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clave: "corte_suprema:providencia:SC19300-2017 [2009-00347-01]"
titulo: "Corte Suprema: la ausencia del fondo patrimonial pueden comprometer la responsabilidad de los liquidadores"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2017-11-21"
radicado: "2009-00347-01"
numero: "SC19300-2017"
ponente: "Aroldo Wilson Quiróz Monsalvo"
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# Corte Suprema: la ausencia del fondo patrimonial pueden comprometer la responsabilidad de los liquidadores

- **Título oficial / radicado:** SC19300-2017 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2017-11-21
- **Radicado:** 2009-00347-01
- **Número:** SC19300-2017
- **Ponente:** Aroldo Wilson Quiróz Monsalvo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC19300-2017%20%5B2009-00347-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC19300-2017%20%5B2009-00347-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE3L0RyLiBBcm9sZG8gV2lsc29uIFF1aXLzeiBNb25zYWx2by8xMS4gTm92aWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0MxOTMwMC0yMDE3IFsyMDA5LTAwMzQ3LTAxXS5kb2M%3D/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

La ausencia del fondo patrimonial pueden comprometer la responsabilidad de los liquidadores, quienes están obligados a « liquidar y cancelar las cuentas de los terceros y de los socios ».

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 153 de 1887
- Ley 57 de 1887
- Constitución Política

## Extracto

Insístase, el daño se origina desde el mismo momento en que el liquidador actúa de forma negligente, por no constituir la provisión y permitir la conclusión del trámite liquidatorio, que de generar un daño concederá acción judicial directa e inmediata contra él, sin perjuicio de las pretensiones contra los socios o deudores solidarios para el pago de las condenas que se emitan después de liquidada la sociedad. En consecuencia, se insiste, aunque se admitieran los yerros de valoración probatoria, de ello no se sigue que fuera posible inaplicar el artículo 256 del Código de Comercio y, en su lugar, admitir el ejercicio de las acciones de responsabilidad contra los liquidadores en cualquier tiempo, sin acudir al instituto de la suspensión o interrupción, por lo que la decisión impugnada se mantendrá incólume. Palmaria es, entonces, la intrascendente del ataque, razón suficiente para desecharlo.

