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clave: "corte_suprema:providencia:SC1905-2019 [2011-00271-01]"
titulo: "Corte Suprema: los comunes corresponden a exigencias que deben estar presente en todos los actos jurídicos"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-10-29"
radicado: "2011-00271-01"
numero: "SC1905-2019"
ponente: "Margarita Cabello Blanco"
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# Corte Suprema: los comunes corresponden a exigencias que deben estar presente en todos los actos jurídicos

- **Título oficial / radicado:** SC1905-2019 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-10-29
- **Radicado:** 2011-00271-01
- **Número:** SC1905-2019
- **Ponente:** Margarita Cabello Blanco
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1905-2019%20%5B2011-00271-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1905-2019%20%5B2011-00271-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE5L0RyYS4gTWFyZ2FyaXRhIENhYmVsbG8gQmxhbmNvLzYuLSBKdW5pby9TZW50ZW5jaWFzL1NDMTkwNS0yMDE5IFsyMDExLTAwMjcxLTAxXS5kb2M%3D/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

Los comunes corresponden a exigencias que deben estar presente en todos los actos jurídicos, causa y forma; los especiales son los propios y característicos del acto jurídico determinado que imperativamente deben concurrir para su eficacia y validez.

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

Para ese propósito es preciso recordar las reglas hermenéuticas contenidas en los artículos 1620, 1621 y 1622 del Código Civil, según los cuales: En el mismo sentido se ha pronunciado la doctrina al señalar, que: De acuerdo con esto, si las obras que ejecutaron los demandantes en el predio de propiedad del demandado, lo fueron con ocasión de un contrato de arrendamiento, no es procedente la reclamación de derecho alguno por causa de estas con fundamento en otro escenario jurídico; y ante la indiscutible inexistencia de un acuerdo expreso del arrendador para el pago o abono del costo de esas construcciones, no es posible que salga adelante la queja casacional, mucho menos cuando existe pacto contractual reiterado de consentir en las edificaciones requeridas por el arrendatario bajo la condición de devolver el inmueble en las mismas condiciones que fuere entregado, con la permisividad de retirar las mejoras susceptibles de ello.

## Cita textual

> de una cosa, lo que debe ser entendido en el sentido que prevé el ordinal 2 del artículo 1982 ib., o sea, como la obligación de mantener la cosa arrendada

