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clave: "corte_suprema:providencia:SC194-2023 [2013-00285-01]"
titulo: "Corte Suprema: los campesinos tienen derecho a una tenencia de tierras segura y a no ser desalojados por la fuerza de sus tierras y territorios"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-07-18"
radicado: "2013-00285-01"
numero: "SC194-2023"
ponente: "Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo"
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# Corte Suprema: los campesinos tienen derecho a una tenencia de tierras segura y a no ser desalojados por la fuerza de sus tierras y territorios

- **Título oficial / radicado:** SC194-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-07-18
- **Radicado:** 2013-00285-01
- **Número:** SC194-2023
- **Ponente:** Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC194-2023%20%5B2013-00285-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC194-2023%20%5B2013-00285-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIzL0RyLiBBcm9sZG8gV2lsc29uIFF1aXJveiBNb25zYWx2by83Li0gSnVsaW8vU2VudGVuY2lhcy9TQzE5NC0yMDIzIFsyMDEzLTAwMjg1LTAxXS5wZGY%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

La definitividad de la decisión jurisdiccional sobre la ausencia de prueba de los perjuicios, de ninguna manera impide que se estudie lo relativo a la resolución contractual y las consecuentes restituciones mutuas, pues aquélla no es una condición de esta última.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1395 de 2010
- Ley 169 de 1896
- Ley 820 de 2003

## Extracto

De esta forma el campesino perdió su condición de actor relevante de la sociedad, rol que de tanto en tanto reivindicaron, así como apaciguados con cambios normativos «formales» y con poca eficacia en la realidad.

