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clave: "corte_suprema:providencia:SC16496-2016 [1996-13623-01]"
titulo: "Corte Suprema: la concesión efectiva de dinero prestado al cliente bancario puede presentarse mediante la previa celebración de un contrato"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2017-01-19"
radicado: "1996-13623-01"
numero: "SC16496-2016"
ponente: "Margrita Cabello Blanco"
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# Corte Suprema: la concesión efectiva de dinero prestado al cliente bancario puede presentarse mediante la previa celebración de un contrato

- **Título oficial / radicado:** SC16496-2016 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2017-01-19
- **Radicado:** 1996-13623-01
- **Número:** SC16496-2016
- **Ponente:** Margrita Cabello Blanco
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC16496-2016%20%5B1996-13623-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC16496-2016%20%5B1996-13623-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE2L0RyYS4gTWFyZ3JpdGEgQ2FiZWxsbyBCbGFuY28vMTEuIE5vdmllbWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDMTY0OTYtMjAxNiBbMTk5Ni0xMzYyMy0wMV0uZG9j/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

La concesión efectiva de dinero prestado al cliente bancario puede presentarse mediante la previa celebración de un contrato de apertura de crédito, para cuya utilización puede y suele utilizarse la cuenta corriente.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Constitución Política

## Extracto

Lo antes indicado pone de presente que si el “cuentacorrentista” emite dichos títulos valores sin tener suficiente provisión de fondos y carece del otorgamiento de crédito o excede el límite conferido por el Banco, éste puede negarse a solucionar aquellos por la causal de “fondos insuficientes”, aunque, igualmente ostenta la liberalidad de admitir la orden y “pagar” el título, lo que estructura el sobregiro que, de todas formas, sin acuerdo previo no se halla compelido a conferirlo, aunque se repite, puede hacerlo, evento en el cual se genera un “crédito” a su favor por el monto que excedió el saldo disponible en la respectiva “cuenta corriente”. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección, según el rol que cada uno desempeñe, de elementos o actuaciones cuyo descuido, potencialmente, resultarían dañadas o dañinas.

## Cita textual

> El librador debe tener provisión de fondos disponibles en el banco librado y haber recibido de éste autorización para librar cheques a su cargo

