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clave: "corte_suprema:providencia:SC1692-2019 [2010-00393-01]"
titulo: "Corte Suprema: acusó al Tribunal de haber desconocido la realidad procesal"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2019-05-10"
radicado: "2010-00393-01"
numero: "SC1692-2019"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: acusó al Tribunal de haber desconocido la realidad procesal

- **Título oficial / radicado:** SC1692-2019 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2019-05-10
- **Radicado:** 2010-00393-01
- **Número:** SC1692-2019
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1692-2019%20%5B2010-00393-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1692-2019%20%5B2010-00393-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE5L0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS81Li0gTWF5by9TZW50ZW5jaWFzL1NDMTY5Mi0yMDE5IFsyMDEwLTAwMzkzLTAxXS5kb2M%3D/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 153 de 1887

## Extracto

Denuncia del pleito presentada por el demandado original. Finalmente, dispuso la cancelación de las medidas cautelares decretadas. Por consiguiente, se negaron las pretensiones en los términos indicados en precedencia. Así las cosas, acusó al Tribunal de haber desconocido la realidad procesal, al tiempo que obliga a la demandante a asumir unas obligaciones derivadas de un contrato en que no es parte, con el único y claro objetivo de desvirtuar su derecho a reivindicar los inmuebles ya mencionados. Que dentro del citado proceso se estudió y evaluó a saciedad los elementos y las condiciones estipuladas por las partes en el citado contrato; prueba de ello es el fallo aludido, sin embargo, debemos resaltar que dentro del fallo mencionado no se declara la resolución del contrato, por cuanto, siendo de la esfera de su competencia, el fallador de ese proceso observó la existencia del ‘PARÁGRAFO 1º.

## Texto del documento

Radicación n.° 25307-31-03-001-2010-00393-01
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado Ponente
SC1692-2019
Radicación n° 25307-31-03-001-2010-00393-01
(Aprobado en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho)
Bogotá, D.C., trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
Procede la Sala a decidir el recurso de casación interpuesto por la parte demandante y convocada en reconvención, respecto de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en audiencia celebrada el día 19 de octubre de 2016, dentro del proceso verbal promovido por la sociedad Kapacoli S.A.S. frente a Héctor Humberto Cáceres Mora, en el que se vinculó a Luis Antonio Perico Pinzón, Jairo Alfonso Vásquez Cárdenas, Luis Guillermo Neissa Rosas y Beatriz Giraldo de Neissa, en calidad de denunciados del pleito.
I. ANTECEDENTES
1. Las pretensiones.
1.1. Mediante escrito presentado el 3 de diciembre de 2010, la sociedad Kapacoli S.A.S. demandó al señor Héctor Humberto Cáceres Mora, para que por los trámites del proceso ordinario, contemplado en el Código de Procedimiento Civil, se declarara que «pertenece el dominio pleno y absoluto a KAPACOLI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA los siguientes bienes inmuebles: “… dos 2 inmuebles rurales ubicados dentro de la jurisdicción del Municipio de Nilo, Departamento de Cundinamarca, denominados, el primero ‘CAIMITO’, y el segundo ‘PACOLI’, que catastralmente forman un solo globo de terreno y se identifican con la Cédula Catastral número 00020005-0249-000 en mayor extensión y con las siguientes matrículas inmobiliarias: CAIMITO: No. 307-365 y PACOLI: 307-366 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot…”», cuyos linderos trasuntó, conforme a lo indicado en la escritura pública 1580 de 27 de mayo de 2010, otorgada en la Notaría Treinta y Nueve de Bogotá.
1.2. Como consecuencia de la anterior declaración, pidió condenar al demandado «a restituir a favor de KAPACOLI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA la posesión de los bienes inmuebles antes descritos, dentro de los seis (6) días siguientes a la ejecutoria de esta (sic) sentencia.»
1.3. Del mismo modo, solicitó condenar al encausado a pagarle «el valor de lo frutos naturales o civiles de los inmuebles antes determinados y, no solamente los percibidos sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y cuidado, de acuerdo con el experticio que realizará el perito designado por el Despacho para tal fin, desde el día en que el poseedor funge como tal hasta el momento de la restitución de la posesión de los inmuebles.»
