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clave: "corte_suprema:providencia:SC1964-2022 [2013-00359-01]"
titulo: "Corte Suprema: los cargos primero y segundo no prosperan"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-07-18"
radicado: "2013-00359-01"
numero: "SC1964-2022"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: los cargos primero y segundo no prosperan

- **Título oficial / radicado:** SC1964-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-07-18
- **Radicado:** 2013-00359-01
- **Número:** SC1964-2022
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1964-2022%20%5B2013-00359-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1964-2022%20%5B2013-00359-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIyL0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS83Li0gSnVsaW8vU2VudGVuY2lhcy9TQzE5NjQtMjAyMiBbMjAxMy0wMDM1OS0wMV0uZG9jeA%3D%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

En cambio, si las partes guardan silencio en el segundo contrato frente a algún punto sistematizado en el primero, la disposición primigenia subsistirá, siempre y cuando reúna los requisitos que exige el ordenamiento para la validez y eficacia de la totalidad de las convenciones entre particulares.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 153 de 1887
- Decreto 960 de 1970
- Ley 190 de 1995

## Extracto

En ese sentido, se relieva de nuevo que el tribunal no decidió refrendar la anulación dispuesta por el fallador a quo únicamente con apoyo en la ausencia de la mención del alinderamiento, sino porque en el texto de las promesas no reposaba prácticamente ningún dato que sirviera para identificar los predios negociados. Para finalizar, insiste la Corte en que, como es natural, toda la información faltante para lograr individualizar el objeto de los contratos prometidos reposa en varios documentos públicos ajenos a la promesa; pero estos solo podrían ligarse al pacto preparatorio suponiendo en su contenido textual algo que no dice – v. gr. la mención del número de folio de matrícula de cada uno de los locales prometidos en venta o permuta–, lo cual es improcedente, en razón a la solemnidad ad substantiam actus que consagra el artículo 1611-1 del Código Civil. En consecuencia, los cargos primero y segundo no prosperan.

## Cita textual

> no solamente se ignora si el evento condicional ocurrirá o no; sino que además se ignora la época en que éste puede ocurrir

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Radicación n.° 11001-31-03-006-2013-00359-01
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC1964-2022
Radicación n.º 11001-31-03-006-2013-00359-01
(Aprobado en sesión de nueve de junio de dos mil veintidós)
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós (2022).
Se decide el recurso de casación interpuesto por el convocante frente a la sentencia de 20 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el trámite que promovió Edgar Vélez Duque contra Metrosur Ltda. – en liquidación (en adelante, Metrosur).
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
El actor pidió que se ordene a su contraparte « dar cumplimiento a los contratos de [promesa de] permuta, celebrado el 30 de junio de 2010, y de promesa de compraventa de 15 de julio de 2010 (…) proced[iendo] al correspondiente desenglobe de los locales mencionados en los (…) hechos de la demanda, por encontrarse dichos locales en un predio de mayor extensión (…)». Asimismo, reclamó que « se condene a la parte demandada al pago de los perjuicios ocasionados por no haberse cumplido los contratos », los cuales tasó en $1.327.683.867 –$602.513.867 por concepto de daño emergente y $725.170.000 a título de lucro cesante–.
2. Fundamento fáctico.
2.1. El 30 de junio de 2010, los litigantes celebraron un contrato de « promesa de permuta », mediante el cual el convocante se obligó a transferir el predio con matrícula inmobiliaria n.º 157-3837, ubicado en el municipio de Chinauta, y valorado en $550.000.000, a cambio de: (i) un primer abono de $20.000.000 en efectivo; (ii) veinticuatro « módulos comerciales (...) ubicados en el plano de la reforma del Centro Comercial Metrosur »[footnoteRef:1], avaluados en un total de $350.000.000; y (iii) $180.000.000 pagaderos mediante cheque, que se entregaría el día del otorgamiento de la escritura pública correspondiente. [1: Los aludidos «módulos comerciales», identificados por los contratantes con una numeración individual, hacen parte de los locales comerciales 101 a 109 del Centro Comercial Metrosur, en la forma que seguidamente se compendia:
]
2.2. El 15 de julio de la misma anualidad se celebró entre las partes un segundo contrato, esta vez de « promesa de venta », a través del cual la sociedad demandada se obligó a transferir al actor cinco « módulos comerciales » adicionales, denominados B-129, B-148, B-149, B-156 y B-157, que hacen parte del « Local 104 » del Centro Comercial Metrosur. Lo anterior, a cambio de un pago de $76.000.000.
