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clave: "corte_suprema:providencia:SC131-2018 [2007-00160-01]"
titulo: "Corte Suprema: no ocurrió la suposición probatoria expuesta en los cargos"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2018-02-12"
radicado: "2007-00160-01"
numero: "SC131-2018"
ponente: "Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo"
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# Corte Suprema: no ocurrió la suposición probatoria expuesta en los cargos

- **Título oficial / radicado:** SC131-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2018-02-12
- **Radicado:** 2007-00160-01
- **Número:** SC131-2018
- **Ponente:** Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC131-2018%20%5B2007-00160-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC131-2018%20%5B2007-00160-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDE4L0RyLiBBcm9sZG8gV2lsc29uIFF1aXJveiBNb25zYWx2by8yLi0gRmVicmVyby9TZW50ZW5jaWFzL1NDMTMxLTIwMTggWzIwMDctMDAxNjAtMDFdLmRvYw%3D%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

El único tropiezo es que el deudor no puede dar, ni dejar de hacer lo que debe, por lo que espera que su acreedor, soberanamente, asienta en “recibir otra cosa que lo que se le deba”.

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

Así las cosas, no ocurrió la suposición probatoria expuesta en los cargos, porque el Tribunal extrajo el concierto simulatorio de una prueba documental y de las manifestaciones de los contendores -valoración ésta última que no fue censurada en este mecanismo extraordinario de defensa-. De aceptarlo, habrá dación en pago, pero no compraventa, al punto que el acreedor no contrae obligaciones, como si lo hace el deudor. Así las cosas, no es de recibo la postura que ahora adopta la recurrente, toda vez que al observar que fue revocada la lesión enorme declarada por el a-quo , tal cual lo pidió en segunda instancia, ahora aspira a que en sede extraordinaria vuelva a ser estimada. Esa falencia basta para la desestimación del reclamo, pues la Corte tiene adoctrinado, de antaño, que: Por secretaría inclúyase en la liquidación la suma de $6.000.000, por concepto de agencias en derecho.

## Texto del documento

Radicación n° 11001-31-03-042-2007-00160-01
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC131-2018
Radicación n° 11001-31-03-042-2007-00160-01
(Aprobado en sesión de nueve de noviembre de dos mil diecisiete).
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
Decídese el recurso de casación interpuesto por Musinga S.A. contra la sentencia de 14 de octubre de 2011, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que la recurrente promovió frente a Cano Outsourcing Ltda.
ANTECEDENTES
1.- La accionante solicitó (folios 28 a 34 y 37 a 39, cuaderno 1):
1.1. Se declare la resolución de las compraventas contenidas en las escrituras públicas números 458 y 459, otorgadas el 8 de junio de 2006 en la Notaría Única de Guatavita, que tuvieron por objeto los lotes 67 y 69 de la primera etapa del Econdominio Musinga, por incumplimiento de la demandada en el pago del precio; se condene a ésta a restituir los mencionados inmuebles; y se disponga el registro la sentencia.
1.2. En subsidio, deprecó la rescisión de los aludidos acuerdos de voluntades por haber sufrido lesión enorme, que se condene a Cano Outsourcing Ltda. restituir los fundos y se ordene la inscripción del fallo.
1.3. Tales pretensiones, en resumen, tuvieron el siguiente sustento fáctico:
1.3.1. La junta de socios de Musinga S.A., actualmente en liquidación, llevada a cabo el 28 de noviembre de 2005, autorizó a su representante legal a « entregar en pago» a favor de Cano Outsourcing Ltda. -por concepto de honorarios tras la gestión que le adelantó- los lotes 67 y 69, identificados con matrículas inmobiliarias números 176-100499 y 176-100501 de la Oficina de Registro Instrumentos Públicos de Zipaquirá, cometido que fue ejecutado con el otorgamiento de las escrituras públicas 458 y 459 del 8 de junio de 2006 de la Notaría Única de Guatavita.
1.3.2. En dichos actos se anotó que se trataba de sendos contratos de compraventa, que los precios pactados fueron $35’684.884 para el lote 67 y $48’780.884 para el lote 69. Sin embargo, estas sumas no aparecen registradas en la contabilidad de la actora como un débito ni en la de la enjuiciada a título de crédito.