## Cita textual

> no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación

## Texto del documento

Radicación n° 11001-31-03-025-2009-00347-01
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC19300-2017
Radicación n° 11001-31-03-025-2009-00347-01
(Aprobado en sesión de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete)
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
Decídese el recurso de casación interpuesto por Jorge Edic Carvajal Gómez frente a la sentencia de 29 de abril de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso que promovió, junto con Luz Marina Prieto Rojas, John Harly, Maritza Viviana y Eliana Ximena Carvajal Prieto, contra Loredana Garota de Helmsdorff y Giulio Helmsdorff Garota.
ANTECEDENTES
1. Los accionantes solicitaron que los convocados, como liquidadores de Inmuebles Industriales Zeta Ltda., fueran declarados civilmente responsables por los perjuicios ocasionados por la falta de depósito de la reserva destinada a pagar las erogaciones impuestas por la sentencia de 13 de mayo de 2008, dictada en un pleito por responsabilidad civil adelantado contra la sociedad.
Como consecuencia, deprecaron una condena solidaria por el valor insoluto de la indemnización, junto con la indexación e interés lucrativo, según la siguiente relación: a) A favor de Jorge Edic, la suma de $292’068.363,36; b) Luz Marina Prieto Rojas, $5’644.258,11; c) John Harly Carvajal Prieto, $2’257.703,24; d) Maritza Viviana Carvajal Prieto, $2’257.703,24; e) Eliana Ximena Carvajal Prieto, $2’257.703,24; y f) $18’000.000 por costas judiciales en beneficio de todos los demandantes.
2. Tal reclamación tuvo el sustento fáctico que a continuación se sintetiza (folios 48 a 53 del cuaderno 2):
2.1. Inmuebles Industriales Zeta Ltda. se disolvió el 29 de septiembre de 1991, nombró como liquidadores a los demandados y protocolizó el acta aprobatoria de la cuenta final de liquidación el 18 de diciembre de 1997.
2.2. Con ocasión de la extinción definitiva de la sociedad, se adjudicó a los socios el derecho de dominio sobre varios inmuebles.
2.3. El 20 de mayo de 1997, en razón de un accidente que sufrió Jorge Edic, los mismos accionantes promovieron proceso ordinario contra la referida persona jurídica, la que otorgó poder para su representación judicial el 22 de julio de igual anualidad. Esta causa concluyó el 13 de mayo de 2008, en sede de casación, condenando a los convocados por una cifra cercana a $550.000.000, de los cuales se pagaron $250.000.000, haciendo efectiva la póliza constituida para evitar la práctica de medidas cautelares.
2.4. El 21 de octubre de 2008 se solicitó a Inmuebles Industriales Zeta Ltda. informar la entidad financiera depositaria de la reserva destinada al pago de la condena, sin que los liquidadores hicieran manifestación alguna.
3. Una vez admitido el libelo, los convocados rechazaron las súplicas (folios 5 a 13 del cuaderno 1), aunque aceptaron como ciertos los hechos de la demanda, salvo el relativo al pago parcial de la condena, el cual manifestaron desconocer.
Formularon la excepción de prescripción , por cuanto la acción promovida se fundamentó en el artículo 255 del Código de Comercio, el cual establece un plazo de cinco (5) años para su interposición (artículo 266), contado a partir de la aprobación de la cuenta final de liquidación, que venció el 18 de diciembre de 2012.
Desestimaron que operara la interrupción civil del término anotado, pues la causa contra los liquidadores se inició el 16 de junio de 2009, esto es, « más de seis años y medio después de haber corrido la totalidad del tiempo previsto de la prescripción extintiva de la acción impetrada, de modo que esta demanda tardía mal podría interrumpir un término de prescripción cumplido desde el 18 de diciembre de 2002, pues empezó a correr el 18 de diciembre de 1997, fecha en la que se elevó a escritura pública el acta aprobatoria de la cuenta final de liquidación » (folio 8 del cuaderno 1).
Insistió que Inmuebles Industriales Zeta Ltda. culminó su existencia el 18 de diciembre de 1997, con la protocolización de la cuenta final, lo cual se reveló con la inscripción en la Cámara de Comercio, por lo que este día comenzó a correr el lapso para demandar a los liquidadores, encontrándose vencido a la fecha en que los actores enarbolaron sus pretensiones.
