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clave: "corte_suprema:providencia:SC20448-2017 [2002-00068-01]"
titulo: "Corte Suprema: no en balde se exige, a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, calidad"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2017-12-05"
radicado: "2002-00068-01"
numero: "SC20448-2017"
ponente: "Margarita Cabello Blanco"
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# Corte Suprema: no en balde se exige, a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, calidad

- **Título oficial / radicado:** SC20448-2017 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2017-12-05
- **Radicado:** 2002-00068-01
- **Número:** SC20448-2017
- **Ponente:** Margarita Cabello Blanco
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC20448-2017%20%5B2002-00068-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC20448-2017%20%5B2002-00068-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE3L0RyYS4gTWFyZ2FyaXRhIENhYmVsbG8gQmxhbmNvLzEyLiBEaWNpZW1icmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzIwNDQ4LTIwMTcgWzIwMDItMDAwNjgtMDFdLmRvYw%3D%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

No en balde se exige, a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, calidad que deberá establecerse, inexorablemente, con sujeción al tamiz de la jurisdicción.

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

Por consiguiente, es necesario preguntarse si están probadas puntualmente en el expediente, las pérdidas de equipos, maquinarias, vehículos, materiales, materias primas, insumos, de lo que podría llamarse la “estructura productiva de la plantación de banano”. Al respecto, según lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 177 del C. de P.C., y en el actual 167, párrafo final del Código General del Proceso, el señalado referente económico, al ser hecho notorio, no requiere prueba en el proceso. RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2010, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, en el sentido de que se condena a C.I. BANACOL S.A., pagar a favor de la demandante TERESITA DEL NIÑO JESÚS FERNÁNDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO, como indemnización de perjuicios materiales a título de daño emergente la suma de $1.023.760.146.85, MONEDA CORRIENTE.