## Cita textual

> se puede efectuar cosecha de arroz de la totalidad del predio

## Texto del documento

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC194-2023
Radicación n.° 41001-31-03-003-2013-00285-01
(Aprobado en sesión del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés)
Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veintitrés
(2023).
Se decide el recurso de casación interpuesto por Carlos
Enrique Quintero Solano frente a la sentencia del 29 de junio
de 2021, proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva, Sala Civil - Familia - Laboral, dentro del
proceso que adelantó contra Francisco y Carlos Romano
Sefair López.
ANTECEDENTES
1. En la demanda con la que se dio inicio al proceso se
solicitó, en síntesis, declarar «resueltos por incumplimiento»
los contratos de arrendamiento celebrados por cada uno de
los demandados, como arrendadores, y el actor, como
arrendatario, y, en consecuencia, condenar al pago de
perjuicios por $2.051.532.893.80, a cargo de Francisco
Sefair López, y $246.600.800.00, de Carlos Romano Sefair
López, junto con la indexación y los intereses legales
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causados (folios 67 a 80 del cuaderno n.° 1 del expediente
digital).
2. Como sustento de esas súplicas se plantearon los
hechos que a continuación se compendian:
2.1. El 10 de marzo de 2010 se celebró contrato de
arrendamiento entre Francisco Sefair López y el demandante,
sobre los predios «San Simón Uno» y «Simijaca», ubicados en
la vereda El Gramal del municipio de Alpujarra, Tolima, que
totalizan un aproximado de 68 hectáreas, cuyo objeto fue la
realización de seis (6) cosechas de arroz, dos (2) por año, a
partir del 1º de abril de 2010, o de la fecha en que los terrenos
contaran con el «suministro de agua», estipulándose como
precio la suma de $900.000 por hectárea cultivada,
pagaderos por año adelantado, anticipándose el monto de
$40.000.000. Este negocio se modificó por «otrosí» del 25 de
mayo de 2012.
2.2. El 26 de mayo siguiente, entre Carlos Romano
Sefair López y el convocante, se firmó arrendamiento sobre el
fundo «San Simón Uno», localizado en el mismo paraje, con
un aproximado de 30 hectáreas, con la finalidad de cosechar
arroz a partir «del momento que entre en servicio el canal de
riego Asogramal», pactándose como precio $800.000 por
hectárea cultivada.
2.3. En ambos instrumentos se manifestó que los lotes
arrendados tenían derecho a tomar el agua del distrito de
riego de Asogramal, que se surte del «río Cabrera».
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2.4. Previo a la suscripción de los contratos, los
arrendadores manifestaron «que ya estaban para terminar el
distrito de riego para el suministro de agua, lo cual se haría a
más tardar en 15 días, pues ya se había invertido para el
efecto entre 950 y 1.100 millones de pesos».
2.5. Los inmuebles nunca se entregaron, toda vez que
ninguno ha tenido, ni tienen, agua.
2.6. Encontró vulnerado el principio de la buena fe,
como quiera que Francisco Sefair López sabía que los predios
carecían de la posibilidad de surtirse de agua para el cultivo
de arroz, sin que lo informara, ni aceptara terminar el
contrato de mutuo acuerdo.
2.7. Con el fin de no sufrir más perjuicios se vio forzado
a suscribir el otrosí del 25 de mayo de 2012, en el que se
amplió el tiempo de duración, se ajustó la forma de pago y se
estableció la obligación del arrendador de garantizar el
suministro de agua para los cultivos.
2.8. En las convenciones, además, los arrendadores
autorizaron al arrendatario «para que contratara la ejecución
de las obras necesarias para terminar de adecuar el canal de
riego», en virtud de lo cual debía presentar a los primeros,
para su aprobación, el presupuesto respectivo, quedando a
cargo de Francisco Sefair López el pago del 60% y de Carlos
Romano Sefair López el 40% restante; el valor a invertir sería
suministrado por el arrendatario -hasta $80.000.000-, los
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cuales se compensarían con los futuros cánones de
arrendamiento, más intereses a la tasa del 2% mensual.
2.9. Las partes previeron que, «una vez terminada la
obra y puesta el agua, se firmaría un acta entre las partes en
la cual se haría constar la entrega de los inmuebles
arrendados al arrendatario por parte del arrendador, y a
partir de su fecha comenzaría a correr el tiempo de las
