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clave: "corte_suprema:providencia:SC205-2021 [2009-00832-01]"
titulo: "Corte Suprema: resulta explicable que no se incurra en error de derecho cuando el juez"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-02-08"
radicado: "2009-00832-01"
numero: "SC205-2021"
ponente: "Alvaro Fernando García Restrepo"
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# Corte Suprema: resulta explicable que no se incurra en error de derecho cuando el juez

- **Título oficial / radicado:** SC205-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-02-08
- **Radicado:** 2009-00832-01
- **Número:** SC205-2021
- **Ponente:** Alvaro Fernando García Restrepo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC205-2021%20%5B2009-00832-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC205-2021%20%5B2009-00832-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBBbHZhcm8gRmVybmFuZG8gR2FyY%2B1hIFJlc3RyZXBvLzIuLSBGZWJyZXJvL1NlbnRlbmNpYXMvU0MyMDUtMjAyMSBbMjAwOS0wMDgzMi0wMV0uZG9j/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

Resulta explicable que no se incurra en error de derecho cuando el juez, se abstiene de decretar pruebas de oficio y, por consiguiente, no procede a darle valoración a prueba inexistente o a prueba irregularmente presentada o incorporada al proceso’.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 153 de 1887
- Decreto 2282 de 1989
- Ley 75 de 1968

## Extracto

De acuerdo con lo anterior, el juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio cuando la ley se lo impone , como por ejemplo, tratándose de la prueba genética en los procesos de filiación o impugnación de la paternidad o maternidad; la inspección judicial en los de declaración de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto al pago de frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc . Así las cosas, encontrándose en firme la medida de suspensión procesal adoptada en el proveído atrás reproducido; proviniendo ella de la autoridad que la ley signó como competente para adoptarla; y habiendo retornado el presente litigio a una fase procesal anterior a la casación, se colige que habrá de atenderse ese mandato y, en tal virtud, ordenarse la remisión de este asunto litigioso al proceso de restitución de tierras atrás identificado, para su acumulación.

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Radicación n.° 05001-31-03-005-2009-00832-01
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
SC205-2021
Radicación n.° 05001-31-03-005-2009-00832-01
(Aprobado en sesión de cuatro de marzo de dos mil veinte)
Bogotá, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintiuno (2021).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el demandante, señor GUSTAVO ADOLFO ARANGO DUQUE , frente a la sentencia del 6 de noviembre de 2014, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario que el impugnante adelantó contra el señor RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA .
ANTECEDENTES
1.
Apreciadas en conjunto las manifestaciones que efectuó el actor en la demanda (fls. 31 a 40, cd. 1), en la reforma de la misma (fls. 54 y 55, cd. 1) y en la etapa de fijación de hechos y pretensiones surtida en la audiencia del 30 de junio de 2010 (fls. 70 y 70 vuelto, cd. 1), se establece que él, en definitiva, solicitó declarar que el accionado incumplió el contrato de promesa de compraventa que los dos celebraron, pero sólo en cuanto hace al “predio denominado ‘La Manada’, propiedad identificada con la matrícula inmobiliaria número 038-0002022 de la Oficina de Registro del Círculo de Yolombó – Antioquia” ; disponer su “resolución” ; ordenar a aquél restituir a éste dicho bien; y condenarlo a pagarle “los intereses moratorios liquidados a la máxima tasa legal permitida” , que estimó en la suma de $1.566.697.856.20, junto con la corrección monetaria y las costas de proceso.
En subsidio, el gestor del litigio pidió condenar al convocado a pagarle la
cláusula penal
pactada en cuantía de $698.130.800.oo y los “perjuicios morales” que sufrió, “equivalentes a (…) 1.000 gramos oro” .
2.
Los hechos en que se soportaron tales reclamaciones, en resumen, refirieron que:
2.1.
El demandante, en su condición de propietario de los inmuebles rurales denominados “ HACIENDA LA MANADA ” y “ HACIENDA SAN CIPRIANO ” , prometió en venta los mismos al señor Zapata Sierra, contrato que consignaron por escrito y del cual se reprodujeron un buen número de sus cláusulas.
2.2.