1.3.3. A pesar de que en la junta de socios de la promotora se acordó que uno de los motivos determinantes para autorizar los negocios jurídicos era que en los dos lotes se construirían las casas modelo de la urbanización, como incentivo para agilizar las ventas, la compradora incumplió «esta determinación, violando así una de las causas del contrato».
1.3.4. Además, en las escrituras públicas no se estableció que el propósito de dichas ventas fuera cancelar obligaciones pendientes de Musinga S.A. con Cano Outsourcing Ltda.
1.3.5. A la fecha de la negociación los predios ostentaban un precio muy superior, en dos o tres veces, al señalado en dichos convenios.
1.3.6. Por último, la reclamante adujo que su representante legal no cumplió con la directriz de la asamblea consistente en entregar en pago las heredades.
2.- Una vez vinculada al pleito, la enjuiciada se opuso a todas las pretensiones de la siguiente manera:
2.1. Propuso la excepción meritoria de « ausencia de los elementos estructurales para la declaratoria de resolución de contrato o simulación deprecadas » (folios 70 a 78, ibídem ).
2.2. También radicó libelo de reconvención pidiendo que, en el evento de que se accediera a las pretensiones de su contendora, « declare que entre las partes existió un acuerdo de dación en pago pues de esta manera lo confiesa el propio demandante inicial»; y que no se configuró la lesión enorme pedida (folios 18 a 23, cuaderno 3).
2.3. Fincó éstas súplicas en:
2.3.1. Cano Outsourcing Ltda. asumió la gerencia de Musinga en un proyecto urbanístico con una licencia para desarrollar 18 lotes, rediseñado con la contratación de nuevos estudios, con base en los cuales se obtuvo una nueva licencia de urbanismo y posteriormente otra licencia para construir el salón comunal, la aprobación del reglamento de propiedad comunal y la autorización de ventas, hecho lo cual se procedió a la contratación de la firma constructora.
2.3.2. Agregó que como pago por estas labores, se pactó que recibiría el 8% del área disponible para la venta, lo que generó la aprobación y autorización de la junta de socios de Musinga para entregarle los lotes 67 y 69, por la gestión que en un 30% había realizado hasta ese momento, de lo cual da cuenta el acta número 20 del 28 de noviembre de 2005 de la junta de socios de la primigenia demandante, que consagra el « pago a contratistas » mediante la aprobación por concepto de honorarios de la entrega de los aludidos lotes.
2.3.3. Finalizó indicando que, con base en esa autorización, el representante legal de Musinga celebró las compraventas contenidas en las escrituras públicas 458 y 459 del 8 de junio de 2006 otorgadas en la Notaría Única de Guatavita.
3.- Como excepción perentoria frente a la contrademanda, Musinga propuso la de « inexigibilidad de las pretensiones » (folios 24 a 26, cuaderno 3).
4.- El Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, con proveído de 27 de julio de 2010, declaró fundada la excepción de mérito planteada por la inicial convocada frente a las pretensiones principales de Musinga S.A., las que por ende negó; igualmente reconoció la defensa denominada inexigibilidad de las súplicas propuesta por la encartada en reconvención, desestimando ésta demanda; accedió a la lesión enorme deprecada subsidiariamente en el primigenio libelo y, en consecuencia, decretó la rescisión de las ventas impugnadas y la inscripción de la sentencia.
A título de prestaciones mutuas derivadas de la disolución de los pactos, el juez a-quo dispuso que Musinga, en el término de 20 días, restituyera a Cano Outsourcing Ltda. $35’684.884 y $48’780.884 como precios recibidos por los lotes 67 y 69, en su orden, ambas sumas con intereses legales; mientras que a ésta entidad le ordenó que, en el mismo lapso, devolviera esos inmuebles.
Finalmente, concedió a la compradora 10 días para que, si deseaba persistir en las ventas, completara el justo precio con la reducción de una décima parte, en los términos del artículo 1947 del Código Civil (folios 238 a 248, cuaderno 1).
5.- Ambas partes apelaron: la convocante solicitó « la revocatoria de la sentencia en cuanto hace referencia a la negativa de los pedimentos principales de la sentencia »; al paso que su contendora incoó la desestimación de la lesión enorme que halló próspera el juzgador a-quo para que, en su lugar, fueran negadas todas las peticiones de su contraparte y se acogiera el libelo de reconvención.
