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clave: "corte_suprema:providencia:SC18156-2016 [2002-00007-01]"
titulo: "Corte Suprema: la supresión de esa prerrogativa incidió en el patrimonio de la víctima"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2016-12-14"
radicado: "2002-00007-01"
numero: "SC18156-2016"
ponente: "Alvaro Fernando Garcia Restrepo"
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# Corte Suprema: la supresión de esa prerrogativa incidió en el patrimonio de la víctima

- **Título oficial / radicado:** SC18156-2016 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2016-12-14
- **Radicado:** 2002-00007-01
- **Número:** SC18156-2016
- **Ponente:** Alvaro Fernando Garcia Restrepo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC18156-2016%20%5B2002-00007-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC18156-2016%20%5B2002-00007-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE2L0RyLiBBbHZhcm8gRmVybmFuZG8gR2FyY2lhIFJlc3RyZXBvLzEyLiBEaWNpZW1icmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzE4MTU2LTIwMTYgWzIwMDItMDAwMDctMDFdLmRvYw%3D%3D/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

Pretende la señora demandante cobrar valores que desde ningún punto de vista Servivienda está obligada a pagar, de donde cualquier concepto que se cobre por fuera de la relación contractual constituye un enriquecimiento sin causa.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Constitución Política

## Extracto

Y en punto del éxito de las aludidas pretensiones, esta Corporación conceptuó: En ese orden de ideas, se concluye que el aludido proceder culposo de la demandada en cuestión, aunque no fue la causa exteriorizada para que ella, posteriormente, decidiera paralizar definitivamente el referido proyecto, sí provocó que las circunstancias que motivaron formalmente esa determinación -crisis de la construcción e imposibilidad de conseguir recursos para su financiación- incidieran de ese modo en el desenvolvimiento contractual, lo que pone en evidencia que la detectada falta de diligencia no fue una circunstancia inane sino que, por el contrario, afectó negativamente, en forma decisiva, el desarrollo del objeto del negocio jurídico materia del litigio. Al responder el libelo introductorio, los accionados adujeron como tales, las siguientes: Por lo ya explicado en la contestación de los hechos.

## Texto del documento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Radicación n.° 05001-31-03-016-2002-00007-01
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
SC18156-2016
Radicación n.° 05001-31-03-016-2002-00007-01
(Aprobado en sesión de 17 de agosto de 2016)
Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).-
Procede la Corte a proferir la correspondiente sentencia sustitutiva, en el presente proceso ordinario que la señora BEATRIZ EUGENIA MONTOYA VILLA promovió en contra de la FUNDACIÓN SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR -SERVIVIENDA- , la FUNDACIÓN SAN FRANCISCO DE SALES y el señor CARLOS MARIO CÁRDENAS SOTO .
ANTECEDENTES
1.
Por los alcances reducidos de este fallo de reemplazo, como adelante se especificará, basta aquí, en relación con la demanda iniciadora del litigio (fls. 6 a 15, cd. 1), recordar:
1.1.
Que en ella se solicitó, de manera principal, la resolución del contrato “innominado” celebrado por las partes, que ellas llamaron de “CUENTAS EN PARTICIPACIÓN” , debido a su incumplimiento por parte de las accionadas; y que, como consecuencia de ello, se condene a la FUNDACIÓN SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR -SERVIVIENDA-, de un lado, a devolverle a la actora el inmueble que de ella recibió, como aporte al negocio que realizaron, y, de otro, a indemnizarle los perjuicios que le ocasionó, correspondientes al daño emergente, que tasó en la suma de $180.000.000, y al lucro cesante, en cuantía de $201.600.000, valores que habrán de corregirse monetariamente y que aquélla deberá pagar con los intereses legales que se causen, a partir de la ejecutoria de la sentencia que los reconozca.
Subsidiariamente se pidió, condenar “a Carlos Mario Cárdenas Soto y a la Fundación de Vivienda Popular (sic) , Servivienda, solidariamente, al pago de los perjuicios que se causaron a la demandante Beatriz Eugenia Montoya y que son los mismos que se enunciaron en los hechos de esta demanda y se repitieron en la pretensión tercera” .
1.2.