## Texto del documento

Radicación n° 47001-31-03-002-2002-00068-01
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada Ponente
SC20448-2017
Radicación n° 47001-31-03-002-2002-00068-01
(Aprobado en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete)
Bogotá, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).
Casada la sentencia de 17 de agosto de 2011 proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario instaurado por la señora TERESITA DEL NIÑO JESÚS FERNÁNDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO contra C.I. BANACOL S.A., procede la Corte a emitir la correspondiente sentencia sustitutiva, una vez evacuada la prueba pericial ordenada de oficio para determinar la indemnización de perjuicios por concepto de daño emergente.
I. ANTECEDENTES
1. Entre las partes citadas precedentemente, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, despacho al que le fue asignado el libelo luego del reparto de la demanda pertinente, cursó el proceso ordinario de responsabilidad contractual señalado líneas atrás.
2. La demandante, en el escrito correspondiente, solicitó que se declarara que entre ella y la accionada se había concertado un contrato de mandato que denominaron “administración delegada”, a través del cual la citada sociedad, como contratista, se obligó para con aquella, quien fungió como contratante, a “rehabilitar y explotar la finca ‘Diana María’”. En dicho compromiso quedó comprendida, adicionalmente, la “custodia y conservación” del predio mencionado. Renglón seguido reclamó que, por razón del incumplimiento de la empresa citada, se decidiera sobre la “resolución y terminación” del negocio mencionado (pretensión 4ª), y, subsecuentemente, le fuera impuesta la obligación de pagar los perjuicios generados tanto en la modalidad de daño emergente como de lucro cesante.
3. La demanda presentada fue admitida a través de la providencia de dieciséis (16) de abril de dos mil dos (2002), determinación que se dio a conocer a la sociedad accionada en forma personal como así quedó registrado en la constancia dejada el doce (12) de diciembre de dos mil dos (2002) –folio 294, cuaderno principal-. En tiempo, dicha parte, concurrió a dar respuesta a las afirmaciones de la actora, habiendo aceptado el hecho 1º; empero negó algunos y, respecto de otros, solicitó que se probaran; adicionalmente, confrontó las pretensiones habiéndose opuesto a su prosperidad, propósito para el cual negó la existencia de la relación aludida; además, propuso la excepción que llamó ‘Inexistencia de obligaciones a cargo de Banacol, cuya fuente haya sido un contrato ‘de administración delegada’ (folios 89 a 98, cuaderno No. 1).
4. Agotadas las etapas dispuestas para esta clase de debates, el a-quo, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil diez (2010), decidió la instancia (folios 371 a 377, cuaderno No. 1), en fallo estimatorio de las súplicas de la actora. Según lo expuso, en el proceso quedó probada la existencia del contrato de mandato de ‘administración delegada’ celebrado entre las partes; también encontró demostrado el daño y la relación de causalidad; concluyó, entonces, que los reclamos formulados procedían lo que le permitió disponer la negación de la excepción propuesta.
En cuanto a los perjuicios reclamados como consecuencia del incumplimiento contractual, estimados por la actora en cuantía total de $5.893.991.399, representados en pérdida, destrucción, deterioro de la finca, inversiones, gastos y costos por realizar, pérdidas económicas de equipos, maquinarias, vehículos, materiales, obligaciones contraídas por causa u ocasión de la administración delegada, pérdidas económicas, el valor de lo que hubiere ganado o percibido con la siembra, venta y exportación del banano; apreció que no existía prueba alguna que evidencie los perjuicios reales y ciertos que sufrió la actora por el incumplimiento contractual, así como tampoco soportes, documentos de contabilidad o archivos que registren las actividades desarrolladas en la finca “Diana María”, y el valor de las cajas de banano dentro de ese mismo periodo, con lo cual no fue posible obtener la información necesaria para establecer lo producido en el tiempo de ejecución del mentado contrato, por lo que en el numeral 5º de la resolutiva del acto inicial de decisión final se negó, el valor de los perjuicios materiales y el lucro cesante reclamados.
De otro lado, dentro del rubro del daño emergente , solamente se reconoció la pretensión vinculada a los conceptos de las inversiones, gastos y costos que debe realizar la demandante para el desarrollo y rehabilitación de la finca “Diana María”, en una suma que, no obstante que el perito designado en el proceso había conceptuado un valor de $2.993.001.800, se estimó en la cantidad de $1.600.000.000, m/cte., determinación que justificó en la medida en que esa cuantía había sido el límite fijado por la demandante en el escrito presentado por razón del detrimento sufrido; luego, conceder más de lo pedido, arguyó, estaría en contravía de lo autorizado en la ley.
5. La decisión memorada suscitó, a instancia de uno y otro litigante, la presentación del recurso de apelación que resuelto por el ad -quem implicó la confirmación del proveído censurado; aunque redujo la condena impuesta por el a-quo en un porcentaje del 50%, es decir, la condena por el daño emergente en los términos expuestos en precedencia, se concretó en la cantidad de $800.000.000, al divisar la presencia del fenómeno jurídico de la concurrencia de culpas, que no vislumbró el juzgado de instancia. Se mantuvo las demás ordenaciones del fallo de primer grado.
6. Contra el fallo del ad quem, la promotora y la enjuiciada formularon recurso de casación. La inicial nombrada, en cuatro cargos expuso la razón de su inconformidad, todos a través de la causal primera de casación; tres de ellos por la vía indirecta; el último fue delineado por la vía directa. A su turno, la sociedad accionada presentó seis acusaciones; la aducida en primer lugar, la formuló bajo la égida de la causal segunda del artículo 368 del C. de P.C., las restantes cinco fueron canalizadas por la vía indirecta de la primera senda.