Con base en la medición topográfica realizada por acuerdo de los contratantes, se estableció que el área prometida en venta fue de 1.623,56 hectáreas y que, por lo tanto, el precio a pagar era la suma de $3.490.654.000.oo, más $100.000.000.oo, en que ellos fijaron el valor de los muebles y enseres que se encontraban dentro de las fincas.
2.3.
La entrega material de los predios se realizó en el mes de diciembre de 2004, conforme a lo convenido.
2.4.
El prometiente comprador, no obstante que realizó distintos abonos parciales, que se relacionaron pormenorizadamente, incumplió el contrato, razón por la cual, mediante otrosí, se redefinió la forma de pago, acuerdo que tampoco atendió.
2.5.
El día 20 de junio de 2005, a la hora de las tres de la tarde, oportunidad prevista para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, solamente se presentó en la Notaría Veintiséis de Medellín el señor Arango Duque, como consta en la certificación que al respecto se expidió.
2.6.
“Estando el señor GUSTAVO ADOLFO ARANGO DUQUE privado de la posesión real de los inmuebles y del derecho a percibir los frutos civiles y naturales desde (…) diciembre de dos mil cuatro (2004), suscrib [ió] y protocoliz [ó] un contrato de compraventa y tradición del predio HACIENDA SAN CIPRIANO de cabida de (669,22) hectáreas a la sociedad INTERGRANJAS S.A. tal y como indicó RODRIGO A. ZAPATA SIERRA que se hiciera” .
2.7.
A partir del 13 de julio de 2005, el comprador pagó las sumas relacionadas en el hecho 21 del libelo, por concepto de intereses, para un total de $830.126.585.oo, adeudando, por tal rubro, al 30 de octubre de 2009, la cantidad de $1.566.697.856.20.
3.
La demanda fue admitida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín, mediante auto del 22 de enero de 2010 (fl. 42, cd. 1), que notificó personalmente el 29 siguiente al apoderado general del convocado, como figura en el acta que obra en el folio 47 del mismo cuaderno principal.
4.
El actor reformó el libelo introductorio mediante escrito que obra en los folios 54 y 55 del cuaderno principal, modificación aceptada por auto del 23 de marzo de 2010 (fl. 58, cd. 1), que se publicitó por anotación en estado.
5.
En tiempo, el accionado, por intermedio del mandatario que lo representó, contestó la demanda (fls. 48 a 52, cd. 1) y su reforma (fls. 59 a 62, cd. 1), escritos en los que se opuso al acogimiento de las pretensiones elevadas y se pronunció de distinta manera sobre los hechos que las soportaron. Con carácter de meritorias, propuso las excepciones que designó como “ [p] ago parcial” e “ [i] mputabilidad del incumplimiento” .
6.
Surtido el trámite de la primera instancia, el juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia del 5 de marzo de 2013 (fls. 119 a 134, cd. 1), en la que declaró la “nulidad absoluta” del contrato de promesa base de la acción y del otrosí que lo adicionó, “en lo que atiende al inmueble identificado con folio de matrícula 038-0002022 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yolombó – Antioquia” .
Le ordenó al actor restituirle al demandado, dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria del fallo, so pena de pagar intereses civiles al 6% anual, la suma de $1.018.952.300.oo, ya indexada a febrero de 2013; y al segundo entregarle al primero, en el mismo término, la hacienda “La Manada” , a la que corresponde la matrícula inmobiliaria atrás relacionada.
Por lo demás, dispuso informarle lo decidido al Juez Primero Civil el Circuito de Medellín para los fines de la medida cautelar que decretó y se abstuvo de condenar en costas.
7.
Apelado que fue dicho fallo por ambas partes, el Tribunal Superior de Medellín, mediante el suyo, que data del 6 de noviembre de 2014, lo confirmó (fls. 71 a 86 vuelto, cd. 3).
8.
Contra la sentencia de segunda instancia, los dos extremos procesales interpusieron recurso de casación, impugnaciones que fueron concedidas por el ad quem . En la oportunidad para presentar las correspondientes demandas sustentantes de las mismas, solamente lo hizo el actor, razón por la cual, mediante proveído del 27 de agosto de 2015 (fls. 52 y 53 precedentes), se declaró desierto el reproche extraordinario del demandado.
