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clave: "corte_suprema:providencia:SC1422-2025 [2021-00314-01]"
titulo: "Corte Suprema: pretender desnaturalizar una de estas dos instituciones no resuelve en lo absoluto el problema"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-07-11"
radicado: "2021-00314-01"
numero: "SC1422-2025"
ponente: "Martha Patricia Guzmán Álvarez"
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# Corte Suprema: pretender desnaturalizar una de estas dos instituciones no resuelve en lo absoluto el problema

- **Título oficial / radicado:** SC1422-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-07-11
- **Radicado:** 2021-00314-01
- **Número:** SC1422-2025
- **Ponente:** Martha Patricia Guzmán Álvarez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1422-2025%20%5B2021-00314-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC1422-2025%20%5B2021-00314-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI1L0RyYS4gTWFydGhhIFBhdHJpY2lhIEd1em3hbiDBbHZhcmV6LzUuLSBNYXlvL1NlbnRlbmNpYXMvU0MxNDIyLTIwMjUgWzIwMjEtMDAzMTQtMDFdLmRvY3g%3D/Civil/interpretaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

La protección de esta expectativa patrimonial legítima responde a principios fundamentales de justicia y equidad, que exigen reconocer diferentes formas de contribución a la economía familiar.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 54 de 1990
- Constitución Política

## Extracto

Por tanto, la simple negativa a explorar otras vías jurídicas más equitativas, permite que se perpetúe un trato diferenciado injustificado, opuesto a los principios de igualdad y no discriminación. De este modo, en lugar de facilitar una pronta definición de las situaciones personales y patrimoniales, se fomenta la inacción, lo que, paradójicamente, podría reducir costos y trámites en el corto plazo, pero conllevar mayores conflictos en el futuro. Análisis de la propuesta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. En consecuencia, pretender desnaturalizar una de estas dos instituciones no resuelve en lo absoluto el problema, sino que lo evade, mediante un giro conceptual que contradice la esencia del régimen patrimonial familiar. Unificación de la jurisprudencia: Solución a la cuestión de la vigencia de la sociedad conyugal de alguno de los compañeros permanentes.

## Cita textual

> la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes debe presumirse existente a partir de la disolución de la sociedad conyugal derivada de un matrimonio anterior

