---
clave: "corte_suprema:providencia:SC18500-2017 [2002-00006-01]"
titulo: "Corte Suprema: es que como sin daño no hay responsabilidad"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2017-11-09"
radicado: "2002-00006-01"
numero: "SC18500-2017"
ponente: "Alvaro Fernando Garcia Restrepo"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC18500-2017%20%5B2002-00006-01%5D"
---

# Corte Suprema: es que como sin daño no hay responsabilidad

- **Título oficial / radicado:** SC18500-2017 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2017-11-09
- **Radicado:** 2002-00006-01
- **Número:** SC18500-2017
- **Ponente:** Alvaro Fernando Garcia Restrepo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC18500-2017%20%5B2002-00006-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC18500-2017%20%5B2002-00006-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE3L0RyLiBBbHZhcm8gRmVybmFuZG8gR2FyY2lhIFJlc3RyZXBvLzExLiBOb3ZpZW1icmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzE4NTAwLTIwMTcgWzIwMDItMDAwMDYtMDFdLmRvYw%3D%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Y “ p revenir, remediar y sancionar por los medios que este Código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse” en su tramitación.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 446 de 1998
- Constitución Política

## Extracto

Así las cosas, tórnase forzoso predicar que el cargo primero que se estudia, tal y como fue concebido por el recurrente, según el entendimiento que de él acaba de explicarse, no sirve al propósito de ocasionar el quiebre de la sentencia del Tribunal, por tres razones específicas, a saber: En tanto que el daño reclamado en la demanda se sustentó en que el incumplimiento contractual atribuido al banco, impidió el desembolso del crédito ya concedido por bancos extranjeros en favor de la accionante, no es admisible que el impugnante cambie la plana en desarrollo del recurso auscultado, para venir a sostener ahora que la afectación sufrida por la actora no fue esa, sino la interrupción del proceso seguido para la aprobación del préstamo. Sobre este punto, basta con decir que la argumentación del censor se circunscribió a lo siguiente: La Secretaría de la Sala efectúe la correspondiente liquidación.