LA SENTENCIA DEL AD QUEM
Luego de dejar memoria de lo acontecido en el proceso, de compendiar el fallo de primera instancia y de condensar los cuestionamientos que cada una de las partes le formularon, el Tribunal, para arribar a la determinación que adoptó, consignó los fundamentos que a continuación se plasman:
1.
La eventual confirmación del proveído apelado, “haría innecesario” examinar otros defectos o vicios del contrato base de la acción, pues el detectado por el a quo sustenta suficientemente su invalidación.
2.
La interpretación armónica de los artículos 1740 a 1742 del Código Civil, permite colegir que la insatisfacción de un requisito o formalidad que la ley prescribe para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a su naturaleza, es causa de nulidad absoluta de los mismos; y que en tanto aparezca de manifiesto en ellos, puede y debe ser declarada por el juez, aun sin mediar petición de parte.
3.
A términos del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, reformatorio del 1611 del Código Civil, la promesa de contratar produce obligaciones cuando cumple la totalidad de los requisitos allí enlistados, entre ellos, “ [q] ue se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales” .
4.
De la cláusula sexta del convenio ajustado entre los litigantes, que el ad quem transcribió, “ [s] e desprende (…) , sin mayor esfuerzo interpretativo, que adicional a los dos (2) inmuebles descritos en el numeral 3 del aludido contrato, finca rural denominada LA MANADA y HACIENDA SAN CIPRIANO, hacían parte otros que no fueron especificados ni individualizados, ‘… propiedades ubicadas en Medellín y Bogotá …’ . (…) . En la presente cláusula, es evidente la falta de claridad y de identificación de los bienes inmuebles que eran objeto como parte de pago del precio, de los cuales, solo se dijo que eran ‘propiedades ubicadas en Medellín y Bogotá’, sin describirlas con sus respectivos linderos o en su defecto, fijarlas de una forma más específica, lo cual evitaría la indeterminación avizorada” .
5.
La destacada vaguedad, constituye infracción a la comentada exigencia normativa, como lo tiene dilucidado la Corte, en la pluralidad de fallos que reprodujo parcialmente el Tribunal.
6.
Así las cosas, el ad quem concluyó que, en el caso sub lite , “al no cumplir la respectiva cláusula con los requisitos establecidos por las normas citadas, se confirma la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa suscrito por GUSTAVO ADOLFO ARANGO DUQUE y RODRIGO ALBERTO ZAPATA SIERRA” .
7.
Pasó el sentenciador de segunda instancia a examinar el tema de las prestaciones mutuas, en relación con el cual puso de presente que la regla general aparece prevista en el artículo 1746 del Código Civil, norma que explicó con ayuda de la jurisprudencia.
A continuación, se ocupó por separado de los siguientes subtemas:
7.1.
Mejoras: Tras reproducir la primera parte del artículo 966 del Código Civil, observó que “ [n] o existe ningún elemento probatorio, en el sentido que el demandado -prometiente comprador, haya realizado mejoras en el inmueble que debe restituir al prometiente vendedor - demandante, a pesar de las pruebas que se intentó evacuar en primera instancia, como se explicará en acápites posteriores” .
7.2.
Frutos: Previa alusión al contenido de los artículos 961, 964 y 717 del Código Civil, así como a un fallo de esta Corporación y a la buena fe del demandado, el Tribunal infirió que éste “teóricamente estaría obligado a restituir los frutos percibidos a partir de la contestación de la demanda” ; y que “ [s] in embargo, no hay pruebas en tal sentido” .
8.
En acápite posterior, en el que relacionó los elementos de juicio pedidos y decretados, así como todas las medidas que se adoptaron para que el dictamen pericial ordenado en primera instancia lograra evacuarse, añadió:
En este orden, considera esta Sala de Decisión Civil, que en primera instancia, se intentó evacuar la prueba referente a los frutos que hipotéticamente produjo el inmueble, pero no fue posible debido a las dificultades en el desarrollo de la experticia, a la actitud de las partes, máxime que se dictó auto ordenando pasar el expediente al Despacho con el fin de dictar sentencia, y los involucrados en el proceso guardaron silencio; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 361 del C. de P.C., en lo tocante a las pruebas de segunda instancia, para concluir que no es dable practicar pruebas en esta etapa del proceso.
9.
