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clave: "corte_suprema:providencia:SC19730-2017 [2011-00481-01]"
titulo: "Corte Suprema: la polémica se reduce a establecer si respecto de las súplicas que se dice debieron salir avante"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2017-11-23"
radicado: "2011-00481-01"
numero: "SC19730-2017"
ponente: "Luis Armando Tolosa Villabona"
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# Corte Suprema: la polémica se reduce a establecer si respecto de las súplicas que se dice debieron salir avante

- **Título oficial / radicado:** SC19730-2017 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2017-11-23
- **Radicado:** 2011-00481-01
- **Número:** SC19730-2017
- **Ponente:** Luis Armando Tolosa Villabona
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC19730-2017%20%5B2011-00481-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC19730-2017%20%5B2011-00481-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE3L0RyLiBMdWlzIEFybWFuZG8gVG9sb3NhIFZpbGxhYm9uYS8xMS4gTm92aWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0MxOTczMC0yMDE3IFsyMDExLTAwNDgxLTAxXS5kb2M%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1306 de 2009

## Extracto

En suma, en sentir de los recurrentes, los errores enrostrados llevaron al Tribunal a no dejar demostrado, estándolo, que la entidad demanda incumplió los mínimos deberes contractuales, al disponer de unos dineros bajo el pretexto de una aparente e inexistente orden del cliente y al no verificar su salud mental, pese a ser manifiesto su deterioro. Empero, ninguna falta al respecto se configura, pues el juzgador hizo alusión a la citada sentencia, cuando concluyó lo mismo que ahora predican los impugnantes, vale decir, que como consecuencia del contrato de administración de unos valores en los fondos de inversión Surenta y Surenta 30, se materializó la “ gestión que culminó con el acto que a la postre fue considerado inexistente ”. Desde esa perspectiva, ningún error probatorio aparece estructurado, por cuanto en el sustrato del argumento se supone haberse desvirtuado la presunción de capacidad de ejercicio.

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Radicación: 05001-31-10-007-2011-00481-01
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Ponente
SC19730-2017
Radicación: 05001-31-03-007-2011-00481-01
Aprobado en Sala de veintidós de febrero de dos mil diecisiete
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
Se decide el recurso de casación de Marina Stella, Iván y Álvaro Ignacio Salas Vergara, respecto de la sentencia de 13 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por los recurrentes contra Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa.
1. ANTECEDENTES
1.1. El petitum . Los demandantes solicitaron se declarara la inexistencia o en subsidio la nulidad absoluta de ciertos “ actos jurídicos ” y como consecuencia, en uno u otro evento, según corresponda, la culpa contractual o extracontractual de la interpelada; o en últimas, en el mismo orden, la responsabilidad derivada de la ya sentenciada inexistencia en otro proceso. En cualquier caso, con la condena a pagar a la sucesión de Guillermo Restrepo Mejía e indirectamente a la de Elisa María Vergara de Restrepo, la suma de $234’333.073, con los intereses moratorios causados.
1.2 . La causa petendi . Los actores, en calidad de sobrinos, son herederos de Elisa María Vergara de Restrepo, fallecida el 25 de septiembre de 2006, a su vez esposa de Guillermo Restrepo Mejía, finado el 4 agosto de 2002.
Este último, manejó sus inversiones a través de la sociedad demandada en los fondos Surenta y Surenta 30, y tenía de confianza la Notaría Veintiuno del Círculo de Medellín para adelantar los trámites necesarios.
Guillermo Restrepo Mejía, en los tres últimos meses de su vida, se encontraba en precarias condiciones de salud, pues había sufrido un tumor cerebral. El 15 de julio de 2002, con hemiplejía derecha y disartria, y un cuadro de bronconeumonía e hipoxemia, originando un estado de confusión y disminución de la capacidad de conciencia, y dificultad para hablar y escribir. Por su parte, Elisa María Vargas de Restrepo, era octogenaria e inválida, a raíz de una fractura de fémur bilateral, y padecía enfermedad de Parkinson.