## Cita textual

> p revenir, remediar y sancionar por los medios que este Código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Radicación n.° 05001-31-03-001-2002-00006-01
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
SC18500-2017
Radicación n.° 05001-31-03-001-2002-00006-01
(Aprobado en sesión de cinco de julio de dos mil diecisiete)
Bogotá, D. C., nueve (09) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).-
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por RM& PROYECTOS S.A. frente a la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2014 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, dentro del proceso ordinario que ella adelantó contra el BANCO SUDAMERIS COLOMBIA S.A.
ANTECEDENTES
1.
En la demanda con la que se dio inicio al proceso arriba referenciado, que obra en los folios 132 a 154 de cuaderno No. 1, se solicitó, en síntesis, declarar “civilmente responsable” al accionado “de los perjuicios que con el comportamiento irregular descrito en este libelo” ocasionó a la actora; como consecuencia de lo anterior, condenarlo a pagarle la suma de $13.125.140.854.oo, o la que “determinen los peritos” , junto con la corrección monetaria causada desde el 30 de julio de 1999 -fecha de ocurrencia del hecho dañoso- o, en defecto de ello, los intereses moratorios comerciales, equivalentes al bancario corriente más la mitad; e imponerle al convocado, las costas del proceso.
2.
Las súplicas precedentemente reseñadas, se sustentaron en los hechos que a continuación se compendian:
2.1.
De conformidad con su objeto social y los servicios que prestaba, la demandante, en el año 1999, antes de la ocurrencia de los hechos que la afectaron, había concluido satisfactoriamente diversos proyectos inmobiliarios, ejecutaba otros y realizaba trabajos preliminares en unos más.
2.2.
Para entonces, tenía celebrado un contrato de cuenta corriente bancaria con el accionado, distinguido con el No. 062666441.
2.3.
Con el propósito de poder cancelar los créditos otorgados por diversas entidades financieras, entre ellas, el banco aquí demandado, estaba “tramitando desde finales del año 1998 un crédito en dólares a través de la firma intermediaria CAPITAL CORP. , de los Estados Unidos” , con el aval de “ SUEVIC LIMITED ” , de Chipre, que servía de “garante” .
2.4.
Dicho crédito “fue aprobado” y estaba “pendiente de desembolso” , como quiera que de los trece bancos europeos y asiáticos ante los cuales se gestionó la consecución del préstamo, tres aceptaron la operación.
2.5.
La citada intermediaria presentó a la promotora del litigio una cuenta de cobro por US $39.900, de la cual tenía que pagarle, antes de finalizar el mes de julio de 1999, la cantidad de US $10.000. A su turno, SUEVIC LIMITED solicitó la suma de US $1.500 para renovar la garantía, obligación que debía ser atendida dentro del mismo lapso de tiempo.
2.6.
Para honrar esos compromisos, la accionante, el 28 de julio de 1999, previa información de la tasa representativa del mercado, autorizó al señor Luis Alberto Palacio, trader de la mesa corporativa del BANCO SUDAMERIS COLOMBIA S.A., a negociar US $11.500 a la tasa de cambio de $1.832, para un total de $21.068.000, valor que sufragó con la entrega del cheque No. 086133, con sello restrictivo, girado por Bancolombia en favor de esa entidad.
2.7.
Como la operación no fue autorizada mientras se hacía efectivo el referido título valor, se postergó su realización hasta el 30 de julio siguiente, fecha en la que RM& PROYECTOS S.A., por intermedio de su contadora, a las 8:45 a.m., ratificó al señor Luis Alberto Palacio la autorización dada para la adquisición de los dólares americanos y remitió la documentación sustentante de la transacción, entre ella, la carta de instrucciones para el envío de las divisas a las empresas extranjeras atrás mencionadas.
2.8.
El 4 de agosto de 1999, el señor Joaquín Alexander Mejía Cuervo, empleado de la demandante, se presentó en las oficinas del banco con el fin de solicitar la entrega del “ [a] viso de venta de divisas” debidamente firmado y sellado por la entidad, a efecto de que aquélla pudiera atender la solicitud que le hizo SUEVIC LIMITED de reconfirmar la operación, sin que el anotado documento fuera suministrado, porque “no estaba listo aún” .
2.9.