Por último, en aplicación del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, propusieron la defensa genérica.
4. El Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá declaró prescrita la acción, al encontrar que el derecho a reclamar la indemnización surgió desde el día en que se asintió en la cuenta final de liquidación, esto es, el 1 de septiembre de 1997, por lo que finiquitó su admisibilidad desde el año 2002 (folios 37 a 44 del cuaderno 1).
5. Al desatar la alzada, el superior confirmó la decisión, con base en los fundamentos que se exponen en lo sucesivo.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. Después de encontrar satisfechos los presupuestos procesales y de enunciar los deberes de los administradores, manifestó que las obligaciones litigiosas generan un deber particular para el liquidador, como es constituir una reserva adecuada, que estará en su poder hasta la conclusión de su encargo y, con posterioridad, será depositada en un establecimiento bancario.
2. Anticipó que la apelación carece de éxito por el tenor literal de las normas aplicables a la materia, que consagran un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la aprobación de la cuenta final de liquidación, « de la cual se enteran los terceros a través de su inscripción en el registro mercantil » (folio 30 del cuaderno Tribunal). Descartó que el plazo legal pudiera computarse desde la ejecutoria de la sentencia que impone la condena, por la claridad normativa antes anunciada.
3. Aseveró que el daño causado por la falta de provisión es diferente al que sirvió de motivo a la declaratoria de responsabilidad de la sociedad, pues aquél se circunscribe al desconocimiento de los deberes de los liquidadores, lo que habilitaba a los afectados para promover las acciones que permitieran superar la omisión cuestionada, « de modo que los elementos de la responsabilidad de los aquí demandados se hallaban presentes desde mucho antes del inicio de la acción ordinaria de la que se ocupa esta sede, huelga decir, desde que se verificó el incumplimiento hasta ahora atribuido » (folio 32 ejusdem ).
4. Concluyó que, por haberse inscrito en el registro mercantil la escritura pública contentiva de la cuenta final de liquidación el 10 de junio de 1998, para la fecha en que se interpuso la demanda en el presente caso -23 de junio de 2009- se había extinguido la acción, al haber transcurrido los cinco (5) años señalados en la regulación, sin que haya constancia de su renuncia.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Contiene tres (3) reproches fundados en la violación de la ley sustancial, los dos (2) iniciales por la senda directa y el último por la indirecta (folios 28 a 36 del cuaderno Corte), los cuales serán resueltos en el mismo orden de formulación.
CARGO PRIMERO
Denunció la desatención de los artículos 28, 29, 200, 234, 245, 255, 256, 257, 822, 830, 871 del Código de Comercio, 8 de la ley 153 de 1887, 1620, 2512, 2535 del Código Civil, 2 y 83 de la Constitución Política.
Como apoyo, manifestó que la prescripción busca castigar al acreedor negligente, por lo que el término señalado para ejercer la acción prevista en el artículo 255 del Código de Comercio sólo puede contarse desde la exigibilidad del derecho a ser indemnizado, como lo previene el precepto 2535 del Código Civil y el principio según el cual la prescripción no corre para el que no puede ejercitar una acción .
Sostuvo que la verificación de la reserva sólo podía hacerse con ocasión del fallo condenatorio, por lo que, como previamente no existía un perjuicio cierto y directo susceptible de ser reparado, por la inexigibilidad de la obligación, esto impedía adelantar una reclamación contra los liquidadores.
Arguyó que la interpretación del ad quem dejó a los demandantes sin acción, pues antes de la sentencia condenatoria el perjuicio era incierto y después la reclamación se hizo extemporánea. Insistió en que únicamente con el fallo condenatorio podía evaluarse la constitución de la reserva y su suficiencia, momento a partir del cual inició el término prescriptivo de que trata el artículo 256 del estatuto mercantil.
