el sentenciador de segunda instancia dejó constancia de que efectivamente había corroborado la existencia de una conducta no solo anómala, sino también verdaderamente ilícita. Sin embargo, al entrar a evaluar los efectos jurídicos que deben derivarse como consecuencia de la comisión de tal actuación ilícita, el Tribunal claudicó en el cumplimiento de la más básica labor que deben procurar los jueces en cualquier ordenamiento jurídico; esto es, la búsqueda de la justicia y el respeto por la legalidad ».
CONSIDERACIONES
1. El artículo 281 del Código General del Proceso establece que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y pretensiones invocados en la demanda, así como con las excepciones probadas y, si es necesario, alegadas por la parte interesada. Se trata de una pauta procesal que impone límites a la función jurisdiccional, con el propósito de salvaguardar los derechos de defensa y contradicción de los ciudadanos, e impedir que las partes enfrenten decisiones inesperadas, relativas a hechos, reclamos o defensas que no estaban comprendidas en el debate procesal.
Ahora bien, si el juez excede el ámbito temático que delimitaron los actos procesales de las partes, incurrirá en el vicio de incongruencia, bien sea en la modalidad ultra petita –otorgar más de lo pedido–, o en la extra petita –decidir sobre puntos no litigados o basados en hechos no invocados–. Asimismo, puede suceder que el yerro formal se configure por omisión, es decir, por la ausencia de una resolución expresa sobre alguna pretensión, excepción u otra cuestión que haya debido abordarse de oficio, caso en el cual la incongruencia se expresará en una tercera modalidad: la citra petita .
2. Precisado lo anterior, resulta evidente que el alegado vicio formal de incongruencia no pudo haberse presentado en este caso, pues el Tribunal analizó de manera explícita la posibilidad de que alguna de las denuncias compendiadas en la demanda –puntualmente, que el acto impugnado hubiera reproducido otro anterior, suspendido como medida cautelar judicial–, habilitara a la anulación oficiosa de lo que se decidió en la junta de socios del FSMP, llevada a cabo el 10 de enero de 2013.
Ocurre que, tras ese análisis, la corporación de segunda instancia concluyó –por mayoría– que no se verificaban los presupuestos para declarar, de oficio, la nulidad absoluta del acto jurídico censurado, pues « no está prohibido por la ley » reproducir decisiones societarias que han sido suspendidas cautelarmente. Adicionalmente, sostuvo que la cuenta final de liquidación no se vio afectada por la medida preventiva decretada, lo que viabilizaba que el órgano social competente debatiera de nuevo sobre su aprobación. Y finalizó señalando, a modo de razonamiento práctico, que los juicios en los que se dispuso aquella suspensión cautelar finalizaron con sentencia desestimatoria de las pretensiones.
En esos términos, no puede afirmarse que el fallo del Tribunal sea incongruente, pues, lejos de obviar la cuestión de la nulidad absoluta del acto societario de 10 de enero de 2013, la descartó expresamente. Además, como la censura en estudio se refiere a un vicio formal, no resulta idónea para rebatir las razones de derecho sustantivo que esgrimió la colegiatura ad quem para justificar la decisión que adoptó en torno a ese punto –a saber, abstenerse de declarar, de oficio, la nulidad absoluta del acto censurado–.
En punto de lo anterior, tiene sentado el precedente:
« “Con relación a la demanda, la incongruencia objetiva por citra petita supone que el juzgador haya omitido resolver alguno de los objetos demandados o que debieron ser considerados de oficio, pero no que los haya negado, porque en este caso, el error, de existir, tendría que buscarse en las razones que condujeron a la negativa , lo cual exigiría un tipo de confrontaci