## Texto del documento

Radicación n° 11001-31-03-041-2011-00271-01
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada Ponente
SC1905-2019
Radicación n° 11001-31-03-041-2011-00271-01
(Aprobado en sesión de cinco de septiembre de dos mil dieciocho)
Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019).
Procede la Corte a resolver el recurso de casación interpuesto por la demandante cesionaria sociedad Bosac & Cía. S.A.S. , respecto de la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013), complementada el 10 de octubre del mismo año, en el proceso ordinario instaurado por los cedentes María Elena Bravo Guevara y Oscar de Jesús Gómez contra Gabriel González Garzón .
I. ANTECEDENTES
1. María Elena Bravo Guevara y Oscar de Jesús Gómez García convocaron a juicio a Gabriel González Garzón, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
« 1. Se declare que el señor Gabriel González Garzón en su condición de arrendador y propietario del inmueble denominado "Villa Cristina", ubicado en la carrera 98 A No. 155-96 (dirección anterior), hoy carrera 99 No. 155-96 de la nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá, con matrícula inmobiliaria No 50N-231914 autorizó y/o consintió las construcciones que se detallan en los hechos 16 y 17 de esta demanda (mejoras útiles), realizadas por los señores MARÍA ELENA BRAVO GUEVARA y OSCAR DE JESÚS GÓMEZ GARCÍA, en su condición de arrendatarios de dicho bien ».
« 2. En consecuencia de lo anterior se ordene al demandado Gabriel González Garzón cancelar a los demandantes María Elena Bravo Guevara y Oscar de Jesús Gómez García la suma de Un Mil Seiscientos Setenta y Cinco Millones Ciento Cincuenta Mil pesos ($1.675.750.000,oo), suma que corresponde al valor de las construcciones y mejoras útiles realizadas por éstos al predio de aquél, conforme al avalúo que se aporta con esta demanda, o la que probatoriamente se establezca en el curso del proceso, conforme a lo dispuesto por el artículo 1994 del Código Civil…»
«3. Así mismo se ordene Gabriel González Garzón cancelar a los demandantes María Elena Bravo Guevara y Oscar de Jesús Gómez García la suma de once millones de pesos ($11'000.000,oo), o la suma que resultare probada dentro del proceso, que corresponde al valor del impuesto predial cancelado por [éstos], por no ser su obligación legal ya que son simples arrendatarios del inmueble…»
«4. Que se conceda a [los demandantes] el derecho de retención sobre el inmueble (...) hasta tanto el demandado (…) les cancele los valores a que se contraen las pretensiones 2 y 3 anteriores, tal como lo prevé el artículo 1995 de la misma Codificación ».
Adicionalmente reclamó, en relación con las pretensiones dinerarias referidas en los numerales 2 y 3, que se ordene al demandado el pago « dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que acoja estas pretensiones y de no ser así, deberá indexarse al momento del pago efectivo junto con sus intereses legales establecidos por el artículo 1617 ibídem ».
2. Como soporte fáctico de las pretensiones adujo los hechos que admiten el siguiente compendio:
2.1. Desde el año 1992 los demandantes son arrendatarios del inmueble antes reseñado, suscribiéndose el contrato inicial el primero (1°) de agosto de ese año, entre Gabriel González Garzón como arrendador y Oscar de Jesús Gómez García como arrendatario; el segundo, el dos (2) de febrero de 2004 entre los ya mencionados, en las condiciones dichas y, además, por la señora María Elena Bravo Guevara como arrendataria; el tercero, el primero (1°) de enero de 2008 entre todos los anteriores, que dijo « es el que actualmente se encuentra vigente ».
2.2. Refirió que, por un aviso publicado en el diario "El Tiempo" los demandantes, quienes se dedican a la docencia, se enteraron del ofrecimiento de un predio para establecimiento educativo, por lo que contactaron al propietario –hoy demandado- pero al ver el predio constataron que se trataba de « un lote abandonado y sin ninguna construcción », por lo que preguntaron al propietario porque lo ofrecía como lo hacía y éste respondió « aquí está el lote construyan el colegio, el predio es apropiado para ese tipo de uso ».