## Texto del documento

Radicación n° 76001 31 03 002 1996 13623 01
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada Ponente
SC16496-2016
Radicación n°. 76001 31 03 002 1996 13623 01
(Aprobado en sesión de diez de mayo dos mil dieciséis)
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).
Decide la Corte el recurso de casación que el señor BELISARIO CAICEDO CAPURRO, demandante, formuló contra la sentencia proferida el 29 de junio de 2012, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario por él instaurado contra el BANCO GANADERO S.A., hoy BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. B.B.V.A. COLOMBIA S.A.
ANTECEDENTES
1. En el libelo se narró que la persona natural y la entidad bancaria señaladas, el 4 de mayo de 1987, celebraron un contrato de cuenta corriente, habiéndosele asignado a la misma el número 227 09902 5.
2. El actor, en 1989, en desarrollo de ese contrato, recibió de parte del banco una tarjeta débito para, con ella y otras herramientas, poder hacer uso más adecuado de su producto. Según el accionante, nunca solicitó el plástico y, una vez que le fuera entregado, tampoco lo utilizó.
3. Entre el 18 de agosto y el 11 de septiembre de 1994, época para la cual el demandante se encontraba fuera del país, de la referida cuenta fueron realizados, de manera ilícita, algunos débitos que sumados todos alcanzaron el valor de $1.700.000.oo.M/cte. En ese momento, el saldo dejado ascendió a la suma de $1.849.444.48. M/cte. Dichos movimientos aparecen registrados en el extracto del mes de agosto.
4. El 13 de septiembre de 1994, fecha en que se recibió el mencionado resumen de la cuenta y, por tanto, data en la que se enteró de la defraudación, informó, vía telefónica al banco, de los retiros efectuados a través de cajero automático. Al día siguiente (14 de septiembre) formalizó ante la entidad bancaria, por escrito, tal situación, es decir, la manera irregular como se debitaron esas sumas.
5. Entre los días 2 y 13 de este último mes del mencionado año, se volvieron a presentar varios retiros utilizando el mismo mecanismo, pero en esta oportunidad, la cuantía sustraída ascendió a $4.500.000.oo. Además, se concretaron dos depósitos, cada uno por valor de $345.000.oo. Resulta ‘curioso’, expuso el actor, que en el mismo día (13 septiembre), en el que se dieron a conocer las anomalías señaladas, se haya registrado otro desembolso por la suma de $800.000.oo.
6. Según los extractos bancarios, se imputaron cobros por el uso de la tarjeta.
7. No obstante los reclamos y el gran número de cartas y comunicaciones que se cruzaron las partes, la entidad financiera, en el mes de diciembre de 1994, antes que solucionarle el problema, procedió a reportarlo a las centrales de riesgo, argumentando para ello que acusaba una mora de 119 días por un sobregiro realizado.
8. La información suministrada a estas últimas entidades, acompañada de una calificación desfavorable, le generó inmensos perjuicios habida cuenta que otros bancos con los que de ordinario mantenía vínculos comerciales, le restringieron los créditos y, en general, se le afectó su buen nombre personal; como empresario que es, dueño del 98% del capital de la firma Confetti Ltda, las incidencias negativas de lo sucedido fueron mayores. En consecuencia, argumentó el demandante, esta situación y la pérdida de las sumas de dinero señaladas, constituyeron los perjuicios que le generó el extremo convocado.
9. Con base en el anterior cuadro fáctico, presentó demanda en contra de la entidad bancaria referida, tendiente a lograr que se declarara incumplido el contrato de cuenta corriente celebrado y, como consecuencia de ello, asumiera la responsabilidad de indemnizar los daños infligidos no solamente por la pérdida de los dineros sino, también, por los efectos nocivos sobrevinientes al reporte que realizó a las centrales de riesgo.
10. El llamado concurrió al proceso y se opuso a las pretensiones; aceptó algunos de los hechos narrados, otros los negó y dejó a la probanza algunos más (folios 163 a 182 ib ).
Adicionalmente, presentó excepciones de mérito (folios 163 a 182, cuaderno principal), que denominó y sustentó así:
i) ‘Inexistencia de la obligación de mi mandante para resarcir presuntos perjuicios contractuales’; fundada en que, de un lado, el actor cuando recibió el plástico se obligó a conservarlo y a responder hasta por la culpa leve; además, según quedó demostrado en autos, los retiros efectuados se hicieron utilizando tanto la tarjeta débito como el NIP asignado. De otra parte, el reporte realizado a la central de riesgos era una obligación de la entidad Bancaria, atendiendo que ‘el descubierto en su cuenta corriente’, llegó a los 119 días de vigencia;
ii) ‘Falta de legitimación en la causa por pasiva’; cuyo argumento central gira alrededor del hecho de que la ‘Superintendencia Bancaria’, no encontró irregularidad alguna en el proceder de la entidad demandada;
iii) ‘carencia de derecho para demandar’, soportada en que el accionante se obligó a guardar con la diligencia debida el plástico y el número de identificación personal, pero, al parecer, no cumplió ese compromiso, pues todo indica que extravió la tarjeta sin haber informado al establecimiento financiero ni haber procedido a formular la respectiva denuncia;
iv) ‘las dificultades financieras que puedan tener en la actualidad la sociedad Confetti Ltda. y el doctor Belisario Caicedo Capurro, no son producto de actos u omisiones del Banco Ganadero y tampoco esta entidad es responsable de los presuntos perjuicios que se reclaman en la demanda’ (sic).
Expuso la demandada que la crisis de la mencionada sociedad radica en la ‘falta de rotación en los inventarios por excesivo número de referencias que maneja la sociedad (…), unido a la falta (sic) de capital de trabajo y un inadecuado manejo del crédito’. En ese orden, no solo hizo el reporte a la central de riesgos sino a otras entidades del sector, todo en aplicación de las resoluciones 1980 y 2195 emanadas de la Superintendencia Bancaria.
10. El juez de primera instancia dictó sentencia (folios 354 a 359, misma encuadernación) desestimatoria de las pretensiones de la demanda al acoger la primera de las excepciones reseñadas.
11. Al desatar la apelación que la parte actora impetró contra ese fallo, el Tribunal lo confirmó en su totalidad .
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. La Corporación acusada dejó clarificado que los requisitos para una resolución de fondo concurrían plenamente al proceso. También asentó que la legitimación en la causa tanto respecto del actor como del demandado no merecía reproche alguno.
2. Antes de abordar el caso litigado, emprendió el análisis de la institución de la responsabilidad civil, sus orígenes, los eventos en que puede presentarse y, luego de ello, acometió el examen sobre el contrato en general (artículos 1602 a 1617 del C.C.); seguidamente estudió, en particular, el de cuenta corriente bancaria previsto en los artículos 1382 a 1392 del C. de Comercio.
A continuación, previa memoria de un pronunciamiento de la Corte Constitucional concerniente con el ‘ reporte negativo ante las Centrales de Riesgos ’ y la Asociación Bancaria, también se refirió a la indemnización reclamada en el escrito incoativo.
3. Señalado ese marco decisorio, el ad-quem indicó que el asunto debatido imponía establecer, primeramente:
la existencia de un contrato del que se derive el deber o la obligación del Banco de bloquear la tarjeta de crédito por la no utilización de la misma por parte del titular dela cuenta; b) El daño, que se concreta con la prueba de la lesión y detrimento o perjuicios patrimoniales causados al demandante c) La culpa de la entidad demandada por los retiros efectuados por cajero electrónico y d) el nexo causal entre el incumplimiento y el agravio sufrido por el afectado (folio 43, cuaderno del Tribunal).
4. A renglón seguido expresó que en el proceso había quedado plenamente demostrado el vínculo contractual involucrado en la controversia. Así, para el fallador, las diferencias estribaban en el incumplimiento atribuido a la accionada , en particular, debido a:
No haber bloqueado la entidad bancaria una tarjeta débito que nunca fue usada por el actor, durante más de 6 años; b) Permitir la sustracción de dinero, con sobregiro en la cuenta corriente del actor a través de cajeros automáticos, con dicha tarjeta; b) (sic) Haber omitido el bloqueo de la tarjeta débito una vez el demandante comunicó al banco el día 13 de septiembre de 1994, vía telefónica las anomalías advertidas en el extracto bancario del mes de agosto de 1994; constatando posteriormente en el extracto del mes de septiembre de 1994 que en dicha fecha pese a la reclamación verbal, se había realizado un retiro en la suma de $800.000 mcte, para un total debitado con cargo a su cuenta corriente de $4.262.197.48 mcte; y c) por haber reportado ante la central de riesgos al demandante como deudor moroso por el no pago del sobregiro de la cuenta corriente que tuvo origen en el débito fraudulento por cajero electrónico”.