Puntualizó que una hermenéutica diferente promovería maniobras dilatorias de los liquidadores, « a sabiendas de que su responsabilidad por el incumplimiento de deberes legales quedará a salvo si el proceso contra la sociedad no se decide antes de 5 años contados desde la aprobación de las cuentas finales » (folio 30), en contravía de la lealtad, diligencia y buena fe.
Aseveró que el presente caso es especial, por lo que debe resolverse por fuera del tenor literal del artículo 256 ibidem, en aplicación de los principios de buena fe, no abuso de derecho, efecto útil y justicia, en tanto la acción se promovió antes de la liquidación, no se hizo la provisión y la sentencia condenatoria se dictó después de la aprobación de la cuenta final, lo que colocó a los actores en imposibilidad jurídica de demandar. Y es que, el cómputo de la prescripción, a partir de la cuenta final de liquidación, sólo es aplicable para los reclamantes que tengan una obligación exigible; en los demás eventos, el término deberá contarse desde que haya un fallo en firme.
Reiteró que no se configuró la prescripción, pues la acción contra los liquidadores se promovió dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha en la que se dictó el fallo condenatorio contra la sociedad, quienes fueron omisivos en la constitución de la provisión del artículo 235 del estatuto mercantil, lo que permite presumir su culpa.
CONSIDERACIONES
1. Las sociedades, como sujetos de derecho diferentes a los socios individualmente considerados, están sometidas al cumplimiento de unos requisitos para su creación y extinción, de suerte que sus actos sean oponibles a terceros y se evite una confusión patrimonial.
Para la culminación de su existencia debe configurarse alguna de las causales contractual o legalmente establecidas, a partir de lo cual es menester agotar el procedimiento de realización de activos y pago de las acreencias. Estos dos momentos se conocen como la disolución y liquidación, respectivamente.
La primera consiste en la satisfacción de las condiciones de hecho y de derecho exigidas para que se materialice alguna de los motivos de
terminación del contrato
de sociedad y, en consecuencia, finiquite la personalidad jurídica, momento a partir del cual el ente « no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación » (artículo 222 del Código de Comercio).
La fase liquidatoria es el procedimiento que permite la ordenada solución de las acreencias y el reparto de los remanentes entre los asociados, a través de la enajenación del activo social. El artículo 241 del estatuto comercial así lo establece:
No podrá distribuirse suma alguna a los asociados mientras no se haya cancelado todo el pasivo externo de la sociedad. Pero podrá distribuirse entre los asociados la parte de los activos sociales que exceda del doble del pasivo inventariado y no cancelado al momento de hacerse la distribución.
De esta forma se evita que la liquidación pueda utilizarse como estratagema para eludir obligaciones empresariales, pues los socios quedan relegados al final del proceso y su derecho está condicionado a la existencia de activos sobrantes después de pagados todos los débitos.
Igual regla debe aplicarse para las obligaciones condicionales o litigiosas, ya que corresponde a los liquidadores adoptar las medidas necesarias para garantizar su satisfacción, con independencia de la certidumbre sobre el momento de su exigibilidad, para lo cual deberá constituir una reserva que estará vigente hasta el cumplimiento o fracaso de la condición, o el finiquito del proceso judicial.
Al respecto, el artículo 245 ibidem consagró:
Cuando haya obligaciones condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, la que se distribuirá entre los asociados en caso contrario. La misma regla se aplicará en caso de obligaciones litigiosas, mientras termina el juicio respectivo.
Luego, estos vínculos jurídicos, a pesar de estar sometidos a hechos futuros e inciertos, no impiden el adelantamiento y conclusión del proceso liquidatorio, en cuanto se satisfaga la carga de realizar una reserva que garantice su solución, si a ello hubiere lugar, sin perjuicio del compromiso patrimonial de los socios según el tipo de sociedad.
El liquidador, entonces, es el encargado de efectuar la cuantificación de la deuda condicional o litigiosa, conservar en su poder los recursos necesarios para su pago y seguir adelante con el finiquito de la persona jurídica, momento en el cual deberá pone