2.3. Luego de conversaciones entre sí, los demandantes estuvieron de acuerdo con construir un colegio en el lote en mención, por lo que contactaron al señor Germán Arbeláez Duque para que visitara el predio, quien conceptuó que era apropiado para ese fin, llevando a cabo una nueva reunión con el propietario, en la que este verbalmente manifestó su autorización « para construir sobre el lote las instalaciones que fueran necesarias para el funcionamiento del colegio, autorización plasmada posteriormente por escrito autenticado el 4 de marzo de 1993 » (Negrillas originales); sin que mediara aun contrato el propietario les hizo entrega real y material del predio.
2.4. En el contrato suscrito el 1° de agosto de 1992, se acordó un canon de arrendamiento de $1.200.000,00, y en su cláusula tercera se estableció que «el inmueble se destinará única y exclusivamente para el funcionamiento de un plantel de educación de nombre "Liceo Méjico" », sin que se hiciera inventario inicial « por cuanto no había nada que inventariar, pero sí se tomaron varias fotos (3) en las que aparece el estado en que se encontraba el bien y de las cuales se puede colegir, que desde un comienzo, todos los costos, estudios, levantamientos topográficos, licencias y en general todo lo que conllevara a la ejecución total de las construcciones del colegio, incluyendo materiales y mano de obra, fueron por cuenta de [los demandantes] ».
2.5. En agosto de 1992, se efectuó el cerramiento del lote para evitar invasiones, se habló con el señor Arbeláez para desarrollar la obra, se pusieron en la búsqueda de los recursos necesarios y en septiembre de ese año se presentó el proyecto que fue aprobado por los demandantes « dándoselo a conocer igualmente al propietario del predio señor Gabriel González Garzón quien lo aceptó inmediatamente por parecerle excelente », procediéndose a su desarrollo en la secuencia que se anota en los hechos diez y doce (10 y 12) de la demanda.
2.6. Era tan palmario el conocimiento y aceptación de las obras por parte del arrendador que para poder continuarlas, conforme lo acordado, dio autorización escrita al arrendatario, en documento debidamente firmado y autenticado.
2.7. En el año 1994 se inició el trámite de legalización de la construcción ante la curaduría urbana con autorización del arrendador, pero a costas de los arrendatarios; « el 22 de septiembre de 2004, bajo radicación 04-4-2079 y con base en la autorización dada por el demandado y propietario del inmueble el 27 de octubre de 2007, documento que es ratificado por este en carta autorización-poder al Colegio Anglo Escoses Campestre conferido al señor Germán Arbeláez Duque el 23 de agosto de 2005 y debidamente autenticado, el Colegio dio inicio al trámite de reconocimiento de la construcción, y/o edificación », el cual se surtió en la Curaduría Urbana número cuatro, quien dispuso su aprobación mediante resolución número 05-4-0936 (referencia 04-4-2079).
2.8. Anotó que en el reconocimiento y pago de las construcciones están comprendidas las siguientes obras representadas en metros cuadrados:
a
Oficinas administrativas
403.75 M2
b
Aulas y laboratorios
2625.75 M2
c
Restaurante y Cafetería
168.50 M2
d
Almacén y taller
86.00 M2
e
Área circulación y canchas
1173.00 M2
f
Vía interna
963.00 M2
g
Cancha Múltiple área libre
10.00 M2
h
Zonas verdes
2255.64 M2
2.9. Dio cuenta que en el año 2006 se inició la construcción de 10 aulas de clase, una enfermería, en un área de 705 metros cuadrados, procediendo a reseñar las obras que actualmente existen en el predio, especificándolas en el hecho 17 de la demanda; y anotó, que en el año 2008 se hicieron otras.
2.10. Que terminada la primera etapa de las obras, el propietario les manifestó que debido a la valorización del predio debían seguir cancelando el impuesto predial, sin que ello sea obligación de los arrendatarios, por lo que le deben ser reembolsados.
2.11. En noviembre de 2010 se contrató un peritaje con la firma Arquitectura Consultoría y Avaluación Ltda., quien determinó que « el precio estimado de las construcciones aquí reclamadas y autorizadas por el arrendador es de $1.645.150.000, el valor de las mejoras es de $30.000.000 y el precio estimado del lote de terreno es de $1.312.199.200 para un valor total de $2.987.349.200,oo » (Negrillas originales).