4.1. En cuanto a la obligación de inhabilitar la tarjeta débito, sostuvo, luego de analizar el texto del contrato de cuenta corriente, que los extremos no habían pactado tal compromiso y, por esa razón, en referencia a esa supuesta omisión, resultaba improcedente endilgarle a la entidad bancaria responsabilidad alguna (folio 45 ib ).
4.2. Respecto a si esa tarjeta, en su momento, fue desactivada, una vez se le informó al banco telefónicamente sobre los retiros fraudulentos, el Tribunal expresó que: « el perito Ingeniero de sistemas en su experticia indicó que la tarjeta bancaria débito No. 82270099025 sí fue bloqueada por la entidad bancaria el día 13/09/1994 a las 5: 05 p.m. apareciendo como motivo, el registro de retiros no autorizados». Agregó que no había « certeza sobre la hora en la que se realizó la llamada a que aduce el demandante solicitando el bloqueo de la tarjeta débito».
4.3. De manera inmediata, el sentenciador volvió sobre el contrato de cuenta corriente (art. 1382 C. de Co.), aludiendo a los instrumentos de los que puede hacer uso el cuentacorrentista para retirar los dineros que hubiese llegado a depositar al banco y, entre ellos, mencionó, principalmente:
«(…) la tarjeta plastificada denominada Tarjeta Bancaria, cuyo diseño será definido exclusivamente por el BANCO, acorde con las necesidades técnicas y de seguridad requeridas por los sistemas electrónicos utilizados por el mismo y cuyas instrucciones de operación declara conocer el CLIENTE y se precisan en el folleto que éste ha recibido por parte del BANCO.
«Para que el CLIENTE pueda utilizar los servicios descritos en el numeral 22 de este documento, el BANCO le ha asignado un número de identificación personal (NIP), en forma estrictamente confidencial, el cual es la clave indispensable para la utilización de los servicios.
« EL CLIENTE se compromete a conservar y custodiar los medios de utilización de los equipos de computación del BANCO, descritos en el numeral 23, de este Contrato y a no dar a conocer a terceras personas el número de identificación personal (NIP) asignado, siendo responsable ante el BANCO, hasta de la culpa leve, por el uso indebido de tales medidas o del número de identificación personal (NIP)» (folios 46 y 47, cuaderno del Tribunal).
A partir de lo anterior, arguyó que según lo convenido por las partes, « el actor estaba en la obligación de conservar la tarjeta plastificada y el número de identificación asignado, para garantizar la seguridad en sus transacciones y en el manejo de su cuenta corriente; pactándose además la obligación del cuentahabiente de devolver la tarjeta débito en caso de manifestación expresa de alguna de las partes sobre la terminación del contrato” (folio 47 ib .) .
Posteriormente afirmó que el damnificado, en el interrogatorio a que fue sometido, aceptó que dicho documento (tarjeta débito), que en tiempos pasados le había sido entregado, «(…) muy a pesar de que puede estar guardada en alguno de los tantos lugares que suelo recurrir, en el exterior, no he podido buscarla particularmente en la ciudad de Miami o en la ciudad de Boston….».
Dejó señalado, también, según la experticia recogida en autos (folios 210 a 233), que las transacciones en la cuenta del señor Belisario Caicedo a través de cajero automático entre los días 18 de agosto y 13 de septiembre de 1994, fueron realizadas utilizando tanto el plástico a él entregado como el número de identificación personal (NIP) asignado, agregando que el dictamen no fue cuestionado por el afectado; esa realidad procesal llevó al Tribunal a sostener:
« En ese orden de ideas, se tiene que el cuentacorrentista no demostró que los retiros se hubiesen realizado por fraude o culpa de la entidad bancaria, dado que la actuación que generó el daño se realizó con la tarjeta débito de la cuenta corriente No. 227-099-02-5 entregada por el banco al demandante el día 2 de febrero de 1989, para poder realizar retiros, pagos, consultas de s