Desde el punto de vista fáctico, la gestora del litigio refirió las circunstancias que rodearon la celebración del negocio sobre el que versó la acción, las prestaciones que de él se derivaron para las litigantes, el cumplimiento de las que surgieron a cargo suyo, la defectuosa ejecución de las radicadas en cabeza de las demandadas y las características que tenía el inmueble que aportó en virtud de esa convención, para cuando lo transfirió.
Adicionalmente, observó que “[e]ntre octubre 18 y 22 de 1995, por orden de la Fundación, derribaron todas las mejoras, incluidos los cafetos, descapotando además todo el terreno sembrado de café, y quitándole a éste, desde luego, su fertilidad o capa vegetal. He de agregar que la casa servía de habitación a la demandante y su familia, y por el motivo aquí enunciado, ella y los suyos quedaron privados de vivienda. (…). Por causa de la demolición de las mejoras, de la destrucción de la cafetera (bien administrada y con una producción alta por palo, de unos ochocientos gramos anuales por unidad), la demandante ha sufrido muchísimos perjuicios, tanto por razón del daño emergente [como] por el lucro cesante, (…)” .
A continuación puntualizó que el primero de tales rubros, está integrado por los siguientes ítems: demolición de la casa, $40.000.000; demolición del silo e instalaciones, $10.000.000; demolición del beneficiadero de café, pesebrera y cercos, $15.000.000; destrucción de 25.000 cafetos en producción, $100.000.000; destrucción de la capa vegetal, $15.000.000. Totaliza el daño emergente la suma de $180.000.000.
Respecto del lucro cesante, indicó:
Se han dejado de percibir los frutos del café desde el momento de su destrucción, en octubre de 1995 hasta la fecha de esta demanda y lo que se dejará de percibir durante el curso del proceso, y ha sido imposible gozar de la habitación de la casa. Estos 2 conceptos los concreto así:
a.- Por café: 1.600 arrobas anuales, que dejan una utilidad de treinta millones netos por año: durante 6 años hasta hoy, son $180.000.000.
b.- Valor anual de la vivienda derruida: tres millones seiscientos mil pesos año (3.600.000), durante 6 años hasta hoy, son $21.600.000.
Total lucro cesante $201.600.000.
Adelante añadió:
9. La posesión del bien enajenado a SERVIVIENDA está en cabeza de esta entidad, quien ha obrado de mala fe. Despojó a mi poderdante del único bien que integraba su patrimonio, de manera dolosa y aprovechada, consiguiendo para sí un inmueble valioso y a cambio del cual la enajenante no ha recibido NADA. Solo pobreza, desesperación y mentiras: quedó totalmente arruinada sin justificación alguna.
10. Siendo la administradora del proyecto, o gestora en el contrato denominado por las partes de cuentas en participación, y habiendo actuado culposamente, la Fundación Servicio de Vivienda Popular Servivienda es responsable por los perjuicios que por dolo o culpa causó a mi mandante. Esta responsabilidad se predica igualmente, de forma solidaria del Dr. Carlos Mario Cárdenas Soto debido a su condición de representante legal de la fundación que culposamente incumplió el contrato y causó perjuicios con su actuar.
1.3.
En el acápite que se denominó “DERECHO” , se precisó que:
En cuanto a la pretensión subsidiaria eventual, debe afirmarse que tiene origen en el artículo 513 del Código de Comercio, que traza sendas interpretativas para el contrato de cuentas en participación y muestra c[ó]mo (…) tal modalidad de contrato guarda similitud entrañable con la sociedad en comandita simple, pero para un negocio determinado. Así que los administradores o el gestor (y si es persona jurídica su representante legal también), tienen que responder de forma solidaria por los perjuicios que le[s] causen a los partícipes. Esta proposición jurídica, desde luego toca también directamente con el artículo 200 del Código de Comercio. Si el contrato, como lo pienso, es innominado o atípico por no ser todos los contratantes comerciantes, entonces se llega al mismo resultado, puesto que los contratos innominados, se regulan por las disposiciones de los contratos nominados a los que m[á]s se asemejen .
2.
La totalidad de los demandados dieron contestación al libelo introductorio en un mismo escrito, en el que si bien es verdad, no se opusieron a la resolución reclamada, descartaron que tal pronunciamiento se hiciera con apoyo en el incumplimiento contractual denunciado, que negaron. Rechazaron las restantes súplicas allí elevadas y se pronunciaron de diversa manera sobre los hechos invocados. Además propusieron, con el carácter de meritorias, las excepciones que denominaron “ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA” , “FALTA DE CAUSA PARA PEDIR” y “MALA FE” (fls. 99 a 109, cd. 1).