2.12. Sostiene que de lo expuesto « se colige meridianamente que el área física del Colegio Anglo Escoces se construyó sobre el lote del aquí demandado y arrendador del mismo, con su conocimiento y autorización, quien observó y aprobó los planos y la maqueta respectiva, al punto que una vez terminada le informa a [los demandantes] que debían seguir pagando en forma proporcional el impuesto predial del bien debido a la valorización que al lote le dio la construcción; sin embargo, pretende actualmente desconocer todas estas circunstancias a fin de obtener para sí las construcciones pagadas todas en totalidad por [los demandante] y además, adquirir un enriquecimiento sin justa causa ».
2.13. En varias ocasiones el propietario les propuso a los demandantes « que vendieran el predio y que del producto de la misma cada uno recibiría lo que le corresponde, aceptando entonces que la construcción es de propiedad de Oscar de Jesús Gómez y María Elena Bravo Guevara, pero nunca se ha concretado nada por cuanto el argumento de aquél es que el precio del lote es mayor al de la construcción ».
3. El Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá, despacho al que le correspondió conocer de la demanda, la admitió por auto del once (11) de mayo de dos mil once (2011), ordenando el enteramiento del convocado (fl. 84).
4. Notificado en debida forma Gabriel González Garzón contestó la demanda. Al oponerse a las pretensiones formuló la excepción que denominó « inexistencia de derechos para la causa invocada por mala fe y abuso de confianza» (fls. 158-167 Cd 1).
5. Los señores María Elena Bravo Guevara y Oscar de Jesús Gómez hicieron cesión de derechos en favor de la sociedad Bosac & Cía. S.A.S. (fl 121), la cual fue aceptada en decisión proferida en diligencia de 7 de marzo de 2012 (fl 216), en la que se ordenó que en adelante se tuviera a la cesionaria como demandante.
6. El veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012), el juez de conocimiento definió la instancia con sentencia que desestimó la excepción propuesta, declaró que el demandado en su condición de propietario y arrendador « autorizó y/o consintió las construcciones que se detallan en los hechos 16 y 17 de esta demanda (mejoras útiles), realizadas por los señores MARÍA ELENA BRAVO y OSCAR DE JESÚS GÓMEZ GARCÍA en su condición de arrendatarios de dicho bien» . Consecuentemente le impuso la obligación de cancelar a los demandantes la suma de $1.652.392.491,00 (fls. 453-477 Cd. principal B).
Decisión aclarada y adicionada con providencia de 29 de noviembre de 2012; lo primero, para precisar que la suma impuesta en la sentencia « deberá ser indexada a la fecha de la ejecutoria de esta decisión –índice final- y teniendo como índice inicial el 28 de septiembre de 2012, data en que se profirió sentencia »; y lo segundo, para condenar al demandado « al pago de intereses legales previstos en el artículo 1617 del Código Civil, pero solo a partir de la exigibilidad de la obligación, esto es, al día siguiente] del vencimiento del término concedido para el pago, en el evento en que la prestación no sea satisfecha en forma oportuna » (fls. 493-497).
7. La Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió el recurso de alzada formulado por el demandado, mediante proveído de 12 de septiembre de 2013, en el cual revocó en todas sus partes la sentencia apelada y la decisión complementaria, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda (fls. 26-44 Cd Trib.); esta providencia fue igualmente complementada el 10 de octubre del mismo año, para disponer la cancelación de la inscripción de la demanda ordenada y negar la petición de adición que formuló el extremo demandado « en lo que refiere a emitir pronunciamiento frente a la cancelación de las medidas de embargo y secuestro que se aduce se decretaron respecto del inmueble objeto de la litis ».
8. Contra la sentencia de segundo grado el extremo vencido interpuso recurso de casación que, por ser debidamente concedido, una vez recibidas las diligencias en esta Corporación fue admitido a trámite.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. El fallador ad-quem, desechó los reparos que planteó el apelante, referidos a una eventual falta de competencia, por el hecho de que la reclamación por las mejoras debía plantearse dentro del proceso de restitución que entre las mismas partes se cursó, puesto que « nada impide al mejoran