Al día siguiente, 5 de agosto de 1999, el señor Luis Alberto Palacio se comunicó telefónicamente con personal de la actora e informó que “la transferencia de divisas no se había llevado a cabo” , puesto que el cheque entregado para su adquisición fue consignado en la cuenta corriente No. 062666441 de que ella era titular y “el sistema automáticamente” debitó su valor, para abonarlo a la obligación que ésta tenía con el banco.
2.10.
De conformidad con el extracto de la respectiva cuenta corriente, el aludido instrumento cambiario no fue consignado allí. Por consiguiente, “lo único cierto es que fue abonado al crédito hipotecario 00621002223 a nombre de RM & PROYECTOS S.A. de manera unilateral y arbitraria” por parte del accionado, sin tener en cuenta, de un lado, “el mandato expreso de compra de divisas” que aquélla le había dado y, de otro, que dicho título valor fue entregado “para un fin determinado” , por lo que, “en ningún momento y por ningún motivo” , su importe podía destinarse para el pago del señalado crédito.
2.11.
La manifiesta irregularidad de esos hechos, condujo a la demandante a promover una acción de tutela en contra del banco, que prosperó, razón por la cual se ordenó a éste devolverle el dinero retenido, junto con la respectiva indexación, o enviar las divisas tal y como ella lo había solicitado.
2.12.
No obstante que la entidad aquí convocada, en cumplimiento del fallo dictado en la indicada acción constitucional, reintegró a su autora la suma que ella le había entregado para la adquisición de los dólares, “el perjuicio causado fue enorme, pues el préstamo que estaba aprobado y pendiente de desembolso se vio frustrado, con graves consecuencias patrimoniales para R.M. & PROYECTOS S.A.” .
2.13.
Con fundamento en los mismos hechos, la precitada sociedad formuló queja ante la Superintendencia Bancaria, entidad que, previo el proceso administrativo correspondiente, sancionó a la institución bancaria querellada.
2.14.
Los perjuicios experimentados por la accionante, conforme el estudio efectuado por peritos, corresponden, en síntesis, a los expresados en el cuadro que pasa a transcribirse:
Concepto
Casa Verde - Cláusulas penales Promesas de Compraventa $ 671.741.900
Casa Verde - Utilidades dejadas de percibir $ 690.437.191
Casa Verde - Honorarios dejados de percibir $ 201.540.326
Providencia - Cláusulas Penales Promesas de Compraventa $ 1.342.284.514
Providencia - Utilidades dejadas de percibir $ 5.711.424.100
Providencia - Gastos consecución del crédito ya cancelados (1) $ 172.351.803
Providencia - Inversión realizada y perdida $ 967.740.203
Providencia - Comisiones de venta pagadas y perdidas $ 134.055.403
Providencia - Saldo deuda US $89.952 a comisión crédito (2) $ 202.130.240
Sociedad - Mayor valor de los préstamos $ 249.678.529
La Colonia y Tierradentro - 30% de las utilidades $ 532.844.980
(1) US $76,700 dólares a $2,247,09 - TRM a Febrero 20 2001
(2) Liquidados a la TRM de $2,247,09
2.15.
Según tal concepto, el valor total de los perjuicios ascendió a $13.126.140.854.oo.
3.
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín, al que le correspondió por reparto el conocimiento del asunto, admitió la demanda mediante auto del 20 de marzo de 2002 (fl. 162, cd. 1), que notificó personalmente al accionado, por intermedio de la apoderada que designó para que lo representara, en diligencia verificada el 3 de julio de ese mismo año, según consta en el acta que reposa en el folio 173 del cuaderno principal.
4.
El banco contestó en tiempo el libelo introductorio. En desarrollo de esa actividad, se opuso al acogimiento de sus pretensiones, se refirió de distinta manera sobre los hechos invocados y planteó con el carácter de meritorias las excepciones que denominó “ [a] usencia de responsabilidad ” , “ [d] ebida aplicación de la cláusula de compensación del contrato de mutuo ” y “ [c] obro de lo no debido ” (fls.179 a 188, cd. 1).
En escrito separado, alegó la excepción previa de “ CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ” (fls. 14 a 18, cd. 4), que el juzgado del conocimiento desestimó con auto del 31 de enero de 2003 (fls. 22 a 26 vuelto, ib .), confirmado por el ad quem en providencia del 30 de mayo siguiente (fls. 40 a 47 vuelto, cd. 9).
5.