Al resolver tales alzadas el superior revocó en su totalidad la decisión apelada y en su lugar negó todas las pretensiones de Musinga (folios 25 a 44, cuaderno 8).
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
El juzgador ad quem, luego de resaltar que los dos extremos litigiosos censuraron la decisión adoptada por el fallador de primera instancia, por no guardar correspondencia con lo acreditado en el proceso, se aprestó a determinar la verdadera voluntad de tales empresas, advirtiendo que para este efecto son insuficientes las manifestaciones plasmadas en los contratos cuestionados.
Seguidamente aseveró que de las demandas, sus contestaciones, alegatos y recursos, se concluye que lo deseado por los contratantes fue llevar a cabo una dación en pago, no una compraventa. De allí que el acta número 20 de la junta de socios de Musinga, celebrada el 28 de noviembre de 2005, diga que el gerente solicitó considerar la posibilidad de pagar parcialmente el trabajo realizado por Cano Outsourcing mediante la entrega de los lotes 67 y 69; afirmación que denota cómo la accionante, desde un principio, pretendió cubrir unas obligaciones pendientes con la contratista, mas no venderle los predios.
Así mismo, continuó el Tribunal, el examen del acta referida resalta la aprobación unánime de la solicitud tendiente a adjudicarle a Cano Outsourcing los lotes como parte de pago de una deuda, pues autorizaron « suscribir las correspondientes escrituras de venta» ; además, tal aparte pone al descubierto « la imprecisión de que adolece la parte demandante al no establecer una debida distinción entre los negocios jurídicos de dación en pago y compraventa, pues a pesar de autorizar con firmeza la entrega a título de dación en pago, los socios ordenan, en lo que puede interpretarse como una falta de conocimiento, ‘la suscripción de las correspondientes escrituras de venta’» .
Esta conclusión la corrobora la declaración del representante legal de la vendedora, porque manifestó que claramente la asamblea había aprobado que se le pagara a Cano Outsourcing con los lotes 67 y 69, una vez se estableciera qué tanto de sus obligaciones había cumplido.
En consecuencia, coligió el juez colegiado, los contratos de compraventa cuestionados fueron simulados, dado que el negocio jurídico celebrado por las partes fue una dación en pago.
Así las cosas, está llamada al fracaso la pretensión de la demanda inicial dirigida a que se declare el incumplimiento de los contratos de compraventa por mora en el pago del precio, por cuanto este elemento es ajeno a la dación en pago, ya que en este tipo contractual el acreedor no asume tal obligación.
Igual sucede con la súplica subsidiaria, porque el Tribunal resaltó, apoyado en jurisprudencia de esta Corporación, el carácter taxativo de la sanción de lesión enorme y la imposibilidad de aplicarla a una dación en pago.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Dos reproches fueron planteados en el escrito de sustentación, erigidos en la causal primera (folios 11 a 37, cuaderno 9), los cuales se analizarán conjuntamente.
CARGO PRIMERO
1.- Acusa la sentencia de última instancia de conculcar indirectamente los artículos 1494, 1495, 1498, 1502, 1517, 1546, 1626, 1627, 1766, 1849, 1857, 1864 y 1928 a 1930 del Código Civil, así como los preceptos 306 inciso 1º, 175, 177, 187, 258 y 264 del Código de Procedimiento Civil, a consecuencia de error de hecho en la valoración de varias pruebas y la interpretación de la demanda, al desestimar sus pretensiones principales.
2.- El casacionista, luego de transcribir los fundamentos que tuvo en cuenta el Tribunal y las peticiones primordiales del libelo inicial, desarrollo el reproche expresando:
2.1. El sentenciador erró al interpretar la demanda, porque en ésta se alegó que las ventas impugnadas fueron reales, que la compradora no pagó el precio pactado tal cual lo refleja su contabilidad y la de la enajenante, configurándose el incumplimiento de esos pactos que posibilita su resolución; sin que ello implicara desconocer el acta de la junta de socios de Musinga S.A., en la cual se plasmó la intención de entregar los lotes 67 y 69 a la demandada como dación en pago, acuerdo éste que a la postre no se perfeccionó.