3.
El Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Medellín, puso fin a la primera instancia con sentencia del 4 de mayo de 2006, en la que declaró “fundada la excepción de falta de causa” (punto 1º), negó “lo solicitado por la señora Beatriz Eugenia Montoya Villa en su escrito de demanda” (punto 2º) e impuso el pago de las costas a ésta (punto 3º) (fls. 183 a 192, cd. 1).
4.
Apelado que fue, por la actora, el comentado fallo, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, en el suyo, que data del 5 de septiembre de 2007, confirmó la negativa de las pretensiones; revocó el reconocimiento que allí se hizo de la referida excepción, así como de la condena al pago de las costas a cargo de la accionante; y, finalmente, dispuso que no había lugar a este rubro “en ambas instancias de conformidad con lo expresado en las consideraciones” (fls. 56 95, cd. del Tribunal).
5.
La Corte, en sentencia del 26 de agosto de 2011, casó la de segunda instancia, “pero sólo con alcances parciales, esto es, únicamente respecto de la Fundación Servicio de Vivienda Popular -Servivienda- y en cuanto negó la prosperidad de la pretensión indemnizatoria presentada en forma subsidiaria” (fls. 84 a 140, precedentes).
EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Luego de memorar lo acontecido en el proceso, de compendiar tanto los pedimentos de la actora como las defensas de los demandados y de relacionar las pruebas recaudadas, el a quo expuso:
1.
El contrato base de la acción corresponde a uno de “cuentas en participación” , contemplado en el artículo 507 del Código de Comercio, puesto que así se desprende de sus propias estipulaciones y porque los elementos de juicio con que aquí se cuenta, informan que la demandante participó en él, como comerciante.
2.
Se sigue de lo anterior, que los intervinientes en el proceso tienen legitimación en causa por activa y por pasiva, habida cuenta que la actora y los accionados integran los extremos del dicho nexo negocial.
3.
Las pretensiones no están llamadas a acogerse, por las siguientes razones:
3.1.
“(…) si se solicit[ó] la resolución del susodicho contrato, es porque, tanto la parte actora, como la parte demandada ([é]sta por su contestación), consideran aún vigente la relación” ; y de ello se colige, “que aquellas acusaciones que se lanzan en contra de los demandados, especialmente contra la Fundación Servivienda, no tienen ningún fundamento serio, por ello, en relación con tales aseveraciones debemos concluir que no se configuran, lo mismo que se precisará al desatar la instancia con todos sus efectos procesales y legales pertinentes” .
3.2.
Los testimonios recepcionados, en particular, las versiones suministradas por los señores José Aldemar Criales, Luis Guillermo Lopera Maya y Nelly Murillo, dieron cuenta del pago de los aportes que correspondían a las fundaciones convocadas en este asunto.
3.3.
No puede tenerse como motivo de incumplimiento, el hecho de que no se hubiere prorrogado el contrato, planteamiento que se contrapone a la naturaleza misma de la acción intentada, pues como ya se observó, la resolución deprecada presupone la vigencia del contrato, lo que excluye que fuera viable extender su duración.
3.4.
La suspensión del contrato por parte de la demandada FUNDACIÓN SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR -SERVIVIENDA-, no es una determinación constitutiva de incumplimiento, como quiera que fue resultado de circunstancias ajenas a su voluntad, toda vez que las pruebas recopiladas acreditan que ella procuró, por todos los medios a su alcance, sacar adelante el proyecto objeto de ese acuerdo de voluntades.
Se cuenta aquí con un “amplio conjunto probatorio documental y testimonial que nos dice(…) de los esfuerzos hechos por la demandada SERVIVIENDA, tendientes al buen éxito del negocio celebrado, y que nos indica(…) además que las dificultades en el desarrollo de las obras no pueden imputársele a ella. Toda la documentación aportada nos lleva a inferir de parte de la demanda (sic) una atenta gestión en el desarrollo y ejecución del programa, lo cual, como vemos adelante, es ratificado por algunos testigos que tuvieron participación en el proyecto” .