El mismo 15 de julio de 2002, hicieron presencia en la residencia de Guillermo Restrepo Mejía, dos empleados de la Notaría Catorce del Círculo de Medellín y dos de Valores Bancolombia S. A. Comisionista de Bolsa, donde aquel dispuso parte de los dineros en los fondos de inversión a favor de Francisco Javier Velásquez Gallo e Inés Restrepo Mejía, finalmente entregados el 18 de julio de 2002, en cuantía de $234’333.073.
Los anteriores “ actos jurídicos ” son irregulares, por cuanto el dueño de tales valores no se encontraba en condiciones médicas para el efecto, faltando, en consecuencia, su consentimiento.
La demandada, en su calidad de empleadora, con el actuar de sus funcionarios, fue negligente al permitir la disposición de los activos a ella confiados, cambiando de propietario con base en unas cartas de cesión y endosos obtenidos en las condiciones irregulares anotadas.
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín, en sentencia de 22 de febrero de 2007, proferida en el proceso de Elisa María Vergara de Restrepo contra Francisco Javier Velásquez Gallo e Inés Restrepo Mejía, declaró la nulidad absoluta de tales “ actos jurídicos ” por “ ausencia de consentimiento ”, decisión que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, avaló en fallo de 3 de diciembre de 2009, pero bajo la teoría de la inexistencia, sin que los dineros hayan sido restituidos.
1.3. El escrito de réplica . La convocada se opuso a las pretensiones, alegando, en esencia, el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas con sus clientes, inexistencia de perjuicio alguno en cabeza de los demandantes y cosa juzgada relativa.
1.4. La sentencia de primera instancia . Proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín, el 10 de julio de 2013, desestimó las pretensiones al encontrar configurada la cosa juzgada, pues la jurisdicción del Estado había ordenado a Francisco Javier Velásquez Gallo e Inés Restrepo Mejía, devolver las sumas que recibieron.
2. EL FALLO ACUSADO DE SEGUNDO GRADO
2.1. Según el Tribunal, en el proceso no se discutía si Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, había incumplido el contrato de administración de los dineros depositados por Guillermo Restrepo Mejía. La polémica giraba alrededor de la inexistencia o nulidad de los actos jurídicos de disposición a favor de Francisco Javier Velásquez Gallo e Inés Restrepo Mejía.
2.2. Esa actividad, dice, implicaba un mandato para la demandada, pudiendo el dueño retirar los dineros o disponer de los mismos en favor de terceros, en los términos del artículo 17, literal n) cláusula 23 del contrato, como así lo hizo en los actos jurídicos cuestionados.
La instrucción unilateral del depositante para el efecto, creó una obligación a cargo de Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, sin que de su parte, contractualmente, pudiera negarse a ejecutar, más allá de dejar la prueba de ello, pues fue quien llevó a los empleados de la notaría para autenticar la firma del mandante.
En esa línea, la orden y el pago efectuado, obedecieron a la relación convencional de manejo de dineros. Empero, como en la mentada instrucción la demandada no fue parte, se echaba de menos el vínculo obligacional que la llamara a responder por los hechos esgrimidos, deviniendo, por lo tanto, la falta de legitimación en causa por pasiva.
2.3. Las pretensiones extracontractuales, a juicio del a-quo , se pidieron de modo indebido, pues como se observó, la orden de pago y su acatamiento, manaban del contrato de administración de los dineros. Con base en sus estipulaciones, precisamente, se hizo la “ gestión que culminó con el acto que a la postre fue considerado inexistente ”.
La responsabilidad, por tanto, era de otra clase, pues se originaba en “ (…) una convención en cuyo desarrollo se efectuaron las diligencias impugnadas (…). Se probó y así lo aceptan las partes, que los funcionarios de Valores que actuaron fueron sus agentes, y por ello no puede estudiarse contra ella la actuación como si fuera extracontractual (…) ”.
2.4. Frente a ese discurrir, el Tribunal confirmó la sentencia apelada.
3. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Los demandantes recurrentes formularon dos cargos, ambos al abrigo del artículo 368, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil. Replicados por la parte opositora, la convocada en el litigio, la Corte los resolverá aunados por las razones que en su momento se dirán.
3.1. CARGO PRIMERO
3.1.1 Acusa violados indirectamente los artículos 1494, 1495, 1602 a 1603, 1613 a 1615, 1618, 2341, 2343 y 2344 del Código Civil; 822, 825, 830, 864, 871, 1262, 1263, 1266, 1267 y 1285 del Código de Comercio.
