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clave: "corte_suprema:providencia:SC13400-2016 [2001-00093-01]"
titulo: "Corte Suprema: la causal de casación invocada se configura en el evento"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2016-10-25"
radicado: "2001-00093-01"
numero: "SC13400-2016"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: la causal de casación invocada se configura en el evento

- **Título oficial / radicado:** SC13400-2016 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2016-10-25
- **Radicado:** 2001-00093-01
- **Número:** SC13400-2016
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC13400-2016%20%5B2001-00093-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC13400-2016%20%5B2001-00093-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE2L0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS8xMC4gT2N0dWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDMTM0MDAtMjAxNiBbMjAwMS0wMDA5My0wMV0uZG9j/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

La causal de casación invocada se configura en el evento de «haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado».

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 153 de 1887

## Extracto

En conclusión, a pesar de no haberse planteado explícitamente la pretensión de la declaración de existencia del contrato y su incumplimiento, como tampoco la determinación de la época o fechas exactas de causación de los intereses moratorios, no se presenta afectación de las reglas de la congruencia, dado que la decisión no abarcó más de lo pedido ( ultrapetita) ; tampoco lo reconocido se encuentra por fuera de lo solicitado ( extrapetita) , y no se configura un evento en que se dejara de emitir pronunciamiento frente a lo requerido o que de oficio debiera resolverse ( citrapetita). Así las cosas, se determina la improsperidad de la acusación, permaneciendo incólume la presunción de legalidad y acierto del fallo del tribunal. Segundo .- Condenar en costas a la recurrente, y en su liquidación inclúyase como agencias en derecho la suma de seis millones de pesos ($6’000.000).

## Texto del documento

Radicación n° 08001-3103-013-2001-00093-01
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC13400-2016
Radicación n.° 08001-3103-013-2001-00093-01
(Aprobada en sesión de veinte de septiembre de dos mil dieciséis)
Bogotá DC, veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandada Electrificadora del Caribe S.A. ESP, frente a la sentencia de 22 de agosto de 2013, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario promovido en contra de la recurrente por Alirio Ángel Casallas Gómez, en su condición de propietario del establecimiento de comercio Eléctricos ACG.
I. ANTECEDENTES
1. En el escrito introductorio del juicio, se solicitó condenar a la demandada al pago de las siguientes prestaciones económicas:
a) $99’742.300 por concepto de los servicios prestados relacionados con «suspensiones y reconexiones realizadas y no pagadas, y glosas o descuentos irregulares sobre las facturaciones» , según lo detallado en cuadro anexo n°1;
b). $43’890.350, correspondientes a las «actividades de suspensión y pago» , detalladas en el cuadro anexo n°2;
c). $54’000.000, derivados de la indemnización de perjuicios por la terminación unilateral, injustificada e imprevista del contrato de suministro, y,
d). Los intereses moratorios comerciales sobre las sumas de dinero adeudadas, desde cuando se hicieron exigibles hasta la realización del pago.
2. En los hechos sustento de las reseñadas peticiones, en resumen se comenta lo siguiente:
a). El 15 de diciembre de 1998, un funcionario de Electricaribe S.A., envió comunicación al demandante, dando inicio a un contrato que tuvo por objeto «la prestación de servicios para la provisión, mano de obra, transporte de materiales y personal para ejecutar trabajos relacionados con las suspensiones, reconexiones y cortes definitivos del servicio de energía eléctrica en el perímetro urbano y rural del departamento del Atlántico» , aunque en la misiva se aludió a «carta de intención» , se relacionaron las condiciones que se tomarían en cuenta en el «prometido contrato» .
b). Durante dos (2) años y nueves (9) meses, de manera continua e ininterrumpida el actor cumplió con la prestación de los servicios requeridos, actuando de buena fe, y teniendo en cuenta que se «se celebraría un contrato por escrito» , anuncio este reiterado bimensualmente e incluía un anexo con las condiciones en que se ejecutaría el convenio, manteniéndose de esa manera la relación negocial, sin haberse formalizado el respectivo contrato.