## Texto del documento

Radicación n.° 68001-31-10-005-2021-00314-01
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada Ponente
SC1422-2025
Radicación n.º 68001-31-10-005-2021-00314-01
(aprobado en sesión de treinta de enero de dos mil veinticinco)
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Decide la Corte el recurso de casación formulado por María del Carmen Sandoval Valencia frente a la sentencia de 5 de junio de 2023, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso promovido por Lucely Delgado Quintero contra los herederos de Luis Fernando Pico Sandoval.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones y fundamento fáctico.
La convocante pidió declarar que entre ella y el señor Pico Sandoval existió una unión marital de hecho, que se mantuvo entre el « mes de junio de 2001 » y el 12 de agosto de 2020, fecha del fallecimiento de su pareja. También solicitó que se reconocieran los efectos económicos de dicha relación, declarando disuelta y en estado de liquidación la sociedad patrimonial que existió entre los compañeros permanentes.
En sustento de sus súplicas, dijo haber convivido con el señor Pico Sandoval durante aproximadamente diecinueve años, conformando « una unión de vida estable, permanente y singular, con mutua ayuda tanto económica como espiritual, al extremo de comportarse pública y privadamente como marido y mujer entre sus parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, jefes y demás ». A ello agregó que « los gastos del hogar eran compartidos entre los señores Delgado Quintero y (...) Pico Sandoval (q. e. p. d.), incluyendo el pago de servicios públicos, alimentación [ y ] créditos ».
Por último, destacó que existía un impedimento legal para que contrajera matrimonio con quien fuera su compañero permanente, dada la vigencia de un vínculo marital existente entre ella (la demandante) y Jairo Lizarralde Salazar. No obstante, resaltó que esa eventualidad resultaba intrascendente, porque cuando comenzó su relación afectiva con el fallecido señor Pico Sandoval, llevaba más de dos años separada de cuerpos de su cónyuge.
2. Actuación procesal.
2.1. Notificada del auto admisorio de la demanda, la señora María del Carmen Sandoval Valencia, progenitora del fallecido Luis Fernando Pico Sandoval, se opuso a las pretensiones, y excepcionó « prescripción de la acción en referencia a la sociedad patrimonial ». En síntesis, sostuvo que la actora « nunca se separó de su esposo el señor Jairo Lizarralde Salazar, (...) por lo tanto, ella nunca cumplió con el requisito exigido por la norma, de ser [soltera] o sin vínculo matrimonial válido (...) , y no podía tener la demandante dos sociedades universales de bienes ».
2.2. En sentencia dictada el 18 de abril de 2022, el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga declaró la unión marital de hecho por el lapso solicitado en la demanda, pero negó sus efectos económicos, « pues cierto es que la jurisprudencia impide el reconocimiento de [la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes] cuando, como en este caso, existe un matrimonio con sociedad conyugal vigente entre Lucely Delgado y Jairo Lizarralde ».
SENTENCIA IMPUGNADA
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes, el Tribunal modificó el fallo de primera instancia, y declaró que « entre los señores Delgado Quintero y Pico Sandoval surgió sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, por el mismo tiempo determinado para la unión marital de hecho ».
Además de respaldar la valoración probatoria que permitió declarar la existencia de la unión marital –cuestión que no se discute en los cargos de casación que fueron admitidos–, la decisión sobre los efectos económicos de dicho vínculo se sustentó en los siguientes argumentos:
(i) Mayoritariamente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que no puede surgir una sociedad patrimonial « cuando los compañeros permanentes, uno o ambos, tienen una sociedad conyugal sin disolver ». Sin embargo, en las sentencias CSJ SC4027-2021 y CSJ SC5106-2021, esta Corporación defendió una postura diversa, atribuyendo a la separación de hecho de los cónyuges el efecto de disolver automáticamente la sociedad conyugal. Así las cosas, « ante la existencia de posturas contradictorias en los pronunciamientos jurisprudenciales (lo cual se evidencia en los salvamentos y aclaraciones de voto), resulta difícil admitir que haya doctrina probable ».