2.2. Igualmente incurrió en un ostensible yerro fáctico el juez ad-quem al concluir que las compraventas fueron simuladas y, subsecuentemente, que las partes querían celebrar daciones en pago, porque si bien los socios de Musinga contemplaron la posibilidad de dar en pago los lotes a favor de Cano Outsourcing -como se advierte en el acta número 20 indebidamente apreciada por el fallador- finalmente ese acto no se materializó. Lo que hicieron los representantes legales de las dos empresas, que eran la misma persona, fue celebrar dos compraventas. Por tanto, las manifestaciones de los negociantes deben considerarse reales, pues no se demostró el concierto simulador, lo que deja ver que el Tribunal supuso la prueba de este.
2.3. Además, el tenor de los pactos no refleja la voluntad de pagar créditos a favor de Cano Outsourcing, sino de venderle dos lotes de terreno; mientras que el acta de la junta de socios de la accionante tampoco evidencia los elementos esenciales de la dación en pago, esto es, el monto de la deuda, el valor que se cancela y los bienes o cosas que las solucionan.
2.4. Esto último fue, precisamente, lo aceptado por el representante legal de Musinga en el interrogatorio que absolvió -tergiversado y cercenado por el Tribunal- porque al responder cómo cancelaron los honorarios y prestaciones a Cano Outsourcing, afirmó que no ha pagado pues se cubrirían con metros cuadrados de terreno, previa liquidación del contrato, aclarando que la asamblea de socios aprobó la entrega de los lotes, lo que se ejecutaría una vez estableciera qué tanto de sus obligaciones cumplió la contratista.
2.5. A pesar de que en las escrituras se asentó que el precio estipulado fue recibido en efectivo por la vendedora, desconocer ese aserto en la demanda aduciendo su falta de pago es una negación indefinida, exenta de demostración, por mandato del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que trasladó la carga probatoria a su contendora, quien no la satisfizo.
Y como la misma persona natural fungió de representante legal de ambas sociedades en los contratos impugnados, su afirmación « de haber recibido el precio de manos de la

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

8-00058, resaltado ajeno al texto).
En otro términos, auscultar si la demandada pagó el precio pactado en las compraventas censuradas era inútil para el Tribunal, porque había concluido que esos negocios realmente correspondían a dos acuerdos de dación en pago, en los que no es menester, para el acreedor que recibe la prestación debida, sufragar prestación alguna, porque este sólo recibe el bien para solventar su acreencia.
3.7. Finalmente, en relación con la omisión endilgada al Tribunal por preterir la apreciación del dictamen pericial practicado, que daba cuenta de la lesión enorme deprecada en las pretensiones subsidiarias, la Corte extrae que tal critica debe ser desestimada por desleal con la administración de justicia y con su contendora, conclusión que, adicionalmente, se hace extensiva a toda la argumentación plasmada en el segundo cargo.
Ciertamente, recuerda la Sala que el Juzgador de primera instancia acogió las súplicas subsidiarias del libelo inicial y declaró la lesión enorme allí pedida, ante lo cual la empresa convocante se alzó, solicitando al fallador de segundo grado desestimara dicha decisión y, en su lugar, accediera a la pretensión principal.
En efecto, en esa impugnación la convocante solicitó « se decrete la resolución de los contratos de compraventa» (folio 4, cuaderno del Tribunal); expuso las razones de su censura según las cuales el precio plasmado en las compraventas era inexistente; e insistió en «la revocatoria de la sentencia en cuanto hace referencia a la negativa de los pedimentos principales de la sentencia y en consecuencia declarar sin valor ni efecto las escrituras públicas que contienen los contratos de compraventa por faltarles uno de los requisitos esenciales », tal cual lo venía solicitando -confusamente como ya se anotó- desde el pórtico del pleito.
Así las cosas, no es de recibo la postura que ahora adopta la recurrente, toda vez que al observar que fue revocada la lesión enorme declarada por el a-quo , tal cual lo pidió en segunda instancia, ahora aspira a que en sede extraordinaria vuelva a ser estimada.