3.1.2. Según los censores, el Tribunal al dejar sentado que Guillermo Restrepo Mejía estaba en libertad de instruir sobre la disposición de los dineros, se equivocó doblemente, primero, al pasar por alto que la orden no existió por así haberlo declarado la justicia y por la “ incapacidad mental del cliente en ese momento ”; y segundo, al no tener en cuenta que la responsabilidad contractual se sustentó en que los empleados de la entidad demandada fueron “ negligentes ” en el trámite de esa operación. Todo, producto de la comisión de errores fácticos y probatorios.
3.1.2.1. En efecto, malinterpretó el escrito genitor, pues ciertas súplicas subsidiarias no se solicitaron sobre la base de una previa declaración de inexistencia de los actos jurídicos cuestionados, toda vez que tal inexistencia ya había sido declarada mediante sentencia ejecutoriada.
3.1.2.2. Distorsionó los documentos de 15 de julio de 2002, contentivos de la supuesta voluntad de Guillermo Restrepo Mejía, acerca de la disposición de dineros y el señalamiento como beneficiarios de Francisco Javier Velásquez Gallo e Inés Restrepo Mejía, porque nada de ello había ocurrido. Así se juzgó por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en la sentencia de 3 de diciembre de 2009, y se aceptó en el fallo confutado.
Por lo mismo, erró al concluir que Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, no tenía alternativa distinta que cumplir la instrucción dada por Guillermo Restrepo Mejía, pues no hubo ninguna orden, considerando que la misma “ (…) fue por iniciativa y con gran negligencia de los empleados (…) ” de la pasiva. Esto, precisamente, llevó a declarar su inexistencia.
3.1.2.3. Omitió apreciar la grabación magnetofónica de la escena de lo ocurrido el 15 de julio de 2002, transcrita por la Fiscalía General de la Nación el 8 de noviembre de 2002, debidamente trasladada, también allegada como prueba al plenario, demostrativa del compromiso mental de Guillermo Restrepo Mejía y de la culpa o descuido de Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, al haber procedido a transferir los valores sin verificar las condiciones de incapacidad de su cliente.
En concreto, la intervención de Juliana Arriola Gross, empleada de la demandada, al poner en boca del nonagenario Guillermo Restrepo Mejía, frente a las respuestas incoherentes e ilógicas que daba sobre la distribución de su dinero, lo que se quería que dijera; y al anunciar unas cartas con su huella y firma a ruego ante notario, quien estaría presente, marginando en calidad de testigo a Javier Velásquez Gallo, por ser inconveniente, “ (…) [o]bviamente Javier y Juliana ya habían conversado en forma privada sin que el señor Guillermo Restrepo lo supiera (…) ”.
Igualmente, el fragmento correspondiente a Juan David Mejía Gutiérrez, abogado de la interpelada, cuando mencionó, en el diálogo con Guillermo Restrepo Mejía, cuatro cartas relacionadas con la entrega de dineros a Francisco Javier Velásquez Gallo e Inés Restrepo Mejía, siendo que, según la entrevista en la mañana con Juliana Arriola Gross, esto debía hacerse una vez fallecido. Así mismo, al inobservar que omitió la lectura de la última misiva y no advirtió la firma a ruego, ni la huella.
3.1.2.4. Pretirió los testimonios arrimados, demostrativos de la negligencia o el descuido de los funcionarios de Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, antes y durante la diligencia de 15 de julio de 2002.
El de Gilberto Uribe Tobón, precisamente empleado de la demandada, en cuanto conoció a Guillermo Restrepo Mejía “ en una cama, era una persona de edad, 85 años por ahí ”, respondía con “ monosílabos ” en las conversaciones que sostuvo con él, y supo de los servicios notariales a domicilio, a petición de Juan David Mejía Gutiérrez, también otro de los subalternos de Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, pero sin recordar la razón por la cual fueron rechazados esos servicios en la notaría cercana.
Lo indicado por Juan Jorge Tascón Villa, titular de la Notaria Catorce del Círculo de Medellín, sobre que ignoraba el trámite adelantado en la residencia de Guillermo Retrepo Mejía, pues como lo “ (…) he manifestado (…) fue solicitado a la doctora Valencia cuando ella estaba actuando como notaria encargada (…) ” .