(ii) En este caso, no puede aplicarse la postura expuesta en las sentencias CSJ SC4027-2021 y CSJ SC5106-2021. Aunque la demandante estuvo separada de cuerpos de su cónyuge por más de dos años antes de iniciar la convivencia con el señor Pico Sandoval, la vigencia de su matrimonio no fue debatida en el proceso.
(iii) Tampoco resulta viable optar por la tesis « tradicional » de la jurisprudencia, pues ella « conculca (...) la vigencia de un orden económico justo (...) [y] vulnera también principios constitucionales como el debido proceso y el de acceso a la administración de justicia, (...) pues toda persona que no pueda invocar la presunción automáticamente queda, por virtud de la discutida (sic) jurisprudencia, sin la posibilidad de que sus pruebas sean oídas ».
(iv) El artículo 2 de la Ley 54 de 1990, rectamente entendido, simplemente consagra una presunción legal, relativa a la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Por tanto, el hecho de que uno de los compañeros permanentes tenga una sociedad conyugal vigente « no tiene como consecuencia que carezca de derecho a reclamar una sociedad patrimonial. La verdadera consecuencia (...) no es otra que la ausencia de [la] presunción », debiendo demostrar cuáles bienes adquiridos por la pareja integran la sociedad patrimonial.
(v) Debido a la pervivencia de su sociedad conyugal con una tercera persona, « Lucely Delgado Quintero no invoca ni puede invocar presunción alguna que la exima de prueba; a su cargo, entonces, se halla la demostración de los hechos en los que funda su pretensión », esto es, « los presupuestos del artículo 3 de la misma ley (trabajo, ayuda y socorros mutuos) ». Con todo, en este caso esas variables se encuentran demostradas, según lo precisó la juzgadora a quo . Es decir, logró probarse la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes a través de testimonios y documentos.
DEMANDA DE CASACIÓN
La convocada, María del Carmen Sandoval Valencia, presentó cuatro cargos contra el fallo de segunda instancia, todos ellos al amparo de la causal primera de casación. Sin embargo, mediante auto CSJ AC416-2024, esta Corporación inadmitió los cuestionamientos segundo y tercero, tras identificar allí serias deficiencias formales.
CARGO PRIMERO
Se denunció la trasgresión directa « de los artículos 2º literal b y 3º, ambos de la ley 54 de 1990, por aplicación indebida ». La recurrente arguyó, en sustento, que « la sentencia (...) se afincó en que 1) la norma del artículo 2º ibídem es simplemente de carácter procesal, lo que permite que la unión marital de hecho se pueda demostrar fuera de los encasillamientos allí previstos como presunciones; 2) que, por tanto, los elementos del artículo 3º sí pueden concurrir para demostrar la sociedad patrimonial y 3) que nada se opone a que no puedan concurrir dos sociedades universales de bienes ».
Lo anterior implicaría que el Tribunal « se apartó de la doctrina probable de la H. Corte Suprema de Justicia al señalar –dice– presunta pérdida de la fuerza vinculante del precedente, para adentrarse motu proprio tanto en lo que considera la vigencia de un orden económico justo, como para defender a la mujer “frente a todo tipo de violencia” con la ilación del debido proceso, sin percatarse (...) que la persona agredida económicamente en el caso, fue y es la mujer demandada, al cercenársele así la legítima herencia de su hijo ».
CARGO CUARTO
Invocando la infracción directa de las mismas disposiciones, la señora Sandoval Valencia sostuvo que el Tribunal había pasado por alto « una prohibición (...) del legislador para que no puedan existir coetáneamente una sociedad conyugal (por lo menos ilíquida) y una sociedad patrimonial, de tal manera que no es cierta tampoco la premisa en que se cimenta la decisión del ad-quem, sobre la ligera afirmación del Tribunal en el sentido de no existir norma especial que prohíba esa posibilidad que alegremente acoge ».
CONSIDERACIONES
1. Presentación del problema jurídico.
De acuerdo con los hechos probados en este proceso, que no fueron controvertidos en sede de casación, entre la demandante y el fallecido Luis Fernando Pico Sandoval existió una unión marital de hecho que se prolongó desde « junio de 2001 », hasta el 12 de agosto de 2020. También se tiene por cierto que la señora Delgado Quintero está casada con Jairo Lizarralde Salazar, y que su sociedad conyugal no ha sido declarada disuelta hasta el momento.