1.4. Igualmente, demandó se declarara que la actora «no está obligada a indemnizar por las mejoras útiles a que se refiere el artículo 966 del Código Civil, porque la parte demandada HECTOR HUMBERTO CACERES MORA es poseedor de mala fe», y reclamó que la restitución comprendiera «las cosas que forman parte de los inmuebles o que se reputan como incorporadas a los mismos, por la conexión con ellos, según lo prescrito en el título Primero del libro Segundo del Código Civil».
1.5. Finalmente, requirió la inscripción de la sentencia y que se condenara en costas al accionado.
2. Los hechos.
2.1. En sustento de lo pretendido, la sociedad accionante relató que los bienes objeto de reivindicación fueron adjudicados a las señoras Beatriz Giraldo de Neissa y María Teresa Giraldo de Castañeda en la sucesión del finado Juan de Dios Giraldo Ceballos, conforme la sentencia proferida el 12 de enero de 1976 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot, protocolizada en la escritura pública 1564 de 28 de octubre de ese año, de la Notaría Primera de Girardot.
2.2. Posteriormente, mediante escritura pública 4500 de 26 de noviembre de 1976 de la Notaría Catorce de Bogotá, Luis Guillermo Neissa Rosas adquirió de manos de la señora María Teresa Giraldo de Castañeda, a título de compraventa, el derecho de dominio y posesión que ella tenía respecto de los inmuebles denominados Caimito y Pacoli.
2.3. Los entonces comuneros, Neissa Rosas y Giraldo de Neissa, inicialmente explotaron dichas propiedades en actividades de ganadería, pero en 2010 se las vendieron a Kapacoli S.A.S., conforme la escritura pública 1580 de 27 de mayo de 2010 de la Notaría Treinta y Nueve de Bogotá, aunque refieren que en 1995 le habían transferido cincuenta hectáreas del predio llamado Caimito a Inversiones Nilo Resort Ltda.
2.4. En todo caso, más allá de la venta parcial reseñada, respecto de la cual se destacó su vigencia, la parte demandante indicó que el actual poseedor de los inmuebles descritos es el demandado, como se acreditó en diligencia de prueba anticipada practicada en el Juzgado Promiscuo Municipal de Nilo, Cundinamarca.
2.5. Para finalizar comentó que buscó infructuosamente llegar a un acuerdo conciliatorio con el demandado.
3. Actuación procesal.
3.1. Contestación de la demanda por parte del demandado inicial.
Admitida la demanda, lo que ocurrió en auto de 18 de enero de 2011 y notificado el demandado, éste respondió aceptando como cierta la tradición inicial de los mencionados inmuebles, pero dijo no constarle la explotación económica referida en el libelo, dado que no se indicó la fecha en la que comenzaron dichos actos, ni se informó de las garantías de los créditos de Fogafin, así como tampoco de la promesa de venta que suscribieron los entonces propietarios con los señores Luis Antonio Perico y Jairo Alfonso Vásquez, respecto de los mismos inmuebles.
Aceptó la existencia de las compraventas reseñadas en la demanda, pero anotó que la actora ocultó la promesa de compraventa suscrita entre Luis Guillermo Neissa Rosas y Beatriz Giraldo de Neissa como promitentes vendedores, y Luis Antonio Perico Pinzón y Jairo Alfonso Vásquez, como promitentes compradores, la cual originó un proceso de resolución de contrato.
Dio por cierto el registro de las escrituras de venta, aunque adujo que contra quienes le vendieron a la actora, esto es, Luis Guillermo Neissa Rosas y Beatriz Giraldo de Neissa, los señalados promitentes compradores, Luis Antonio Perico y Jairo Alfonso Vásquez, presentaron una denuncia penal por el delito de estafa y falsedad en documento.
En igual sentido, admitió ser el poseedor de los bienes pretendidos y haber intentado conciliar las diferencias, y discutió la certeza de la propiedad de la demandante, en tanto se encuentran en trámite los procesos ya historiados.
Se opuso a las pretensiones de la demanda y, con el fin de enervarlas, planteó las excepciones que denominó «DE LA ILEGALIDAD DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA FUNDADA EN LA POSESIÓN POR CAUSA CONTRACTUAL, SUCESIÓN DE LA POSESIÓN Y SUMA DE LA POSESIÓN EMANADA DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y DEL ‘PACTA SUNT SERVANDA’ consagrado en el artículo 1602 del Código Civil».