Añádese que, “[c]omo lo advierte la fundación, a través de su apoderado judicial, la forma en que actuó su representante fue previst[a] dentro de las estipulaciones consignadas en el contrato, específicamente en los párrafos tercero y cuarto del ordinal segundo; y si observamos las obligaciones generales no nos queda más que concluir que dicho ente a (sic) cumplido con la administración del proyecto conforme se dice allí, y conforme a la naturaleza del contrato” .
Resulta inadmisible la afirmación de la gestora del litigio, consistente en “que el partícipe gestor actuó con negligencia” , toda vez que, “como lo indican algunos testigos, en folios 4 y 5 del cuaderno dos y 155 del cuaderno cuatro; dicha institución actuó de acuerdo a sus deberes, y específicamente uno de ellos, el señor Jesús Antonio Botero es muy claro cuando le señala responsabilidad a CORANTIOQUIA, y especialmente al señor Jaime Peña, representante de la demandante en dicho proyecto según se deduce de la declaración de ésta (ver folio 152 cuaderno 4 y 19 cuaderno 2), quien además, como se infiere de varios testimonios, asumió un papel activo en la obra y entorpeció la regular administración de [la] mism[a] al callar información necesaria … (ver folio 5 y 6 del cuaderno 2 y 128 cuaderno 4)” .
3.5.
La comentada decisión de suspender el proyecto, no fue prevista en el contrato como motivo de incumplimiento y no aparece relacionada como tal “en las normas supletivas a que nos remite el artículo 514 del código comercial” .
4.
La petición de los demandados de que se resuelva el contrato, pero en términos muy distintos a los especificados en la demanda, “tiene que ver más con una terminación del convenio que con la resolución y sus efectos, y en ese sentido no sería posible acoger tal solicitud, pues los efectos que conllevan la declaratoria de dichas figuras, como se sabe son muy disímiles. (…). La resolución tiene como fundamento el incumplimiento, y su declaratoria implica sanciones al incumplido (Art. 1546 C.C.), lo cual no se ha demostrado en este asunto, y los efectos de terminación solo acarrearían la simple liquidación del contrato de acuerdo con los términ

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

etalle el inmueble sobre el que versó el mismo, se estableció su estrato, carácter urbano, cabida, sector al que pertenece, utilización, accesibilidad, área construida y cultivada, la Corte la tendrá en cuenta y, por ende, aceptará como valor comercial del bien para el 10 de julio de 1995, fecha de la escritura pública 246 de la Notaría única de Jericó, mediante la cual se verificó su traspaso por parte a la actora de la FUNDACIÓN SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR –SERVIVIENDA-, la suma de $183.800.000.oo.
4.5.4.
Ahora bien, dicho monto habrá de corregirse monetariamente, como se solicitó en la demanda, y lo impone tanto la lógica de las cosas, como el deber de que la reparación sea íntegra, que se desprende del artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
Para ello se aplicará la fórmula Va = Vp X Índice final / Índice inicial, en la que la suma actualizada (Va), es igual a su valor histórico (Vh) multiplicado por el índice de precios al consumidor del mes hasta el que se va a realizar la actualización (índice final), dividido por el índice de precios al consumidor del mes del que se parta (índice inicial).
Al respecto, debe recordarse que los referidos índices de precios al consumidor son hechos notorios que no requieren de prueba en el proceso (art. 177, inciso 2º, C. de P.C.).
El índice de precios al consumidor para junio del año que avanza, último dato de que se dispone, fue de 132.58412; y para el 10 de julio de 1995, punto de arranque, era de 29.99151.
Así las cosas, se tiene:
Va = $183.800.000.oo X 132.58412 / 29.99151, lo que arroja la suma de $812.528.654,14.
4.5.5.
No correspondiendo ese valor al calculado en la comentada experticia, la Sala optará por el que aquí se determinó, suma que, entonces, será la que ordenará pagar a la demandada FUNDACIÓN DE SERVICIO DE VIVIENDA -SERVIVIENDA- como indemnización, por concepto de daño emergente.
4.6.
En lo que refiere al cálculo lucro cesante, se tomará como capital la suma de $183.800.000.oo y se aplicará el interés del 12% anual (0.5% mensual) desde el 10 de julio de 1995 hasta la fecha de cierre de la liquidación anterior (30 de junio de 2016), que totaliza 10 años, 11 meses y 20 días, es decir, 131.66 meses.