La versión de María Sooner Valencia Miranda, pues si bien aclaró que su presencia en el domicilio de Guillermo Restrepo Mejía fue por delegación y no como encargada de la Notaría Catorce del Círculo de Medellín, sus afirmaciones van en contravía de lo expresado por Juan David Mejía Gutiérrez, inclusive en punto de la huella y de la firma a ruego, y demás, notándose que respecto de lo ventilado en la mañana del 15 de julio de 2002, este último “ (…) ocultó información que implicaba diligencia y cuidado (…)”.
El dicho de Juliana Arriola Gross, igualmente funcionaria de la interpelada, quien concurrió a la Notaría Catorce del Círculo de Medellín, sin el certificado del médico acerca de la capacidad de Guillermo Restrepo Mejía, exigido para el efecto en otro despacho; y constató que él “ (…) estaba acostado, la esposa (…) en silla de ruedas (…), era un cuadro muy triste porque eran los dos acostados en la cama y ya Guillermo muy impedido (…) y hablando y muy angustiado (…) no se podía parar de la cama (…) ”.
El de Juan David Mejía Gutiérrez, al no ser cierto lo manifestado sobre lo ocurrido el 15 de julio de 2002, contrastado con el contenido de la grabación. Por ejemplo, Guillermo Restrepo Mejía no firmó nada, pues lo hizo a ruego su esposa, cual se había acordado; su huella fue impuesta sin poder oponerse; para el disponente sí era importante la presencia del dador de la fe pública; y la entrega de dineros la condicionó a su muerte. En lo demás, al no recordar el testigo la razón por la cual en otra notaría rechazaron el servicio a domicilio y al atribuirse conocimientos médicos sobre que el disponente de los dineros tenía un tumor en evolución y no un derrame.
Lo señalado por William Zapata Duque, para la época, regente de la Notaria Veintiuno del Círculo de Medellín, en cuanto de manera alguna negó el trámite domiciliario impetrado, pues simplemente requirió con

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

la SC CSJ del 25 de mayo de 1992. Igualmente la SC CSJ del 6 de agosto de 2010. La Corte Suprema de Justica a través de la Sala de Negocios Generales en providencia de septiembre 20 de 1945 a propósito de la relación formalidades ad sustantiam actus e inexistencia reiterando un precedente del 11 de diciembre de 1936 señaló: “Cuando un contrato está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, es solemne, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. (Artículo 1500 del C.C). El contrato celebrado por el señor Gutiérrez con el Departamento de Caldas estaba sujeto, como ya se ha visto, a la formalidad especial de la revisión del Tribunal de lo Contencioso de Medellín, y como está formalidad no se cumplió, tal contrato no tuvo existencia jurídica ni de él se pueden derivar acciones civiles. En otros términos, como el contrato no se celebró legalmente, porque le faltó el cumplimiento de una formalidad indispensable para su validez, no puede sostenerse que sea una ley para las partes contratantes, como lo establece el artículo 1602 del C.C., que es la disposición que en primer término sirve de apoyo al demandante”. Finalmente concluyó: “(…) estando todavía el contrato en vía de perfeccionamiento, no puede en rigor hablarse de nulidad de ninguna especie. El contrato no ha nacido a la vida jurídica y eso es todo (Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, providencia de 20 de septiembre de 1945)”.] [19: Ver sobre estos dos puntos: OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo/OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico. Bogotá. Editorial Temis. Séptima Edición. 2015. Págs. 83-85. Ver también: HINESTROSA FORERO, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las Fuentes de las Obligaciones: El Negocio Jurídico. Vol. II. Bogotá. Editorial Universidad Externado de Colombia. 2015. Pág. 689.]
Lo anunciado para diferenciar de las circunstancias de nulidad, así como de los requisitos ad probationem , vale decir, de las exigencias respecto de la prueba del negocio jurídico, en cuyo caso su vida misma no se compromete, contrario a lo que ocurre con los denominados ad substantiam actus; claro, no abogando por un culto primitivo a las solemnidades porque se aniquilaría la regla de “ libertad de formas ”; sino como condición ad solemnitatem apenas para ciertos actos que así lo demanden perentoriamente en la forma prevista por el legislador, en consonancia con el artículo 1501 del Código Civil, en hipótesis donde la solemnidad es sustancial, vinculante o constitutiva (forma dat esse rei ), y cuya omisión desemboca en la inexistencia, ante la ausencia de un requisito ineludible.