2.3. El señor Vélez Duque cumplió con todas las prestaciones a su cargo. Sin embargo, Metrosur no atendió las suyas, pues no transfirió los módulos individuales convenidos, sino cuotas de dominio de los locales del Centro Comercial Metrosur –equivalentes al área total de los módulos–. Además, no realizó la tradición del « módulo 133 », perteneciente al Local 106.
2.4. Expresado de otro modo, Metrosur « nunca realizó el desenglobe de cada uno de los módulos ofrecidos », requisito imprescindible para perfeccionar la tradición, sin que pueda pasarse por alto que « la parte demandante nunca tuvo conocimiento que los locales que adquirió (...) se encontraban englobados dentro del predio de mayor extensión, y la parte demandada nunca informó (...) sobre la existencia de ese vicio oculto ».
2.5. El incumplimiento de la vendedora ha impedido al señor Vélez Duque transferir los « módulos comerciales » a terceras personas, lo que a su vez le ha dificultado atender varios créditos bancarios que adquirió para pagar el precio pactado, y que garantizó con hipotecas constituidas sobre otros inmuebles de su propiedad.
3. Actuación procesal
3.1. Enterada del auto admisorio de la demanda, Metrosur propuso las excepciones tituladas « inexistencia de contrato de permuta y/o resolución del mismo por mutuo disenso entre las partes por imposibilidad de la vendedora Metrosur Ltda. »; « contratos cumplidos por parte de Metrosur e incumplidos por Edgar Vélez Duque »; « carencia de causa para incoar la acción » y « temeridad y mala fe en el demandante ».
3.2. En el decurso de la primera instancia se ordenó vincular al proceso al Grupo Cano Valencia S.A., pretextando su condición de litisconsorte necesario de la parte pasiva. Notificada de esa determinación, la sociedad dijo « adherirse » a las defensas que planteó la demandada, a las que sumó las denominadas « contrato cumplido por el Grupo Cano Valencia y Edgar Vélez, contenido en la escritura n.° 2.034 del 14 de julio de 2010 » y « prescripción ».
3.3. Mediante sentencia de 18 de julio de 2019, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá declaró de oficio « la nulidad absoluta de los contratos de promesa de permuta celebrado entre las partes el día 30 de junio de 2010, modificado el 14 de julio de 2010 y de promesa de compraventa celebrado el 15 de julio de 2010 ». En consecuencia, condenó a la convocada a « devolver al demandante (…) a título de restituciones mutuas, la suma de $5.000.000 », y al señor Vélez Duque a restituir « los inmuebles entregados con ocasión del contrato de promesa de compraventa celebrado el 15 de julio de 2010, correspondiente (sic) a los módulos B-129, B-148, B-149, B-156 y B-157 del local 104 del Centro Comercial Metrosur ».
Ambas partes interpusieron el recurso de apelación.
SENTENCIA IMPUGNADA
El tribunal modificó parcialmente la sentencia materia de alzada, únicamente para precisar la suma que la convocada debía restituir a su contraparte, que tasó en « $7.344.028 por concepto de capital corregido monetariamente y $3.225.000 por intereses ». En lo demás, mantuvo lo decidido por el fallador a quo , con apoyo en los siguientes argumentos:
(i) Durante el juicio se estableció que « las partes celebraron sendos contratos, uno de promesa de compraventa de unos locales ubicados en el Centro Comercial Metrosur y, otro de promesa de permuta con un objeto similar, de lo que se deduce sin mayor esfuerzo que se trató de actos mercantiles, que se rigen por la consensualidad ».
(ii) Esas negociaciones « no cumplen con el requisito del numeral 4 del artículo 1611 del Código Civil, por cuanto no se indicaron los linderos de los locales prometidos, ni mucho menos del predio de mayor extensión, temática respecto de la cual la jurisprudencia ha precisado que cuando el negocio verse sobre el dominio de un inmueble “el alindamiento del inmueble objeto del contrato prometido ha de formar parte de la descripción que de dicho contrato se realice en la promesa a causa de que sin él ese contrato no podría ser perfeccionado” ».