Agotado el trámite de la primera instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito Adjunto de Medellín dictó sentencia el 12 de junio de 2012, en la que desechó las excepciones propuestas por el demandado; declaró a éste civilmente responsable de los daños que ocasionó a la actora; lo condenó a pagarle, dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria del fallo, la suma de $116.717.801.oo, corregida monetariamente desde el 31 de julio de 1999; negó las objeciones por error grave que las partes formularon al dictamen pericial; e impuso las costas al banco demandado (fls. 476 a 488, cd. 1).
6.
La sociedad actora apeló dicho pronunciamiento y, en tiempo, la entidad accionada se adhirió a tal recurso.
7.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia de segunda instancia, fechada el 6 de febrero de 2014, revocó la del inferior, denegó la totalidad de las pretensiones incoadas y condenó en costas a la promotora del proceso (fls. 122 a 136, cd. 10).
EL FALLO DEL AD QUEM
Tras afirmar la satisfacción de los presupuestos procesales, descartar la existencia de vicios que pudieran invalidar lo actuado y referir los elementos que estructuran la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, el Tribunal adujo, como fundamento de las decisiones que adoptó, los planteamientos que enseguida se registran:
1.
Dentro del proceso se comprobó, de un lado, la existencia de una relación jurídica anterior entre las partes, en virtud de la cual la actora contrató con el banco demandado “la compra de divisas para que fueran enviadas como abono a otra [s] obligaci [ones] contractual [es] ” que tenía con las sociedades “CAPITAL CORP de los Estados Unidos y SUEVIC LIMITED [de] Chipre” , en virtud de “su intermediación y garantía en la consecución de un préstamo en dólares en la banca internacional” .
Y, de otro, el incumplimiento del aquí accionado, pues pese a que recibió “el cheque (…) girado por Bancolombia a su nombre con sello restrictivo, para la compra de las divisas” , no las adquirió y, mucho menos, efectúo su remisión “como se había acordado, sino que el valor del cheque lo abonó a una obligación crediticia que tenía [la] demandante en dicha entidad financiera, sin comunicarle sobre ello” .
2.
Tal comportamiento de la entidad financiera, según el libelo introductorio, “fue la causa de los perjuicios ocasionados” , toda vez que condujo a la actora “a la quiebra” , como quiera que la falta de pago de esos dineros a la intermediaria y la garante extrajeras, “frustró el desembolso del préstamo aprobado” .
3.
Como el daño reclamado, fue “el no desembolso del dinero” correspondiente al crédito que, a decir de la actora, le fue concedido por bancos del exterior, eventualidad “que tuvo como consecuencia agravar [su] déficit financiero (…) hasta llegar a la quiebra” , se imponía a aquélla establecer que “ese daño s [í] se ocasionó por tal omisión, incumbiéndole probar que dicho crédito s [í] estaba aprobado” .
4.
La actora no consiguió ese cometido, toda vez que “luego de un minucioso y detallado estudio de tan extenso expediente, la Sala ha verificado que con ninguna de las pruebas aportadas se ha acreditado la aprobación del crédito, cuyo desembolso se vio frustrado, como afirma el demandante, por el incumplimiento de SUDAMERIS en la compra y remisión de las divisas, (…) . Esto nos lleva a inferir que si no se documentó la existencia y aprobación del crédito tramitado por CAPITAL CORP para RM & PROYECTOS, no pudo haber surgido un daño por el
incumplimiento del contrato
por parte de SUDAMERIS consistente en el no desembolso de ese dinero, pues si no hay crédito aprobado no habría desembolso del dinero” .
5.
Las cartas remitidas por CAPITAL CORP. a la accionante, fechadas el 19 de marzo, 15 de abril y 9 de julio de 1999, invocadas por ésta como prueba de la aprobación del mencionado crédito, son “fotocopias simples” que no cumplen las exigencias del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, requisito formal que “pasa a un segundo plano cuando de su contenido no se puede colegir lo pretendido por el demandante recurrente, como se verá, haciendo inocuo que se proceda por esta Sala a lograr su consecución en debida forma” de manera oficiosa, puesto que:
a)
Con la primera, la citada sociedad informó a la actora sobre la remisión de documentación relacionada con el crédito y la presentación de su proyecto a 13 bancos extranjeros, dando inicio así a las gestiones para la consecución de los recursos económicos pretendidos.
b)
Con la del 15 de abril, puso al tanto que uno de sus funcionarios estaba trabajando para determinar