Esa mutación, en desmedro del principio de lealtad procesal para con el estamento jurisdiccional y con su contendora debe ser repelida en este escenario extraordinario, por tratarse de un alegato sorpresivo que la doctrina denomina « medio nuevo », esto es, aquel que uno de los litigantes guarda para erigirlo cuando han fenecido las oportunidades de contradicción previstas en el ordenamiento jurídico o, como sucede en el sub lite , para revivirlo a pesar de que lo abandonó expresamente.
En otros términos, el segundo reproche del libelo de casación que tiende a que se acceda a la lesión enorme con base en la preterición del avalúo evacuado para acreditarla, se formulan con ocasión del recurso extraordinario no obstante que ante el juzgador ad-quem se pidió su desestimación, de donde se colige que se trata de alegato novedoso, inadmisible a través del presente mecanismo de defensa por vulnerar el debido proceso, como quiera que sorprende a los demás intervinientes al tratarse de un planteamiento expresamente desechado por su promotor, circunstancia que desemboca en la imposibilidad de analizarlo.
Esto porque, como lo ha puntualizado la Corporación, avalar en el curso del juicio un alegato o una prueba, expresa o tácitamente, y criticarla sorpresivamente en este escenario extraordinario, denota incoherencia en quien así procede, actuar que por desleal no es admisible comoquiera que habilitaría la conculcación del derecho al debido proceso de su contendor, habida cuenta que vería cercenadas las oportunidades de defensa reguladas en las instancias del proceso, característica que no tiene el recurso de casación.
Esa falencia basta para la desestimación del reclamo, pues la Corte tiene adoctrinado, de antaño, que:
Ahora, por cuanto el censor, adelantándose a que la Corporación diera por estructurado tal fenómeno, adujo no estar incurriendo en el antitecnicismo de plantear medios nuevos tanto por los motivos discernidos en la acusación como porque las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento, ha de señalar la Corte que si bien es cierto, en relación con el sistema ecléctico que en este punto impera en el ordenamiento positivo, los fundamentos puramente jurídicos y los medios de orden público en puridad de verdad no constituyen hechos nuevos en el recurso extraordinario, no lo es menos que las razones en que se afincan los yerros achacados al sentenciador no atañen, con estrictez, a esos conceptos, pues en este sentido la jurisprudencia ha sostenido que el cargo planteado con base en defectos rituales que se le imputan a la prueba, que antes no fueron discutidos, ‘implica un medio nuevo, que no puede ser atendido por la Corte, cuya doctrina rechaza, como medio de esta especie, el hecho de que una sentencia haya tomado en consideración elementos probatorios que como tales no tuvieron tacha alguna en trámites anteriores, acusación que al ser admitida resultaría violatoria del derecho de defensa de los litigantes y reñida con la índole y esencia del recurso extraordinario’ (G.J. t. XCV, pag.497), posición que ha sido reiterada, entre otras, en sentencias de 16 de agosto de 1973(G.J. t. CXLVII, pag.26), 23 de enero de 1981 y número 082 de 21 de septiembre de 1998 atrás citadas. ( CSJ SC de 27 sep. 2004 rad. n.º 7479, reiterada en SC de 23 jun. 2011, rad. n.º 2003-00388-01 y SC7978 de 23 jun. 2015, rad. n.º 2008-00156-01).
3.8. Total, los errores de hecho endilgados al juzgador de última instancia no ocurrieron -salvo el de tergiversar la declaración de la demandante plasmada en el interrogatorio de parte que rindió pero que tampoco fue trascendente-, lo cual desemboca en la desestimación de los cargos de la demanda de casación.
4. De lo analizado emerge la frustración de la impugnación extraordinaria, la imposición de costas a su proponente, según lo previsto en el inciso final, artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, y al señalamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 392 ibídem , modificado por el 19 de la Ley 1395 de 2010, para lo cual se tendrá en cuenta que la convocada replicó la demanda de casación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 14 de octubre de 2011, por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que Musinga S.A. promovió frente a Cano Outsourcing Ltda.
Se condena en costas a la recurrente en casación. Por secretaría inclúyase en la liquidación la suma de $6.000.000, por concepto de agencias en derecho.
Cumplido lo anterior devuélvase la actuación surtida al Tribunal de origen.
Notifíquese,
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de la Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC131-2018 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2018-02-12. C.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Rad. 2007-00160-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC131-2018%20%5B2007-00160-01%5D).