cosechas y el pago estipulado en el contrato».
2.10. Para ejecutar las obras se contrató a John Fredy
González Chaux, el 30 de mayo de 2012, siendo aprobadas
por los hermanos Sefair López, quienes consintieron en su
realización con un valor total de $122.909.500.
2.11. Del referido monto el accionante sufragó la
cantidad de $80.000.000, sin que los demandados
atendieran el pago del saldo -$42.909.500-, como lo certificó
John Fredy González Chaux el 11 de marzo de 2013, donde,
adicionalmente, precisó que los trabajos que «faltaban por
ejecutar ascendían a la suma de ciento dos millones ciento
siete mil quinientos pesos ($102.107.500.00), situación que el
señor Carlos Enrique Solano Quintero ha comunicado y
requerido varias veces en forma verbal y escrita a los señores
Sefair López sin obtener respuesta alguna».
2.12. El señor Carlos Romano Sefair López, «ratificando
el incumplimiento del contrato celebrado», mediante nota del
17 de mayo de 2013 reiteró su voluntad de entregar los lotes
para ser cultivados con el agua de la quebrada «San Pedro»,
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ofrecimiento que el actor no aceptó por ser insuficiente para
el advertido propósito.
3. Después de agotado el proceso de enteramiento, los
demandados, en escritos separados pero de similar
contenido (folios 112 a 119 y 123 a 131 del cuaderno n.° 1
del expediente digital), respondieron oponiéndose al
acogimiento de las pretensiones, pronunciándose de diversa
manera sobre sus hechos y planteando las excepciones
meritorias que denominaron «inexistencia de dolo o mala fe»,
«inexistencia de incumplimiento del demandado»,
«incumplimiento exclusivo del actor» y «no corresponder la
acción a la naturaleza del contrato celebrado».
Adicionalmente, objetaron la estimación de perjuicios
efectuada por el actor.
4. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, en
audiencia realizada el 8 de noviembre de 2018, profirió
sentencia en la que declaró «próspera la [o]bjeción por [e]rror
[g]rave, formulada por la parte actora contra el dictamen
pericial», estimó «probada la excepción de mérito denominada
‘incumplimiento exclusivo del actor’», y negó las pretensiones
de la demanda.
5. Recurrido en apelación dicho pronunciamiento por el
demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva, Sala Civil - Familia - Laboral, dictó sentencia de
segunda instancia el 29 de junio de 2021, en la que modificó
el punto tercero de la parte resolutiva de la providencia
impugnada para «declarar no probadas las excepciones de
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mérito formuladas por los demandados» (folios 45 a 59 del
cuaderno del Tribunal del expediente digital).
LOS ARGUMENTOS DEL AD QUEM
Luego de historiar lo ocurrido en el proceso, compendiar
la acción y la defensa, sintetizar los planteamientos en los
que se sustentó el a quo para resolver el conflicto, aludir a
los fundamentos de la apelación, afirmar la satisfacción de
los presupuestos procesales y referirse de manera general al
contrato de arrendamiento, el sentenciador de segunda
instancia abordó los reproches del inconforme.
1. Empezó por la nulidad que el censor esgrimió con
base en los artículos 124 del Código General del Proceso y 9º
de la ley 1395 de 2010, habida cuenta de la pérdida de
competencia del juzgado de conocimiento por vencimiento
del término máximo para fallar, en relación con la cual puso
de presente que la misma fue denegada en primera instancia,
encontrándose en firme el auto del 6 de septiembre de 2018
que así la resolvió, por lo que este cuestionamiento no
corresponde «técnicamente a un reparo de la sentencia».
2. Se ocupó luego de la ineficacia impetrada por el
recurrente, fincada en el numeral 5º del artículo 133 del
Código General del Proceso, respecto de la cual advirtió que
la misma fue desatada previa y negativamente por el
Tribunal, como aparece en auto del 10 de mayo de 2021.
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3. Pasó a las quejas de fondo y, tras memorar el carácter
resolutorio de la acción promovida y la naturaleza real del
arrendamiento por la esencialidad de la entrega, observó que,
en el caso, esta «obligación… no se materializó, pues
precisamente… quedó sujeta a los trabajos de adecuación del
Canal de Riego precitado, y así quedó establecido en el
documento examinado”, esto es, en el otrosí al contrato