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

nte, en que no es verdad que el crédito solicitado por la iniciadora del pleito hubiese sido aprobado y/o en que ese hecho, de haber sido cierto, no aparece comprobado en el proceso, tesis con base en la cual arguyó la inexistencia del daño sufrido por ésta.
La falta de demostración de los hechos alegados por las partes, no las habilita para cambiarlos en procura de acomodarlos a las evidencias que surgen de las pruebas practicadas, comportamiento que, sin duda, desconoce los principios de lealtad y buena fe con que ellas deben actuar, según mandato expreso del numeral 1º del artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, compromiso que también recae en los jueces, en tanto que a éstos, según voces del artículo 37 de la misma obra, les compete “ [h] acer efectiva la igualdad de las partes en el proceso” (num. 2º) y “ [p] revenir, remediar y sancionar por los medios que este Código consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse” en su tramitación (num. 3º).
6. Ahora bien, si se entendiera que el cargo primero se dirigió a desvirtuar la falta de comprobación de la aprobación del crédito que, como se sabe, predicó el ad quem , se establece que el cargo es notoriamente deficiente, como quiera que el casacionista no comprobó que dicho sentenciador, cuando arribó a esa inferencia fáctica, incurrió en errores de hecho manifiestos.
Sobre este punto, basta con decir que la argumentación del censor se circunscribió a lo siguiente:
Ciertamente el demandante afirmó en la demanda que el crédito estaba aprobado y listo para su desembolso, lo cual le imponía la carga de probar su aprobación, obligación que cumplió, aunque en el marco de un tipo de contrato en el que los bancos aprobantes eran varios y en el que la entidad intermediaria se reservaba el nombre de éstos hasta la formalización del crédito, con el fin de no perder su comisión. Esta forma de aprobación es un poco extraña a la forma de gestión de estos negocios financieros en Colombia y por ello se alejan de nuestras costumbres contractuales e imponen una valoración distinta de nuestros falladores, aunque es la forma adoptada por las partes, con plena validez jurídica en los Estados Unidos. Por esta circunstancia, para efectos de esta demostración, podríamos afirmar que el Tribunal tiene razón cuando afirma que no se aportó el documento que comunica esa aprobación por parte de un banco determinado.
No obstante esto, para arribar a esa conclusión, el Tribunal precisa que dichos documentos y testimonios permite conocer la existencia del contrato con Capital Corp y Suevic Limited tendientes a ese fin, así como a la modalidad especial de gestión del crédito que estas entidades realizaban para la demandada, reservándose el nombre de los bancos ente los cuales se realizaba la gestión y los que lo aprobaban, hasta el último momento, así como del incumplimiento en que incurrió el Banco Sudameris, afirmaciones probatorias de las que no extrae ninguna conclusión sobre la existencia de perjuicios por el hecho de que no demuestran la aprobación del crédito.
En otras palabras: para el fallador de instancia hay evidencia de todo el trámite realizado por RM & Proyectos para la gestión de su crédito ante la banca internacional, pero priva de efecto probatorio esa certeza porque ésta no le conduce a demostrar aquello que el demandante había afirmado en la demanda, esto es, que el crédito estaba aprobado y a punto de desembolso.
Si esas fueron las únicas apreciaciones del recurrente, relacionadas con la cabal demostración en el proceso de la supuesta aprobación del crédito solicitado por la demandante a bancos del exterior, se establece que ellas están muy lejos de corresponder a un ataque propio del recurso extraordinario de que se trata, pues no pusieron de presente cuáles fueron los desatinos probatorios en que incurrió el juzgador de segunda instancia y, mucho menos, comprobaron los mismos, parangonando el contenido objetivo de las pruebas incorrectamente ponderadas y lo que de ellas infirió o debió colegir el Tribunal.
Como se ve, se trata más de una alegación de instancia, algo enrevesada, hay que decirlo, en la que el apoderado señaló su personal postura frente a uno de los tópicos de la controversia.
7. De lo precedentemente expuesto se colige, en definitiva, que con el cargo primero, el censor no logró desvirtuar la conclusión del Tribunal de la falta de demostración del daño, como elemento estructural de la responsabilidad contractual demandada.
8. Esa inferencia acarrea que caigan al vacío, de un lado, el reproche final de la indicada acusación, relativo a que la mentada Corporación falladora erró cuando pasó por alto que con los dineros que el banco le reintegró a la demandante, en cumplimiento del fallo de tutela que se tramitó entre las partes por los mismos hechos, ésta hubiese podido pagar las obligaciones que tenía con las citadas empresas extranjeras e impedir así la causación de los supuestos perjuicios que experimentó; y, de otro, el cargo segundo, en el que se combatió la consideración del ad quem consistente en que los perjuicios resarcibles son, solamente, los resultados lesivos producidos con posterioridad a la conducta dañosa, lo que descarta que puedan tenerse como tal, erogaciones realizadas con anterioridad a la acción u omisión del responsable, derivadas de contractos celebrados con terceros.
Es que como sin daño no hay responsabilidad, ningún sentido tiene que, manteniéndose en pie la inferencia del ad quem sobre la falta de comprobación del perjuicio reclamado por la actora, que arrasa por completo la acción, la Corte se ocupe de los advertidos planteamientos, los cuales, valga acotarlo, fueron invocados solamente como argumentos de refuerzo para negar las pretensiones de la demanda, de donde su desacierto, no alteraría en nada esa decisión.
9.
Corolario de todo lo estudiado, es que los dos cargos propuestos en casación naufragan y que, por lo tanto, no hay lugar a casar la sentencia recurrida.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 6 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso que se dejó plenamente identificado en los comienzos de este proveído.
Costas en casación, a cargo de la recurrente. Como la demanda presentada para sustentar dicho cuestionamiento extraordinario, fue replicada en tiempo por el demandado, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $6.000.000. La Secretaría de la Sala efectúe la correspondiente liquidación.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
PAGE
2

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC18500-2017 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2017-11-09. C.P. Alvaro Fernando Garcia Restrepo. Rad. 2002-00006-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC18500-2017%20%5B2002-00006-01%5D).