c). Ante esa situación, las obligaciones se regularon por instrucciones y acuerdos verbales, de acuerdo con los cuales Electricaribe S.A., entregaba «listados de usuarios, informes de cortes y reconexiones, presentación de facturas, plazos de pagos, etc.» .
d). Los precios de las actividades de «suspensión, pago del cliente y reconexión reportada» , se fijaron en $8.900 c/u, mientras que la «suspensión y pago» en $4.450 c/u, y a comienzos del acuerdo y durante catorce (14) meses, le reconocieron 19.733 eventos por «suspensiones y pago» , por la suma de $87’811.850, y a partir de marzo de 2000, hasta septiembre del mismo año, dejaron de pagarle sin explicación ni justificación, y quedaron pendientes 1.409 «suspensiones mensuales» .
e). El 12 de septiembre de 2000, le comunicaron al demandante, que a partir del día siguiente a esa fecha, «la empresa había decidido dar por terminada la prestación de sus servicios referente a las actividades de corte del servicio de energía eléctrica a los usuarios morosos» , decisión esta que le ocasionó perjuicios, «porque mantenía disponibilidad de infraestructura de trabajo que producía $18’000.000 promedio mensual, y la cual debía estar activa por lo menos tres (3) meses más, que eran los períodos en que se entregaban las ‘cartas de intención’» .
f). En el marco de las condiciones establecidas de manera unilateral, Electricaribe S.A. le dejó de pagar al actor «11.207 reconexiones» , sin que respondieran adecuadamente las reclamaciones efectuadas mediante comunicaciones de 1º y 23 de marzo, 2 de junio y 9 de julio de 1999.
g). Para cumplir los compromisos derivados de la aludida relación negocial, el demandante contrató «una oficina (…) para atender a usuarios, trabajadores y todo lo relacionado con tales actividades, la cual tenía un costo de $270.000 mensuales el primer año con incrementos anuales» ; además, tuvo disponibles vehículos y quince trabajadores.
3. Notificada la empresa accionada, en tiempo replicó, oponiéndose a las pretensiones, no aceptó los hechos sustento esencial de la responsabilidad civil planteada, y propuso la excepción de mérito titulada «falta de causa en las pretensiones del actor» .
4. La primera instancia culminó con la sentencia de 18 de noviembre de 2012, desestimando la excepción de mérito planteada, y la objeción al dictamen pericial; accedió a las pretensiones del actor, y por consiguiente, condenó a la demandada a pagar la cantidad de $99’742.300, por 11.207 actividades completas ejecutadas, más intereses moratorios por $78’450.000, del 15 de diciembre de 1998 hasta el 24 de septiembre de 2012; la suma de $40’339.250, correspondientes a 9.065 suspensiones, ejecutadas en el período de marzo a 13 de septiembre de 2000, más $29’500.500, por intereses moratorios de marzo de 2000, hasta el 24 de septiembre de 2012, y denegó la petición indemnizatoria.
5. Ambas partes interpusieron recurso de apelación, y al resolverlo el juzgador de segundo grado dispuso modificar el numeral 1º de la sentencia recurrida, en lo relativo a los intereses moratorios, en el sentido de ordenar liquidarlos conforme al artículo 884 del Código de Comercio, cuantificándolos en la cantidad de $354’717.610 sobre los $99’742.300, y en la suma de $133’134.035, respecto de los $40’339.250; confirmó los restantes puntos; adicionó lo atinente a imponer el pago de costas a la accionada en primera instancia, y le ordenó la cancelación de las mismas en el trámite de la apelación.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. Estimó el juzgador ad quem , que constituía un hecho pacífico la existencia del contrato de suministro, dada la aceptación expresa de las partes, el cual tuvo vigencia entre diciembre de 1998 y septiembre de 2000, y aludió al entendimiento de dicho convenio con base en el artículo 968 del Código de Comercio, y su caracterización jurídica.