Hechas las cuentas ($183.800.000.oo X 0.5% X 131.66 meses), se obtiene como resultado la cantidad de $120.995.540.oo, monto del lucro cesante que se impondrá a la referida accionada.
5.
Conclusiones .
Debido a los alcances parciales de este fallo sustitutivo, la Corte mantendrá sin ninguna modificación los puntos primero y tercero de su parte resolutiva, en lo que refiere a los demandados FUNDACIÓN SAN FRANCISCO DE SALES y CARLOS MARIO CÁRDENAS SOTO.
Respecto de la demandada FUNDACIÓN SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR -SERVIVIENDA-, revocará el fallo de primera instancia y, en defecto del mismo, negará las pretensiones principales del libelo introductorio; la declarará civilmente responsable de los perjuicios que irrogó a la actora, con el comportamiento culposo que desplegó como administradora que fue, en su condición de partícipe gestora, del proyecto de construcción objeto del contrato que celebró con las intervinientes en el litigio, tal y como se solicitó en la pretensión subsidiaria de la demanda, identificada como “ CUARTA ” ; y, consecuencialmente, la condenará a pagarle a aquélla la suma de $812.528.654,14, por concepto de daño emergente, y $120.995.540.oo, por concepto de lucro cesante.
El cálculo de la corrección monetaria y de los intereses legales que se causen a partir del 1º de julio de 2016 y hasta cuando se verifique el pago de la indemnización, deberá efectuarse de conformidad con el inciso final del artículo 308 del Código de Procedimiento Civil y siguiendo los parámetros utilizados por la Corte en este proveído.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y en sede de segunda instancia, RESUELVE :
Primero : Frente a los demandados FUNDACIÓN SAN FRANCISCO DE SALES y CARLOS MARIO CÁRDENAS SOTO :
1º.-
“Confirmar parcialmente la sentencia del 4 de mayo de 2006 de[l] Juzgado Décimo Sexto Civil del Circuito de Medellín, en el siguiente sentido: Se confirma el numeral 2. Se [r]evocan los numerales 1 y 3” .
2º.-
“Sin costas en ambas instancias de conformidad con lo expresado en las consideraciones” .
Segundo :
Frente a la demandada FUNDACIÓN SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR -SERVIVIENDA- , se REVOCA la sentencia de primera instancia y, en defecto de la misma, se DISPONE :
1º.-
Negar las pretensiones principales del libelo introductorio, identificadas como primera a tercera.
2º.-
Declarar a la citada demandada, civilmente responsable de los perjuicios que irrogó a la actora, con el comportamiento culposo que desplegó como administradora que fue, en su condición de partícipe gestora, del proyecto de construcción objeto del contrato que celebró con las intervinientes en el litigio, tal y como se solicitó en la pretensión subsidiaria, identificada como “ CUARTA ” .
3o.-
Condenar a la nombrada Fundación a pagarle a la accionante, las siguientes sumas de dinero:
a)
OCHOCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($812.528.654,14), por concepto de daño emergente, que corresponde a la corregida monetariamente con base en el I.P.C., sobre el capital de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($183.800.000.oo), desde el diez (10) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995) y hasta el treinta (30) de junio del año en curso (2016).
b)
CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($120.995.540.oo), por concepto de lucro cesante, que corresponde a los intereses legales causados sobre el capital de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($183.800.000.oo) desde el diez (10) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995) y hasta el treinta (30) de junio del año en curso (2016).
4º.-
Establecer que el cálculo de la corrección monetaria y de los intereses legales relacionados con la condena impuesta en el punto anterior, que se causen a partir del primero (1º) de julio de dos mil dieciséis (2016) y hasta cuando se verifique su pago efectivo, deberá efectuarse de conformidad con el inciso final del artículo 308 del Código de Procedimiento Civil y siguiendo los parámetros utilizados por la Corte en este proveído.
5º.-
Costas en ambas instancias, a cargo de la demandada de que se trata. Las de segunda, liquídense por la Secretaría del ad quem . Inclúya como agencias en derecho, la suma de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($18.670.484.oo).
6º.-
Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen .
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC18156-2016 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2016-12-14. C.P. Alvaro Fernando Garcia Restrepo. Rad. 2002-00007-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC18156-2016%20%5B2002-00007-01%5D).