Fuera de las anteriores, también formuló las que llamó «OPONIBILIDAD A LA SOCIEDAD DEMANDANTE DE LOS CONTRATOS DE PERMUTA Y DE PROMESA DE COMPRAVENTA»; «COLUSIÓN Y FRAUDE PROCESAL»; «SIMULACIÓN ABSOLUTA DEL CONTRATO» ; y «NULIDAD ABSOLUTA DE LA ESCRITURA PÚBLICA, QUE SE PRETENDE HACER VALER COMO CAUSA DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA».
3.2. Denuncia del pleito presentada por el demandado original.
Además de la respuesta de la demanda, el encausado radicó denuncia de pleito en contra de Luis Guillermo Neissa Rosas, Beatriz Giraldo de Neissa, Luis Antonio Perico Pinzón, Jairo Alfonso Vásquez Cárdenas y la propia actora.
Dicha actuación se fundamentó en que los denunciados Neissa Rosas y Giraldo de Neissa, propietarios iniciales de los predios Caimito y Pacoli, prometieron venderlos a los señores Perico Pinzón y Vásquez Cárdenas, pero al final no pudieron perfeccionar la venta porque dichas heredades se encontraban embargadas.
Tal situación conllevó la presentación de una demanda de resolución de la promesa y nulidad de la misma, la que cursó en el Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogotá.
Posteriormente, los promitentes compradores celebraron una promesa de permuta sobre los mismos inmuebles, con el actual demandado, en cuyo texto se dijo que los promitentes permutantes adquirieron los derechos y acciones que prometían mediante la promesa de compraventa aludida.
De otro lado, el 27 de mayo de 2010 los entonces promitentes vendedores, mediante escritura pública 1580 de la Notaría Treinta y Nueve de Bogotá, le vendieron tales bienes a la sociedad Kapacoli S.A.S., de quien dijo era conocedora de las circunstancias anotadas.
3.3. Vinculación y réplica de los denunciados en pleito.
3.3.1. Los denunciados Neissa Rosas y Giraldo de Neissa respondieron diciendo que la supuesta promesa de permuta es tendenciosa, con intenciones de engañar a terceros y causar perjuicios a la parte denunciada en pleito. En suma, estimaron que el denunciante es un ocupante de hecho, que luego de la presentación de la demanda de resolución y nulidad de la promesa construyó obras civiles en los predios sin los debidos permisos.
Incluso, adujeron que los entonces promitentes compradores, señores Perico Pinzón y Vásquez Cárdenas, no recibieron ni han tenido la posesión de las señaladas fincas, dado que a ellos simplemente se les autorizó para recibirlas de manos de la secuestre, en nombre de ellos.
Además, afirmaron que los promitentes compradores incumplieron la promesa, lo cual conllevaba la resolución, por expreso pacto de las contratantes.
3.3.2. Por su parte, los señores Luis Antonio Perico Pinzón y Jairo Alfonso Vásquez Cárdenas se mostraron conformes con la denuncia e incluso solicitaron que se permitiera su intervención como litisconsortes del demandado.
Respecto de los hechos, advirtieron que realmente a la actora no se le transfirieron los bienes pretendidos, dado que no se había efectuado la entrega material, de manera que la sociedad demandante no es la propietaria de los referidos bienes.
Por ello, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones y para desvirtuarlas sostuvieron que el contrato de compraventa, contenido en la escritura 1580 de 27 de mayo de 2010 de la Notaría Treinta y Nueve de Bogotá, está viciado de nulidad por carencia de objeto, por falta de causa legítima, por causa ilícita y por falta de capacidad del representante legal de la supuesta compradora.
También arguyeron que la demandante carecía de legitimación en la causa y que la acción reivindicatoria era improcedente.
3.4. Demanda de reconvención.
Los señores Luis Antonio Perico Pinzón y Jairo Alfonso Vásquez Cárdenas formularon demanda de reconvención frente a la actora principal, la cual fue reformada posteriormente para incluir como demandados a Luis Guillermo Neissa Rosas y Beatriz Giraldo de Neissa.