Al cierre, estimó improcedente el derecho de retención solicitado.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Contiene dos cargos, ambos fincados en la causal primera de casación, mediante los cuales se denunció, por igual, la violación del artículo 1746 del Código Civil, habida cuenta que el ad quem , en desarrollo de las prestaciones mutuas derivadas de la nulidad contractual que decretó, no condenó al pago de frutos, con la diferencia de que tal quebranto se planteó, en la censura inicial, por la vía directa y, en la otra, por la indirecta.
La Corte solo se ocupará de la segunda acusación, por ser la llamada a prosperar.
CARGO SEGUNDO
Como se dijo, con estribo en el motivo inicial del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se enrostró al Tribunal haber quebrantado indirectamente el 1746 del Código Civil, como consecuencia de error de derecho consistente en la falta de aplicación del 307 del Código de Procedimiento Civil y en la indebida utilización del 361 de la misma obra.
Luego de trascribir esos dos preceptos, la proponente de la censura, en apoyo de ella, adujo:
1.
Esa autoridad “eligió incorrectamente la norma procesal aplicable, de cara a la renuncia realizada por el [d] emandante a la prueba pericial, error que a groso modo consistió en dar una estricta aplicación al [a] rtículo 361 del Código de Procedimiento Civil cuando en su lugar ha debido aplicar el [a] rtículo 307 de la misma codificación” .
2.
El ad quem justificó su negativa al reconocimiento de los frutos, de un lado, en “la renuncia de la prueba pericial” por parte del actor; y, de otro, en la aplicación del canon 361 del estatuto procesal civil, postura que comportó el desconocimiento del artículo 307 ibídem .
3.
Traduce lo anterior, que dicha autoridad “desconoció el deber oficioso que se consagra con (…) carácter de principio general de la condena en concreto, dispuesto en el [a] rtículo 307 del Código de Procedimiento Civil, que establece que cuando el juez considere que no existe prueba suficiente para condenar en concreto deberá decretar de oficio las pruebas que estime necesarias, en instancia superior como lo fue el caso objeto de estudio, y no podrá eximirse de dic

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

as víctimas del conflicto armado interno…, decretar la suspensión del trámite por medio del cual será resuelto el recurso extraordinario de casación, hasta tanto se dé por terminado el que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas » (folio 50).
Petición de acumulación reiterada el 11 de noviembre de 2015, con la advertencia de que « el presente asunto merece una especial consideración y una interpretación integral en relación a las normas relacionadas con las causales de suspensión del proceso civil, dado que el señor Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias ‘Ricardo’, actualmente purga pena impuesta por el Juzgado Adjunto Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, por delitos de desplazamiento forzado » (folios 68 y reverso).
De forma agregada, el 7 de mayo de 2018 el Juzgado 1º Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja, al admitir la solicitud de restitución o formalización con relación a los predios La Manada y San Cipriano , dispuso:
Ordenar la suspensión de los procesos judiciales, notariales y administrativos que se hayan iniciado en relación con el bien objeto de la solicitud… y para ello infórmese a las demás autoridades judiciales a través del LINK Restitución de Tierras… la iniciación del presente trámite, en pro de facilitar la acumulación procesal de que trata el artículo 90 de la ley 1448… y con el fin de concentrar en este trámite especial, todos los procesos o actos judiciales, administrativos o de cualquiera otra naturaleza que adelanten las autoridades públicas o notariales, en los cuales se hallen comprometidos derechos sobre el predio objeto de restitución o de los predios sobre los cuales se encuentra traslapado, evento en el cual perderán competencia sobre dichos trámites, debiendo remitirlos a este juzgado en el término de la distancia (negrilla fuera de texto, folio 79 reverso).
Proveído comunicado a esta Corporación por correo electrónico el 24 de agosto de 2018 (folios sin numerar).
7.2. En este contexto, como con la admisión de la solicitud de restitución de tierras, por mandato del literal c) del artículo 86 de la ley 1448, debía suspenderse el proceso adelantado por la justicia ordinaria, amén de la pérdida de competencia allí establecida (canon 95 idem ), no era dable emitir un fallo de casación.