En palabras de la Corte, “ (…) cuando se está frente a una forma probatoria, la ausencia de ésta no lesiona la validez del acto o contrato, pues éste cobra vida con independencia de ella y es eficaz en sí mismo. Otra es la suerte del contrato en el evento de tener que probarse, pues es allí donde surge la dificultad por la ausencia de las formas predispuestas con dicha finalidad, pero sin que tal cosa signifique que el respectivo acto o contrato no pueda probarse, porque ese tipo de formalidades puede ser suplido, eventualmente, por otros medios de pruebas, como lo ha aceptado la práctica jurisprudencial, al contrario de lo que acontece con las formalidades ad solemnitatem que no pueden ser suplidas por ningún otro medio de prueba (…) ”[footnoteRef:20]. [20: CSJ. Civil. Sentencia 062 de 24 de mayo de 2000, expediente 5267.]
En suma, un documento carece de eficacia probatoria, de un lado, cuando no reúne los requisitos formales para la validez del acto o contrato que contiene; y de otro, en los casos en que el negocio jurídico y su prueba ha sido recaudada con violación del debido proceso constitucional o con desconocimiento de los derechos fundamentales. En los demás eventos, en general, la irregularidad del documento, como elemento de juicio, no incide en la relación sustancial consensual documentada, pues es dable acreditarla con otros medios de convicción; y tampoco la afectación del acto o contrato deja sin efectos el respectivo instrumento de persuasión, pues éste se erigiría, precisamente, en la prueba de los vicios de aquél.
4.5.2.3. Frente a lo discurrido, en el caso, el requisito de la trascendencia de los errores, desde luego, se habría cumplido en el evento de que las pruebas singularizadas en los cargos indicaran la ausencia total o absoluta de voluntad de disposición, no obstante lo cual Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, procedió a trasladar los fondos a terceras personas, para así adjetivar su conducta, indistintamente de su nombre.
En el sub-lite , la hipótesis es distinta, porque el hecho de no poderse atribuir la firma a Guillermo Restrepo Mejía, en los documentos contentivos de los actos jurídicos, esto no significa, necesariamente, que la instrucción no se haya dado o no subsista, ni que se pueda demostrar acudiendo a otros elementos de convicción, con mayor razón cuando para el efecto existe libertad probatoria. Y aquí no puede dejar de contemplarse la resolución inhibitoria ejecutoriada y en firme de la Fiscalía para investigar a los protagonistas de lo sucedido el 15 julio de 2002, respecto de los hechos fundamentes esta acción.
Al margen de los alcances de la disposición, mírese cómo, conforme a la transcripción de la grabación magnetofónica, para no ir más lejos, en el dialogo con Juliana Arriola Gross, el disponente efectivamente habló de la repartición de sus “ ahorros ”, “ tengo mucha plata para repartir ”, “ quiero que se reparta ”, así sea después de sus días, al asentir, frente a una pegunta de la interlocutora, que para sus “ hermanas una parte y otra a Javier ”.
4.6. Los cargos en consecuencia, no se abren paso, porque si no se configuraron unos errores, mientras otros, pese a ser manifiestos, resultaron intrascendentes, desde ningún ángulo habría lugar a adoptar una decisión diametralmente distinta a la impugnada.
5. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 13 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por Marina Stella, Iván y Álvaro Ignacio Salas Vergara contra Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa.
Las costas en casación son de cargo de los recurrentes. En la liquidación, inclúyase la suma de seis millones de pesos ($6’000.000), por concepto de agencias en derecho, pues como se dijo, la demanda fue replicada.
Cópiese, notifíquese y en su oportunidad devuélvase el expediente a la oficina de origen.
NOTIFÍQUESE
LUIS ALONSO RICO PUERTA
(Presidente de la Sala)
Con salvamento de voto
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Con aclaración de voto
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Con salvamento de voto
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC19730-2017 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2017-11-23. C.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Rad. 2011-00481-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC19730-2017%20%5B2011-00481-01%5D).