En la contrademanda se pidió que se declarara la nulidad del contrato de compraventa vertido en la escritura 1580 de 27 de mayo de 2010 de la Notaría Treinta y Nueve de Bogotá por causa ilícita, con la consiguiente eliminación del registro y la condena a los demandados en costas y perjuicios, en forma solidaria con el representante legal de la sociedad Kapacoli S.A.S.
3.5. Contestación de la contrademanda.
Kapacoli S.A.S. se pronunció esgrimiendo que la falta de entrega de los bienes por ella adquiridos no lleva a la nulidad reclamada, pero si a la reivindicación rogada, fuera de lo cual consideró que la demandante en reconvención no está legitimada para elevar las pretensiones.
Por su parte, los nuevos accionados en la contrademanda esgrimieron al respecto que las peticiones elevadas resultan inoportunas y son contradictorias respecto del proceso principal.
4. La sentencia de primera instancia.
En audiencia celebrada el 20 de abril de 2016, el Juzgado de primera instancia dictó sentencia, en la que resolvió «declarar las excepciones de oponibilidad a la sociedad demandante de los contratos de permuta y promesa de compraventa, y simulación absoluta de contrato que propusiera el demandado HÉCTOR HUMBERTO CÁCERES, lo mismo que las de ilegitimidad en causa por activa e improcedencia a la acción reivindicatoria frente a la posesión legítima de origen contractual con el dueño, propuestas por los denunciados en pleito y reconvinientes Luis Perico Pinzón y Jairo Alfonso Vásquez Cárdenas».
Como consecuencia de lo anterior, el a quo desestimó las pretensiones de la demanda reivindicatoria, además de no acceder a la nulidad absoluta reclamada en la demanda de reconvención. Finalmente, dispuso la cancelación de las medidas cautelares decretadas.
En suma, el Despacho de primer grado aludió a los presupuestos estructurales de la acción reivindicatoria, dentro de los cuales incluyó «que el título que respalda el dominio del demandante debe tener una vigencia anterior al tiempo de la posesión que pueda demostrar el demandado o en el evento que el referido título se obtenga con posterioridad al inicio de la aludida posesión, se debe probar por parte de la actora la cadena ininterrumpida de títulos de sus antecedentes, pues dicha cadena es la que respalda al accionante para que sus pretensiones salgan adelante».
Adujo que en principio sería cuestión

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

egundo de los presupuestos para pretender la resolución y al ser concurrentes, tal circunstancia implica la negativa de la totalidad de las pretensiones de la demanda principal.»
En ese orden, el Juzgado de Descongestión que conoció ese proceso, antecedente a éste, estableció la validez de la promesa de compraventa, así como el cumplimiento de las prestaciones que le correspondían a los promitentes compradores y el incumplimiento de las que debían satisfacer los promitentes vendedores, consecuencia de lo cual, negó todas las pretensiones, entre ellas la de cumplimiento forzado, dada la venta a un tercero de los bienes pretendidos.
Así las cosas, es notorio que el citado Juzgado no dispuso la aniquilación del contrato sometido a su escrutinio y sanción, ni advirtió es posibilidad por virtud de lo establecido en la décimo segunda estipulación.
De ahí que la inferencia del Tribunal no constituye un error de hecho, como quiera que acompasa, en esencia, con lo resuelto por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá. Dicho en otras palabras, no se cambió ni se omitió el sentido de lo decidido, lo cual significa que no se configura un error de hecho en la apreciación de ese medio de convicción como parece entenderlo el recurrente en sus argumentos.
3.3.3. Ahora bien, si se llegara a aceptar la veracidad de ese razonamiento y, por ende, el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá hubiera indicado que la promesa de compraventa estaba resuelta por lo dispuesto en la citada cláusula doce, o por incumplimiento de los promitentes vendedores, en todo caso no se podría aludir a una indebida valoración fáctica porque, en esencia, lo dicho por el ad quem significa que la reivindicación, esto es, la restitución de los bienes, debía ser consecuencia de la «aniquilación» del contrato, lo cual descartaba el ejercicio autónomo de la acción de dominio.
En efecto, la Sala ha elaborado una línea jurisprudencial en virtud de la cual, la pretensión restitutoria, en tratándose de posesiones de origen contractual, sólo es viable como consecuencia de la respectiva sanción del negocio jurídico, es decir, en el proceso en el que se pide alguna de las anunciadas declaraciones se puede acumular una pretensión del linaje indicado, con carácter consecuencial o subsidiario, pero no autónomo.