(iii) Ciertamente, « si en las referidas promesas no se alinderaron los locales que se estaban prometiendo, no podía el a quo tomar una decisión distinta a la de declarar la nulidad de las mismas, sin perjuicio de que se precise que al estar cumplido el contrato de permuta, no resultaba viable retrotraer sus efectos, como lo resolvió el Juzgado cognoscente, y sin que las partes controvirtieran tal decisión ».
(iv) Comoquiera que « la consecuencia obvia de la nulidad declarada es dejar sin efecto el contrato de promesa de compraventa, no es posible analizar si existieron vicios al no haberse desenglobado los inmuebles objeto de la misma, habida cuenta que los vicios ocultos sólo son predicables cuando el contrato de compraventa ya se ha celebrado, no de la promesa de compraventa, aunque se hayan adelantado prestaciones con ocasión de ésta, conforme se deduce de lo reglado en el artículo 934 del Código de Comercio, y acá esos contratos de compraventa no se cuestionaron » .
(v) En lo que atañe a « las restituciones mutuas ordenadas en primera instancia, se observa que en el numeral “cuarto” de la sentencia se dispuso “Ordenar al demandante, Edgar Vélez Duque, restituir dentro de los cinco días (5) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, a la sociedad demandante, Metrosur Ltda. en liquidación, los inmuebles entregados con ocasión del contrato de promesa de compraventa celebrado el 15 de julio de 2010; correspondiente a los módulos B-129, B-148, B-149, B-156 y B-157 del local 104 del centro comercial Metrosur (...) ; ordenamiento que no solo no fue objeto de reparo alguno sino que se ajusta a la decisión principal ».
(vi) En contraposición, « lo que concierne al numeral “tercero” [en el que se establece el monto que ha de restituir al convocante la promitente vendedora] deberá adicionarse a la corrección monetaria dispuesta el pago de los intereses legales a la tasa del 6%, liquidación que se realizará hasta la fecha de esta sentencia en estricto acatamiento de lo reglado en el artículo 283 del Código General del Proceso ».
(vii) Frente a los frutos civiles « generados por los locales, la Sala no puede dejar de lado que la parte actora manifestó que no los había podido explotar, y para acreditar tal hecho allegó fotos que dan cuenta de esa circunstancia, sin que el extremo demandado hubiera probado en contrario, y en esas precisas circunstancias no se realizará condena por tal concepto ».
(viii) Aun cuando el actor alegó haber sufrido un « “perjuicio material” (...) por la presencia de un “vicio oculto” (...) téngase en cuenta que la nulidad oficiosa decretada (...) tan solo da lugar a las restituciones mutuas, lo cual descarta de tajo la posibilidad de analizar los demás aspectos del incumplimiento endilgado, pues, nulitado el convenio, irrelevante resulta analizar si el defecto aludido existió y si se cumplió o no con las obligaciones correlativas ».
DEMANDA DE CASACIÓN
Al sustentar su impugnación extraordinaria, el convocante formuló cinco cargos. El primero al amparo de la causal ídem , y los demás por la senda de la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso.
CARGO PRIMERO
El señor Vélez Duque alegó que la sentencia dictada por la colegiatura ad quem viola de forma directa los artículos 1611 del Código Civil y 899 del Código de Comercio. Para fundamentar su censura, sostuvo:
(i) El precepto « 89 de la Ley 153 de 1887 y el subrogado artículo 1611, en ningún momento hacen la exigencia expresa ni taxativa que se deban citar los “linderos” del inmueble en los contratos de promesa de permuta o de compraventa celebrados ».
(ii) No está en discusión « el valor de la matrícula inmobiliaria que a su vez contiene el certificado de tradición, que es un documento ad substantiam actus, es decir, no existe otro medio idóneo para demostrar –sobre todo en predios debidamente consolidados– no sólo la propiedad sobre el bien inmueble, sino su tradición, ubicación y linderos, porque cada Local del Centro Comercial posee su correspondiente Matrícula Inmobiliaria, de esta forma los contratos no están concebidos en términos vagos u oscuros, y los inmuebles están plenamente identificados ».