2. En cuanto al tema relativo a la terminación del citado convenio, comenzó por relacionar los medios de prueba que estimó regulaban la relación contractual, y al respecto citó, i) la comunicación de 15 de diciembre de 1998, indicando que en ella se plasmó el objeto del acuerdo, y se dio inicio al mismo; ii) la denominada «carta de intención» , en la que apreció se incluyeron las condiciones que eventualmente regularían el negocio jurídico; iii) la manifestación del actor a una pregunta del interrogatorio de parte, en la que mencionó la finalidad de la «carta de intención» , y refirió que «transcurrieron casi 18 meses a la espera del contrato el cual era reemplazado cada tres meses por cartas de intención del mismo contenido de la primera» .
3. También comentó sobre la aceptación de la accionada del envío de dichas comunicaciones, deduciendo que expresaban «las condiciones del negocio, en cuanto a circunstancias de modo, tiempo y lugar del desarrollo de las labores que se contratarían y las especificaciones sobre la remuneración de las mismas» .
4. Así mismo halló en el plenario, i) las «actas de cumplimiento» , de 10 de febrero, 18 de marzo, 23 de abril, 24 de mayo, y 25 de junio de 1999, relacionadas con el recibo de obras de la «carta de intención del 16 de diciembre de 1998» ; ii) «actas de cumplimiento» de 6 de agosto, 7 de septiembre y 4 de octubre de 1999, respecto de recibo de obras de la «carta de intención de junio a agosto de 1999» ; iii) actas de cumplimiento de 8 de noviembre, y 2 de diciembre de 1999, al igual que de 11 de enero de 2000, atinentes a recibo de obras de la «carta de intención de septiembre a noviembre de 1999» , y iv) actas de cumplimiento de 24 de enero, y 31 de octubre (2) de 2000, de recibo de obras concernientes a la «carta de intención de diciembre de 1999 a enero de 2000» .
5. Igualmente se refirió a la misiva enviada por el contratista a la contratante, el 27 de septiembre de 2000, planteándole, que «las reconexiones especiales y puntuales, notamos que estas no son liquidadas como estipula la carta de intención» , habiéndolas liquidado «la interventoría como usuarios normales, violando de esta forma lo expuesto en la carta de intención» .
6. Señaló que mediante carta DIV.C-388-2000 de 12 de septiembre de 2000, Electricaribe S.A., comunicó «la finalización de los servicios, a partir del 13 de septiembre de 2000» , y que se incorporó el acta de cumplimiento de 20 de diciembre de 2000, «en la cual se da por terminada y liquidada en forma definitiva dicha carta de intención y se deja constancia de que el contratista ha presentado reclamación la cual se encuentra en revisión» .
7. Invocó el artículo 977 del Código de Comercio, que contempla la
terminación del contrato
de suministro cuando no se ha estipulado su duración, y luego de aludir a los elementos de juicio que evidencian cómo se produjo su desarrollo, dedujo, que «el último período contratado entre las partes iba del 18 de junio al 18 de septiembre del 2000 y el 13 de septiembre de 2000» , afirmando que la terminación no se produjo de manera unilateral , «sino que al vencerse el período estipulado, las partes quedan en libertad de seguir o no con el contrato, por lo que no puede existir indemnización de perjuicios por ese concepto» .
8. Para efectos del reconocimiento de las sumas de dinero reclamadas por el actor, se toma en cuenta los tres dictámenes periciales practicados, resaltando que coinciden en señalar la cantidad de $99’742.300, y que al no haber demostrado la accionada el incumplimiento del contratista de sus obligaciones, procedía reconocerla por concepto de obligación insatisfecha.
9. Igualmente, con apoyo en las citadas peritaciones, dedujo, que de los $43’890.350, reclamados por concepto de «actividades de suspensión y pago» , según la última peritación quedaba un saldo insoluto de $40’339.250, al habérsele cancelado las obras hasta febrero de 2000.
10. Respecto de los intereses moratorios, aseveró que debían pagarse los mercantiles, de acuerdo con el artículo 884 del Código de Comercio, al provenir la obligación de un convenio de esa naturaleza.