celebrado por el demandante y Francisco Sefair López,
cuestión corroborada con las declaraciones de los precitados
intervinientes, quienes señalaron que «los inmuebles no
fueron entregados y que no serían sembrados hasta que no
tuvieran habilitado el Canal de Riego de Asogramal, pues el
demandante no cultivaría con el sistema de riego de la
quebrada San Pedro por ser insuficiente».
En este orden de ideas y como «el contrato de
arrendamiento se encontraba supeditado a la realización de
las obras de adecuación del Canal de Riego, como claramente
se expresó en la cláusula atrás referida, por lo que dada esa
condición suspensiva», estimó que el contrato «aún no se
había celebrado y por tanto no generaba efectos jurídicos».
Previa invocación del mandato contenido en el artículo
1546 del Código Civil, añadió que el convenio ajustado entre
el actor y Francisco Sefair López, correspondió a «unas
condiciones precontractuales al verdadero contrato de
arrendamiento, al punto que supeditaron la suscripción del
acta de entrega de los inmuebles y en últimas el inicio del
contrato de arrendamiento a la terminación de las obras de
adecuación de riego y el suministro de agua, momento a partir
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del cual iniciaría la ejecución de las cosechas y el pago
estipulado, por lo que para esta instancia judicial no era
admisible formular la demanda bajo la premisa de una
resolución de contrato por incumplimiento sino, por el
contrario, si la intención era obtener el pago de perjuicios
materiales (daño emergente y lucro cesante), debió intentarse
precisamente el cumplimiento del contrato por parte del
demandado Francisco Sefair López, dada la entrega
anticipada de dineros de conformidad con lo previsto en el
artículo 1546, inciso 2º del Código Civil».
Soportado en la previsión del artículo 281 del Código
General del Proceso, aseveró que «no es dable al fallador en
materia civil condenar por causa diferente a la pretendida en
la demanda» y que, por lo tanto, en el presente caso, «no
resulta viable condenar la resolución del contrato por
incumplimiento del demandado Sefair López, cuando lo
acreditado en el dosier, reveló unas tratativas
precontractuales que finalmente sujetaron la celebración del
contrato de arrendamiento a una condición suspensiva de
terminación de los trabajos de adecuación del sistema de
riego, que según se revela nunca se concretaron».
4. Desde otra perspectiva estimó que, «si en gracia se
admitieran las pretensiones del demandante, tampoco
gozarían de prosperidad dado el éxito de la objeción por error
grave [del dictamen pericial] declarada en primera instancia,
circunstancia que significó que los perjuicios materiales (daño
emergente y lucro cesante) reclamados no fueron finalmente
probados».
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5. Para terminar, estableció que el contrato celebrado
entre el actor y Carlos Romano Sefair López «corre la misma
suerte» del ajustado entre aquél y el otro demandado, toda
vez que, según su cláusula sexta, quedó «sujet[o] a la misma
condición suspensiva de la disposición del canal de riego para
su celebración», por lo que es aplicable el «análisis jurídico»
consignado frente al «convenio celebrado entre Carlos Enrique
Quintero Solano y Francisco Sefair López».
LA DEMANDA DE CASACIÓN
De los tres (3) cargos que contiene el escrito de
sustentación, mediante providencia AC1142 del 27 de abril
de 2022, la Sala inadmitió el primero y el último, de modo
que sólo se impulsó a estudio el intermedio.
CARGO SEGUNDO
Acusó la sentencia de ser violatoria, por aplicación
indebida, de los artículos 1536 y 1973 del Código Civil y, por
falta de aplicación, del canon 1546 del mismo estatuto, lo
que conllevó a la desatención de los preceptos «63, 769, 1502,
1516, 1602, 1603, 1604, 1609, 1610, numeral 3º, 1614, 1615,
1616, 1618, 1621, 1622, 1982 numeral 1º, 1983, 1984, 1993,
y 2036 de la misma obra, los artículos 20 numeral 2º, 822,
823, 863, 870, 871 del Código de Comercio, 164, 167, 176,
191, 206, 225, 243, 250, 260, 281 del C.G.P. y… 83, 229 y
230 [de la Constitución Política]».
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1. De un lado, por cuanto el juzgador estimó que las
partes negociales, en los contratos de arrendamiento sub
judice, se encontraban en la etapa precontractual, por no
haber realizado la entrega de los bienes arrendados,