6.1 De los cargos presentados por la demandante, solo prosperaron el primero (parte) y el segundo; de la demandada únicamente salió avante el quinto.
6.2 En virtud de haber triunfado parcialmente el reproche del demandante, se quebró en casación el límite que encontró el juzgador de 2º grado en el quantum del daño emergente, según la interpretación que realizó del petitum de la demanda, quedando resuelto que sería el que se determinase a través de la prueba pericial, que para tal efecto se decretó de oficio, al también salir adelante el cargo quinto propuesto por la convocada al proceso, referido a la falta de idoneidad de la experticia rendida en primera instancia y que sirvió de apoyo al acto jurisdiccional que condenó a la demandada a pagar la indemnización dineraria allí fijada, a título de daño emergente, por falta de una debida fundamentación; contrario a lo afirmado por el Tribunal, que lo había acogido para respaldar la condena impuesta a la convocada.
Puso de presente la sentencia de casación dictada el 23 de septiembre de 2014, para destacar la deficiencia del dictamen pericial rendido en el proceso, que el propósito de la experticia « era precisar qué deterioros había sufrido el predio y qué se necesitaba para restablecerlo. En ese ejercicio, se imponía fijar el estado de cosas al momento en que la administradora inició labores en el predio afectado y confrontarlo con aquella situación en que quedó el bien raíz para cuando sobrevino el abandono y/o la terminación intempestiva del pacto».
Para tener mayores elementos de juicio al momento de proferir la sentencia sustitutiva, la Corte ordenó una nueva experticia y elaboró un cuestionario que debía responder el perito a fin de verificar los siguientes aspectos:
(i) Los daños generados a la finca de propiedad de la demandante de conformidad con lo pedido en la demanda.
(ii) Deberá precisar, además, atendiendo las pruebas existentes en el proceso, el estado del fundo al momento de la entrega, incluyendo la relación de bienes e infraestructura.
(iii) También, las condiciones en que quedó cuando se produjo la renuncia del administrador, señalando qué maquinaria fue devuelta y cuál no; además, las características de la misma; y
(iv) Precisará, así mismo, el costo de la herramienta o maquinaria que haya de reponer o recuperar, indicando la razón de ese concepto.
Se memora, que la pretensión acogida en primera instancia derivada de la responsabilidad civil contractual deducida contra C.I. Banacol S.A., cuyo contenido económico será determinado en esta providencia, como consecuencia de haberse casado parcialmente la sentencia de segunda instancia, que la modificó sólo en el quantum dinerario inicialmente fijado por el a-quo; únicamente concierne al daño a resarcir por « concepto de las inversiones, gastos y costos que debe realizar [la demandante] para el desarrollo y rehabilitación de la finca “Diana María”».
CONSIDERACIONES
1. Al examinarse los presupuestos procesales, la Corte advierte la satisfacción de los mismos y la ausencia de causal de nulidad procesal, lo cual habilita la emisión de la sentencia meritoria. Así mismo, se halla cumplido el presupuesto de la legitimación activa y pasiva, en vista de que quienes integran los extremos de la relación jurídica procesal son los mismos que se obligaron en el contrato de administración delegada, cuya existencia se encuentra definida.
2. Sabido es que sólo se indemniza el daño debidamente probado; pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual, si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma.
En la teoría de la responsabilidad civil si bien se impone al victimario, por regla general, la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte, injustificada y dañinamente, la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente, no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta.
De tal modo, que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesarias su presencia y su justificación, para que se abra paso la indemnización de perjuicios.
2.1 Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma; lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito “más importante (…), al punto que, sin su ocurrencia y demostración, no hay lugar a reparación alguna” (CSJ, SC del 1º de noviembre de 2013, Rad. n.° 1994- 26630-01; CSJ, SC del 17 de noviembre de 2016, Rad. n°2000-00196-01).
Para que sea “susceptible de reparación, debe ser ‘directo y cierto’ y no meramente ‘eventual o hipotético’, esto es, que se presente como consecuencia de la ‘culpa’ y que aparezca ‘real y efectivamente causado’” (CSJ, SC del 27 de marzo de 2003, Rad. n.° 6879).
La condición de ser directo reclama, en la responsabilidad contractual, que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades, o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende.
Esta Corporación sobre la temática tratada, entre muchos otros pronunciamientos, ha puntualizado:
No en balde se exige, a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse, inexorablemente, con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba o determina su existencia -como hecho jurídico que es-, a la vez que su extensión y medida, el Juez no poseerá argumento válido para fundar, en línea de principio, una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento , debiendo, en tal virtud, exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante, a lo largo de la litis, haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia (v. gr.: intereses moratorios). (…).
Sobre este particular ha señalado la jurisprudencia de la Sala, ‘repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en q