En este escenario, el problema jurídico que debe resolver la Corte consiste en determinar si, a pesar de la vigencia de esa sociedad conyugal, es posible conceder efectos económicos a la unión marital que la demandante mantuvo con el fallecido señor Pico Sandoval. En caso de que la respuesta sea afirmativa, también corresponde definir la forma en que deben reconocerse dichos efectos.
Las referidas cuestiones representan un reto significativo, pues revelan una profunda tensión entre dos imperativos jurídicos: por una parte, la expresa prohibición lógica y legal de coexistencia entre una sociedad conyugal y una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes; y, por otra, la necesidad constitucional de proteger los derechos económicos de todas las formas de familia, en condiciones de igualdad, equidad y justicia.
Reconociendo que no existen soluciones ideales para un dilema tan complejo, en esta providencia se propondrá una alternativa orientada a reconocer los derechos económicos de los compañeros permanentes, sin dejar de considerar la prohibición legal de coexistencia de sociedades universales. A continuación, se explicará en qué consiste dicha solución, evitando disquisiciones técnicas o referencias jurisprudenciales extensas, con el fin de que el razonamiento expuesto sea accesible para la comunidad en general.
2. Punto de partida: La imposible “ coexistencia de comunidades universales ”.
El artículo 42 de la Constitución Política reconoce la diversidad de estructuras familiares y la autonomía de las personas para conformar una familia, como expresión de una voluntad libre y responsable. En consecuencia, si una persona casada elige iniciar una comunidad de vida estable y permanente con alguien distinto a su cónyuge, conformará también una unión marital de hecho, que no puede ser desconocida por el ordenamiento jurídico.
Naturalmente, el requisito de singularidad, consagrado en el artículo 1 de la Ley 54 de 1990, exige la cesación total de la convivencia entre los esposos, pues, en materia de uniones maritales de hecho, no hay campo para compromisos alternos [footnoteRef:2]. Pero no es necesario que una persona casada se divorcie, ni que disuelva o liquide su sociedad conyugal, antes de establecerse con una nueva pareja. [2: Cfr. CSJ SC, 5 ago. 2013, rad. 2004-00082-02; reiterada en CSJ SC4829-2018.]
Una unión marital conformada por una persona casada, con sociedad conyugal vigente, genera plenos efectos personales para la pareja de hecho: confiere un estado civil[footnoteRef:3] cierto para cada miembro (el de “compañero permanente” del otro), lo que, a su vez, les confiere ciertos derechos y deberes recíprocos, como el de heredar, reclamar alimentos legales, o ser beneficiario de una pensión de sobrevivientes, entre otras prerrogativas que reconoce el ordenamiento. [3: «De lo dicho se sigue que la unión marital de hecho, al igual que el matrimonio, es una especie de estado civil, pues aparte de no ser una relación cualquiera, no es algo que sea externo a las personas que la conforman, por el contrario, trasciende a ellas, es decir, a la pareja misma y a cada uno de sus miembros individualmente considerados, con cierto status jurídico en la familia y la sociedad, estado que, como lo dicen los hermanos Henry, León y Jean Mazeaud, “está… unido a la persona, como la sombra al cuerpo. Más estrechamente todavía. Es la imagen jurídica de la persona” (Lecciones de Derecho Civil, Parte I, Volumen II, EJEA, Buenos Aires, página 33)» (CSJ AC, 18 jun. 2008, rad. 2004-00205-01),]
Sin embargo, en el ámbito patrimonial opera una restricción ineludible: mientras subsista la sociedad conyugal de alguno de los compañeros permanentes, no podrá surgir entre ellos una sociedad patrimonial. Esta limitación, además, no es caprichosa, ni discriminatoria, sino que responde a una imposibilidad lógica[footnoteRef:4] y matemática: nadie podría aportar el 100% de sus gananciales –es decir, la totalidad de los bienes adquiridos durante el matrimonio o la unión marital– a dos comunidades universales distintas[footnoteRef:5]. [4: Así la califica, con acierto, el precedent