11. Frente a la excepción de mérito de «falta de causa en las prestaciones del actor» , determinó su improsperidad, en virtud de haber aceptado las partes la existencia del contrato de suministro, habiéndose probado las condiciones para su ejecución.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
1. La impugnación extraordinaria se sustenta en cuatro (4) cargos, apoyados, el inicial en la causal quinta; el segundo y el tercero, en la causal segunda, y el último en el motivo primero de casación, vía indirecta, por error de hecho.
2. El estudio de tales reproches se hará siguiendo la secuencia como aparecen planteados, por ajustarse al orden lógico, según su naturaleza jurídica, y se conjuntarán para su examen los dos que proponen falta de consonancia, dado que en su fundamentación se presentan elementos comunes y porque es factible resolverlos con similares argumentos jurídicos.
3. Resulta pertinente precisar, que de acuerdo con el artículo 624 del Código General del Proceso, modificatorio del precepto 40 de la Ley 153 de 1887, para resolver el recurso se tomarán en cuenta las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, al hallarse este vigente para cuando comenzó su trámite.
CARGO PRIMERO
1. Este reproche se cimenta en el motivo de casación del numeral 5º artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, al estimar que se incurrió en la causal 5ª de nulidad del artículo 140 ibídem, la cual se configura cuando se prosigue el trámite del proceso después de ocurrida cualquiera de los motivos de interrupción o de suspensión, o cuando se reanuda antes de la oportunidad debida.
2. En resumen comenta la recurrente, que encontrándose el juicio en la etapa probatoria, se perdió el cuaderno de pruebas, ante lo cual se dispuso la reconstrucción parcial del expediente, celebrándose audiencias con ese propósito el 29 de enero y 12 de febrero de 2004, y en esta última solicitó la apoderada de la demandada, practicar como pruebas las siguientes: la declaración del apoderado del actor, inspección judicial al sistema contable de Electricaribe S.A., para examinar documentos que poseía en medio magnético y que hacían parte del proceso, como también el testimonio de la señora Alicia de la Rosa, sin que el juzgado de primera instancia se hubiera pronunciado al respecto, y en cambio, ordenó correr traslado para alegatos de conclusión, decisión que recurrió mediante reposición, no habiendo prosperado, por lo que quedó incompl

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ircunscribe a las labores de los meses comprendidos entre febrero y septiembre de 2000, de donde deviene con claridad que la labor desarrollada entre las partes entre el 16 de diciembre de 1998 y febrero de 2000 se encontraba a paz y salvo» , y por consiguiente plantea, que de no ser así, «no se entiende cómo el contratista Eléctricos ACG no ejecutó las facturas correspondientes a casi más de año y medio de labores» , e insiste, que al suscribir dicho documento ambas partes, aceptaron un saldo de $5’855.251,50, para cuyo pago, de acuerdo con lo estipulado en la carta de intención, debió «(…) presentar la correspondiente factura y, (…) anexar a esta una relación detallada de todas las actividades facturadas» .
6. Concluye aseverando, que de haberse apreciado correctamente el referido documento, habrían sido denegadas las pretensiones, y también ante la falta de determinación concreta del incumplimiento, al igual que por la omisión de especificar las fechas de iniciación de la mora.
CONSIDERACIONES
1. El juzgador de segundo grado, una vez halló acreditada la existencia y terminación del «contrato de suministro» , sostuvo, que «al no haber demostrado la parte demandada que el demandante había incumplido en sus obligaciones, procede reconocer el pago del trabajo realizado y no cancelado por la suma de $99’742.300» , y para el efecto tomó en cuenta las peritaciones practicadas, manifestando que «los tres peritazgos ( sic ) coinciden con dichos guarismos, para lo cual los peritos tuvieron en cuenta toda la documentación allegada al proceso por la demandante» , y en cuanto a la suma de $40’339.250, también la dedujo de tales probanzas, apoyándose esencialmente en la última experticia incorporada, en la que se hizo constar el pago de algunas de las actividades ejecutadas por el contratista, quedando pendientes de cancelar las realizadas «desde marzo de 2000 hasta el 13 de septiembre del año 2000» , por la última cantidad citada.