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

propósito explícito de esa segunda reunión era subsanar una serie de vicios de forma, que habían determinado el rechazo definitivo de la inscripción el acta n.º 35 en el registro mercantil, sin que obren elementos de juicio que sugieran lo contrario.
2.3.3. Tampoco es posible deducir un ánimo fraudulento de la simple coincidencia entre el contenido de una decisión de asamblea o junta de socios suspendida por decisión judicial, y otra renovada por el mismo estamento societario, pues aquella medida previa no traduce, necesariamente al menos, limitación de la capacidad decisoria de ese órgano social sobre las cuestiones a las que se refería el acto afectado por la cautela.
Piénsese en la impugnación del nombramiento de un miembro de junta directiva, con fundamento en la contravención del régimen de inhabilidades pactado en los estatutos. Si, en el marco de ese juicio, se dispone la suspensión de esa determinación, cualquier intento por reproducir el mismo nombramiento en un segundo acto podría conllevar un vicio de nulidad –si es que se prueba que la razón justificante de esa renovada expresión de la voluntad societaria consistió en sustraer al ente del cumplimiento de la cautela, pues, en ese caso, la causa sería ilícita–.
Pero no sucede lo mismo si el acto de nombramiento se impugna por un vicio en la convocatoria a la reunión. En ese caso, a pesar de la medida cautelar, parece legítimo que el estamento competente corrija cualquier defecto formal, y rehaga la designación que se disputa. Allí no se advierte ningún propósito fraudulento, lo que significa que la coincidencia material entre el acto suspendido y el renovado no traduce, necesariamente, nulidad sustancial.
2.3.4. Descartado, pues, que la reproducción de un acto suspendido como medida cautelar en un juicio de impugnación de decisiones de la asamblea o junta de socios conlleve, necesariamente, la nulidad de ese segundo acto, bastaría con insistir en que, en este caso concreto, las pruebas no permiten deducir que el propósito de la decisión de junta de socios de 10 de enero de 2013 hubiera sido burlar las medidas cautelares que afectaron la decisión que adoptó el mismo en reunión de 15 de mayo de 2012.
A lo expuesto en el numeral 2.3.2. cabe añadir que no se acreditó que en los procesos en los que se decretaron las medidas cautelares relativas al acto societario más antiguo se hubieran alegado cuestiones atinentes al contenido de la cuenta final de liquidación del FSMP, o cualesquiera otro de los vicios a los que se refiere la demanda que dio inicio al presente juicio. Antes bien, las escasas evidencias recaudadas, todas ellas por iniciativa del Tribunal, dan cuenta de que lo debatido allí fue un yerro en la convocatoria, que, se insiste, terminó desestimándose.
En esas condiciones, no emerge claramente ilícita la causa que motivó a discutir y aprobar de la cuenta final de liquidación en una segunda reunión de junta de socios. Lo que se sigue de la foliatura es que ese segundo acto societario buscó rehacer uno previo, que presentaba defectos formales relevantes, de tal calado que impidieron la inscripción del acta n.º 35 de 15 de mayo de 2012 en el registro mercantil, según lo advirtió la Cámara de Comercio de Bogotá en oficio de 13 de junio del mismo año.
A ello cabe añadir que las decisiones cautelares de los Jueces Sexto y Cuarenta y Cuatro Civiles del Circuito de Bogotá no implicaban, ni expresa, ni implícitamente, una prohibición para que el estamento social competente continuara con el trámite de liquidación voluntaria del FSMP, ni para que decidiera lo pertinente en torno a la cuenta final a la que se refiere el artículo 248 del Código de Comercio. Esto significa que no existió nulidad absoluta que declarar de oficio, ni menos aún reconocer como secuela de una determinada interpretación de la demanda.
Por lo anterior, no prosperan los cargos cuarto y quinto.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 14 de diciembre de 2022, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el trámite de impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socios que promovió Laurel Ltda. contra el Frigorífico San Martín de Porres Ltda. – en liquidación.
SEGUNDO. CONDENAR a la parte actora, como impugnante vencida, al pago de las costas procesales de esta actuación. En la liquidación inclúyanse diez salarios mínimos legales mensuales vigentes (10 SMLMV), que fija la Magistrada Sustanciadora como agencias en derecho.
Notifíquese y cúmplase
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
(Comisión de Servicios)
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
2
LAUREL LTDA 30,454% $ 15.069.950.003 $ 15.069.950.003 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
MARIA FERNANDA RIVAS PATIÑO 0,172% $ 85.113.003 $ 85.113.003 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SAMPER SALAZAR ANA 0,007% $ 3.463.901 $ 3.463.901 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
SAMPER SALAZAR FERNANDO 0,007% $ 3.463.901 $ 3.463.901 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
BEATRIZ PIEDRAHITA DE UMAÑA 5,437% $ 2.690.461.620 $ 23.376.644 $ 2.410.873.447 $ 51.447.011 $ 5.380.252 $ 3.349.000 $ 12.412.573 $ 150.514.660 $ 33.108.034
TOTAL JULIA URIBE LEYVA 14,555% $ 7.202.440.477 $ 62.578.764 $ 6.453.855.451 $ 137.722.522 $ 14.402.816 $ 8.965.200 $ 33.228.185 $ 402.924.449 $ 88.629.481
TOTAL AGUSTIN URIBE LEYVA 10,541% $ 5.216.140.506 $ 45.320.550 $ 4.673.986.115 $ 99.740.870 $ 10.430.751 $ 6.492.742 $ 24.064.387 $ 291.804.379 $ 64.186.898
TOTAL ENRIQUE URIBE LEYVA 10,541% $ 5.216.140.506 $ 45.320.550 $ 4.673.986.115 $ 99.740.870 $ 10.430.751 $ 6.492.742 $ 24.064.387 $ 291.804.379 $ 64.186.898
TOTAL BERNARDO URIBE LEYVA 10,541% $ 5.216.140.506 $ 45.320.550 $ 4.673.986.115 $ 99.740.870 $ 10.430.751 $ 6.492.742 $ 24.064.387 $ 291.804.379 $ 64.186.898
TOTAL CAROLINA URIBE 1,005% $ 497.317.257 $ 4.319.928 $ 445.521.609 $ 9.507.241 $ 994.253 $ 618.884 $ 2.293.803 $ 27.814.622 $ 6.118.257
TOTAL JUAN PABLO URIBE 1,506% $ 745.233.621 $ 6.475.593 $ 667.838.994 $ 14.251.399 $ 1.490.390 $ 927.711 $ 3.438.422 $ 41.694.249 $ 9.171.297
TOTAL NICOLAS URIBE 1,005% $ 497.317.257 $ 4.319.928 $ 445.521.609 $ 9.507.241 $ 994.253 $ 618.884 $ 2.293.803 $ 27.814.622 $ 6.118.257
TOTAL JUAN MANUEL URIBE 0,499% $ 246.926.678 $ 2.147.065 $ 221.430.545 $ 4.725.233 $ 494.158 $ 307.594 $ 1.140.053 $ 13.824.261 $ 3.040.861
CONTINGENCIAS - LITIGIO 13,731% $ 6.794.689.810 $ 141.253.778 $ 0 $ 6.653.436.032 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
$ 7.179.819.289 $ 55.048.375 $ 34.265.499 $ 127.000.000 $ 1.540.000.000 $ 338.746.881
Equipo de Oficina Equipo de Datos Flota y Equipo de
Transporte
Acueducto,
Plantas y Redes
Mejoras
Frigorífico Ble
TOTAL 100% $ 49.484.799.048 $ 15.542.424.158 $ 24.667.000.000
Socio Participación Valor Efectivo Neto Terrenos Maquinaria y
Equipo

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