(iii) Es cierto que el « Decreto 960 de 1970 en su artículo 31 sí exige expresamente la identificación por linderos, pero, nótese que es un requisito legal para que el Notario pueda expedir las correspondientes escrituras, esto es: una exigencia para el Notariado y Registro ». Ello refleja la « interpretación errónea del artículo 1611 numeral 4 y demás normas pertinentes aplicadas, puesto que no se analizó que al asignarse este número de matrícula a los predios, todos los Locales y lo que ellos incluyen tienen determinado de antemano sus respectivos linderos, en un inmueble construido hace más de treinta años (30) de otra forma no podría el Distrito asignar arbitrariamente otra ubicación material o espacio a los inmuebles ».
(iv) Los certificados de tradición aportados permiten la plena identificación de los inmuebles prometidos en venta, pues la matrícula inmobiliaria « cumple con las exigencias para la correcta identificación de los inmuebles, máxime si se analizan las numerosas anotaciones marginales como producto de negociaciones de más de 25 años sobre los mismos inmuebles y en la misma Notaría 56, que exponen de forma diáfana y sin mayor dubitación que no hay falsa tradición, que ésta es legal para la ubicación de los mismos Locales, mientras que se encuentran acreditados los linderos y propiedad en la escritura 3175 del 24 de noviembre de 1997 ».
(v) El yerro del tribunal conlleva una « deficiencia analítica que a su vez ha incidido de forma grave en la parte resolutiva de su sentencia, al declarar restituciones con afectación grave para el demandante y devoluciones monetarias irritas, situación que sería diferente para la parte actora si se hubieran reconocido sus derechos contractuales y el agravio sufrido, con un análisis contundente y ajustado jurisprudencialmente a la legalidad de los contratos y al accionar entre las partes lo cual hubiese conducido irremediablemente a observar el ordenamiento legal y la demanda en total plenitud ».
(vi) Dejando de lado la irregularidad que se consideró configurada, « concurren los requisitos de eficacia y validez jurídica porque los contratos contienen todos los elementos que para tal efecto consagra el artículo 1611 del Código Civil norma que fue interpretada erróneamente

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ud del cual
«(...) el prometiente vendedor, señor Manuel Antonio Cano Bermúdez, quien actúa en nombre y representación de la sociedad Metrosur Ltda. en liquidación (...) , se compromete a dar en venta material, real y efectiva, a hacer entrega y firmar el correspondiente título escriturario de los siguientes bienes inmuebles, distinguidos así: Módulo B-129; B-148; B-149; B-156 y B-157 correspondientes al Local 104, con matrícula inmobiliaria número 050-40118556, con un coeficiente total del 27,12% del área total del primer piso del local y un área total de 26,82 metros cuadrados, de una parte, y el Módulo B-152 del local 102 del mismo centro comercial (sic) , con un coeficiente del 11,330% del área total del primer piso del local, para un área de 11,2065 metros cuadrados del Centro Comercial Metrosur – propiedad horizontal – ubicado actualmente en la Cra. 73 No. 57 4 – 12 Sur de la ciudad de Bogotá »[footnoteRef:10]. [10: Folio 20 del archivo digital denominado «C1 006- 2013-00359-01.pdf».]
Nótese que, en esta ocasión, las partes se cuidaron de indicar la ciudad y la dirección donde se ubicaba el Centro Comercial Metrosur, e incluso mencionaron el folio de matrícula de uno de los dos locales comerciales que se transferirían parcialmente en el futuro. Sin embargo, la indeterminación se mantuvo, principalmente porque no se incluyó en esa más detallada descripción al Local 102 –-que hacía parte de la negociación–.
Cabe insistir que la vaguedad no depende de la falta de transcripción de los linderos, pues ese trasunto puede reemplazarse con otras referencias pertinentes, sino del hecho de haber obviado cualquier mención supletoria, que permitiera saber con exactitud qué fue lo que se prometió vender. Dicho de otro modo, debe descartarse que la anulación del contrato obedeciera al hecho de no haberse reproducido el alinderamiento de los locales, pues esa solución obedeció a la absoluta imprecisión con la que los estipulantes describieron el objeto del contrato prometido.