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ible de gobernarse por la
condición resolutoria tácita a que se refiere el artículo 1546
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del Código Civil, que es precisamente la pretensión principal
invocada por el actor, aunque, itérese, referida a los
contratos de renta que suscribió.
(c) Por último, como se ha explicado insistentemente en
este proveído, no es dable acceder a la condena por lucro
cesante por la no explotación de las heredades.
(II) Contrato de arrendamiento de Carlos Sefair y Carlos
Quintero:
(a) Valor adicional sobre la mejora útil: Dada la
limitación contractual, no es dable ordenar el pago del 40%
de los mayores costos del contrato de obra, mensurada en
$17.163.800.
Se agrega que, en puridad, la fuente de esta obligación
es el contrato de obra, que resulta por completo ajeno al
thema decidendum de este litigio, por no haber elevado
pretensiones en torno al mismo, ni integrar la causa petendi,
ya que las menciones a éste fueron para fines de demostrar
el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario y
arrendadores.
(b) La condena al pago de perjuicios por lucro cesante
resultó rehusada en antaño, por lo explicado en este proveído
largamente.
5. Conclusión de cierre.
5.1. Por lo dilucidado al resolver la casación, ante la
anulación de la sentencia de alzada, procede emitir sentencia
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de reemplazo, en la cual únicamente se abordarán las
materias objeto del remedio extraordinario, esto es, la
resolución o terminación de los contratos de arrendamiento
y sus consecuencias ingénitas.
5.2. Como la apelación está llamada a prosperar, por
haberse probado los supuestos de la terminación y denegado
los fundamentos de las excepciones, acorde con el numeral
4° del artículo 366 del Código General del Proceso, Francisco
y Calos Sefair serán condenados en costas de ambas
instancias en favor de Carlos Quintero, aquél en un 70% y
éste en un 30%, considerando el número y valor de las
condenas.
Las agencias en derecho se tasarán, para la alzada, por
el magistrado ponente, según el numeral 3° ídem y las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero. Casar la sentencia proferida el 29 de junio de
2021, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Neiva, Sala Civil - Familia - Laboral, dentro del proceso
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que Carlos Enrique Quintero Solano promovió contra
Francisco y Carlos Romano Sefair López.
Segundo. Abstenerse de imponer condena en costas en
casación contra Carlos Enrique Quintero Solano, dada la
prosperidad de su impugnación extraordinaria.
Además, la Corte situada en sede de instancia
RESUELVE
Primero. Revocar en su integridad el fallo del 8 de
noviembre de 2018, proferido por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Neiva.
Segundo. Declarar la terminación del contrato de
arrendamiento celebrado el 10 de marzo de 2010 entre
Francisco Sefair López y Carlos Enrique Quintero Solano,
modificado el 25 de mayo de 2012, sobre los predios «San
Simón Uno» y «Simijaca», ubicados en la vereda El Gramal del
municipio de Alpujarra, Tolima, por el incumplimiento de las
obligaciones de aquél.
Tercero. En consecuencia, se ordena que Francisco
Sefair López pague a Carlos Enrique Quintero Solano las
siguientes sumas por los conceptos que se especifican en
cada caso:
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3.1. $73.309.413, correspondiente al precio pagado de
forma anticipado, debidamente actualizado hasta la fecha de
la Sala de Decisión.
3.2. Intereses del 2% sobre el monto de $40.000.000,
correspondiente al precio anticipado no actualizado,
pagaderos desde el 10 de marzo de 2010.
3.3. $81.765.008, correspondiente al valor de la mejora
útil autorizada, debidamente actualizado hasta la fecha de la
Sala de Decisión.
3.4. Intereses del 2% sobre el monto de $48.000.000,
correspondiente al valor histórico de la mejora autorizada,
pagaderos desde el 20 de septiembre de 2012.
Cuarto. Declarar la terminación del contrato de
arrendamiento celebrado el 26 de mayo de 2012 entre Carlos
Sefair López y Carlos Enrique Quintero Solano, sobre el
predio «San Simón», ubicado en la vereda El Gramal del
municipio de Alpujarra, Tolima, por el incumplimiento de las
obligaciones de aquél.
Quinto. En consecuencia, se ordena que Carlos Sefair
López pague a Carlos Enrique Quintero Solano las siguientes
sumas por los conceptos que se especifican:
5.1. $54.510.005, correspondiente al valor de la mejora
útil autorizada, debidamente actualizado hasta la fecha de la
Sala de Decisión.
Radicación n.° 41001-31-03-003-2013-00285-01
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5.2. Intereses del 2% sobre el monto histórico de
$32.000.000, correspondiente al valor de la mejora
autorizada, no actualizada, pagaderos desde el 20 de
septiembre de 2012.
Sexto. La liquidación de intereses y de indexación
posterior a la fecha indicada en este proveído, deberá hacerse
con sujeción a los parámetros que se dejaron consignados en
esta providencia y a los mandatos contenidos en los artículos
283 y 284 del Código General del Proceso.
Séptimo. El juzgador de instancia, al realizar el cálculo
de intereses e indexación, verificará que la sumatoria de
estos conceptos en cada período mensual, considerando la
suma histórica, no exceda el límite de usura para cada
período, so pena de reducirlo a éste.
Octavo. Rehusar los demás pedimentos de condena
izados por el demandante.
Noveno. Negar las excepciones propuestas por los
demandados.
Décimo. Costas en ambas instancias a cargo de
Francisco y Carlos Romano Sefair López, en un setenta por
ciento (70%) y un treinta por ciento (30%), respectivamente,
en favor de Carlos Enrique Quintero Solano. En la
liquidación inclúyase la suma de cinco (5) salarios mínimos
legales mensuales vigentes a la fecha de notificación de esta
Radicación n.° 41001-31-03-003-2013-00285-01
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providencia, que el Magistrado Sustanciador señala como
agencias en derecho en segunda instancia.
Décimo primero. En su oportunidad remitir el
expediente a la corporación judicial de origen.
Notifíquese
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Presidente de sala
Hilda González Neira
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC194-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2023-07-18. C.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Rad. 2013-00285-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC194-2023%20%5B2013-00285-01%5D).