2. La censura funda la acusación en la inadecuada valoración del «acta de cumplimiento» de 20 de diciembre de 2000, porque en ella consta que «se da por terminada y liquidada en forma definitiva dicha carta de intención y se deja constancia que los valores aquí definidos corresponden a trabajos efectuados y recibidos a satisfacción en cumplimiento de la misma» , habiéndose precisado que la única suma adeudada corresponde a $5’855.251,50, lo cual no se tuvo en cuenta.
3. En ese contexto, refulge la falta de demostración del yerro fáctico denunciado, porque la recurrente se centra en la mencionada «acta de cumplimiento» , pretermitiendo confrontar los medios de convicción de los cuales dedujo el tribunal las obligaciones sustento de la condena dineraria impuesta en la sentencia, esto es, los tres dictámenes periciales incorporados al plenario.
4. Téngase en cuenta, que en el marco de la técnica casacional, para la acreditación del «error de hecho» , le compete al recurrente contrastar lo dicho por el juzgador, con el texto de los elementos probatorios examinados, o los que hubiere dejado de examinar, y valiéndose de una argumentación razonada, evidenciar la forma como se produjo la errada valoración, esto es, si por tergiversación del contenido derivado de un entendimiento ilógico o arbitrario, o por agregar o mutilar las ideas expresadas en el medio de prueba.
5. Esta Corporación acerca de la temática en cuestión, en fallo CSJ SC4958-2015, rad. n° 2002-00912-01, memoró:
(…) cuando el casacionista le endilga al sentenciador haber cometido yerros de facto, tiene la carga de ‘individualizar las pruebas sobre las cuales recae el equívoco’ y además debe ‘demostrar de qué manera se generó la supuesta preterición o cercenamiento, lo que deberá señalar de manera manifiesta; de tal suerte que la valoración que de aquéllas haya realizado el sentenciador, se muestre ostensiblemente contraevidente, absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificación’, sin que su labor pueda reducirse a ‘una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley, caso en el cual la Corte no podría tomar partido distinto al consignado en la sentencia (…)’.
6. Los argumentos esbozados por la impugnante extraordinaria, con apoyo en la aludida «acta de cumplimiento» , no son suficientes para probar la existencia del «error de hecho» denunciado, puesto que tal instrumento únicamente se refiere a la «prestación de servicio de corte, suspensión y reconexión (…) durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2000 a costo de $5’855.251,50» , sin especificar si esa suma es por todos o por un solo mes, y aunque al relacionar el período de febrero a junio de 2000, alude a los ítems «valor cancelado factura» , «valor liquidación real» , y «diferencia mayor valor cancelado» , en tanto que en el lapso de julio a septiembre de 2000, solo se refiere al «valor factura liquidada» , de ello simplemente podría inferirse que corresponde a las cuentas de los citados períodos mensuales, sin otorgar certeza de su efectiva cancelación, pues al final se anotó que «los valores aquí definidos corresponden a todos los trabajos ejecutados (…), sin que quede pendiente valor alguno por liquidar» , no expresándose que además de liquidar los respectivos rubros, también se realizó el pago.
7. Así las cosas, se determina la improsperidad de la acusación, permaneciendo incólume la presunción de legalidad y acierto del fallo del tribunal.
8. En razón de no haber alcanzado éxito ninguno de los cargos sustento de la demanda de casación, con fundamento en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, se condenará en costas a la recurrente, y para la fijación de las agencias en derecho se tendrá en cuenta la oportuna réplica presentada por la parte actora, debiéndose sujetar la respectiva liquidación a lo previsto en el precepto 393 ibídem .
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero .- No casar la sentencia de 22 de agosto de 2013, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario promovido por Alirio Ángel Casallas Gómez, en su condición de propietario del establecimiento de comercio Eléctricos ACG, contra la sociedad Electrificadora del Caribe S.A. ESP.
Segundo .- Condenar en costas a la recurrente, y en su liquidación inclúyase como agencias en derecho la suma de seis millones de pesos ($6’000.000).
Tercero .- Oportunamente devolver el expediente al tribunal de origen.
Cópiese y notifíquese
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de la Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC13400-2016 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2016-10-25. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2001-00093-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC13400-2016%20%5B2001-00093-01%5D).