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

también ser comunicada, por un medio adecuado, a su destinatario. El efecto inmediato, desde el punto de vista jurídico, de dicha comunicación, es el de hacer presumible que quien la recibe conoce su contenido[footnoteRef:43]. [43: ESCOBAR SANÍN, Gabriel. Negocios Civiles y Comerciales, Tomo II. 1994. Págs. 442.]
2.3. La jurisprudencia de esta Corte, en fallos que descollan no tanto en su número, sino en su elocuencia y sindéresis, ha venido exigiendo, de una u otra manera, el cumplimiento de los requisitos de los que se ha hecho alusión, como condición para otorgarle validez a la oferta. Así, en sentencia del 27 de junio de 1990, acotó:
“ El ordenamiento jurídico mercantil colombiano no sólo reconoce autonomía, libertad y consensualidad negocial comercial (art. 824 C.Co.), sino que también la admite y desarrolla en el ámbito negocial, además de la promesa y pacto de preferencia (arts. 861 y 862 C.Co.), en las fases precedentes a dicho negocio correspondientes a la oferta y los tratos prenegociales. La oferta, como declaración receptiva de la voluntad negocial consensual, recoge inequívocamente (diferenciándose así de las meras conversaciones, declaraciones sin compromisos, publicidades, etc.) “el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra” (art. 845 C.Co .). Es la propuesta que contiene los elementos esenciales (pues los secundarios pueden diferirse) del negocio proyectado en forma instantánea o sucesiva, debidamente comunicada (…)”. (Negrillas y subrayas nuestras).
En la importante SC. CSJ. del 8 de marzo de 1995, años más tarde puntualizó: “Dada la enorme trascendencia que en el tráfico negocial de bienes y servicios se deriva de la oferta, ella ha sido objeto de regulación legal (arts. 845 a 863, Código de Comercio) y, en torno a la misma, se tiene por establecido que, para su eficacia jurídica ha de ser firme, inequívoca, precisa, completa, acto voluntario del oferente, y estar dirigida al destinatario o destinatarios y llegar a su conocimiento. Ello significa, entonces, que para que exista oferta se requiere voluntad firme y decidida para celebrar un contrato, lo que la distingue de los simples tratos preliminares, en los que de ordinario esa voluntad con tales características todavía está ausente; y, al propio tiempo, ha de ser tan definida la voluntad de contratar por quien lo hace, de manera tal que no ha de aparecer duda de ninguna índole de que allí se encuentra plasmado un proyecto de contrato revestido de tal seriedad que no pueda menos que tenerse la certeza de que podrá perfeccionarse como contrato, con el lleno de todos los requisitos legales, si ella es aceptada por aquel o aquellos a quienes va dirigida , lo que necesariamente supone que en ella han de estar contenidos, cuando menos, los elementos esenciales del contrato propuesto y que, además, ha de ser dirigida al destinatario o destinatarios y llegar a su conocimiento”. (Resaltos fuera del original).
2.4. En palabras llanas, llámase aceptación al acto jurídico unilateral en virtud del cual el destinatario muestra su conformidad respecto al contenido de la oferta, y se dispone a celebrar el contrato o negocio en aquella plasmado. Es, en últimas, la concordancia o coincidencia de la conducta del destinatario con la del proponente[footnoteRef:44]. [44: HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones, Tomo II, Vol. I. 2012. Págs. 794-795.]
En punto a sus requisitos, esta Sala ha adoctrinado:
“Como es obvio, si el destinatario o destinatarios se deciden por la aceptación del proyecto definitivo de contrato sometido a su consideración por el oferente, esa aceptación, tácita o expresa, habrá de ser siempre inequívoca , cual se exige que lo sea la oferta y llegar oportunamente a conocimiento del oferente. Es decir, ha de producir certeza sobre la conformidad del destinatario respecto de la propuesta y la convicción de que existe en él una clara y precisa voluntad de celebrar el contrato proyectado, tal cual aparece en la oferta que le fue formulada. Además, como salta a la vista, por la propia naturaleza de las cosas, la aceptación no puede ser extemporánea, y habrá de ser pura y simple. En efecto, si se produce fuera de tiempo. o si es condicional, por ministerio de la ley (art. 855 Código de Comercio), la oferta inicial queda en el vacío y surge entonces una "nueva propuesta", en la cual ahora el antiguo destinatario asume la calidad de oferente y el primer ofertante se convierte en destinatario” [footnoteRef:45] . [45: SC CSJ del 8 de marzo de 1995.]
A conclusión similar ha llegado la doctrina nacional. En efecto, para Hinestrosa Forero, quien en esto sigue a Atiyah, la aceptación debe ser absoluta, inequívoca e incondicional; para Arrubla Paucar, voluntaria, expresa o tácita, oportuna y pura y simple.
2.5. Es equivocado, entonces, sostener que la sola introducción, en cajero electrónico, de una tarjeta de crédito, pueda o deba constituir una oferta en el sentido del Código de Comercio; más aún, documentos plásticos como éstos se enmarcan dentro del desarrollo del propio contrato de cuenta corriente, del de depósito, con mayor razón si se pacta el adicional de la “apertura de crédito”, y por ende resulta desacertado afirmar, como lo hace la Sala, que dichas tarjetas se otorguen como servicio complementario del contrato de mutuo. Así, huelga decirlo, se pactó en el propio contrato de cuenta corriente suscrito entre el demandante y la entidad financiera querellada.
En el proyecto, cuando el acto que ejecuta el cuentahabiente directa o indirectamente halla la expresión de la voluntad, para materializar el consentimiento, no se aclara si la expresión de la voluntad y del consentimiento sea implícito o explícito. Seguramente lo supone, cuando se introduce la tarjeta y el cajero entrega el dinero. Pero ¿de dónde extraer que esa es la expresión de un consentimiento implícito para generar la existencia de voluntad, elemento básico del consentimiento? Esto desde el punto de vista meramente teórico o hipotético, porque el fallo pasa por alto las disposiciones bancarias con relación a los sobregiros cubiertos y descubiertos como partes de la reglamentación legal del contrato de cuenta corriente, atrás trasuntadas, sumamente claras de cómo el acto de sobregiro descubierto constituye un acto ejecutivo del contrato del cuenta corriente; conducta que, además, fue prevista dentro del propio contrato de cuenta corriente suscrito por el demandante con el Banco. Finalmente, ¿en los contratos unilterales y reales, como el de mutuo, es de recibo la oferta? Sobre el punto no hubo respuesta.
A ello se aúna que, en momento alguno, se hace siquiera alusión a si en esa operación se cumplen o no los requisitos de la oferta previstos en el artículo 845 del Código de Comercio, detalladamente explicados en los numerales precedentes y a los cuales esta Sala, en numerosas oportunidades, ha hecho referencia.
En los términos anteriores dejo aclarado mi voto.
Fecha ut supra
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
MAGISTRADO
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC16496-2016 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2017-01-19. C.P. Margrita Cabello Blanco. Rad. 1996-13623-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC16496-2016%20%5B1996-13623-01%5D).