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ra parcialmente, el veredicto proferido por el ad quem , ya que, aunque cometió los yerros de juzgamiento que le achacó el censor, su decisión en torno de la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes Lucely Delgado Quintero y Luis Fernando Pico Sandoval, fue la correcta y, a esa misma conclusión debió llegar la Corte, con fundamento en que la sociedad conyugal preexistente se disolvió de facto con la separación de cuerpos de hecho de los consortes por un lapso superior a dos años.
En ese orden de ideas, los errores en que incurrió el Tribunal no resultaban trascendentes de cara a la resolución adoptada en la sentencia objeto de impugnación. Sólo generaba la correspondiente rectificación doctrinaria en los términos del artículo 349 del estatuto adjetivo, conforme al cual «[l]a Sala no casará la sentencia por el solo hecho de hallarse erróneamente motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho, pero hará la correspondiente rectificación doctrinaria».
En los términos que anteceden, salvo mi voto.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada
SALVAMENTO DE VOTO
MAGISTRADO FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Radicación n° 68001-31-10-005-2021-00314-01
Con el debido respeto, consigno las razones por las cuales no acompaño la decisión de la mayoría:
1.- Concuerdo en que se debió casar la sentencia impugnada. Porque en efecto no se debió convalidar el reconocimiento de la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes. Pues tal y como lo develan los hechos probados del caso, la accionante tenía impedimento legal para contraer matrimonio con el señor Pico Sandoval. Y su sociedad conyugal con Jairo Lizarral de Salazar no había sido disuelta ni liquidada. Por lo que se mantenía vigente.
2.- Ahora bien, discrepo en el reconocimiento de una denominada “sociedad de hecho especial entre compañeros permanentes”, figura jurídica creada con el fallo de la referencia. Esto, en tanto desborda las competencias y facultades jurisdiccionales de esta Corporación la creación de una nueva categoría de sociedad en el derecho de familia. Para sustentar ello, debe tenerse en cuenta que:
2.1. El problema jurídico planteado en la sentencia fue el siguiente: « determinar si, a pesar de la vigencia de esa sociedad conyugal, es posible conceder efectos económicos a la unión marital que la demandante mantuvo con el fallecido señor Pico Sandoval. En caso de que la respuesta sea afirmativa, también corresponde definir la forma en que deben reconocerse dichos efectos ».
2.2. El ordenamiento jurídico actual ya consagra una solución para la cuestión de derecho planteada. Específicamente en el numeral b) del artículo 2 de la Ley 54 de 1990. Así, ante la existencia de una sociedad conyugal previa y vigente es improcedente la declaratoria de existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Ello sin perjuicio, de que entre los compañeros permanentes puedan existir sociedades de hecho civiles o mercantiles como lo ha indicado el precedente de esta Sala, verbigracia en CSJ, SC3463-2022.
2.3. Lo anterior, no es discutible y así es reconocido en el fallo. Sin embargo, excediendo las facultades que le corresponden a un juez en Colombia, se creó una nueva categoría de sociedad con el fin de resolver « una profunda tensión entre dos imperativos jurídicos: por una parte, la expresa prohibición lógica y legal de coexistencia entre una sociedad conyugal y una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes; y, por otra, la necesidad constitucional de proteger los derechos económicos de todas las formas de familia, en condiciones de igualdad, equidad y justicia ». En este punto se recuerda que la creación de reglas e instituciones jurídicas en el derecho de familia están reservadas al legislador. Y si bien, un juez puede crear derecho, ello es posible ante escenarios de vacíos legales, es decir, donde no haya una regla aplicable a un caso particular. Lo cual no ocurre en el caso estudiado. El que la solución prevista el ordenamiento jurídico resulte injusta o inequitativa no faculta a la jurisdicción para abrogarse la función del legislador.
3.- La sentencia además plantea un acrecimiento de la sociedad conyugal – que a partir del hilo argumentativo del fallo seguiría vigente y existiría paralelamente a la llamada sociedad de hecho especial – lo cual puede resultar problemático. Así, se afirma que «cuando se disuelve y liquida una sociedad de hecho especial entre compañeros permanentes, surge una situación particular respecto a los bienes adjudicados al integrante que mantiene vigente una sociedad conyugal. Estos bienes, por la naturaleza universal del régimen matrimonial, deben incorporarse al patrimonio de la sociedad conyugal existente, lo cual no representa una nueva adquisición, en sentido estricto, sino más bien el reconocimiento de la trayectoria natural que corresponde a estos bienes dentro del ordenamiento jurídico matrimonial». En otras palabras, después de que se resuelva sobre la liquidación de la denominada sociedad de hecho especial, la sociedad conyugal preexistente sigue vigente y dependerá de las partes si adelantan o no su disolución y liquidación por los mecanismos previstos en el ordenamiento.
4.- Al resolver la apelación en sentencia sustitutiva, se acudió a la equidad para establecer una fecha exacta a partir de la cual inició la unión marital de hecho entre las partes del proceso. En tanto en las instancias se presentó una indeterminación al respecto. De este modo, se fijó el 15 de junio de 2001 «como inicio de la unión marital de hecho, aplicando un criterio de equidistancia dentro del mes señalado por las instancias» . Aquí, se incurre en el yerro de acudir a la equidad, pese a la existencia de una norma de derecho prevista en el artículo 67 del Código Civil[footnoteRef:32] y aplicable al asunto. Conforme a la cual, debió determinarse como calenda de inicio de la unión marital el 30 de junio de 2001. [32: «Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en las leyes o en los decretos del Presidente de la Unión, de los Tribunales o Juzgados, se entenderá que han de ser completos y correrán, además, hasta la media noche del último día de plazo.
El primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 o 31 días, y el plazo de un año de 365 o 366 días, según los casos.
Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes.
Se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones de edad, y en general a cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades nacionales, salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa».]
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC1422-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2025-07-11. C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. Rad. 2021-00314-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC1422-2025%20%5B2021-00314-01%5D).