No obstante, en aras de garantizar la observancia de los numerales 1º de los artículos 235 de la Constitución Política y 25 del Código de Procedimiento Civil (actual 30 del Código General del Proceso), que imponen privativamente a la Sala la resolución del recurso extraordinario, así como en garantía de los principios de unidad, integridad, economía y seguridad jurídica, propios de la justicia transicional, la única posibilidad de la cual podía hacerse uso era que la Corte asumiera el conocimiento de todo el trámite de restitución de tierras sobre el predio La Manada y, en desarrollo del mismo, decidiera tanto el recurso extraordinario de casación como lo relativo al pedimento restitutorio.
En otras palabras, el encontrarse pendiente de resolución la casación, cuyo estudio sólo puede ser acometido por el órgano de cierre de la justicia ordinaria -por expresa disposición constitucional-, era menester que su decisión se realizara de forma concentrada con la solicitud de restitución de tierras despojadas, asumiendo la Sala el conocimiento de ambos procesos, en garantía de la acumulación procesal prevista en favor de la justicia restaurativa.
7.3. La posición adoptada mayoritariamente por la Sala, sin ningún tipo de motivación, mantuvo la competencia en la Corte para resolver el recurso de casación, sin detenerse a considerar que, por disposición del inciso 2° del artículo 95, perdió su competencia una vez fue informada sobre la iniciación del procedimiento de restitución.
Además, tal determinación aparejará que el juez de tierras, por ser un inferior funcional de la Sala, no podrá desatender lo dicho en casación, lo que puede construir una talanquera a la resolución jurídica del despojo; una tesis contraria, trasluciría que la decisión de casación se torna una mera formalidad, por ser susceptible de ser desatendida en el marco del trámite restitutorio. La paradoja así evidenciada se queda sin ninguna resolución.
Se agrega que, la remisión del expediente a la justicia especializada antes del proferimiento el fallo de alzada, constituye en un completo olvido de su papel como órgano de cierre, pues de haberlo hecho habría asumido la competencia de todo el litigio, ordenando que el expediente acumulado se remitiera con el fin de salvaguardar su competencia privativa en temas casacionales, a partir de lo cual podría emitir decisiones con fines de unificación.
8. En suma, la Sala no podía fallar la casación de espaldas al proceso de restitución de tierras, sino que, en su lugar, debió propender por la acumulación procesal legislativamente establecida y asumir competencia para desatar todas las controversias relacionadas con el predio La Manada , razón para salvar mi voto frente al veredicto aprobado mayoritariamente.
Fecha ut supra .
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
� Florencio Hubeñak, La revolución del 404 en Atenas en el contexto de la crisis de decadencia de la polis, En Memorias de historia antigua, ISSN 0210-2943, n.° 8, 1987, p. 101.
� Así, en países como Argentina, Chile y Uruguay, se instituyó un terrorismo de estado con ocasión de las denominadas dictaduras del Cono Sur. Por su parte, en El Salvador, Guatemala, Colombia y Perú se configuraron enfrentamientos armados internos contra las guerrillas.
� Organización de las Naciones Unidas, El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, Nueva York, 2004, p. 6.
� Teitel Ruti G., Justicia Transicional, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2017, p. 536.
� Organización de las Naciones Unidas, Justicia transicional y derechos económicos, sociales y culturales, Nueva York, 2014, p. 5.
� Exposición de motivos de la ley 1448 de 2001.
� Departamento Nacional de Planeación, 10 nov. 1999, p. 4.
� Consultado el 19 de septiembre de 2020. Disponible en el sitio web https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394.
� Exposición de motivos de la ley 1448 de 2001.
� Hernando Morales Molina, Curso de derecho procesal civil, Ed. ABC, 1991, p. 50
� Equivale al numeral 1° del artículo 30 del Código General del Proceso.
� «La competencia por razón de los factores subjetivos, objetivo y funcional se llama absoluta, pues está establecida en interés general, por lo cual las reglas que las gobiernan son de orden público y como tales se sustraen al arbitrio de los litigantes, quienes no pueden derogarlas» (Hernando Morales Molina, Curso de Derecho Procesal Civil, A-B-C, Bogotá, 1991, p 49).
� Víctor Fairén Guillén, Teoría general de derecho procesal civil, UNAM, México, 2006, p. 254.
� Michele Taruffo, El vértice ambiguo, Palestra, Lima, 2006, p. 261.
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