4.2. Ahora bien, es innegable que los jueces de instancia fijaron especialmente su atención en la ausencia de linderos (que, se insiste, no fueron objeto de ninguna alusión, directa o indirecta), pero ello fue así porque el contrato de promesa de compraventa parecía versar, simultáneamente, sobre una cuota de dominio de ciertas unidades inmobiliarias (los locales que integran la copropiedad Centro Comercial Metrosur) y sobre porciones específicas de esas unidades (uno o varios « módulos comerciales »).
En efecto, los referidos locales, cada uno con un folio de matrícula propio, fueron físicamente fragmentados en espacios más pequeños, que se denominaron « módulos comerciales », y que fueron mencionados por los testigos José María Rodríguez Jiménez[footnoteRef:11] y Emiro Suárez Galindo[footnoteRef:12], cuya descripción coincide con los registros fotográficos que militan en la foliatura[footnoteRef:13]. A esos módulos se les asignó una numeración informal, y fueron enajenados por separado, como si realmente se tratara de unidades inmobiliarias independientes. [11: Folio 129 del archivo digital denominado «C2 006-2013-00359-01.pdf.] [12: Folio 482 del archivo digital denominado «C1 006- 2013-00359-01.pdf».] [13: Folio 87 a 90, del archivo digital denominado « C2 006-2013-00359-01.pdf».
]
Pero como no lo eran, sino que hacían parte de locales comerciales « de mayor extensión » –en palabras del actor–, las partes idearon una especie de solución intermedia, que no armoniza con el régimen de la comunidad que consagra el Capítulo III, Título XXXIII, del Libro Cuarto del Código Civil, ni con el previsto para las propiedades horizontales en la Ley 675 de 2001: transferir derechos de cuota, en un porcentaje equivalente a la participación del área del módulo en el área total del local, asignando al copropietario un « derecho de uso exclusivo » sobre el (o los) módulo(s) que “adquiría”.
Lo laberíntico de la estructura contractual elegida, en sí mismo, muestra que el objeto del negocio jurídico prometido no fue determinado con el rigor del caso, pues no es claro si la transferencia futura versaba sobre un cuerpo cierto (una subdivisión del local), o sobre una cuota de dominio. Pero, de optarse por la primera alternativa, resultaría innegable la necesidad de dejar consignados los linderos específicos de cada « módulo comercial », pues ellos no constaban –ni podrían constar– en ningún documento público; de ahí que los jueces de instancia se refirieran a la cuestión con especial ahínco, pero como una de las varias razones para justificar la anulación del acuerdo preparatorio, y no como la única.
4.3. Queda así descartado que se hubiera presentado la violación directa de la ley sustancial que se denunció, pues si bien no puede afirmarse que sea imperativo transcribir los linderos de los bienes prometidos en venta o en permuta, sí resulta necesario que sus características se determinen de forma muy precisa, lo que impone aludir a un número de rasgos suficiente para distinguir con certeza la heredad que se transferirá en el futuro de cualquiera otra.
En ese sentido, se relieva de nuevo que el tribunal no decidió refrendar la anulación dispuesta por el fallador a quo únicamente con apoyo en la ausencia de la mención del alinderamiento, sino porque en el texto de las promesas no reposaba prácticamente ningún dato que sirviera para identificar los predios negociados. De hecho, en la promesa de permuta y su otrosí ni siquiera se incluyó su dirección.
Para finalizar, insiste la Corte en que, como es natural, toda la información faltante para lograr individualizar el objeto de los contratos prometidos reposa en varios documentos públicos ajenos a la promesa; pero estos solo podrían ligarse al pacto preparatorio suponiendo en su contenido textual algo que no dice – v. gr. la mención del número de folio de matrícula de cada uno de los locales prometidos en venta o permuta–, lo cual es improcedente, en razón a la solemnidad ad substantiam actus que consagra el artículo 1611-1 del Código Civil.
En consecuencia, los cargos primero y segundo no prosperan.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 20 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el trámite que promovió Edgar Vélez Duque contra Metrosur Ltda. – en liquidación.
SEGUNDO. CONDENAR a la parte actora, como impugnante vencida, al pago de las costas procesales de esta actuación. En la liquidación inclúyanse $6.000.000, por concepto de agencias en derecho.
TERCERO. Por secretaría remítase el expediente al tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
(Ausencia Justificada)
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1964-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2022-07-18. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2013-00359-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1964-2022%20%5B2013-00359-01%5D).