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

análisis de estos tópicos, ajenos por completo a la controversia, so pena de dar al traste con los derechos de defensa y contradicción de los demandados.
4. Aun dejando de lado las anteriores deficiencias, la censura no se abriría paso, pues no existió un yerro evidente en la valoración que hizo el juzgador de la contestación de la demanda, el certificado de existencia y representación legal de Inmuebles Industriales Zeta Ltda., y la copia auténtica de la Escritura Pública n° 2943.
4.1. Reliévese, delanteramente, que los citados medios demostrativos, junto al registro civil de nacimiento de Eliana Ximena Carvajal Prieto y una copia de una revista especializada en jurisprudencia, son los únicos arrimados al expediente, con el objeto de demostrar la desatención de los deberes de los liquidadores, así como la inoperancia de la prescripción.
Los demandantes, en el curso de la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, desistieron de los interrogatorios solicitados en el escrito genitor, por considerar que « los hechos relevantes de esta controversia han sido aceptados en el escrito por el cual se contestó el libelo » (folio 18 del cuaderno 1).
No se hizo solicitud alguna tendiente a trasladar los memoriales, actuaciones o intervenciones de los liquidadores en el proceso con radicación n° 1997-09327-01, ni para arrimar los soportes del trámite liquidatorio de Inmuebles Industriales Zeta Ltda.
4.2. A partir del anterior acervo probatorio, el Tribunal coligió que « los liquidadores conocían de la acción judicial y por tanto tenían que aprovisionar adecuadamente la eventualidad de un fallo adverso, [por lo que] ese incumplimiento a su deber por culpa o por dolo, cuya satisfacción había de tener lugar dentro de su encargo al inventariar la obligación litigiosa…, proveerla hasta que terminar[a] el juicio e incluirla en la cuenta de liquidación, constituye factor de imputación de responsabilidad en su contra » (folio 31 del cuaderno Tribunal).
Tal conclusión, anticípese, no admite revisión alguna, pues las pruebas únicamente dan cuenta de la ausencia de una provisión, a pesar de existir el deber legal de realizarla, sin descollar hechos o actuaciones que pudieran denotar una actitud fraudulenta o tramposa de los liquidadores, en orden a utilizar el proceso de responsabilidad civil para alcanzar la prescripción extintiva de la acción que pudiera promoverse en su contra.
Así, el certificado de existencia y representación legal de la sociedad se limita a certificar que « LA E.P. NO. 2943 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1997 DE LA NOTARIA 16 DE SANTAFE DE BOGOTA D.C., POR MEDIO DE LA CUAL SE PROTOCOLIZO EL ACTA APROBATORIA DE LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, FUE INSCRITA EL 10 DE JUNIO DE 1998 BAJO EL NO. 637724 DEL LIBRO IX » y que, en consecuencia, « LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA LIQUIDADA » (folio 3 del cuaderno 2).
Acredita, entonces, la aprobación de la cuenta final de liquidación, su inscripción y la extinción de la persona jurídica, sin que deje en evidencia que los liquidadores actuaron para distraer a los promotores, como se aseveró en la demanda casación.
A su vez, la Escritura Pública n° 02943 de 18 de diciembre de 1997 demuestra que los asociados aprobaron el informe final de liquidación, el balance general a 31 de julio de 1997 y el trabajo de partición de los bienes de la empresa, así como la falta de provisiones para atender las obligaciones litigiosas (folios 5 a 19 ibidem), con lo cual se prueba la inobservancia del artículo 245 del Código de Comercio; sin embargo, nada deja entrever sobre el ánimo espurio de los administradores para ocultar el fin de la existencia de la sociedad o sus tácticas dilatorias para impedir una reclamación que comprometiera su patrimonio.
Por último, en la contestación de la demanda se aceptó el contenido del certificado de existencia y representación legal, el inicio y conclusión del anterior proceso judicial tramitado por los accionantes contra Inmuebles Industriales Zeta Ltda., la designación de apoderado judicial el 22 de julio de 1997 para defender a tal sociedad, el otorgamiento de una caución por $250.000.000, la falta de respuesta a una comunicación del 21 de octubre de 2008 en la que se pidieron los datos de la reserva, y el agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad (folio 6 del cuaderno 1).
No se confesó que los demandados participaran activamente en la causa indemnizatoria contra Inmuebles Industriales Zeta Ltda., ni de los actos tendientes a dar la apariencia de existencia de la persona jurídica; así como tampoco las defensas que buscaran crear el falso entendimiento de que la empresa seguía in curso liquidatorio.
Así las cosas, los documentos objeto de cuestionamiento sólo demuestran una infracción a las reglas que rigen la liquidación de las sociedades mercantiles, sin que de ello se siga la prueba de prácticas contrarias a la buena fe para lograr la prescripción de la acción de responsabilidad consagrada en el artículo 255 de la codificación mercantil, como lo alega infundadamente el casacionista.
Por el contrario, estas piezas develan que el demandante, a la fecha en que dio inicio al proceso por el accidente que sufrió y que le produjo graves secuelas, sabía que el trámite liquidatorio de la sociedad estaba en curso; que la cuenta final de liquidación fue inscrita en el registro mercantil y, por ende, era oponible a terceros; y que no se constituyeron las provisiones para el pago de obligaciones litigiosas. Hechos que debieron haberle invitado a hacer un rastreo detallado al proceso de extinción de la persona jurídica y, de encontrarlo necesario, iniciar las acciones administrativas o judiciales que permitieran salvaguardar sus derechos como acreedor.
Se descarta, entonces, que el ad quem incurriera en un error de hecho evidente, que permitiera dar lugar a la casación de la sentencia opugnada.
5. Desestimados los cargos que se alzaron contra la providencia del Tribunal, se frustra la impugnación extraordinaria. No se impondrán costas, en aplicación del artículo 163 del Código de Procedimiento Civil, por el amparo de pobreza concedido a través de auto de 30 de mayo de 2012 (folios 4 a 7 del cuaderno amparo de pobreza).
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida el 29 de abril de 2011 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso ordinario que promovió Jorge Edic Carvajal Gómez, Luz Marina Prieto Rojas, John Harly, Maritza Viviana y Eliana Ximena Carvajal Prieto, contra Loredana Garota de Helmsdorff y Giulio Helmsdorff Garota. Sin condena en costas.
Devuélvase la actuación surtida al Tribunal de origen.
Notifíquese.
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de la Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(Ausencia justificada)
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC19300-2017 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2017-11-21. C.P. Aroldo Wilson Quiróz Monsalvo. Rad. 2009-00347-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC19300-2017%20%5B2009-00347-01%5D).