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso, junto con los principios rectores que ordenan la materia correspondiente.
(…)
“En términos simples, el deber de acatar los mandatos superiores y legales incorpora, de suyo, el mandato imperativo de asumir como reglas formales de derecho las decisiones que unifican jurisprudencia y/o hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, en tanto la ratio decidendi de esas sentencias contienen las subreglas que, mediante la armonización concreta de las distintas fuentes de derecho, dirimen los conflictos sometidos al conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas. Esta disciplina jurisprudencial, a su vez, garantiza la vigencia de principios nodales para el Estado Constitucional, como la seguridad jurídica y la igualdad de trato ante las autoridades.
“Sintetizando las decisiones de esta Corporación que han asumido el tópico en comento, señaló cómo “…[u]na interpretación adecuada del imperio de la ley a que se refiere el artículo 230 constitucional, significa para la jurisprudencia constitucional que la sujeción de la actividad judicial al imperio de la ley, no puede entenderse en términos reducidos como referida a la aplicación de la legislación en sentido formal, sino que debe entenderse referida a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, valores y objetivos, incluida la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual informa la totalidad del ordenamiento jurídico (…) [Sentencia C-634 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)].
Y, del mismo modo, aludiendo a los conceptos: principios, valores y reglas, esa Corporación, en el mismo pronunciamiento, ha observado:
“11.1. La necesidad de otorgar esa fuerza obligatoria a los precedentes se explica a partir de varias razones. En primer lugar, el Derecho hace uso del lenguaje natural para expresarse, de modo que adquiere todas aquellas vicisitudes de ese código semántico, en especial la ambigüedad y la vaguedad, esto es, tanto la posibilidad que un mismo término guarde diversos significados, como la dificultad inherente a todo concepto para ser precisado en cada caso concreto. Así por ejemplo, solo dentro del lenguaje jurídico el término “prescripción” logra los significados más disímiles, lo que demuestra la ambigüedad o polisemia del mismo. Igualmente, existen evidentes dificultades para definir el ámbito de aplicación de conceptos que si bien son indeterminados, tienen un uso extendido en las disposiciones jurídicas, tales como “eficiencia”, “razonabilidad” o “diligencia”. Estos debates, que están presentes en cualquier disposición de derecho, solo pueden solucionarse en cada escenario concreto mediante una decisión judicial que es, ante todo, un proceso interpretativo dirigido a la fijación de reglas, de origen jurisprudencial, para la solución de los casos que se someten a la jurisdicción. En últimas, el Derecho no es una aplicación mecánica de consecuencias jurídicas previstas en preceptos generales, como lo aspiraba la práctica jurídica de inicios del siglo XIX, marcada por el concepto del Código, sino una práctica argumentativa racional.
“11.2. Además, este último argumento permite hacer compatible la actividad creadora de derecho por parte de los jueces con el principio democrático. En efecto, en las sociedades contemporáneas, merced la complejidad de las relaciones entre sus agentes, es imposible que las asambleas representativas puedan configurar preceptos que solucionen, de manera específica, todos los casos posibles. Por ende, es inevitable (y como se verá más adelante incluso necesario y valioso) que los jueces conserven la competencia para la definición concreta del derecho, a partir de reglas de origen judicial, creadas a partir de las disposiciones aprobadas por el legislador.
“En segundo término, la solución de controversias en sede jurisdiccional no está sometida a la aplicación de una sola regla de derecho, sino que, antes bien, existen diversas disposiciones aplicables a cada caso. Esto sucede debido a que (i) pueden concurrir diversas reglas de la misma jerarquía que ofrecen distintas fórmulas de decisión; y (ii) con base en el principio de supremacía constitucional, el juez está obligado a aplicar, de manera preferente, las normas de la Constitución y demás pertenecientes al bloque de constitucionalidad, en cada uno de los casos sometidos al escrutinio judicial. Por ende, debe adelantar un proceso de armonización concreta de esas distintas fuentes de derecho, a partir del cual delimite la regla de derecho aplicable al caso analizado, que en todo caso debe resultar respetuosa de la jerarquía del sistema de fuentes; (iii) no todas las disposiciones jurídicas están construidas a manera de una regla, es decir, el enunciado que a un precepto determinado le otorga una consecuencia jurídica definida, sino que también concurren en el ordenamiento otros contenidos que no responden a esa estructura, en especial los principios. Como se sabe, estos difieren de aquellos en que no están construidos bajo el criterio precepto – sanción, sino que son mandatos de optimización que deben cumplirse en mayor medida posible, de lo que se sigue que no ofrecen respuestas particulares prima facie a casos específicos, como sí lo hacen algunas de las reglas. Así, el juez que resuelve un asunto particular debe dar lugar a estos principios en su razonamiento jurídico, a través del mencionado proceso de armonización; y (iv) es usual que para la solución de un caso concreto concurran diversas reglas que confieren alternativas diversas y/o encontradas de decisión, no exista una regla particular y concreta para solucionar el asunto o se esté ante la colisión entre principios o entre reglas y principios. Estos debates son, precisamente, el campo de trabajo del juez, quien resuelve esa problemática como paso previo a la adopción de una regla particular de derecho o ratio decidendi, que permita llegar a una decisión judicial que resuelva el problema jurídico planteado” . (Resaltado y negrillas para destacar).
La interpretación de los sucesivos contratos de arrendamiento, y, por consiguiente, del caso sometido al escrutinio de la sala, debió hacerse a la luz de los principios, valores y derechos de la Carta, a fin de garantizar una solución justa y, por tanto, ajustada a derecho.
5. Desde esta perspectiva, se imponía reconocimiento del derecho que asistía a los arrendatarios para obtener del dueño del bien una indemnización por las mejoras introducidas en éste.
En equidad y en justicia material, las pretensiones de la demanda y del recurso extraordinario estaban llamadas a prosperar, y así debió declararse, reconociendo a la parte arrendataria el derecho de retención consagrado en el artículo 1995 del Código Civil hasta tanto el arrendador no pagara las mejoras necesarias levantadas en el predio.
6. En los anteriores términos dejo salvado mi voto.
Fecha ut supra,
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado
2

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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1905-2019 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-10-29. C.P. Margarita Cabello Blanco. Rad. 2011-00271-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1905-2019%20%5B2011-00271-01%5D).