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

s- mano de obra, equipos, etc.); la adquisición de semillas; control preventivo de plagas (insumos), los canales de riego, construcción de cable vía, siembra, manejo del cultivo; es la llamada fase del establecimiento en la que se forma la estructura productiva de la plantación; luego, la planta alcanza un grado de desarrollo y comienza el ciclo de producción (cosecha), que es la última etapa del cultivo de banano.
Posteriormente, sigue la fase de la poscosecha que comprende el alistamiento, empaque y transporte, que se relaciona más a la explotación, que demanda gastos, y estos junto a las inversiones iniciales conforman los costos de producción[footnoteRef:1]. [1: Moreno Mena, J., Blanco Urina, C. y Mendoza Torres, R. (2009). Buenas prácticas agrícolas en el cultivo del banano en la Región del Magdalena. 1st ed. Medellín: IMPRESOS S.A. Descargado de: http://cep.unep.org/repcar/proyectos-demostrativos/colombia-1/publicaciones-colombia/cartilla-banano-definitiva.pdf ]
Un aspecto para tener en cuenta es que el cultivo de banano, tiene por característica el de ser permanente, en la medida que no agota su vida productiva en el primer año de cosecha, sino que dura varios años, y, como todo cultivo, requiere de inversiones del empresario durante un periodo significativo antes de recoger la primera cosecha, tiempo durante el cual este no percibe ingresos.
6.3 A juicio de la Corporación si se perdió tanto la cosecha como la plantación de banano y la rehabilitación conlleva habilitar la finca para colocarla en las mismas condiciones adecuadas para la producción de banano de exportación, se impone por la fuerza de los hechos adelantar labores de preparación de terrenos, como limpieza, labranza y nivelación del terreno; lo mismo que la construcción de red de drenaje, material vegetal (semilla) y siembra, invertir recursos en el mantenimiento de la cosecha.
No sucede igual respecto del sistema de riego, construcción de cable vía, cableo aéreo, otros gastos de ingeniería y recuperación empacadora, que si bien conforman la estructura productiva de la plantación, como ya se dijo en otro aparte de esta sentencia, no existe certeza del estado o condiciones en que se encontraban al momento de la entrega de la administración de la finca; mucho menos a la fecha de la renuncia a seguir con la misma (23 de septiembre de 1994), como lo registró el dictamen pericial; tampoco hay elementos de convicción en el expediente que demuestre su destrucción o desmantelamiento total, y que esa desaparición tuviese por causa el mentado abandono o renuncia a continuar con el contrato de administración delegada, no siendo procedente admitir los valores referenciados en el informe del experto.
6.3.1 La suma que se establece como costos de producción por hectárea de las labores necesarias para la rehabilitación de la propiedad de la actora, será aceptada por la Sala, por cuanto no refulge abusiva, sino que apunta a ser seria y fundada, aunado que el dictamen proviene de un experto en cuestiones agrícolas; persuasión que se refuerza en cuanto que la misma parte convocada, también experta en esta temática, no haya cuestionado esos valores.
Para efectos del cálculo en pesos de los conceptos admitidos, se tomará como área de terreno de la finca “Diana María” 101 hectáreas, guarismo que resulta de sumar las dos extensiones territoriales registradas en los respectivos folios de matrículas inmobiliarias; y aplicado el porcentaje del 10% de la zona no productiva, queda un suelo destinado al cultivo de banano de 91 hectáreas, que será el referente a tener en cuenta para multiplicar por el costo-valor hectárea, como se detalla a continuación:
Labores
Costo total
Costo/H
Preparación de terreno
251.160.000
2’760.000
Drenajes
231.777.000
2’547.900
Material vegetal y siembra
359.996.000
3’956.000
Mantenimiento a cosecha
991.441.815
10’894.965
Total
1.834.374.815
20.158.865
Con todo, la indemnización de perjuicios precedentemente indicada se reducirá en un 50%, por efecto del reconocimiento del fenómeno de la “concurrencia de culpas” (incidencia causal), que hizo el Tribunal, dado que el cargo propuesto en casación por la accionante que pretendía su quiebre, no prosperó. Siendo así, el total de la indemnización de perjuicios que debe pagar la empresa demandada a la actora es de $917.187.407.5.
6.3.2 En vista que el dictamen pericial se presentó el 15 de mayo de 2015, la Corte aplicará lo dispuesto por el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, hoy 283 del Código General del Proceso, y actuando como juez de segunda instancia, actualizará el mencionado valor hasta la fecha de la presente sentencia, utilizando para ello, la siguiente fórmula: Va = Vp X Índice final
Índice inicial
De donde la suma actualizada ( Va) = Valor histórico (Vh) multiplicado por el índice de precios al consumidor del mes correspondiente al de la actualización (índice final) , dividido por el IPC del mes a partir del cual ha de comenzar la actualización (índice inicial) .
Al respecto, según lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 177 del C. de P.C., y en el actual 167, párrafo final del Código General del Proceso, el señalado referente económico, al ser hecho notorio, no requiere prueba en el proceso.
El índice de precios al consumidor último disponible es de 136,12, y para el 13 de mayo de 2015, fecha de la presentación del dictamen pericial, era de 121.95, haciendo la operación aritmética pertinente, el valor actualizado sería: Va= $917.187.407.5 X 136.12 /121.95, la cual arroja la cantidad de $1.023.760.146.85.
7. Por haber prosperado parcialmente el recurso de apelación, se impondrá el pago de las costas en ambas instancias a la parte demandada, pero sólo en un 50%.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, en sede de segunda instancia,
RESUELVE
“PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2010, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, en el sentido de que se condena a C.I. BANACOL S.A., pagar a favor de la demandante TERESITA DEL NIÑO JESÚS FERNÁNDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO, como indemnización de perjuicios materiales a título de daño emergente la suma de $1.023.760.146.85, MONEDA CORRIENTE.
SEGUNDO: CONFIRMAR las restantes partes del fallo impugnado.
TERCERO: DECLARAR no probada la objeción por error grave que formulara la parte demandada al dictamen pericial practicado en sede de casación.
CUARTO: CONDENAR a la citada accionada en costas en ambas instancias, en un 50%. Como agencias en derecho en segunda instancia, le corresponde a la convocada sufragar la suma de $4.500.000.
QUINTO: En su oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC20448-2017 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2017-12-05. C.P. Margarita Cabello Blanco. Rad. 2002-00068-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC20448-2017%20%5B2002-00068-01%5D).