Igualmente, es procedente con posterioridad al proceso que sanciona el vínculo jurídico, iniciar otro para reclamar la devolución de la cosa, lo cual también tiene carácter consecuencial y no en todo caso, en ejercicio de la acción reivindicatoria prevista en el artículo 946 del Código Civil.
De esa doctrina es ejemplo la SC, 30 jul. 2010, rad. 2005-00154-01, en la cual esta Corporación señaló:
«‘La pretensión reivindicatoria excluye de suyo todos los casos en que la posesión del demandado sea de naturaleza contractual, es decir, se rija por un contrato celebrado entre el dueño y el actual poseedor. En tales casos, mientras el contrato subsista constituye ley para las partes (artículo 1602 del Código Civil) y como tal tiene que ser respetado por ellas. Entonces, la restitución de la cosa poseída, cuya posesión legitima el acuerdo de voluntades, no puede demandarse sino con apoyo en alguna cláusula que la prevea, mientras el pacto esté vigente. La pretensión reivindicatoria sólo puede tener cabida si se la deduce como consecuencia de la declaración de simulación, de nulidad o de resolución o
terminación del contrato
, es decir, previa la supresión del obstáculo que impide su ejercicio . En este proceso se pide la reivindicación de determinado predio como súplica enteramente independiente y autónoma. Esta pretensión no puede prosperar mientras el contrato de promesa subsista, pues ocurre que por ese contrato se transformó la posesión extracontractual del demandado en posesión respaldada por un contrato y regida por sus estipulaciones. (…). Cuandoquiera que alguien posea en virtud de un contrato, es decir, no contra la voluntad del dueño que contrató, sino con su pleno consentimiento, la pretensión reivindicatoria queda de suyo excluida, pues sólo puede tener lugar en los casos en que el propietario de la cosa reivindicada ha sido privado de la posesión sin su aquiescencia. La acción de dominio es por su naturaleza una pretensión extracontractual, que repugna en las hipótesis en que los interesados han convenido en que uno de ellos autoriza al otro para poseer en virtud de un determinado contrato celebrado entre el uno y el otro’ (cas. civ. sentencia de 12 de marzo de 1981, CLXVI, página 366, reiterada en sentencia de 18 de mayo de 2004, [SC-044-2004] exp. 7076).» (Negrilla fuera de texto).
Conforme con ello, aun cuando se aceptara que el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá hubiese declarado la resolución del contrato de promesa de compraventa mencionado, lo cual no ocurrió, ello no habilitaba la acción de dominio independiente, pues como se colige de lo dispuesto por el Tribunal, no habría necesidad ni viabilidad del reivindicatorio, en tanto se podía y debía acudir a la pretensión restitutoria, derivada de la mencionada sanción del negocio jurídico.
Por consiguiente, el cargo no está llamado a prosperar.
4. Conclusión.
Las consideraciones expuestas son suficientes para declarar la no prosperidad de las acusaciones incluidas en los cargos conjuntados, lo cual necesariamente implica la improcedencia de la impugnación extraordinaria.
Finalmente, se condenará en costas a la recurrente, considerando que la parte opositora replicó la demanda de casación; tarea esta última para la cual el Magistrado Sustanciador señalará las respectivas agencias en derecho.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en audiencia celebrada el día 19 de octubre de 2016, dentro del proceso verbal promovido por la sociedad Kapacoli S.A.S. frente a Héctor Humberto Cáceres Mora, en el que se vinculó a Luis Antonio Perico Pinzón, Jairo Alfonso Vásquez Cárdenas, Luis Guillermo Neissa Rosas y Beatriz Giraldo de Neissa, en calidad de denunciados en pleito.
SEGUNDO. CONDENAR a la recurrente KAPACOLI S.A.S., a favor de las demás partes procesales, al pago de las costas procesales en el trámite de la impugnación extraordinaria. Por concepto de agencias en derecho se fija la suma de seis millones de pesos ($6’000.000) m/cte. El Juzgado de primer grado realizará la liquidación concentrada de las costas.
TERCERO. DEVOLVER , en su oportunidad, el expediente a la Corporación de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1692-2019 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2019-05-10. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2010-00393-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1692-2019%20%5B2010-00393-01%5D).
